Site da Amigas da Terra Brasil, organização ambiental anticapitalista, em defesa da soberania e dos direitos coletivos dos povos
Categoria: Florestas e biodiversidade
As florestas e os biomas do mundo estão ameaçadas. A privatização, o aumento das exportações e os acordos de livre comércio internacional tem levado a crescimentos massivos de plantações em grande escala, utilizadas para produção e exportação de madeira e de polpa. Este modelo, tem aumentado a demanda de carne, de madeiras exóticas e de colheitas de soja e de palma. Todas estas pressões têm levado ao desaparecimento da metade das florestas do mundo. Precisamos proteger as florestas pois elas provêem o sustento de muitas comunidades locais e indígenas, além de servirem como reserva de carbono, elemento fundamental na luta contra as mudanças climáticas. Além disso, são habitats em que há a maior diversidade de espécies da Terra. Os grupos do Amigos da Terra trabalham com comunidades locais com a intenção de preservar as florestas e manter o direitos destas comunidades em administrar os recursos e assim garantir uma vida sustentável. Fazemos campanhas contra a produção de monocultivos, contra plantações industriais de grande escala e contra iniciativas de comercialização de florestas e da biodiversidade
Como si no bastara con las ofensivas directas al bosque y a los pueblos, hay que estar atento también a las medidas que se presentan como soluciones ambientales para la Amazonia. Es posible sean una expresión más del capitalismo y de la explotación del bosque. Para el integrante del Consejo Indigenista Misionero (CIMI) e investigador sobre la financierización de la naturaleza, Lindomar Padilha, el fuego que quema en la Amazonia representa una lógica de “ganar-ganar” para quienes especulan con los territorios. Lindomar explica que si, al generar incendios, los agentes del agronegocio no logran implementar un proyecto ganadero (y en el futuro, monocultivos de soja y otros commodities), van a tener otra oportunidad de captar fondos, incluso a nivel internacional, echando mano del discurso de la compensación ambiental para reforestar lo que ellos mismos destruyeron. Y en este esquema de lucrar por encima de todo, quien conduce es la lógica del capitalismo financiero. Esto ocurre, principalmente, según Lindomar, cuando se trata de los bonos de carbono. “Los mercados vinculados a la economía verde, funcionan en última instancia como una especie de commodity, pero que le ponen el nombre de ‘bonos’, los ‘bonos de carbono’. Como cualquier mercancía, si hay mucha disponibilidad, el precio baja, si hay poco el precio aumenta”. Por este motivo se hace necesario presionar a los territorios. Y ahí entra el fuego. “Cuando el bosque quema, el mercado vinculado a los proyectos REDD+, de bonos de carbono, dice: ‘¿Vieron? Necesitamos más mercados de compensación, más mercados REDD¡, para compensar las amenazas que estamos viendo en la Amazonia’. Entonces los incendios generan una sobrevaluación de esos créditos, es decir, del derecho de contaminar”.
REDD+ es un conjunto de incentivos económicos destinado a quienes evitarían la emisión de gases de efecto invernadero que resulta de la deforestación y degradación forestal. Grosso modo, empresas que contaminan en exceso le compran bonos de REDD+ a comunidades o instituciones que poseen el bosque en pie. Este bosque, teóricamente, al secuestrar carbono de la atmósfera, teóricamente, compensaría los gases emitidos por el que contamina.
“Atención. Área de extracción forestal, siga con cuidado”, dice un cartel encontrado dentro de la Reserva Extractivista Chico Mendes, Xapuri, lugar de intenso manejo forestal. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
REDD es un mecanismo más del capitalismo para apropiarse de los bosques y especular con ellos. En la publicación “El Acuerdo REDD+ entre California-Acre-Chiapas: Legalizando los mecanismos de desposesión”, hablamos sobre el caso de Acre, que implementa mecanismos de REDD+ mediante el Sistema de Incentivos de Servicios Ambientales (SISA), así como de los diversos problemas que la implementación de esa política ha provocado, y lo sigue haciendo, en las comunidades. Además de tratarse de una falsa solución ambiental, ya que no produce cambios en los modos de producción de las empresas y de los países que contamina. Deposita en el sur del mundo la responsabilidad de compensar la contaminación causada en el norte. En junio de 2018, pueblos indígenas y de comunidades que viven y trabajan en los bosques se reunieron en Sena Madureira, Acre, para denunciar estas falsas soluciones propuestas por el capitalismo verde para las degradaciones ambientales y climáticas. Leer la carta del encuentro AQUÍ.
Uno de los principales ejemplos de cuán perjudicial resultan REDD y el sistema de bonos de carbono para las comunidades y territorios, según Lindomar, es la pérdida de la tutela del territorio. Él hace una comparación con lo que ocurre en el mercado inmobiliario: el gobierno de Acre, argumenta Lindomar, pone las áreas de preservación como garantía de que va a honrar compromisos con las empresas de California o el banco público alemán, KfW, dueños de bonos en la región. “El gobierno del estado de Acre ha hipotecado el bosque amazónico que se encuentra dentro del territorio de Acre. Esto es de una gravedad enorme, porque va a bloquear el proceso de regularización fundiaria, especialmente en los territorios de las comunidades tradicionales, como los pueblos indígenas y las “reservas extractivistas”1. Es casi como decir que, para hacer la demarcación de una tierra indígena acá, vamos a tener que pedirle autorización a California o a Alemania. El mercado es voraz y son varias las empresas gigantes mundiales que vienen participando de este proceso de hipoteca del territorio acreano. Y lo hacen sin explicarle nada a las comunidades: ‘mi amigo, al aceptar mecanismos de REDD y de REM, está usted hipotecando su propia vida, su propia casa, su territorio. Ellos le van a sacar la casa, basta con que surja una crisis en el mercado financiero, que ellos le van a sacar su territorio, puede estar seguro’”.
Por si fuera poco, la Cámara de Diputados acaba de aprobar un proyecto para beneficiar empresarios del agronegocio que preservan bosque nativo, como Pago por Servicios Ambientales (PSA). ¿Parece interesante? Sí, pero los indígenas apurinãs, los recolectores de caucho, quilombolas conservan sus bosques desde siempre, y lo único que quieren es que se consolide el derecho a su tierra. Sin necesidad de que se la invada. ¿Qué tipo de valorización es esa? Ese proyecto, hecho por un diputado de la bancada del agronegocio, propone que productores rurales perciban una compensación financiera para preservar vegetación nativa. Eso puede hacer disparar el número de invasiones a tierras que todavía tengan el bosque en pie.
Pero no termina ahí: este sistema de pago por servicios ambientales puede funcionar con quienes plantan monocultivos de eucalipto, bajo el argumento de que están reforestando. Desafortunadamente, todavía se discute en el ámbito de la ONU, los monocultivos de eucaliptos como opción de reforestación. “El monocultivo no entra en ese concepto de ecosistema, porque el ecosistema necesita varios elementos relacionándose entre sí. Entonces, la idea de adoptar un discurso sobre bosque en donde no hay bosque es engañosa. Porque bosque viene de florecer2, de generar vida. Y monocultivos no generan vida”, dice Lindomar.
Para explotar aún más el tema, seguimos viaje hasta la Reserva Extractivista Chico Mendes, en Xapuri, municipio acreano. Allá fuimos para escuchar a Dercy Teles, recolectora de caucho, sindicalista jubilada y gran conocedora del bosque y de la lucha de las comunidades. Según Dercy, el debate sobre si monocultivos pueden sustituir bosques o no, no resulta de falta de conocimiento, sino de desprecio hacia quienes viven en el bosque. “Desafío al ser humano a que reproduzca un bosque igual al que la naturaleza ha creado. El bosque no es de una especie, ni de dos, ni de tres. Son miles de especies, incluyendo seres invisibles que contribuyen para mantener este bosque”.
La Reserva Chico Mendes es una de las principales fuentes de madera de manejo forestal. Le preguntamos a Dercy acerca de la relación entre este servicio gubernamental y la deforestación ilegal en el territorio de los indígenas apurinãs. Ella considera que el manejo tiene un impacto inconmensurable: “Hay gente que vive solo de vender madera clandestina. Los fines de semana y feriados, esta carretera no para. Entran los camiones para transportar vacunos y solo cargan lo que la gente llama de ‘ganado acostado’, que es la madera”. El manejo, según ella, es una política estatal de deforestación.
La ambición del agronegocio desconoce límites: ya existe un fuerte lobby de hacendados y megaempresarios para que plantaciones de soja, arroz y palma aceitera puedan percibir Pagos por Servicios Ambientales vinculados a proyectos de REDD, bajo el argumento de que capturan carbono. El argumento reside en que tecnologías como la siembra directa, rotación de cultivos y agricultura de precisión emiten menos carbono que otras formas de cultivo. Con este argumento los hacendados se registrarían para la venta de bonos de carbono. Lindomar se indigna ante tal maniobra: “Es absurdo. Es un discurso criminal porque sabemos que lo que está por detrás es la búsqueda única y exclusiva de lucro. Ellos ganan destruyendo el bosque, después ganan diciendo que van a contribuir con el planeta, plantando soja, eucalipto, palma. Son doblemente criminales, por destruir el bosque y por mentir al decir que el monocultivo sustituye el bosque”. El hecho de que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) legitime un discurso como este, según Lindomar, puede ser por no tener la capacidad de discernir entre lo que es monocultivo y lo que es bosque, por reconocer la necesidad de una vida múltiple, o simplemente, porque no les preocupa el tema.
“Nuestro debate es otro, es la vida, es comer lo que la naturaleza nos ofrece con el menor impacto posible. Somos campeones en la producción de soja. Y cuando se contabiliza eso en los estudios, [se dice que] aumentamos mucho la producción de alimentos en el mundo. Pero ¿qué importancia tiene eso? [Si son] alimentos transgénicos, con agrotóxicos de todo tipo. Eso va contra la vida; estamos comiendo veneno. Y necesitamos hacer esa lectura. En realidad lo que estamos haciendo es inviabilizar la producción de alimentos y plantando veneno. Yo quiero creer que, en el caso de la FAO, no es una cuestión de maldad pura y simple, pero basta mirar y constatar que los monocultivos son contrarios a la vida. Si es una lectura equivocada, pueden cambiar de opinión, porque los sabios cambian de opinión. Espero que la FAO cambie de opinión y deje de considerar que los monocultivos tienen un impacto ambiental similar al de un bosque”.
Lindomar y Dercy nos muestran cuán necesario se hace estar muy atentos a las propuestas que llegan como salvación del bosque amazónico, principalmente en lo que se refiere a los fondos de apoyo. ¿A quiénes les llega? ¿Cómo llegan? ¿Para qué llegan? ¿Quiénes son los que promueven el discurso y administran los recursos de preservación de la Amazonia? Probablemente se trate de un paso más de la especulación sobre el bosque y de las estrategias de acaparamiento de territorios. Estrategias para mantener el bosque en pie no vendrán de quienes lo explotan históricamente. Salvar el bosque pasa por no permitir que sea destruído por los agentes del agronegocio, de la minería y de las madereras ilegales. Pasa por evitar que sea “hipotecado” por el mercado financiero encubierto por llamada economía verde. Es necesario defender los territorios y fortalecer los territorios indígenas y de las comunidades tradicionales, que son pueblos que viven en armonía con el bosque desde hace generaciones.
Família de chamán Isaka Huni Kuin. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
Para el chamán Isaka Huni Kuin, el camino para salvar el bosque vendrá a través de la “amistad”, que entiendo como un pedido de respeto a su pueblo. “Nosotros somos vecinos, venimos del mismo creador. Vivo acá, no para invadir a nadie. Yo también quiero vivir, de la misma manera que ellos quieren: bien. Puedo meterme en lo que es mío, lo que no es mío, no es mío”.
Dercy abraza un árbol de castaña, que fue fuente de sustento para ella y muchas familias en Acre. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
Dercy dice que en el proceso de preservación de la Amazonia se vuelve imprescindible el fortalecimiento de las comunidades. “El conocimiento que tenemos es secular”. Ella considera que la Amazonia, no es solo de Perú, Bolivia o Brasil, sino de la humanidad. “Por eso es responsabilidad de cada uno de nosotros estar atentos a lo que ocurre aquí”.
En un nivel subterráneo de las discusiones entre presidenciables y grandes corporaciones, paralelamente a las falsas soluciones ambientales del capitalismo, indígenas, pequeños extractivistas, campesinos, comunidades ribereñas, quilombolas vienen resistiendo con sus cuerpos, con sus espiritualidades y sus culturas, contra la devastación de la naturaleza. Nuestra tarea es la de fortalecer directamente estas personas, con respeto y foco en sus protagonismos; es contribuir en la consolidación y en la defensa de sus territorios. No serán las propuestas e iniciativas que vienen de los que contaminan y generan ganancias con la devastación del sur del mundo las que van a salvar el bosque. Sino el respeto y el derecho a la tierra y a la vida, en su cultura, de aquellos que viven desde hace generaciones en armonía con el bosque.
Buni Huni Kuin envuelve un tambaquí en una hoja de bananera. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
En este proceso, la solidaridad internacional se hace fundamental. No hay lucha en la Amazonia sin solidaridad, dice Lindomar. “El foco de la solidaridad es la liberación, el forestar, el florecer, promover un carnaval multicultural, multiétnico, multireligioso, multilinguistico. Por eso el mono no funciona, tiene que ser pluri. Nuestro carnaval va a ser plural, y solo lo será gracias a la solidaridad. Somos lo que somos porque otros contribuyeron para que seamos lo que somos. Nuestra lucha acá en la Amazonia depende totalmente de la solidaridad. La solidaridad es el alimento de la lucha”.
