Dia 21 de maio é marcado como o Dia Anti-Chevron, em denúncia a um dos crimes corporativos mais atrozes da história: a violação dos direitos dos povos e de seus direitos humanos, inclusive com a extinção de povos indígenas, como consequência da ação criminal da empresa Texaco (hoje conhecida como Chevron) na Amazônia Equatoriana. Desde a Amigos da Terra América Latina e Caribe (ATALC), denunciamos a impunidade que ampara essa transnacional e a cumplicidade ativa do Estado Equatoriano e do sistema internacional de arbitragem que favorece os investimentos ao invés da vida.
Entre 1964 e 1990, a Texaco operou na Amazônia equatoriana utilizando tecnologia obsoleta unicamente com o objetivo de reduzir os custos e maximizar os lucros. As ações da empresa tiveram um impacto direto nos povos indígenas, nos territórios e na água. A empresa derramou mais de 60 bilhões de litros de água tóxica, 650 mil barris de petróleo bruto, escavou 880 poços poluentes e queimou 235 bilhões de pés cúbicos de gás ao ar livre. As consequências são visíveis e letais: taxas de cancro superiores à média nacional, poluição permanente e extinção dos povos indígenas.
As pessoas organizadas na União dos Atingidos pelas Operações Petrolíferas da Texaco (UDAPT – Amigos da Terra Equador) iniciaram há mais de 30 anos uma batalha jurídica sem precedentes que resultou numa decisão exemplar: em 2018, o Tribunal Constitucional do Equador ratificou a condenação contra a Chevron, obrigando-a a pagar mais de 9,5 bilhões de dólares em reparações ambientais e sociais. A sentença é definitiva, firme e baseada em provas científicas e jurídicas irrecorríveis. No entanto, até à data, a Chevron não pagou um centavo.
Não satisfeita com a sua impunidade, a Chevron refugiou-se no Tratado Bilateral de Proteção dos Investimentos entre o Equador e os EUA, recorrendo a uma arbitragem internacional que carece de legitimidade democrática. Em 2018, este tribunal privado – composto por três árbitros e sem a participação das pessoas que foram afetadas – condenou o Estado equatoriano, ordenando-lhe que anulasse a sentença judicial e pagasse mais de 2 bilhões de dólares à Chevron por “danos morais”. Esta sentença, para além de violar a soberania nacional e a divisão de poderes, nega o direito à justiça a mais de 30 mil indígenas e camponeses afetades.
O Decreto 501, assinado pelo Presidente Noboa em janeiro de 2025, faz do país a sede do Tribunal Permanente de Arbitragem, ignorando o mandato popular do referendo de abril de 2024, no qual mais de 65% dos equatorianos rejeitaram a arbitragem internacional.
Desde a ATALC denunciamos esta teia de impunidade e de blindagem empresarial. Somos solidários com a UDAPT e com os povos indígenas que, apesar da perseguição, levaram a sua reivindicação à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, procurando uma decisão que obrigue o Estado a garantir a reparação e o acesso efetivo à justiça.
Reafirmamos também o nosso empenho num tratado internacional de direitos humanos juridicamente vinculante sobre as empresas transnacionais (Tratado Vinculante), que permita que empresas como a Chevron sejam processadas e punidas pelos seus crimes e ponha fim à arquitetura global da impunidade corporativa.
O caso Chevron é um emblema de como as transnacionais violam os direitos dos povos e seus direitos humanos na região e no mundo, e depois se blindam em tribunais privados com o apoio de Estados ajoelhados aos interesses corporativos. Mas a luta contra a Chevron é um exemplo de dignidade, resistência e busca de justiça por parte dos sujeitos populares organizados.
El objetivo es llevar el debate democrático de la Amazonia al mundo.
La Cumbre de los Pueblos hacia la COP 30(30ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), construyendo una convergencia popular entre más de 600 movimientos sociales, redes y organizaciones de todo el mundo, espera reunir a más de 15.000 personas en Belém (PA) en noviembre de este año. El objetivo es debatir democráticamente, desde la Amazonia para el mundo, un proyecto popular de justicia climática capaz de combatir las desigualdades y el racismo ambiental.