Kaxuqui y Antônio José juegan en el arroyo Retiro. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
Kaxuqui, es el cacique de mayor edad. Según él, su nombre significa “el mono roedor que salvó la Amazonia”. Él cuenta que, cuando se quemó el bosque, todos los animales se refugiaron arriba de un árbol. Kaxuqui masticó el tronco y logró evitar que el fuego avanzara sobre la madera. El aserrín de los árboles y las cenizas en el piso componen un ambiente hostil que les seca las lágrimas a los caciques Kaxuqui y Antônio José. Convirtieron la desolación en palabras de rabia y denuncia, que reivindican que alguien contribuya con su lucha. El cacique Antônio José Apurinã, dice que los indígenas son la naturaleza, son el pueblo que preserva la flora y la fauna de la Amazonia. “Queremos que se regularice nuestra tierra. Nos vamos a quedar acá y resistir, preservar eternamente. Mientras estemos vivos, vamos a estar acá luchando por estas tierras. Esto no es solo para el pueblo apurinã, para los pueblos indígenas. Este bosque no nos hace bien solamente a nosotros, le hace bien a toda la comunidad, a todo el mundo. Nosotros somos la naturaleza, nosotros somos el pueblo que preserva la Amazonia, la fauna y la flora de Brasil. ¡Nosotros estamos acá resistiendo! Ese es el mensaje que queremos dejar”.
VIDEO> Vea la entrevista con Lindomar Dias Padilha (CIMI-Acre), quien habla sobre los incendios y el beneficio de la destrucción. A medida que la agroindustria y el mercado financiero se benefician del fuego, desde la confiscación de tierras hasta las políticas de compensación ambiental y las soluciones falsas. También habla de solidaridad y cómo apoyar a los territorios. Escucha:
Cómo el agronegocio y el mercado financiero generan ganancias con la devastación del mayor bosque tropical del mundo
Texto y fotos: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
Con los pies sobre las cenizas de lo que antes era bosques, el chamán Isaka Huni Kuin manifiesta su tristeza: “Ellos desconocen la medicina que existe dentro del bosque. Creen que no sirve de nada, que se trata de bosque nomás, pero tiene mucho valor. De ella sacamos la madera con la que construímos nuestras casas. Cuando alguno de nuestros hijos se enferma, ya sé cómo lo voy a cuidar, sé cuál medicina tengo que buscar. Es nuestra farmacia viva. Si se termina el bosque, la riqueza que conozco se termina. Por eso para mí, todo este fuego es muy triste”.
El chamán Isaka perdió toda su farmacia viva. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
El chamán Isaka, de 80 años, almorzaba junto a su familia, cuando su compañera escuchó el crujir de las hojas quemándose. Salieron corriendo con los machetes para intentar detener el avance del fuego sobre el bosque, pero no tuvieron éxito. Con ayuda de los bomberos, lograron evitar que se quemaran las casas. Los cultivos de papaya, banana, asaí, entre otros fueron consumidos por el fuego. Tatúes, tortugas y monos fueron afectados. Quemaron la floresta que es la farmacia de los huni kuin. Ellos sospechan que el fuego tuvo origen criminal. Una acción que comprometió la vida del chamán Isaka y su família. Para Isaka fue un hecho de maldad.
A 250 kilómetros de allí, en el estado de Amazonas, en el municipio de Boca do Acre, el bosque del pueblo apurinã también se incendió. El día 13 de agosto, conocido como Día del Fuego, 600 hectáreas de la Tierra Indígena1 Val Paraíso fueron incendiadas. En los territorios de los apurinãs, el fuego, además de maldad, representa una de las etapas de un proceso muy bien articulado de titulación ilegal de tierras del Estado brasileño. El cacique Antônio José denuncia este esquema, que no ocurre exclusivamente en su tierra dentro de la llamada Amazonia Legal, un área que reúne los nueve estados de Brasil que se encuentran en la cuenca del Amazonas. Afecta a diferentes pueblos indígenas y tierras del Estado . Con un guión de destrucción y lucro, los invasores deforestan, venden las maderas duras, queman el bosque restante, alambran, implementan la ganadería en el área, venden la carne y luego, además, plantan soja, maíz o arroz. Por si fuera poco, después de los incendios, este mismo sector del agronegocio que lucra con el mercado internacional, todavía tiene la posibilidad de seguir ganando dinero con las campañas ambientales que buscan “salvar” la Amazonia.
Es común ver camiones transportando troncos gigantes por las carreteras del estado de Acre. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
La lucha de los caciques apurinã contra la titulación ilegal de tierras y por la demarcación de sus tierras El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués), detectó 45.256 focos de incendio en la Amazonia, de enero a agosto de 2019. Un 20% de los incendios ocurrió en bosques situados en tierras públicas que todavía no les fue asignada ninguna función: es decir, como parque, reserva o território indígena. Entre ellos, se encuentra la Tierra Indígena Val Paraíso. El 13 de agosto, Día del Fuego, según denuncia el cacique Antônio José, un grupo de usurpadores de tierras quemó 600 hectáreas de bosques del área que es reivindicada por los apurinãs.
El cacique Antônio José abriendo el portón de los lotes que dan acceso a la Tierra Indígena Val Paraíso. Foto: Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil
Al cruzar el quinto portón, nos acercamos finalmente a la entrada del bosque de la Tierra Indígena Val Paraíso, a orillas del igarapé (arroyo) Retiro. El cacique Kaxuqui, primo y compañero de lucha de Antônio José, se baja de la moto. Antônio nos invita a bajarnos del auto para charlar. De un lado del alambrado estamos nosotros, al otro lado, inúmeras cabezas de ganado esparcidas por los cinco lotes que acabamos de cruzar. Los caciques nos explican lo que vemos allí: “Destruyeron nuestras tierras, cosas que veníamos preservando desde hace 100 años, en donde nacieron mi abuelo, mi bisabuelo, todos mis tíos”, se lamenta Kaxuqui, de 58 años. Antônio José sigue: “Yo tengo 54 años, nunca salí de acá. Esta gente, estos que se dicen dueños de este lugar que estamos pisando ahora, no son de acá, son descendientes de portugueses. Y nosotros, que somos indígenas, que vivimos acá desde siempre, que lo podemos comprobar, nos quedamos de esta manera, sin derecho a la tierra”.
Los apurinãs reivindican la demarcación de la Tierra Indígena Val Paraíso desde 1991. El proceso está en manos de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI, un órgano público). Los indígenas esperan desde hace años la finalización de los estudios de identificación y delimitación del área en la que viven 46 personas que integran 7 familias. Al comienzo del proceso, los apurinãs demandaban que se demarcaran 57 mil hectáreas. Aunque el caso ya se encontraba en la Justicia, sus tierras sufrieron invasiones, con tala de bosques, transformados en campos y, posteriormente, en áreas de ganadería. Hace un tiempo, en un intento por facilitar la demarcación, redujeron la demanda a 26 mil hectáreas. “Hicimos un acuerdo con los hacendados. Lo que ya es campo es de ellos, lo que es bosque es nuestro. Pero aún así siguieron invadiendo y tirando el bosque”, dice Antônio José. “Esto no pasa por falta de información. Tenemos todo documentado. El IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables), el Ministerio Público, el Terra Legal (programa del gobierno de regularización fundiaria), saben que esto fue reivindicado cuando era bosque, cuando estaba intacto. El bosque que ustedes están viendo ahí a orillas del arroyo solo existe porque venimos intentando preservarlo desde el ‘91 hasta ahora”.
Lindomar Dias, del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), afirma que estas articulaciones para la toma de territorios ocurren desde hace mucho tiempo. Para el caso de los indígenas, ocurre desde siempre. “Efectivamente, Brasil como país nace expoliando territorios de los pueblos originarios; y trata a estos pueblos como si no fueran originarios. Tratan a esta gente como si fueran extranjeros, cuando en verdad son los dueños. Adquirieron esos derechos, no comprando los territorios, pero simplemente viviendo, confundiéndose con el territorio, fundiéndose con él”. Dercy Teles, recolectora tradicional de caucho en el municipio de Xapuri, a quién escuchamos en nuestro pasaje por Acre, los ataques son movimientos de extinción de las poblaciones que dependen del bosque. “A quiénes no contribuyen al desarrollo del capitalismo, no les interesa la existencia sobre un territorio”, dice.
Los caciques señalan, indignados, hacia la dirección de cada área deforestada o tierra adquirida ilegalmente. Antônio José señala cada responsable: “Joaquim deforestó 500 hectáreas por 2 mil reales, otras 500 por más 2 mil, y se lo vendieron a Brana. Todo eso quedaba atrás del Igarapé (arroyo) Preto, que queda dentro del área que reivindicamos. Eso, sabiendo que se trata de una Tierra Indígena.Y hoy el dueño es Brana, un tipo allá de Rio Branco. Bezinho tumbó 392 hectáreas de la hacienda Riachão en el límite con la hacienda Cruzeiro, a orillas del Preto, que también se encuentra dentro del área que reivindicamos. Júnior do Betão ya lo compró. Tenemos todo eso en un mapa”.
Ganadería ostensiva en tierras del Estado
Fósiles de árboles quemados delatan antiguos incendios en campos de la ganadería. Foto: Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil
Son muchos los nombres referentes a funciones vinculadas entre sí. Unos son responsables por entrar y cortar árboles. Otros se encargar de la titulación ilegal, el alambrado y otros papeles. Cuando pasa el banzeiro (que es como le llama Antônio José a la preocupación pública por la invasión de la tierra), viene otro, compra la tierra, y pone el ganado, el negocio más común en la región. Según el IBGE, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Boca do Acre tiene el segundo mayor rebaño de ganado del estado de Amazonas. Se queda atrás solamente de su vecino, Lábrea. Ambos municipios suman 510 mil cabezas de ganado, un 38% del rebaño de Amazonas. Significa que, para cada habitante existen 6,4 vacunos.
El principal destino de este ganado es el frigorífico Frizam/Agropam, en Boca do Acre. Según datos de 2013 del Instituto de Conservación y Desarrollo Sustentable de la Amazonia (IDESAM), el matadero respondía por 31,3% del total de la faena del estado de Amazonas.
Boca do Acre es parte el Arco de la Deforestación, una región en la que la frontera agrícola avanza sobre el bosque nativo de la Amazonia. El municipio tiene 372 áreas embargadas por el IBAMA. Esto ocurre cuando el inspector de este órgano constata que un ganadero deforestó sin autorización o que no está respetando el área de Reserva Legal2 de la propiedad. Al quedar embargada la propiedad, queda prohibida la cría de ganado. La ganadería ocupa 80% del área deforestada de la Amazonia Legal, según el informe de 2015 de la Fiscalía del Medio Ambiente del Ministério Público Federal. Casi un 40% de las 215 millones de cabezas de ganado del país se encuentran en la región amazónica.
El paisaje de los caminos de Rio Branco hasta Boca do Acre está tomado por el latifundio ganadero. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
En Boca do Acre, aún con un número importante de propiedades embargadas, el movimiento en Frizam/Agropam no se redujo en los últimos años. Esto porque el ganado de las propiedades notificadas llegaba al establecimiento con documentos falsos. Los animales son registrados como pertenecientes a propiedades que no tienen prohibida la comercialización. Según el gerente del frigorífico, no puede hacer nada para controlar este tipo de fraudes.
Sin embargo, ocurre que Frizam/Agropam tiene como accionista principal al ganadero José Lopes, que tiene nueve propiedades embargadas en Boca do Acre. Según el periodista Leonildo Rosas, del Blog do Rosas, José Lopes es el ganadero más grande del Amazonas, dueño de más de cien mil cabezas de ganado. El “rey del ganado”, como ya se lo conoce, ya fue tesorero de campañas electorales, y el dinero público tiene fuerte influencia en el crecimiento de su imperio de la carne. Lopes trabajó en las campañas del senador Eduardo Braga (del partido Movimiento Democrático Brasileño) y del gobernador de Amazonas, Omar Aziz (del Partido Social Democrático). También participó de la campaña del gobernador Amazonino Mendes (Partido de la Frente Liberal), que administró el estado de 1999 al 2002. Durante ese período, en el año 2000, la Compañía de Desarrollo del Estado de Amazonas (CIAMA), empresa pública que tiene entre sus objetivos el promover el desarrollo ambiental en ámbito del estado, invirtió más de 14 millones de reales en la sociedad con el frigorífico Frisam/Agropam. De esta manera, Ciama se volvió una de las cuatro socias del frigorífico.
Y no termina ahí: en el acta de la asamblea general ordinaria de Frisam/Agropam del 3 de junio del 2013, a la cual el sitio web Amazônia Real tuvo acceso, consta que el frigorífico tiene cuatro socios: además de José Lopes y Ciama, completan la lista, José Lopes Júnior y Alessandra Lopes. Estos últimos, hijos de José Lopes, tienen en sus nombres las tierras con ganado, alambres y portones, sin bosque, por los que tuvimos que pasar para entrar a la Tierra Indígena Val Paraíso, del pueblo apurinã. “José Lopes registró una tierra aquí, en la que veníamos con mi abuelo desde Bom Lugar hasta acá para pescar en el Poção do Arroz”, recuerda Antônio José. “Ahí había bastantes peces. En 2010, Lopes registra esta área como Porão do Arroz, y queda como dueño. El abuelo de Kaxuqui vivia ahí en las orillas. Nosotros viviendo acá hace tantos años y nadie nos lo reconoce”. Kaxuqui agrega: “Nunca vendimos un pedazo de tierra. Al contrario. Queremos vivir, darle ese derecho a nuestros hijos, nuestros nietos. Queremos lo que nos pertenece. Lo que queremos es que se nos respete la cultura, nuestros derechos y nuestra manera de vivir. No queremos haciendas, no queremos ganado, para que nos reconozcan no necesitamos ser hacendados”.
Cacique Antônio José exige la demarcación de la tierra de su pueblo. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
Según datos del 2013 de IBAMA, las multas por crímenes ambientales a nombre de José Lopes suman más de 3 millones de reales, por haber destruído 955,14 hectáreas de bosque nativo de la Amazonia Legal. El ganadero fue arrestado recientemente en tres operaciones de la Policía Federal brasileña. En mayo, fue acusado por el Ministerio Público Federal de ser una de las 22 personas involucradas en crímenes ambientales, en el marco de la operación Ojuara. Los acusados invadían tierras públicas, ordenaban deforestaciones y contrataban policiales militares para proteger las máquinas y las áreas deforestadas. Una de las ilegalidades fue un comunicado falso del IBAMA de Acre emitido en setiembre de 2017, que sirvió de alerta a los hacendados sobre una operación nacional del IBAMA que se desarrollaría el mes siguiente. En esa época, el superintendente del órgano era Carlos Gadelha, quien también fue denunciado por el Ministerio Público por crear una empresa para ofrecerles defensas administrativas y judiciales a los deforestadores del sur del Amazonas contra acciones del propio IBAMA. El 25 de junio, José Lopes fue liberado por decisión de la jueza Mônica Sifuentes, del Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (TRF-1), que ordenó sustituir la prisión preventiva por otra medida cautelar. En otra operación, llamada “Maus Caminhos”, Lopes vuelve a ser preso bajo la acusación de recibir 1 millón de reales en coimas del médico Mouhamad Moustafá, sospechoso de liderar la organización delictiva que desviaba fondos de la salud del estado de Amazonas, mediante el Instituto Novos Caminhos (INC). Además, el ganadero todavía responde por crímenes ambientales en el comercio ilegal de madera detectados por la operación Arquímedes. “El hombre es arrestado y todavía tiene todo el derecho de criar ganado y vender, en tierras públicas. Y sigue tumbando y mandando tumbar. Y nosotros que estamos acá preservando, no tenemos derecho a nuestra tierra”, lamenta Antônio José.
Para completar este panorama, gran parte de la carne que pasa por Frizam/Agropam ni siquiera es destinada al consumo de la población de la región. Funcionários del frigorífico afirman que cargas equivalentes a casi 20 camiones por mes salen de la región con destino a otros países. China, Japón y Estados Unidos, son algunos de los países nombrados. “Acá en Amazonas no comemos carne de res vacuna macho, solamente de vaca. Los novillos buenos, la carne buena se va toda para fuera. Todo este ganado que causa esos problemas acá en el Amazonas no es para consumo de los amazonenses, y sí para los extranjeros, que terminan, así, financiando la deforestación”, argumenta el cacique Antônio José.
La mayor parte de la carne de la industria ganadera de Boca do Acre es exportada. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
Los apurinãs resisten contra José Lopes y su familia. Pero hay otros. La disputa es desleal, además de los ganaderos, los indígenas deben enfrentar la omisión del Estado, ya sea por la negación de derechos básicos, como salud, energía o educación; una de las razones que hace que parientes se tengan que alejar de la vida en el bosque; por la ineficiencia de las instituciones públicas en impedir y punir a los invasores de las tierras; por aquellos que usan de manera indebida al Estado para difundir su discurso, o que usan su discurso para llegar al Estado. Este es el caso del presidente Bolsonaro, y también el caso de Francisco Sales de França, conocido como Mapará. Es concejal de Boca do Acre, y uno de los acaparadores de tierra y deforestadores de la Tierra Indígena Val Paraíso. Ordenó talar árboles en 2017 y 2018. Según Antônio José, Mapará deforestó unas 200 hectáreas. El político asume el hecho. “Él se siente fortalecido por ser concejal”.
Cacique Kaxuqui frente a casas de la Tierra Indígena Val Paraíso. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
El 19 de agosto, el cacique apurinã grabó vídeos sobre las márgenes del arroyo Preto. Al otro lado del arroyo, ruidos de motosierra y de troncos cayendo. Antônio José relata: “Puedes escuchar el sonido del motor. Solamente me gustaría mostrarles esto al Ministerio Público, a la FUNAI, [para que vean] como viene siendo destruído el bosque de la Tierra Indígena Val Paraíso”.
Según el cacique, la deforestación más grande del año en la Tierra Indígena (600 hectáreas), contó con el incentivo del concejal de Boca do Acre. Mapará se eligió prometiendo que legalizaría tierras invadidas, como las de Val Paraíso. “Todos saben que concejales no tienen la capacidad de incidir sobre la reglamentación de tierras federales”, dice Antônio José. Pero también sabemos que los discursos engendran legalidades.
Al visitar los apurinãs, nuestra intención, además de escuchar a los caciques y solidarizarnos con su causa, era la de registrar esa deforestación de 600 hectáreas. Al día siguiente, saldríamos al amanecer. Antes de acostarnos en las hamacas recién colgadas, Antônio José agarra la carpeta que llevaba consigo. En ella, hojas con imágenes de satélite de los últimos años del área reivindicada por los apurinãs. Se aproxima del farol a querosene con los mapas en la mano. El cacique Antônio José va describiendo la localidad y la cantidad de hectáreas deforestadas el último año, repitiendo el gesto que se hacía, algunas horas antes, al lado del alambrado. Esta vez, señala la tala de árboles en el mapa. También señala, indignado, al responsable por cada tala. Ya son miles de hectáreas deforestadas dentro de las 26 mil que reivindican los apurinãs.
El mapa más reciente de la explotación de la tierra de los indígenas apurinã. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
La fuente de informaciones de los mapas es del INPE, elaboradas con la colaboración de la FUNAI. En una pared de la sede de la Organización de los Pueblos Indígenas Apurinã y Jamamadi de Boca do Acre (OPIAJBAM), local en el que nos encontramos con Antônio José, carteles muestran el legado de un curso reciente. Los indígenas están estudiando un software de cartografía, con el objetivo de generar mapas de manera autónoma.
La cartografía es una herramienta de lucha por el derecho fundiario y contra la deforestación. Cuando los incendios en la región amazónica se empezaron a discutir públicamente, el presidente Bolsonaro mostró cómo su gobierno maneja la ciencia. Cuando el INPE divulgó un estudio en el que registró que la deforestación en la Amazonia en julio de 2019 fue 68% mayor que en julio de 2018, Bolsonaro declaró que el instituto estaba al servicio de alguna ONG y que los datos serían incorrectos. Cuando el director del INPE, Ricardo Galvão, contestó las críticas, fue destituido. El hecho fue alarmante para el medio científico y para los que trabajaban en los incendios en la Amazonia. Algunos días después, al ser cuestionado sobre la destitución y la relación con Ricardo Galvão, Bolsonaro respondió: “Yo no pido, yo mando”.
El comercio de madera ilegal Al día siguiente, hicimos una caminata de casi 3 horas. Nuestro destino: las 600 hectáreas quemadas en el Día del Fuego, 13 de agosto.
En tres lugares del bosque, encontramos envases de combustible y aceite quemado que se utilizan en motosierras. Foto: Amigos de la Tierra Brasil
Cruzamos varias veces el arroyo, pasamos por lugares que ya son campo, y también por adentro del bosque. En el medio del camino, una pausa. Parado arriba de los restos de un tronco de cedro recién cortado, Antônio José cuenta: “el 19 de agosto pasamos por acá para ver la deforestación de 600 hectáreas que estamos yendo a ver, y esto estaba intacto”. Según el cacique, los madereros ilegales entran en el bosque, talan y se llevan la madera dura, como el cedro o la itaúba. Después talan el bosque y cubren los troncos: “para que no podamos ver el tipo de madera que se llevaron”. Al año siguiente, van a quemar con la intención de limpiar y aprovechar la madera restante. A partir de ese momento, comienzan a cultivar el pasto para la ganadería. “Este es el modelo que utilizan para invadir y acaparar las tierras indígenas que protegemos. Esto es desde hace 5 días, tiraron todo, y el IBAMA está ahí en Boca do Acre, pero ellos siguen talando”, denuncia el cacique.
Árboles recién cortados, y que todavía no fueron sacados de la Tierra Indígena Val Paraíso. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
Las maderas robadas de esta área se cortan con motosierra en el verano, según Antônio José. En el invierno, los madereros ilegales entran por el arroyo, en balsa, cargan la embarcación y llevan las maderas hasta el puerto de Boca do Acre al atardecer. Allí, como cuenta el cacique, los criminales tienen un esquema para poner las maderas en un camión de carga, que sale por la noche para Rio Branco. La carga pasa por la carretera como si fuera un transporte cualquiera. En la capital de Acre, se “calienta” la madera. El término se refiere al acto de marcar la madera como si proviniera del sistema de manejo forestal acreano. “Es así como sacan madera indígena para exportación desde dentro de tierras indígenas, de tierras que pertenecen al Estado. Toda la madera que se saca del Amazonas es ilegal”.
Lo que resta de la madera talada en medio al bosque de la Tierra Indígena Val Paraíso. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
La maderera Transacreana es uno de los principales destinos de los troncos de manejo forestal en la carretera AC-90. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
Cacique Antônio José y Kaxuqui en una de las pasturas quemadas por las que pasamos. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
Cruce del arroyo Retiro rumbo al área incendiada. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
Después del relato de Antônio José, seguimos por el bosque, escuchando de fondo el ruido del motor de la motosierra. Caminamos un buen tramo más, y con dificultad (el bosque tumbado se volvía una barrera difícil de cruzar), llegamos al área quemada: al igual que en el territorio Huni Kuin, en donde había verde, hay cenizas. Troncos negros caídos. Tocones, también carbonizados.
El cacique Antônio José observa la destrucción de 600 hectáreas de bosque. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
Algunos pequeños arbustos en áreas que resistieron al fuego y partes del bosque tumbado dificultan la visión en el horizonte. Sin embargo, parándonos arriba de algún tronco, mirando alrededor, no se ve una copa de árbol en pie. Una franja de destrucción. Antônio José denuncia: “Ellos pagan por el incendio, después asumen el control, dan seguimiento a la extracción de la madera, cultivan las pasturas y crían el ganado. Esta es la forma en que se apropian de tierras públicas en la Amazonia. Aquí en Boca do Acre funciona así. Nadie tiene documentos de asentamientos del INCRA. Pero todos se apropian de las tierras, todos dicen que tienen [documentos]. Financian, hacen el Registro Ambiental Rural y quedan como propietarios”. Los caciques hablan indignados, concentrados en la oportunidad de la denuncia.
Tanto en la carretera hacia el territorio de los huni kuin (Ac-90, conocida como carretera Transacreana), como en la BR-317, que lleva hacia el territorio de los apurinã y también al de los xapuri, impresiona la cantidad y extensión de los latifundios ganaderos. En donde antes había bosque, solo queda campo. Una inmensidad de pasturas. Solamente sobreviven en pie algunos árboles de castaña, que son protegidos por ley. Algunos esplendorosos, vivos, pero muchos ya muertos, aniquilados de a poco por los distintos incendios a que fueron sometidos. Se mantienen en pie porque, aun muertos, resisten durante años.
El cacique Kaxuqui sentado en un árbol de castaña, que antes era su sustento. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
En las últimas 600 hectáreas deforestadas en la Tierra Indígena Val Paraíso, ni los árboles de castaña se salvaron. Según Antônio José y Kaxuqui, se talaron 150 ejemplares de la especie. Sentando en lo que sobró de un tronco de uno de los árboles que todavía se lo llevaron, Kaxuqui cuenta que los apurinãs recolectaban aproximadamente 500 latas de castañas en ese lugar. “Este es un árbol del cual sacábamos el sustento de nuestro família. Hoy está acá, quemado. Este no vuelve más para esta tierra. La tierra que preservábamos, la tierra que necesitábamos está así, destruída por los ganaderos”, se lamenta Kaxuqui.
Fósil de un árbol de castaña se convierte en triste monumento del bosque en el que se encontraba. Foto: Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil
En la carretera vimos cadáveres de animales siendo consumidos por buitres. Troncos de varios diámetros arriba de camiones. Escuchamos sobre las amenazas que sufren los caciques. Sin embargo, los árboles de castaña fosilizados por el fuego fueron el símbolo, los monumentos más melancólicos de la destrucción que asola a estos territorios.
En la AC-90, la carretera Transacreana, se ven muchos camiones cargando madera. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
Los apurinãs resisten, rodeados por la mirada gananciosa de sicarios, hacendados y mercado internacional. Kaxuqui ya tuvo propuestas para dejar el área. Después de rechazarlas, un dron empezó a sobrevolar su casa en el bosque durante varios días. Antônio José ya tuvo casa quemada y ya no transita por cualquier lugar. “Estoy bajo amenaza, soy mal visto por defender mi tierra. No vivo más como vivía antes. En la ciudad me miran como si fuera algo malo para el pueblo, malo para el mundo. No lo puedo entender”. Hace 54 años vive en ese mismo lugar, pero el respeto no es regla: “Nasci acá en Bananal, sigo viviendo, defendiendo las mismas tierras. Los que me valoran son mis viejos amigos, los que conozco desde hace 50 años. Los más jóvenes, de 20, 35 años, creen que estoy estorbando el desarrollo. Porque ellos quieren talar, ganar dinero. No es lo que queremos nosotros, nosotros queremos que todos puedan crecer, pero respetando el derecho de cada cual”. El cacique ya pidió en la 6ª Cámara Federal de Brasília, escolta policial. Le fue concedida, pero la policía local no contaba con efectivos suficientes para responder a la demanda. Se le sugirió que abandonara el lugar. “Yo no tengo como salir de acá, todo mi conocimiento está acá”.