La Cumbre se está organizando en torno a ejes de convergencia de propuestas, basados en la diversidad de prácticas, conocimientos, culturas, memoria e historia compartida entre los pueblos de Brasil, América Latina y el Caribe. Ellos son:
La soberanía de los pueblos sobre el agua, la tierra, los territorios y la soberanía alimentaria, con el derecho a la tierra y los territorios, la reforma agraria y la diversidad de los conocimientos agroecológicos de los pueblos como soluciones reales a la crisis climática;
La necesidad de reparaciones históricas y la anulación de las deudas ilegítimas, construidas a partir de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres y diversidades que, en la resistencia secular al colonialismo, al imperialismo, al neoliberalismo y a los proyectos de muerte de las empresas transnacionales, han construido redes de protección de los territorios y relaciones sociales solidarias;
III. La construcción de una transición justa, popular, inclusiva y con trabajo decente, basada en la organización y movilización de la clase trabajadora y en la reorganización de una economía centrada en la sustentabilidad de la vida, y no en la continuidad del extractivismo neocolonial para el sustento de grandes fortunas y empresas privadas de tecnología y consumo de combustibles fósiles, que además sustenta guerras, genocidios y la muerte artificial de las ideas e ideales humanos;
Contra la opresión, por la democracia y por el internacionalismo de los pueblos y la solidaridad, real y radical, como posibilidad de recrear el cuidado y el compromiso político y democrático entre personas, territorios, pueblos y naciones, en la lucha contra el fascismo y las guerras que el multilateralismo, en crisis y capturado por los intereses corporativos, ya no puede contener;
Ciudades justas y periferias urbanas vivas, con derechos, vivienda, movilidad, alimentación sana, salud, educación públicas, con convivencia y adaptadas a la crisis climática, sin racismo ni segregación social; y finalmente,
Feminismo popular y resistencia de las mujeres en los territorios, porque las mujeres están a la vanguardia de las luchas por la justicia medioambiental, desmantelando las estructuras patriarcales que están en el origen del proceso de acumulación del sistema capitalista, que necesitan ser transformadas radicalmente si queremos cambiar el mundo.
La Amazonia, como el resto de los biomas de Brasil, importa; y, a excepción de la Caatinga, constituyen riquezas en sociobiodiversidad y culturas que compartimos con los países sudamericanos. Además, la Amazonia Azul, dentro de los límites de la Plataforma Continental, constituyendo un maretorio de 360.000 km² en el Margen Ecuatorial de Brasil, nos acerca y nos conecta con el Caribe y los países vecinos de la costa atlántica hasta la región mesoamericana. A partir de la acumulación de luchas latinoamericanas y caribeñas en defensa de la democraciacontra el colonialismo, el neoliberalismo, el imperialismo, el fascismo y la ultraderecha, la unidad de los pueblos en defensa de la democracia y sin amnistía a los golpistas, construye el poder popular necesario para enfrentar la crisis climática con justicia ambiental, desmontando el poder de las grandes transnacionales y los tratados de libre comercio que las benefician. Esto se da sobre la base del concepto y proyecto político de Soberanía Alimentaria, las propuestas de la clase trabajadora por una Transición Justa con integración regional, las prácticas de la economía feminista con trabajo decente para todos en tiempos de cambio tecnológico acelerado y la lucha por los derechos de Libre Circulación de migrantes, no de mercancías. Estas son las agendas políticas de los pueblos con los que históricamente hemos compartido historias de lucha y solidaridad, hoy, frente a los resultados desalentadores en las elecciones de Ecuador, y siempre.
¿Cómo podemos traducir estas propuestas políticas y prácticas de los territorios y pueblos de la región, que están construyendo soluciones reales para la justicia climática, más allá de los espacios capturados por los intereses corporativos en las Naciones Unidas? La Cumbre de los Pueblos es un espacio donde los movimientos convergen para compartir un análisis a largo plazo y construir una agenda política común más allá de la COP30. Ya está en marcha, del Amazonas a la Pampa, de las Tierras de Anya Ayala, para algunos América Latina, al mundo. Hay que navegar en un mar de contradicciones en un planeta donde las potencias imperiales están en declive y en guerra, por lo que la distancia entre las visiones y propuestas populares y las de las negociaciones climáticas de la ONU es abismal. Sin embargo, frente a la crisis del capitalismo, es aquí donde deben reconocerse y fortalecerse las soluciones populares, llevando al mundo las lecciones de la Amazonia y sus pueblos.
En 30 años, las COP sobre el clima no han llegado a ninguna decisión sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático, aparte de que ésta corre a cargo de instituciones financieras como el Banco Mundial y con préstamos generadores de deuda y fondos procedentes de inversiones privadas y de los mercados del carbono. Los pueblos y la sociedad civil compiten con las empresas, cada vez más especializadas en lucrarse de los desastres climáticos, por el acceso y la gestión local de los recursos para fortalecer sus territorios y proyectos sociales, de forma legítima pero desigual, en el limitado contexto de la participación social en las negociaciones.