Antônio José y Kaxuqui muestran los mapas que utilizan para analizar el aumento de los incendios y del acaparamiento de sus tierras. Foto: Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil
Lo que ocurre con los apurinãs no es un caso aislado. Todo lo contrario. Se trata de un ataque sistemático contra los pueblos indígenas y sus territorios en toda la Amazonia y Brasil. En esta ofensiva, hay diversos actores involucrados. Están los que se encuentran en la punta, en la explotación directa, mediante la invasión de las tierras, de la extracción de la madera, de la ganadería o, incluso, de la minería ilegal en pequeña escala. Como muestra la historia más arriba. Y están los que se encuentran en la otra punta, los que financian estas ilegalidades. Por ejemplo, a raíz de los incendios, países europeos se manifestaron en defensa de la Amazonia. Pero es un continente que compra carne y madera de áreas deforestadas desde hace años. JBS y Marfrig, que son empresas destacadas a nivel mundial en la producción de proteína animal, y las principales exportadoras de carne de Brasil a Europa, le compran ganado a haciendas irregulares. En el 2018, el medio Repórter Brasil publicó una investigación periodística sobre la venta de madera ilegal para Dinamarca. Siete de las principales tiendas al por menor de materiales de construcción no supieron determinar la procedencia de la madera brasileña que vendían.
En la carretera AC-90, conocida como Transacreana, el ganado pasta al costado de las cenizas. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
Los actores de estos ataques están, y tienen sus representantes, en la política. Empezando por el presidente del país. Bolsonaro dijo, durante la campaña electoral, que no iba a hacer la demarcación de ni siquiera 1 centímetro de tierra indígena. El hermano del presidente tiene articulaciones con el agronegocio para impedir, con la ayuda de representantes del gobierno, que se hagan demarcaciones de tierras. El proceso de demarcación, ya durante el gobierno Bolsonaro, está bajo amenaza de transferencia para el Ministerio de Agricultura, en donde reinan los representantes del agronegocio. Una iniciativa similar a la Propuesta de Enmienda a la Constitución 215, que estipulaba que la última palabra sobre la determinación de las tierras indígenas debería quedar en manos del parlamento nacional, en el que, hoy, la bancada más grande y poderosa es la del agronegocio. Este bancada se llama Frente Parlamentaria Agropecuaria, un grupo de cabildeo bancado por asociaciones y empresas del agronegocio, que cuenta ahora con 257 parlamentarios, entre diputados federales y senadores. En un encuentro con estos políticos, el 4 de julio, Bolsonaro les dijo: “Este gobierno es de ustedes”. Un ejemplo más de ataque a los pueblos indígenas, lo dio el parlamento, al hacer la Propuesta de Enmienda a la Constitución 343, que le otorga a la FUNAI el poder de decidir entregarle, hasta 50% de los territorios indígenas, al agronegocio, minería y otros sectores, sin necesidad de consulta a las comunidades tradicionales.
En esta lista de actores, no podemos olvidarnos de la Rede Globo, el mayor canal de televisión del país, que desde hace dos años tiene como principal publicidad en las horas de máxima audiencia la campaña “El agro es tech, el agro es pop, el agro lo es todo”. Se trata de una serie de campañas publicitarias que glorifican y muestran mentiras sobre el agronegocio brasileño, como por ejemplo, que es la fuente de los alimentos del país. Mentira. La mayor parte de la alimentación del pueblo brasileño viene de la agricultura familiar. Además de estas publicidades, la Globo decide qué es y qué no es noticia en un sistema de promiscuidad con grandes sectores del agronegocio, del empresariado, de los sectores que históricamente atacan al pueblo del país.
Estos son algunos de los ejemplos de lo que los indígenas y otras comunidades tradicionales tienen que enfrentar en Brasil. Son algunos hechos de violencia directa que ocurrieron solo en los últimos días de septiembre: • Guaraníes Mbya de Ponta do Arado, en Porto Alegre, sufren ataque a tiros; el segundo en lo que va del año • Indigenista colaborador de la FUNAI fue asesinado en la Amazonia • Hombres que se hacen pasar por policías atacan indígenas guaraníes de Terra de Areia en Rio Grande do Sul • Mbya Guarani reciben amenazas de hombres armados en la Tierra Indígena Guadjayvi, en la ciudad de Charqueadas, territorio directamente impactado por el proyecto de la Mina Guaíba, de la mineradora Copelmi.
Em audiência pública na Assembleia Legislativa do RS sobre o projeto Mina Guaíba/Copelmi, população gaúcha demonstrou seu descontentamento com a proposta de instalação da maior mina de carvão a céu aberto do Brasil ao lado do Delta do Jacuí, a apenas 16km do centro de Porto Alegre
Ontem à noite (30/09), o auditório Dante Barone, na Assembleia Legislativa do RS, lotou para que a população gaúcha debatesse um tema de grande impacto: a instalação da maior mina de carvão a céu aberto do país ao lado de Porto Alegre, entre os municípios de Charqueadas e de Eldorado do Sul. Essa é, ao menos, a intenção da mineradora Copelmi.
O megaprojeto traria danos socioambientais nefastos, comprometendo a segurança hídrica dos cerca de 4,5 milhões de habitantes da Região Metropolitana de Porto Alegre, com a possível contaminação das águas do Delta do Jacuí e o rebaixamento de dois lençóis freáticos – ao longo dos anos de extração de carvão, metade do volume de água do Rio Guaíba seria desperdiçado. Além disso, a pilha de carvão e de rejeitos elevaria ao ar substâncias tóxicas, levadas pelo vento para as cidades do entorno, alcançando Porto Alegre: ao todo, 30 mil toneladas de poeira seriam lançadas na atmosfera. O carvão é considerado um “lixão químico”, por conter muitos elementos da tabela periódica, inclusive metais pesados como chumbo, mercúrio e cádmio.
A Copelmi pretende extrair 166 milhões de toneladas de carvão (mineral, que não é o mesmo utilizado em churrascos!). Junto, extrairia 2,4 milhões de toneladas de enxofre: e as reações químicas decorrentes disso podem gerar chuva ácida.
Fim da produção agroecológica e desemprego
Na área onde a Copelmi quer instalar a mina está o assentamento da reforma agrária Apolônio de Carvalho, um dos maiores produtores de arroz orgânico da América Latina e de hortaliças agroecológicas que abastecem as feiras da capital. Somados com o condomínio Guaíba City, mais de uma centena de famílias perderiam suas terras produtivas para dar lugar ao carvão e à poluição. Como que por maldade, os despejos das famílias ainda ocorreriam apenas 7 anos após o início das operações da mina, obrigando as pessoas a conviver com a poluição e os tremores das explosões cotidianas – seriam cerca de mil explosões anuais.
Em 20 minutos de fala na audiência, a Copelmi até tentou, mas os argumentos levantados pela empresa não se sustentam. A promessa de criação de empregos, por exemplo, é ínfima: seriam pouco mais de mil postos criados ao longo dos 23 anos de exploração do solo; nos primeiros três anos, seriam apenas 331 vagas. Considerando-se as centenas de famílias de agricultoras e agricultores que perderiam suas formas de sustento, não é exagero dizer que, com a Mina Guaíba, o que se criaria seria desemprego.
Em um contexto de desmonte das leis trabalhistas, de previdência social e da saúde pública, cabe ainda pensarmos sobre a qualidade dos postos de trabalho que seriam criados na maior mina de carvão do Brasil: historicamente, o trabalho em minas causa diversos malefícios à saúde do trabalhador. Pesquisa da UFBA e do Ministério da Saúde revelam que mineiros estão sujeitos a, em nível muito maior que outros trabalhadores: poeiras que causam doenças respiratórias; substâncias químicas associadas ao câncer; e atuam em condições propícias para acidentes de trabalho, comumente graves e fatais. Em entrevita ao Nonada, um ex-mineiro fala: “Eu me aposentei por invalidez. Eu tive uma lesão no coração; arriou três milímetros e meio. Eu tenho carvão no pulmão; lá no hospital, querem me operar, mas se retirar o carvão, eles me matam”.
Mesmo o argumento econômico não se sustenta: fosse a mineração a salvação das contas do Estado, Minas Gerais não estaria na situação que está. Tais megaprojetos contam com investimentos estrangeiros (no caso da Copelmi, Estados Unidos e China) que, incentivados pelas práticas neoliberais do governo Bolsonaro e de seu ministro Paulo Guedes, julgam de seu direito a apropriação dos bens comuns do povo brasileiro. O lucro é para poucos; para a população, fica um território devastado, os hospitais lotados, a poluição e o desemprego.
Em relação à arrecadação de tributos, há uma forte conexão entre mineração e sonegação de impostos – além de um acordo entre governo estadual e Copelmi para desonerá-la do ICMS.
Quem tem medo da participação popular?
Ainda no contexto local, outros agravantes: nessa semana, Eduardo Leite, governador do RS, colocou para tramitação em regime de urgência 480 alterações na lei ambiental do estado. Tal tentativa está sendo convenientemente chamada de “Lei Copelmi”, devido às flexibilizações nas licenças ambientais e ao favorecimento de interesses da mineração e do agronegócio. O regime de urgência, medida que prejudica o debate público do tema, já foi utilizado anteriormente para aprovar a criação de um polo carboquímico no estado, exatamente na região onde hoje se discute a instalação da Mina Guaíba. Aliás, Cristiano Weber, diretor da Copelmi, já admitiu que, sem o polo carboquímico, a Mina Guaíba não se mantém, devido à baixa qualidade do carvão dali extraído: “Se o Polo não sair, essa mina não se paga. Para o mercado atual, nós não abrimos essa mina”, disse em entrevista ao ExtraClasse.
Pela óbvia interconexão entre Mina Guaíba e o polo carboquímico, soa absurdo discutir a licença para um sem falar do outro. Contudo, tal absurdo tem passado despercebido pela Fepam, órgão licenciador do estado. Ainda mais: por ter sido aprovado em urgência (ao apagar das luzes de 2017) e sem o devido debate com a sociedade, o Ministério Público entrou com uma ação para suspender a licença do polo.
Ontem, deputadas e deputados trouxeram a possibilidade da realização de um plebiscito sobre o projeto, com intuito de maximizar a participação popular. Também exige-se a realização de uma audiência pública em Porto Alegre convocada pela Fepam, única forma de que entre oficialmente no processo de licenciamento.
RS: nova fronteira minerária
Sobre outros argumentos de cunho ambiental, a Copelmi garante que utilizaria uma tecnologia capaz de extrair o carvão sem causar qualquer dano ao solo, à água, à qualidade do ar… Tal tecnologia jamais foi vista no mundo, simplesmente porque não é possível. Não à toa países do Norte Global estão deixando para trás o carvão, cujos impactos socioambientais são catastróficos em curto e longo prazo. Em meio a explosões e pilhas de carvão a céu aberto, a poucos quilômetros de áreas de preservação ambiental e da Região Metropolitana, os danos são garantidos. Exemplo disso são os IDHs (Índice de Desenvolvimento Humano) nas cidades carboníferas, que situam-se abaixo da média estadual.
Quem corrobora essa visão são os mais de 50 especialistas agrupados no Comitê de Combate à Megamineração no RS, grupo formado por 120 organizações e que aglutina a resistência ao ataque das mineradoras ao Rio Grande do Sul. Hoje, segundo dados do MAM (Movimento pela Soberania Popular na Mineração), são 5.192 requerimentos para pesquisa mineral no estado, com 166 projetos já avançados. Destes, quatro megaprojetos preocupam por sua urgência, um deles a Mina Guaíba/Copelmi. Os outros são:
– em Lavras do Sul, o projeto Três Estradas, da empresa Águia, quer mineirar fosfato para suprir o agronegócio com fertilizantes – para tanto, vai construir uma imensa barragem de rejeitos logo acima de Dom Pedrito, pondo em risco vidas e a biodiversidade do Pampa;
– também no Pampa, em Caçapava do Sul, a Nexa pretende minerar chumbo e zinco ao lado da Bacia do Camaquã;
– em São José do Norte, entre o Oceano Atlântico e a Lagoa dos Patos, a empresa Rio Grande pretende minerar titânio e zircônio.
Com o avanço da mineração, toda a biodiversidade do estado estará em risco: povos, bacias hidrográficas inteiras, flora, fauna. Após os crimes de Mariana e Brumadinho, será que algum dia aprenderemos?
Comunidades indígenas não foram consultadas
Outro ponto importante ignorado pela Copelmi em seus estudos de impacto – recheado de erros metodológicos e analíticos – é sobre a questão indígena. As comunidades que seriam impactadas pelo projeto não foram consultadas pela empresa, em solene desrespeito aos povos originários e à convenção 169 da OIT (Organização Internacional do Trabalho), que reconhece a soberania dos povos sobre seus territórios.
Recentemente, a terra Guadjayvi, que fica em Charqueadas, a pouco mais de um quilômetro da área disputada pela Mina Guaíba, foi atacada por homens armados que diziam ser seguranças da Copelmi – coincidentemente ou não, outras duas comunidades indígenas foram atacadas no mesmo período. Na audiência de ontem, Cristiano Weber ainda cometeu um grande disparate ao, em tom de deboche, tirar uma selfie com uma representante indígena que protestava contra a instalação da mina. O deboche foi logo desmascarado no palco:
Os poucos vereadores da região carbonífera que estiveram presentes à audiência eram vozes solitárias em apoio à mineradora. Em peso, a população gaúcha disse em alto e bom tom que não aceita a instalação de uma mina de carvão ao lado do Delta do Jacuí e a apenas 16km de Porto Alegre. Mostrou ainda a força que possui para combater o ataque do setor minerário que, após destruir Minas Gerais, pretende se enraizar no Rio Grande do Sul. No auditório Dante Barone lotado, frente à uma mesa repleta de autoridades, com deputadas e deputados estaduais e federais, representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública e da Fepam, o recado da sociedade gaúcha foi dado: não queremos a megamineração no estado! Não queremos a extração de carvão à beira do Delta do Jacuí!
A questão é se o recado foi ouvido.
Fotos: heitor jardim // Amigos da Terra Brasil. Mais aqui: https://www.flickr.com/photos/hjardim/sets/72157711153142413/
Os ataques aos povos da floresta têm sido constantes. Agora, impulsionado pelo boom das commodities no mercado financeiro, o agronegócio intensifica a invasão aos territórios dos povos.
A invasão das empresas transnacionais de celulose nos territórios dos povos e comunidades tradicionais intensificaram significativamente os conflitos no campo. Os milhões de hectares de terra que foram usados para o cultivo de árvores exóticas, e até árvores transgênicas, foram implementados no Brasil por empresas transnacionais, que levam o falso nome de “reflorestamento”.
Interferências no clima e nas reservas de água, grilagem de terras públicas, esgotamento da biodiversidade, são alguns dos relatos de quem vê no entorno do seu território a mudança na paisagem e ampliação dos campos de monocultivo de árvores por todos os lados. Povos de diversas regiões do Brasil denunciam os impactos do avanço do monocultivo de árvores sobre seus territórios, como mostra o vídeo abaixo:
Os recentes incêndios provocados na maior floresta tropical do mundo, a Amazônica, são verdadeiros ataques aos territórios em nome do avanço do capital. Milhões de árvores nativas e animais, territórios sagrados, modos de vida, foram intencionalmente queimados para dar lugar aos monocultivos – que não são floresta. A vida é “pluri” e não é facilmente manipulável, como dizem Dercy Telles, líder seringueira, e Lindomar Padilha, do Cimi-Acre, no vídeo abaixo:
Além do avanço das monoculturas de árvores, empresas e governos têm trabalhado para fortalecer a implementação de plantações transgênicas de árvores exóticas. Sendo o primeiro país da América Latina a liberar o cultivo comercial de uma árvore transgênica e com um ambiente político favorável, o Brasil se tornou referência para empresas transnacionais realizarem seus projetos. Precisamente por esse motivo, o Congresso Mundial da IUFRO (União Internacional das Organizações de Pesquisa Florestal) será realizado em terras brasileiras, entre 29 de setembro e 5 de outubro, em Curitiba, Paraná. Trata-se de um grupo de empresas e pesquisadores, com apoio do governo, que insiste na implantação de monocultivos de árvores exóticas, para exportação de celulose e madeira, chamando essa prática de “reflorestamento”.
Anne Petermann, coordenadora do campanha global “Stop Engineered Trees”(Parem as Árvores Transgênicas, em português), em entrevista à Amigos da Terra Brasil, destaca que “uma vez liberadas no meio ambiente os reflexos estão além do que as pesquisas são capazes de prever”. A árvores transgênicas “têm impactos que nós não podemos sequer entender, já que nós não sabemos como essas árvores se comportariam em um ecossistema florestal, ou em qualquer ecossistema, com os solos, com a vida selvagem, com os pássaros, abelhas, outros polinizadores e também com as pessoas que vivem no entorno”.
Ainda, Anne ressalta que a “decisão tomada em 2008 pela Convenção de Diversidade Biológica, que árvores geneticamente modificadas não deveriam ser liberadas sem total entendimento sobre seus impactos ambientais, que a precaução deveria ser considerada. Essa decisão nunca foi alterada. Infelizmente, há países, como os Estados Unidos, que nunca assinaram essa convenção, então eles não se importam”. Veja aqui a entrevista na íntegra.
Também, neste evento serão discutidas falsas soluções e novas maneiras de aumentar os lucros corporativos à custa de bens comuns. A FAO, incluída entre os patrocinadores da IUFRO, tem promovido internacionalmente uma definição de floresta que serve apenas aos interesses das empresas madeireiras e das indústrias de plantio de árvores. A definição trata grupo de árvores de uma única floresta de espécies sejam consideradas “florestas” e assim possam ser contempladas por incentivos relacionados à mitigação do efeito estufa. Com isso, ignorando todas as relações entre plantas e outros seres vivos que compõem uma floresta, incluindo seres humanos, a FAO passa a negligenciar a biodiversidade e os sistemas ecológicos associados, permitindo que as monoculturas de grande escala os transgênicos sejam considerados florestas.
Hoje, dia 21 de setembro é marcado como o Dia Internacional de Luta contra as Monocultivos de Árvores. Os povos reafirmam que querem viver com autonomia e dignidade em seus territórios.
Reafirmamos: as plantações NÃO são florestas! E dizemos NÃO ao Deserto Verde!
Portanto, repudiamos o evento da IUFRO e convocamos os movimentos de luta a assinarem conosco carta em denúncia ao monocultivo de árvores e às árvores transgênicas, para fortalecer nossa resistência. É possível acessar e aderir a carta em português, espanhol e inglês.
Que possamos gritar juntxs: PLANTAÇÕES NÃO SÃO FLORESTAS!
Territórios são visados por projetos de megamineração (projeto Mina Guaíba/Copelmi, entre Charqueadas e Eldorado do Sul); de um condomínio de luxo, na Ponta do Arado, Zona Sul de Porto Alegre; e a outra área, em Terra de Areia, é pública e está ocupada há mais de dois anos.
Apenas no último final de semana, por exemplo, o Rio Grande do Sul registrou três ataques a comunidades indígenas. Os atos ocorreram nas retomadas Guarani Mbya da Ponta do Arado, na Zona Sul de Porto Alegre, e de Terra de Areia, localizada em município de mesmo nome. Também a terra Guadjayvi, em Charquedas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, sofreu ataque.
Charqueadas/RS
São territórios em disputa: em Charqueadas, a terra indígena está a pouco mais de um quilômetro da área onde a empresa Copelmi pretende instalar a maior mina de carvão a céu aberto do Brasil, o projeto Mina Guaíba. O estudo de impactos ambientais da mineradora apresenta diversas falhas e, entre as mais evidentes, está o não-cumprimento da convenção 169 da OIT (Organização Internacional do Trabalho). Esta regra internacional reconhece a soberania dos povos sobre seus territórios ancestrais e obriga os empreendimentos a fazerem uma consulta prévia e informada com as populações tradicionais atingidas por seus projetos – o que a Copelmi ignorou. A área é pública e foi concedida pelo Estado do RS para usufruto dos indígenas. Segundo o cacique Claudio Acosta, na sexta-feira (13/09), um grupo de homens se identificou como “seguranças da Copelmi” e proibiu a circulação dos indígenas em suas próprias terras, ameaçando que, se o fizessem, corriam o risco de serem alvejados por tiros de arma de fogo.
Já a retomada da Ponta do Arado, no bairro Belém Novo, zona sul de Porto Alegre, é uma área disputada pela Arado Empreendimentos, que pretende construir no local duas mil casas em três condomínios de luxo. O sítio arqueológico no local comprova que o território é ancestral indígena; o caso está na Justiça e, por ora, os Mbya Guarani permanecem ali – apesar das constantes ameaças: seguranças privados cercaram as famílias da retomada e mantém vigilância permanente, dificultando mesmo o acesso à água. Na tarde do último domingo (15/09), tiros foram dados em direção às barracas do acampamento, assustando as famílias, em especial as crianças: “Não atiraram contra pessoa, mas assim… por cima dos barracos, né, dos lados. Todo mundo fica assustado, as crianças tudo com medo e chorando”, relatou o cacique Timóteo Karai Mirim Guarani Mbya.
Em Terra de Areia, homens não identificados se apresentaram como policiais e disseram que receberam denúncia de invasão; a área, porém, é pública, e há cerca de dois anos os indígenas estão no local. O ataque ocorreu na madrugada de sábado (14/09) para domingo (15/09). Homens fortemente armados com fuzis e pistolas invadiram a comunidade, ameaçaram a todas e todos, ordenando o abandono da área. Ainda invadiram as casas e as reviraram. Mesmo se apresentando como policiais, nenhum deles apresentou identificação e não portavam mandado judicial para justificar a abordagem. Ao ser feito o Boletim de Ocorrência, as polícias Civil e Militar afirmaram não terem recebido qualquer ordem neste sentido em relação à comunidade indígena do local.
Em um único final de semana, em um intervalo de poucas horas, três comunidades indígenas são atacadas no Rio Grande do Sul. Segundo o CIMI (Conselho Indigenista Missionário), fatos semelhantes foram denunciados em outras regiões do Brasil. Já não é mero discurso de ódio: este está materializado. São ações de ódio, violência e intimidação que não podem passar incólumes. Cabe às autoridades a investigação dos responsáveis diretos e de seus mandantes, além, claro, da garantia da segurança das famílias indígenas.
Como o agronegócio e o mercado financeiro lucram com a devastação da maior floresta tropical do mundo
Texto, fotos e vídeos: Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil
Com os pés sobre a cinza do que antes era floresta, o Pajé Isaka Huni Kuin expressa sua tristeza. “Eles não sabem a medicina que tem dentro da mata. Pensam que não serve, que é floresta só, mas tem muito valor. Dela tiramos a madeira de lei que a gente constrói a nossa casa. Quando algum filho fica doente, eu já sei como vou tratar, sei qual medicina devo buscar. É a nossa farmácia viva. Se acabar com a floresta, a riqueza que eu tenho conhecimento se acaba, por isso que é triste para mim todo esse fogo”.
Pajé Isaka perdeu toda sua farmácia viva. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil
O Pajé Isaka, 80 anos, estava almoçando com sua família quando sua esposa ouviu os estalos das folhas queimando. Saíram correndo com os facões para tentar impedir o avanço do fogo sobre a mata, mas não tiveram sucesso. Com a chegada dos bombeiros, conseguiram evitar que as casas fossem destruídas. A plantação de mamão, banana, açaí, entre outras plantas foram consumidas. Tatus, tartarugas e macacos foram atingidos.
Queimaram a floresta que é farmácia dos Huni Kuin. Suspeitam de fogo criminoso, ação que compromete a vida do pajé Isaka e de sua família. Para ele, Isaka, um feito de maldade.
A 250 km dali, já no Estado do Amazonas, no município de Boca do Acre, a floresta do povo Apurinã também ardeu. Dia 13 de agosto, o Dia do Fogo, 600 hectares da Terra Indígena Val Paraíso foram queimados. No territórios dos Apurinãs, o fogo, além de maldade, é uma das etapas de um processo muito bem articulado de grilagem de terras da união. O Cacique Antônio José denuncia este esquema que, na Amazônia Legal, não é exclusivo da terra do seu povo. Atinge diversos povos indígenas e terras da União. Em um roteiro de destruição e lucro, os invasores desmatam, vendem as madeiras de lei, tocam fogo na mata que resta, cercam, passam a criar gado na área, vendem a carne e depois, ainda, plantam soja, milho ou arroz. Se não bastasse, após as queimadas, este mesmo setor do agronegócio que lucra com um mercado internacional ainda tem a possibilidade de seguir ganhando dinheiro com as campanhas ambientais que pretendem “salvar” a Amazônia.
Nas estradas do Acre, é comum presenciar carretas carregando troncos gigantes de madeira . Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil
A luta dos caciques Apurinã contra a grilagem e pela demarcação de suas terras
Foram 45.256 focos de fogo detectados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) na Amazônia de janeiro a agosto de 2019. 20% desse fogo aconteceram em florestas públicas que ainda não foram destinadas a nenhum uso: parque, reserva, território indígena. Entre elas, a Terra Indígena Val Paraíso. Em 13 de agosto, o Dia do Fogo, conforme denuncia o Cacique Antonio José, um grupo de grileiros queimou 600 hectares de florestas da área reivindicada pelos Apurinãs.
Cacique Antônio José abrindo a porteira dos lotes que dão acesso à Terra Indígena Val Paraíso. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil
Ao cruzar a quinta porteira, finalmente estamos perto da entrada da mata da Terra Indígena Val Paraíso, à beira do Igarapé Retiro. O Cacique Kaxuqui, que é primo e companheiro de luta de Antônio José, desce da moto. Antônio nos convida a descer do carro, porque eles gostariam de falar. De um lado da cerca estamos nós, do outro, incontáveis cabeças de gado, que se espalham pelos cinco lotes que acabamos de atravessar. Os caciques nos explicam o que vemos ali. “Devastaram nossas terras, coisas que nós vínhamos preservando de 100 anos atrás. Onde nasceu vovô, meu bisavô, meus tios tudo”, lamenta Kaxuqui, 58. Antônio José continua: “Eu tenho 54 anos, nunca sai daqui. Esse pessoal, esse que se diz dono daqui onde estamos pisando agora, não é daqui não, é descendente de português. E nós que somos indígenas, que moramos aqui desde sempre, que comprovamos, estamos assim sem direito à terra”.
Escute a denúncia dos caciques Apurinãs:
Os Apurinãs reivindicam a demarcação da Terra Indígena Val Paraíso desde 1991. O processo se encontra nas mãos da FUNAI. Os indígenas aguardam há anos a finalização dos estudos de identificação e delimitação da área, onde vivem 46 pessoas de 7 famílias. No início do processo, os Apurinãs reclamavam a demarcação de 57 mil hectares. Mesmo com o processo correndo na Justiça, suas terras passaram a ser invadidas, terem a mata derrubada, transformadas em campo e, posteriormente, fazenda de criação de gado. Há um tempo atrás, reduziram a reivindicação para 26 mil hectares, em uma tentativa de facilitar a demarcação. “Fizemos um acordo com os fazendeiros. O que já é campo é deles, o que é mata é nosso. Mas mesmo assim eles continuam invadindo e brocando a floresta”, conta Antônio José. Brocar é o verbo que os Apurinãs usam para descrever a ação de quem derruba a mata. “Não é por falta de informação não. A gente tem tudo documentado. O IBAMA(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), o Ministério Público, o Terra Legal tem o conhecimento que isso aqui foi reivindicado enquanto tinha mata, enquanto estava intacto. Só existe essa mata que vocês estão vendo aí na beira do igarapé porque a gente vem tentando preservar ela de 91 até agora”.