Los movimientos sociales y populares de la región, ante la escalada de hambre y violencia en Haití y la invasión militar de Kenia financiada por Estados Unidos, exigen la devolución de una deuda inmoral e ilegítima cobrada por Franciahizo exactamente 200 años, el 17 de abril de 2025, por haber esclavizado a los negros en esta isla caribeña, llamada así por su diezmada población indígena, que se atrevió a ser la primera colonia europea en liberarse e independizarse en 1804. Exigen no sólo una reparación histórica para los pueblos negros y quilombolas, sino también el reconocimiento efectivo de su cultura ancestral y la permanencia de sus territorios como eje central en el cuidado de la biodiversidad y el clima, habiendo obtenido ya una importante victoria en la XVI Conferencia de Biodiversidad en Cali, Colombia, el año pasado.
Se supone que la COP 30 de Belém revisará las NDC, que son las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional de cada país para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero de modo que el calentamiento global no supere el límite de 1,5oC estipulado en el Acuerdo de París. Sin embargo, aún no hay un objetivo para acabar con la contaminación ni un tratado que obligue a las grandes empresas de la industria de los combustibles fósiles a rendir cuentas por sus violaciones de derechos y por su responsabilidad climática histórica y actual (el 70% de las emisiones globales que calientan el planeta y destruyen territorios, maretorios y la vida de ecosistemas y comunidades locales provienen de los combustibles fósiles). Los pueblos indígenas de Brasil están demostrando por qué son parte de la solución, defendiendo no sólo sus territorios y entornos, sino todos los biomas y la salud de la población y del planeta, además de señalar a los culpables de los ataques a sus territorios y formas de vida y unirse a los movimientos rurales afectados por el agronegocio, que deforesta y contamina.
Aunque Brasil no tiene ninguna responsabilidad histórica en comparación con los países que se desarrollaron y se beneficiaron de la Revolución Industrial, hoy es el séptimo mayor emisor de gases de efecto invernadero (con un 3% de las emisiones mundiales). Alrededor del 75% de las emisiones de Brasil proceden de la Amazonia, y el 14% del Cerrado. El 48% de las emisiones de Brasil proceden de la deforestación, y el 27% de la agricultura y ganadería (20% agricultura y 80% ganadería). Teniendo en cuenta que el principal responsable de la deforestación en Brasil es el sector agrícola, podemos decir que más del 75% de la contaminación climática de Brasil es responsabilidad directa del agronegócio. Por no hablar de todas las emisiones que implica la producción y el uso de pesticidas y fertilizantes, la maquinaria y el transporte intercontinental de materias primas. Además de calentar el planeta, destruye la biodiversidad; contamina cuerpos y territorios con pesticidas; expulsa y asesina indígenas, quilombolas, campesinos y ecologistas; concentra tierras y poder; y todo ello no para producir alimentos, sino para exportar mercancías de forma altamente subvencionada y libre de impuestos.
El combinado corporativo del agronegócio, dependiente de la minería y del petróleo, prepara su Agro COP en la ciudad de Marabá (PA) en octubre de este año. Por su parte, los ultraconservadores trumpistas y bolsonaristas convocan la CPAC (Conservative Political Action Conference) 2025 para contrarrestar la COP 30 en Manaos en el mismo período. La esperanza y el compromiso con el cuidado de la vida está en las organizaciones de base, la defensa de la democracia y la movilización de los pueblos en la Cumbre de los Pueblos hacia Belém, adonde todas las aguas fluyen. La presidencia brasileña de esta histórica COP debe ver este movimiento como un aliado para el éxito de la conferencia, tanto como es esencial para la participación popular autónoma y autoorganizada en defensa de la democracia y la integración entre los pueblos, en lugar de promover campeones climáticos empresarialesy recursos públicos para las falsas soluciones de la financiarización del clima y la naturaleza con el control territorial corporativo.
Esta marcha, para los pueblos y movimientos sociales de Brasil y América Latina, viene de lejos y se une a la solidaridad y movilización mundial por la justicia climática, en alianza contra el fascismo, el genocidio en Palestina y las desigualdades sociales. Para combatir las emisiones globales, a partir de la responsabilización de los países y empresas transnacionales con mayor contribución histórica, queremos mostrar, desde nuestra región, desde Brasil, desde la Amazonia y al mundo, cómo luchamos unidos contra la degradación de nuestros biomas, de nuestra salud y de nuestras formas de vida, sea en los bosques, en los mares, en los campos o en las ciudades. Que nuestras voces resuenen al unísono para alertar sobre la urgencia de enfrentar y transformar el actual modelo global exportador de petróleo y agro, hidro y minería, fomentado por los tratados de libre comercio, desde las ex