Para Lindomar Dias, do Conselho Missionário Indigenista, estas articulações de tomada de território se dão há muito tempo. No caso dos indígenas, acontece desde sempre. “Efetivamente o Brasil, como país, nasce espoliando e roubando território dos povos originários. E trata esses povos como se não fossem originários. Tratam essa gente como se fossem estrangeiros, quando na verdade são donos. Adquiriram esses direitos não comprando os territórios, mas apenas vivendo, se confundindo com o território, se fundindo com ele”. Para Dercy Teles, tradicional seringueira do município de Xapuri, quem também escutamos na passagem pelo Acre, os ataques são movimentos de extinção das populações que dependem da floresta. “Para quem não contribui para o desenvolvimento do capitalismo, não é de interesse a existência sobre um território”, defende.
Indignados, os caciques apontam para a direção de cada área desmatada ou terra grilada. Antônio José assinala cada responsável. “O Joaquim derrubou 500 hectares por 2 mil, mais 500 por outros 2 mil e venderam para o Brana. Isso atrás do Igarapé Preto, dentro da nossa reivindicação. Tudo isso eles sabendo que é uma Terra Indígena. E hoje quem é o dono é o Brana, um cara lá de Rio Branco. O Bezinho derrubou 392 hectares da Fazenda Riachão extremando com a fazenda Cruzeiro, à beira do Igarapé Preto, onde também é dentro da nossa reivindicação. O Júnior do Betão já comprou. Isso nós temos tudo no mapa”.
Pecuária ostensiva em terras da união
Nas campos de gado, os fósseis de árvores denunciam queimadas antigas. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil
São muitos nomes na ponta da língua, um vinculado ao outro. Uns são responsáveis por entrar e cortar as árvores. Outros por grilar a terra, cercar, encaminhar alguns papéis. Quando baixa o “banzeiro”, como chama Antônio José o burburinho pela invasão da terra, outro vem e compra. E aí coloca gado, o negócio mais comum da região. Segundo o IBGE, Boca do Acre tem o segundo maior rebanho de gado do estado do Amazonas. Perde apenas para o de seu vizinho, Lábrea. Juntos, os municípios contam com 510 mil cabeças de gado, 38% do rebanho da Amazonas. São 6,4 bois para cada habitante.
O principal destino desse gado é o frigorifico Frizam/Agropam, em Boca do Acre. De acordo um levantamento do Idesam, de 2013, o matadouro respondia por 31,3% do total do abate no estado do Amazonas.
Boca do Acre faz parte do Arco do Desmatamento, região que a fronteira agrícola avança sobre a mata nativa da Amazônia. O município possui 372 áreas embargadas pelo IBAMA. Isso acontece quando o fiscal do órgão constata que um pecuarista derrubou floresta sem autorização ou não está respeitando a área de reserva legal da propriedade. Com a fazenda embargada, fica proibida a criação de gado. A pecuária ocupa 80% da área desmatada da Amazônia Legal, segundo o relatório de 2015 da Procuradoria do Meio Ambiente do Ministério Público Federal. Quase 40% das 215 milhões de cabeça de gado do país pastam na região amazônica.
As estradas de Rio Branco a Boca do Acre é tomada de latifúndios da pecuária. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil
Em Boca do Acre, mesmo com o número significativo de propriedades embargadas, o movimento no Frizam/Agropam não reduziu nos últimos anos. Isso porque o gado de fazendas notificadas chegava ao estabelecimento com documentado falsos. Os animais são registrados como originário de propriedade que não estavam proibidas de comercializar. Segundo o gerente do frigorífico, nada pode fazer para fiscalizar estas fraudes.
Acontece que o Frizam/Agropam tem como acionista principal o pecuarista amazonense José Lopes, que possui nove fazendas embargadas em Boca do Acre. Segundo o jornalista Leonildo Rosas, do Blog do Rosas, José Lopes é o maior pecuarista do Amazonas, dono de mais de cem mil cabeças de gado. O “rei do gado”, como é conhecido, já foi tesoureiro de campanhas eleitorais e o dinheiro público tem forte influência no crescimento do seu império da carne. Lopes trabalhou nas campanhas do Senador Eduardo Braga (PMDB) e do governador do Amazonas, Omar Aziz (PSD). Também atuou na campanha do governador Amazonino Mendes (PFL), que administrou o Estado de 1999 a 2002. Dentro desse período, no ano 2000, a Ciama (Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas), empresa pública do Governo do Amazonas, que tem entre suas finalidades promover o desenvolvimento ambiental no âmbito estadual, investiu mais de R$ 14 milhões na sociedade com o frigorífico Frisam/Agropam. Assim, a Ciama se converteu em uma das quatro sócias do frigorífico.
Não para por aí: na ata da assembleia geral ordinária do Frisam/Agropam de 03/06/2013, da qual o portal Amazônia Real teve acesso, consta que o frigorífico tem quatro sócios: além de José Lopes e a Ciama, completam a lista José Lopes Júnior e Alessandra Lopes.
Estes últimos, filhos de José Lopes, tem em seus nomes as terras com gado, cercas e porteiras, sem mata, que ultrapassamos para entrar na Terra Indígena Val Paraíso, do povo Apurinã. “O José Lopes registrou uma terra aqui que nós vinha vovô mais eu lá do Bom Lugar até aqui buscar peixe no Poção do Arroz”, lembra Antônio José. “Aí era bom de peixe. Em 2010 o Lopes registrou esta área como Porão do Arroz, ficou como dono. Nós que abrimos isso aí, o avô do Kaxuqui que morava aí na beira. E nós morando aqui há tantos anos e ninguém nos reconhece”. Kaxuqui completa: “Nunca vendemos um pedaço de terra. Pelo contrário. Queremos morar, dar o direito para nossos filhos, para os nossos netos. O que queremos é o que é nosso. O que queremos é que respeite a nossa cultura, o nosso direito e o nosso modo de viver. A gente não quer fazenda, não quer gado, para nós sermos reconhecidos a gente não precisa ser fazendeiro”.
Cacique Antônio José pede a demarcação da terra do seu povo. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil
Em um dado de 2013 do IBAMA, as multas para os crimes ambientais expedidas em nome de José Lopes somam mais de R$ 3 milhões, resultado da destruição de 955,14 hectares de floresta nativa da Amazônia Legal. Recentemente, o pecuarista foi preso em três operações da Polícia Federal. Em maio, na operação Ojuara, foi denunciado pelo Ministério Público Federal, acusado de ser uma entre 22 pessoas envolvidas em crimes ambientais. Os acusados invadiam terras da União, comandavam desmatamentos e contratavam policiais militares para fazer a proteção das máquinas e das áreas de desmatamento. Entre as ilegalidades, uma diligência falsa do IBAMA do Acre em setembro de 2017, serviu para alertar os fazendeiros sobre uma operação nacional do IBAMA no mês seguinte. Nesta época, o superintendente do órgão era Carlos Gadelha, que também foi denunciado pelo MPF de estruturar empresa para oferecer defesas administrativas e judiciais para os desmatadores do sul do Amazonas contra ações do próprio IBAMA. Em 25 de junho, José Lopes foi solto por decisão da desembargadora Mônica Sifuentes, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares. Ele voltou a ser preso em 30 de julho na operação Maus Caminhos. José Lopes é acusado de receber R$ 1 milhão em propina do médico Mouhamad Moustafá, apontado como líder da organização criminosa que desviava recursos da saúde do Amazonas através do Instituto Novos Caminhos (INC). Além da Maus Caminhos, o pecuarista ainda responde por crimes ambientais no comércio ilegal de madeira detectados pela operação Arquimedes. “O cara é preso e ainda tem todo o direito de criar o gado e vender, de dentro de uma terra da União. E continua derrubando e mandando derrubar. E nós que estamos aqui preservando não temos o direito à nossa terra”, desabafa Antônio José.
Para completar, a grande parte da carne de gado que passa pelo Frizam/Agropam sequer é usufruída pela população da região. Funcionários do frigorífico revelam que cerca de 20 carretas por mês partem com destino a outros países. China, Japão, Estados Unidos são alguns citados. “Aqui no Amazonas a gente não come carne do boi macho, só da vaca. Os garrote bom, a carne boa tudo vai para fora. Todo esse gado que causa esse prejuízo aqui no Amazonas não é para consumo dos amazonenses. Sim para estrangeiros, que acabam fornecendo o recurso para esse desmatamento”, reclama o Cacique Antônio José.
A maioria do gado abatido em Boca do Acre tem sua carne enviada para o exterior. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil
José Lopes e sua família é um sobrenome a quem os Apurinã resistem. São vários outros. A disputa é desleal, além dos fazendeiros, os indígenas enfrentam a omissão do estado. Seja na negação de direitos básicos, como saúde, energia, educação, um dos fatores que faz com que parentes tenham que se afastar da vida na mata. Seja pela ineficiência das instituições públicas impedirem e punirem os invasores de terra. Seja por aqueles que usam indevidamente o Estado para propagar o seu discurso. Ou usam seu discurso para chegarem até o Estado. É o caso do presidente Bolsonaro, mas também é caso do Francisco Sales de França, o Mapará. Vereador de Boca do Acre, é um dos grileiros e desmatadores da Terra Indígena Val Paraíso. Mandou derrubar árvores em 2017 e 2018. Segundo Antônio José, são 200 hectares desmatados por Mapará. O político assume a ação. “Ele se sente fortalecido por ser vereador”.
Cacique Kaxuqui em frente as casas da Terra Indígena Val Paraíso. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil
No dia 19 de agosto, o cacique Apurinã gravou vídeos de denúncias na margem do Igarapé Preto. No outro lado da água, o barulho da motossera e dos troncos caindo. Antônio José narra. “Você pode ouvir a zuada do motor dele. Só queria mostrar isso ao MP, à Funai, de como está sendo destruída a mata da TI Val Paraíso”.
Segundo o Cacique, a maior derrubada do ano na Terra Indígena, 600 hectares, teve o incentivo do parlamentar de Boca do Acre. Mapará se elegeu dizendo que vai legalizar as terras invadidas, como as de Val Paraíso. “Todo mundo sabe que vereador não tem capacidade de regularizar terras federais”, rebate Antônio José. Mas a gente também sabe que os discursos forjam legalidades.
Nossa intenção ao visitar os Apurinãs, além de escutar os caciques e prestar solidariedade, era registrar essa “brocada” de 600 hectares. No dia seguinte, sairíamos ao amanhecer. Antes de deitarmos nas redes recém penduradas, Antônio José pega a pasta que carrega consigo. Nela, folhas de ofício com imagens de satélite dos últimos anos da área reivindicada pelos Apurinãs. Aproxima-se da lamparina de querosene, com os mapas na mão. O cacique Antônio José vai descrevendo a localidade e quantos hectares foram desmatados no último ano, repetindo o gesto de horas antes, ao lado da cerca. Desta vez, aponta as derrubadas no mapa. Também indica, indignado, quem é o responsável por cada “brocada”. Já são milhares de hectares desmatados dentro dos 26 mil reivindicados pelos Apurinãs.
O mapa mais recente da exploração da terra dos indígenas Apurinã. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil
O INPE é a fonte de informações dos mapas, elaboradoras com o auxílio da FUNAI. Na parede da OPIAJBAM (Organização dos Povos Indígenas Apurinã e Jamamadi de Boca do Acre), local em que encontramos Antônio José, cartazes afixados indicam o legado de um curso recente. Os indígenas estão estudando o uso de um software de cartografia, a fim de emitirem os mapas de forma autônoma.
A cartografia é uma ferramenta de luta pelo direito fundiário e também contra o desmatamento. Vale lembrar que quando o tema das queimadas veio à tona, o Presidente Bolsonaro sinalizou como seu governo lida com a ciência ao demitir o diretor do INPE, Ricardo Galvão, no dia 2 de agosto. Quando divulgado um estudo do aumento das queimadas na Amazônia (68% em relação a julho de 2018), Bolsonaro declarou que o Instituto estaria a serviço de alguma ONG e que os dados não estariam corretos. Após Ricardo rebater as declarações de Bolsonaro, foi exonerado do cargo. A demissão foi alarmante para o meio científico e para os que trabalhavam na situação das queimadas na Amazônia. Alguns dias depois, questionado sobre a exoneração e a relação com o Ricardo Galvão, respondeu: “Não peço, eu mando”.
O comércio de madeira ilegal
No dia seguinte, partimos para quase 3 horas de caminhada. Nosso destino: os 600 hectares queimados no Dia do Fogo, 13 de agosto.
Em três pontos na mata, encontramos galões de gasolina e óleo queimado usados nas motosserras. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil
Atravessamos várias vezes o igarapé, passamos por locais que já são campos e por dentro da mata. No meio do caminho, uma pausa. De cima do que resta do tronco de um cedro recém cortado, Antônio José relata: “dia 19 de agosto passamos aqui para ver esta derrubada de 600 hectares que estamos indo ver e isso daqui estava intacto”. Segundo o Cacique, os madeireiros entram na mata bruta, derrubam, tiram a madeira de lei, como o Cedro, a Itaúba. Depois derrubam a mata por cima dos troncos. “Para a gente não ver o tipo de madeira que eles tiraram”. No próximo ano, eles vão queimar com a intenção de limpar e aproveitar o restante da madeira que ficou. A partir daí, começam a formar o pasto para a criação de gado. “Este é o modelo que eles usam para invadir e grilar as terras indígenas que a gente protege. Isso aqui faz 5 dias, está tudo derrubado, e o IBAMA está aí em Boca do Acre, mas eles continuam derrubando”, denuncia o cacique.
Árvores recém cortadas, ainda não removidas na TI Val Paraíso. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil
As madeiras que saem desta área são cortadas com motosserra no verão, segundo Antônio José. No inverno, os madeireiros entram pelo igarapé, de balsa, carregam a embarcação e levam até o porto de Boca do Acre no entardecer. Ali, como relata o cacique, os criminosos tem um esquema para colocar as madeiras em um caminhão baú, que viaja já à noitinha até Rio Branco. A carga passa pela estrada como se fosse um frete qualquer. Na capital do Acre, a madeira é “esquentada”. Essa é a expressão usada para designar o ato da madeira ser selada como se fosse oriunda do sistema de manejo florestal acreano. “É assim que eles fazem a retirada de madeira indígenas para exportação dentro da terra indígena, dentro das terras da união. Toda madeira que é tirada do Amazonas é ilegal”.
Assista a denúncia de Antônio José:
O que resta da madeira derrubada em meio à mata da TI Val Paraíso. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil A madeireira Transacreana é um dos principais destinos de troncos de manejo na AC-90Cacique Antônio José e Kaxuqui em um dos capins queimados que passamos no caminho. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil Travessia do Igarapé Retiro em direção à queimada. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil
Após o relato de Antônio José, seguimos pela mata, escutando ao fundo o ronco do motor da motossera. Caminhamos mais um tanto e, com dificuldade, o mato derrubado vazia uma barreira complicada de atravessar, chegamos à área queimada. Assim como no território Huni Kuin, onde havia verde, há cinza. Troncos pretos caídos. Tocos serrados, também carbonizados.
Cacique Antônio José observa a destruição de 600 ha de mata
Alguns pequenos arbustos de áreas que resistiram ao fogo e a macega de mato derrubado dificultam a visão no horizonte. No entanto, subindo em algum tronco, olhando para um lado e para o outro, não se vê copa de árvores em pé nas imediações. Uma faixa de destruição. Antônio José denuncia: “Eles pagam a queimada e depois assumem, dão prosseguimento na retirada de madeira, semeando planta e criando gado. Está é a forma de eles grilarem as terras da união da Amazônia. Aqui em Boca do Acre funciona desse jeito. Ninguém tem documento de assentamento de INCRA. E todo mundo se apossa, todo mundo diz que tem. Faz financiamento, faz Cadastro Ambiental Rural e ficam como proprietário”. Os caciques falam indignados, focados na oportunidade de denúncia.
Tanto na estrada para os Huni Kuin (Rodovia AC-90, a Transacreana) quanto para os Apurinã (BR-317) e para Xapuri (a mesma BR-317) impressiona a quantidade e extensão dos latifúndios de criação de gado. Onde antes era floresta, é campo. Uma imensidão de capim. Restam em pé somente algumas castanheiras, árvores protegidas por lei. Algumas esplendorosas, vivas. Mas muitas já mortas, aniquiladas pouco a pouco pelas diversas queimadas que foram submetidas. Se mantém em pé porque, mesmo mortas, resistem por anos.
Cacique Kaxuqui sentado em uma castanheira que antes era sustento. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil
Nos últimos 600 hectares desmatados na Terra Indígena Val Paraíso, nem as castanheiras escaparam. Segundo Antônio José e Kaxuqui, derrubaram 150 exemplares da espécie. Sentado no que resta do tronco de uma das que ainda não foi removida, Kaxuqui conta que os Apurinãs coletavam cerca de 500 latas de castanhas naquele local. Uma de suas principais fontes de renda. “Essa aqui é uma castanheira que nós tirávamos o sustento da nossa família. Hoje ela está aqui queimada. Essa aqui não volta mais para esta terra. A terra que nós preservava, a terra que nós precisava está desse jeito, destruída pelos fazendeiros”, lamenta Kaxuqui.
Fóssil de castanheira é um triste monumento da floresta que ali existiu. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil
Na estrada, vimos carcaças sendo consumidas por urubus. Troncos de vários metros de diâmetros em cima de caminhões. Escutamos sobre a ameaça que os caciques sofrem. No entanto, as castanheiras fossilizadas pelo fogo foram o símbolo, os monumentos mais melancólicos da destruição que assola estes territórios.
Na AC-90, a rodovia Transacreana, muitos caminhões de madeira estão na estrada. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil
Os Apurinãs resistem, cercados pelo olhar ganancioso de jagunços, fazendeiros e do mercado internacional. Kaxuqui já recebeu propostas para deixar a área. Ao rejeitar, passou a ter um drone sobrevoando por dias em volta da sua casa na mata. Antônio José já teve a sua morada queimada e não anda mais por qualquer lugar. “Sou ameaçado, sou mal visto por defender minha terra. Não vivo mais como vivia antes. Na cidade, me olham como se eu fosse mau para o povo, mau para o mundo. Não entendo isso”. São 54 anos vivendo no mesmo lugar, mas o respeito não é regra. “Nasci aqui no Bananal, continuo vivendo, defendendo as mesmas terras. Os que me consideram são os meus amigos antigos, de 50 anos para frente. Esta meninada nova de 20 anos, 35 anos acha que eu estou atrapalhando o desenvolvimento. Porque eles querem estar aqui derrubando, ganhando dinheiro. Não é isso que a gente quer, a gente quer que todo mundo cresça, mas respeitando o direito de cada cal”. Já solicitou na 6ª Câmara Federal de Brasília escolta policial, que foi concedida. Mas a polícia local não possuía contingente para suprir a demanda. Sugeriu que ele deixasse o local. “Não tenho como sair daqui, meu conhecimento está aqui”.
Antônio José e Kaxuqui expõe os mapas que usam para analisar o aumento das queimada e da grilagem em suas terras. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil
O que acontece com os Apurinãs não é caso isolado. Pelo contrário, é um ataque sistemático que acontece contra os povos indígenas e seus territórios em toda Amazônia e pelo Brasil. Nesta ofensiva, são diversos os atores.
Estes são alguns exemplos dos que os indígenas e outras comunidades tradicionais enfrentam no Brasil. Abaixo, alguns acontecimentos de violência direta, só dos últimos dias, em setembro:
No dia 4 de julho, três casas foram arbitrariamente demolidas no Território Tradicional Caiçara do Rio Verde/Grajaúna, localizado na região do Vale do Ribeira, entre São Paulo e Paraná. Sob ordem do governo do Estado de São Paulo, as famílias caiçara foram despejadas de seus territórios, sem oferta de qualquer alternativa habitacional pelo Estado.
As autoridades justificam as demolições e a expulsão da comunidade pelo fato de as famílias estarem vivendo em uma área de Unidade de Conservação de Proteção Integral. Contudo, as famílias tradicionais caiçaras, ancestralmente presentes na região, são as responsáveis pela conservação da rica biodiversidade existente ali. O local em que vivem foi estabelecido como “Estação Ecológica Jureia-Itatins” e há anos é alvo de inúmeros conflitos socioambientais, que injustamente recaem sobre as famílias.
Caiçaras são povos tradicionais remanescentes de indígenas, negros e colonizadores europeus, que habitam a costa do sudeste do Brasil
Este modelo dos parques estaduais, que foi implementado de maneira autoritária pelo governo do Estado, ocorre sem diálogos com as comunidades tradicionais caiçaras, negando a existência dos povos no local. Cabe destacar que a ordem de expulsão promovida pelo governo de São Paulo viola princípios e direitos constitucionais e tratados internacionais de direitos humanos consolidados nos artigos 215 e 216 da Constituição Federal, na Convenção 169 da OIT, no Decreto 6.040/2007, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, na Lei da Mata Atlântica – que prevê a utilização de recursos naturais por comunidades tradicionais – e na Lei Estadual nº 14.982/2013, que garante expressamente o direito de permanência e existência digna das famílias caiçaras em qualquer área da Jureia, inclusive no Rio Verde/Grajaúna, região em disputa.
Modos de vida tradicionais ameaçados
As famílias destas comunidades estão na região há várias décadas, mantendo uma relação de convivência coletiva, incluindo a obtenção do sustento material com práticas tradicionais de preservação e sustentabilidade ambiental. A violação de direitos coletivos e dos povos contra as comunidades caiçaras ocorre há muitos anos: muitas famílias estiveram reféns da sobreposição de Unidades de Conservação de Proteção Integral, sendo proibidas de manter seu modo tradicional de vida. As dificuldades para continuar vivendo na região, advindas das medidas restritivas para proteção ambiental, levaram e ainda levam muitos moradores a saírem de suas comunidades e irem para os centros urbanos mais próximos, ocupando a periferia das cidades.
As famílias expropriadas de seus territórios relatam que “o que está em risco são as nossas famílias, a nossa cultura caiçara, o nosso modo de vida, rico em etnoconhecimento e, além de tudo, a natureza, com a qual a nossa tradição se formou. Natureza que mais uma vez volta a estar sob a sombra dos grandes interesses econômicos e políticos”.
Ainda é possível encontrá-los; ação predatória de empresas e governos, porém, ataca diretamente seu modo de vida e subsistência. Resultado transformará – em um futuro não tão distante e não tão distópico – a pesca artesanal em prática esquecida de um outro tempo. É mesmo verdade: o que o capitalismo não engole ele destrói.
Um outro tempo de fato, e sobre isso algumas explicações são possíveis: o barco não vai rápido, desapressado riscando a superfície líquida; e há o horizonte, veja que o homem não soube ainda destrui-lo sobre as águas: e o horizonte permite que se veja de longe o destino a chegar; efetua-se então uma lenta e respeitosa aproximação, onde também aquilo que é destino vê o visitante se acercar, em um balanço que deseducadamente ignora o enjoo causado ao tripulante inexperiente – tum tum tum – tum tum tum martela o motor em seu esforço de empurrar a embarcação água afora. Ora! Afronta absoluta às regras máximas do Tempo Vigente a comandar as engrenagens dos relógios do Agora que grita – Sempre mais rápido! – Sempre mais intenso! – Sempre mais! E ergue-se firme a voz da pescadora – Não no mar e não nos rios, responde – E acalme-se, respire fundo se ainda souber como, não espante você meus peixes com a sua pressa e a sua sujeira.
Flutuando, o tempo se expande, dilata-se o espaço: a relação com o que há na volta e com o que há dentro não é de mero uso, mas de pertencimento: e já não falamos de coisas, de objetos, de um algo qualquer palpável e possível de delimitar por cercas e arames farpados. Que não é terra sabemos, é água; contudo é mais: é território. Pescadora-pescador-peixe-marisco-lula-camarão-profundeza-água-alga-e algo mais que havia já ali antes dos tubos e dutos enferrujados, antes do óleo sugado e derramado, antes das plataformas cuspidoras de chamas, antes dos desajeitados navios estacionados: um ancestral equilíbrio estabelecido desde Tempos Desmemoriados e exatamente por isso não manipulável por quem se alimenta da urgência: não haverá medida de compensação possível quando o desequilíbrio imposto pela avidez do lucro arruinar o futuro da paz. E diz-se isso não só por teimosia, não, e nem é mágica ou profecia clarividente: é apenas que não há maneira de o homem, pequena parte de um universo complexo, rebalancear a multiplicidade das vidas que são bem mais amplas que a sua sozinha. Simplesmente foge às suas capacidades, embora saibamos não ser a humildade um ponto forte seu, e assim repetem-se e repetem-se as promessas vazias de pretensas indenizações pelos estragos causados, como se de alguma forma fosse possível compensar a morte. O homem se vê fora de seu ambiente, supremo, quando na verdade está dentro e é parte – constatação que parece óbvia se aqui estamos em meio a tudo mais o que há: e faz-se parte importante quando é ele – e falamos deste tipo específico de homem – quem espanta o peixe, impossibilita e proíbe a pesca e assim extingue, ou quase extingue porque se resiste, a pescadora e o pescador artesanal. Talvez seja mesmo da essência do maior se alimentar do menor: pois mostre-se a estes homens toda a sua pequeneza.
Ora: o capital não deixa nunca de correr e de usar e de gastar e de desperdiçar para que possa fazer sempre mais e gastar e usar sempre mais e desperdiçar tudo outra vez para então recomeçar seu ciclo doente, e o que produz em sua sede insaciável de ter sede é nada além da morte: talvez a prestações, talvez fantasiada de vida quando apela às paixões rápidas – e ainda assim a morte. Um sistema que não deixa de reproduzir a si jamais, canibal viciado em seu próprio consumo, engole tudo a sua volta para depois vomitar a mesma pasta acinzentada que constrói os horizontes das cidades modernas – não no mar, já disse! – e nem nos rios!, retumba forte a voz das águas: outro tempo e outro espaço se estabelecem ali, sublime resistência. Desafia-se o apocalipse neoliberal lembrando a vida de outra alternativa, dá-se outra chance: há nelas e neles, nas mulheres e nos homens do mar, outra forma de existir. Portanto escute! – antes dos mares terminantemente contaminados e dos rios secos, antes que restem só as pedras e os minérios e os óleos e os gases e a ferrugem e a poeira e as doenças, antes que já não tenha volta: olhe ao redor. Que o sol vai se pondo já, mas logo amanhece. Veja os peixes que ainda saltam e as redes que costuradas à mão ainda os agarram – e nunca em excesso, apenas o suficiente para que ambos sigam o ancestral jogo da fuga e da captura. Veja a vida que insiste em permanecer viva e as pescadoras e os pescadores que não aceitam uma extinção imposta e que lutam ainda – e de forma simples até: pescando em seus barcos desapressados que navegam até um novo horizonte; sentando-se sobre plataformas desconvidadas até que estas percebam a inconveniência de suas presenças sobre e sob as águas; insistindo em contar as histórias que fazem de seus feitos exemplos.
Não há como resistir a quem da água é cúmplice: no fluxo indomável dos ribeirões e dos riachos e das cachoeiras e dos lagos que desembocam nas baías e nos mares, desfazem-se as impurezas corporativas atiradas e despejadas em seus corpos; purifica-se, ainda que leve gerações, e volta sempre à vida: verdadeiro milagre da ressurreição em cada canto que flor e água insistem em brotar. Apesar de todos os ataques dos homens que querem lucros, diretores e governadores e investidores que falam outras línguas e que nunca entenderão a língua da pesca e a língua dos territórios, confusos e perdidos no tempo-espaço de um desenvolvimentismo que anda pra trás; apesar da raiva capitalista que tem sede pelo sangue de quem ousa defender os direitos dos povos: segue em pé a gente acostumada a se equilibrar sobre as tábuas gastas das velhas embarcações, que muito já navegaram, independente do mau tempo, partindo e chegando, atentos sempre aos sinais da maré, velha parceira, seguem firmes – tum tum tum – tum tum tum repete o motor em ritmo constante como a dizer, teimoso – Não vou parar ainda, nós não vamos sumir…
O Dia Mundial do Meio Ambiente é uma data de reflexões e denúncias acerca dos prejuízos socioambientais no mundo e da degradação e exploração promovidas pelas grandes empresas sobre os territórios. Neste ano, especialmente no Brasil, não há nada a comemorar diante do desmonte ambiental promovido pelo governo de Jair Bolsonaro (PSL).
Já no período eleitoral, diversas organizações e movimentos sociais ligados à pauta ambiental alertavam sobre a falta de propostas que preservassem e valorizassem a biodiversidade brasileira no plano de governo de Bolsonaro. Pelo contrário, suas intenções eram claras – e têm se confirmado: entrega dos bens comuns às grandes empresas do capital internacional, ataque aos povos originários e comunidades tradicionais e perseguição aos movimentos sociais e ao campesinato. Os cinco meses de mandato já podem ser considerados os mais desastrosos da história da política ambiental brasileira, pois o que se vê é um enorme desmonte dos órgãos de fiscalização e licenciamento ambiental, setor que vive o maior ataque institucional já promovido nos últimos 30 anos.
Apesar das tentativas de acabar com o Ministério do Meio Ambiente, a proposta foi barrada graças à mobilização da sociedade civil e à repercussão negativa no cenário internacional. Ainda assim, a nomeação de Ricardo Salles para a pasta, envolvido em processos de crime ambiental, já representa a total desestruturação do ministério e o compromisso em cumprir a agenda do agronegócio e dos desmatadores.
Além disso, medidas absurdas como a decisão do presidente do Ibama, Eduardo Fortunato Bim, de contrariar um parecer técnico feito por um comitê especializado e autorizar o leilão de campos de petróleo ao lado do Parque Nacional de Abrolhos e a troca de toda a diretoria do ICMBio por policiais militares, demonstram o total desprezo pela pauta ambiental.
Três meses depois da posse de Bolsonaro, o chefe do Centro de Operações Aéreas da Diretoria de Proteção Ambiental do Ibama, José Augusto Morelli, foi demitido. Morelli foi responsável por flagrar o então deputado federal Jair Bolsonaro em um barco com varas de pescar e recipientes para peixes na Estação Ecológica de Tamoios, onde a pesca é proibida.
Salles também anunciou a revisão de todas as Unidades de Conservação do país e um Projeto de Lei do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) defende o fim das Reservas Legais – área protegida que não pode ser desmatada em propriedades rurais.
Também nunca foi tão rápido registrar um agrotóxico no Brasil: o ritmo de liberação atual é o maior já documentado. Até 14 de maio, foram aprovados 169 produtos, número que supera o total de 2015, quando iniciou a disparada. É mais que um por dia!
Mesmo não havendo uma saída oficial do Acordo de Paris, a política climática está longe de ser prioridade do governo, que classifica o aquecimento global como pauta de esquerda. Além de vetar a realização da COP25 no Brasil, que agora será no Chile, há um grande desmantelamento da política climática que vinha sendo construída por sucessivos governos e pela luta dos movimentos sociais e organizações da sociedade civil.
Houve corte de 95% da verba destinada para essas políticas, e Salles exonerou o coordenador Executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas.
O presidente afirma que vai defender que a exploração das terras independa de laudos ambientais ou da Funai. A tentativa de barrar as demarcações indígenas deve-se ao fato de que Bolsonaro deseja explorar a Amazônia, principalmente para a mineração, que deverá ser feita através de “parcerias com países como os Estados Unidos” (palavras do presidente) .
Com seus modos de vida tradicionais, os povos indígenas são hoje as principais resistências aos ataques da monocultura e da mineração. Não à toa, cientistas estimam que o desmatamento da Amazônia pode triplicar após a eleição de Bolsonaro.
Ainda que a postura do governo anterior estivesse próxima às exigências do mercado, fosse de conciliação e de “garantia da governabilidade”, especialmente em relação à infraestrutura e ao extrativismo, atualmente, a situação se agravou, já que os brasileiros estão sob o governo de um grupo com tendências e discursos fascistas, com atuação econômica ultraliberal e com postura explicitamente antidemocrática.
Dessa maneira, movimentos sociais, comunidades tradicionais e outros grupos da sociedade civil estão sendo criminalizados e perseguidos. A ONU e a Comissão Internacional de Direitos Humanos manifestaram preocupação com as mortes de defensoras e defensores de territórios e dos direitos dos povos, como o assassinato da militante do MAB, Dilma Ferreira.
Neste ano, dados preliminares do Deter mostraram que o desmatamento acelerou em cinco meses de governo Bolsonaro, atingindo a maior velocidade em uma década, o que pode significar um aumento na atividade de madeireiros e mineradores ilegais na região, encorajados pela decisão do governo do presidente de afrouxar as medidas de proteção ambiental.
Pra completar, o governo já anunciou que pretende ressuscitar a MP867, que promove a anistia dos desmatadores e reabre as discussões do Código Florestal rompendo o pacto social estabelecido em 2012, após 4 anos de negociações, e que custou a legalização de 29 milhões de hectares de desmatamento ilegal ou 58% do território.
Assista à denúncia dos mbya guaranis da Ponta do Arado sobre o isolamento involuntário e sobre o monitoramento compulsório que veem sofrendo por parte da Arado Empreendimentos Imobiliários.
Mata alagadiça da Ponta do Arado
No dia 15 de julho, à beira do Guaíba, no bairro Belém Novo, no que hoje é o extremo sul da cidade de Porto Alegre, famílias de guaranis retomaram suas terras ancestrais, onde vivem diversas espécies de animais em uma área de mata de banhado, própria daquele local. Depois de seis meses, passaram pelo inverno rigoroso de Porto Alegre e hoje, segundo o Cacique Timóteo Karay Mirim, são uma aldeia, a Tekoa Yjere – que significa “ilha”, como os guaranis vêem à Ponta do Arado. Atualmente, eles e quem os visita só conseguem chegar na aldeia de barco. Neste período de meio ano, os indígenas também resistiram às iniciativas de coerção e ameaças por parte dos seguranças e funcionários do Arado Empreendimentos Imobiliários. A administração do Empreendimento impôs uma cerca e mantem um posto de guarda dos seguranças imediatamente após o arame. Restringe o caminho terrestre à aldeia, mas também busca impedir os indígenas de buscar água e lenha. Busca limitar os indígenas a um pequeno território de praia.
Os guaranis estão usando a cerca imposta pela Arado Empreendimentos como varal.
No depoimento abaixo, no Youtube, gravado em 5 de dezembro, o Cacique Timoteo denuncia a ameaça de construção da cerca por parte da administração da fazenda e a ameaça de trazerem 500 bois e búfalos para a área onde estão os indígenas.
No dia 19 de dezembro, Amigos da Terra Brasil e Coletivo Catarse, com apoio de outras organizações, estiveram na retomada para denunciar as violações e ameaças que os guaranis estão sofrendo.
Cacique Timóteo Karai Mirim denúncia as violações que veem sofrendo por parte da Arado Empreendimentos Imobiliários
São elas: a imposição de uma cerca, que restringe o acesso dos guaranis à água e à lenha, e também restringe a área de marinha onde estão, área que legalmente é pública; o monitoramento constante das atividades dos indígenas, com filmagens frequentes, sendo que os seguranças do Arado Empreendimento armaram seu acampamento de guarda imediatamente ao lado da cerca, a pouquíssimos metros das barracas dos indígenas; a ameaças como a de soltarem búfalos na área que os indígenas vivem. Logo após a retomada, em julho, o barco de um apoiador à causa dos indígenas foi sabotado.
Posto de guarda dos seguranças da Arado Empreendimentos, instalado imediatamente após a cerca, a poucos metros das barracas dos guaranisNa denúncia em vídeo, gravado pelo Coletivo Catarse, o Cacique Timóteo ressalta que a construção da cerca é uma ação fora da lei, um isolamento involuntário em área de marina, que legalmente é um local público. Por isso mesmo os indígenas não podem respeitar essa imposição.
Segurança do Arado Empreendimentos filma a aldeia por estarmos filmando a cerca e guarani se revolta com a invasão, que é frequenteDurante nossa visita à Tekoa Yjere, a Polícia Militar foi chamada devido ao fato de estarmos filmando a cerca e o acampamento de guarda dos seguranças. Medida descabida, sendo que os próprios seguranças, segundo relato dos guaranis, filmam a aldeia frequentemente, dia e noite.
No dia seguinte à nossa visita à retomada (quinta, dia 20), em represália ao fato dos indígenas se mobilizarem com apoiadores para denunciarem o que veem sofrendo, os funcionários da fazenda instalaram, junto à cerca, sensores, que alertam os seguranças se a cerca for cruzada. Atitude que ameaça ainda mais os indígenas na simples busca por água, direito básico, e lenha, para se aquecer e cozinhar.
Ligados a um gerador, sensores de movimento colocados junto a cerca um dia após nossa visita. Imagens feitas pelos guaranis.
Na sexta, dia 21, o cacique Timóteo Karay Mirim foi até a 7ª Delegacia da Polícia Civil fazer um Boletim de Ocorrência para denunciar estas ações de coerção e de ameaça psicológica do Arado Empreendimentos. O Ministério Público também será acionado sobre essas violações.
As denúncias estão concentradas no vídeo abaixo, que também é possível compartilhar através da página do Coletivo Catarse no Facebook. É imprescindível que compartilhemos e fiquemos atento ao que se passa na Ponta do Arado.
Em Maquiné, os guaranis disputavam a posse da terra, na Justiça, com o Estado do Rio Grande do Sul. Na Ponta do Arado, as famílias guaranis que ali estão enfrentam a especulação imobiliária das grandes construtoras e a lógica dos condomínios fechados, a cidade para poucos. Enfrentam um projeto milionário do Arado Empreendimentos, que, em parceria com a construtora DAHMA, pretende construir mais de 2000 mansões, divididas em três condomínios na região da Fazenda do Arado Velho. A iniciativa é dos investidores Iboty e Eduardo Ioschpe. A comunidade do Bairro Belém Novo e diversas pessoas se mobilizam nos últimos anos contra este empreendimento. Confira AQUI.
Sobre as Retomadas:
Airton Krenak, da etnia Krenak (assolada pela lama tóxica no Rio Doce, maior crime socioambiental da história, das empresas impunes Samarco/Vale do Rio Doce), certa feita, em uma aula inaugural da UFRGS em 2017, comentou sobre o fato da luta pela demarcação de terras indígenas ser uma medida de garantia para os povos, mas ainda assim ser uma medida colonial, por legitimar a demarcação, os limites, as fronteiras, referenciais do homem branco. Essa discussão parece tão distante no contexto em que vivemos no Brasil, em que há anos as demarcações já não vinham acontecendo como reinvindicadas e que, atualmente, com o presidente Jair Bolsonaro (PSL), promete piorar, no nível de demarcações já feitas serem revistas. Já começou. No Maranhão, no dia 16 de dezembro, o povo Tremembé teve suas casas e plantações destruída por tratores do estado com escolta do Batalhão de Choque. Um desalojo puxado indevidamente pela Justiça Estadual, sendo que os Tremembé estavam com processo correndo de demarcação na Justiça Federal (leia a nota do CIMI sobre AQUI).
Ao mesmo tempo, pensar além das demarcações parece tão próximo das atitudes dos guaranis e de outros povos originários. No Rio Grande do Sul, mbya guaranis retomaram, no município de Maquiné, montanhas com Mata Atlântica (bioma em vias de extinção), ocupadas por esse povo desde antes da chegada dos europeus ao Brasil. Lá, na Tekoá Kagua Porã, construíram uma escola autônoma de fomento ao saber indígena, viveram a colheita de milho e, recentemente, no começo de dezembro, souberam que o Estado do Rio Grande do Sul abdicou na Justiça da posse daquela terra – que por um tempo foi a sede da Fepagro, fundação extinta pelo Governo Ivo Sartori. Em um contexto adverso, cenário genocida, no Mato Grosso do Sul, os guarani-kaiowás lutam através de retomadas há anos pelo mantenimento do seu povo em terras ancestrais. Enfrentam, as escopetas dos capangas dos fazendeiros, acobertados pelas polícias locais e federais (assista o filme Martírio [2017] ou acompanhe o CIMI). Vários são executados, outros tantos estão se suicidando por causa deste cenário. Mesmo assim não aceitam sair das terras em que há muitas gerações vivem.
Enquanto o presidente Jair Bolsonaro diz que os indígenas precisam receber o mesmo “tratamento digno do restante da população”, muitos povos originários decidem retomar suas terras, colocar o seu corpo pelo mantenimento dos seus modos de vida, resistindo ao genocídio e ao etnocídio, que nunca parou de acontecer na história do Brasil.
El paisaje de los caminos de Rio Branco hasta Boca do Acre está tomado por el latifundio ganadero. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
Árboles recién cortados, y que todavía no fueron sacados de la Tierra Indígena Val Paraíso. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
Cacique Antônio José y Kaxuqui en una de las pasturas quemadas por las que pasamos. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
Cruce del arroyo Retiro rumbo al área incendiada. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
El cacique Antônio José observa la destrucción de 600 hectáreas de bosque. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil
Fósil de un árbol de castaña se convierte en triste monumento del bosque en el que se encontraba. Foto: Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil
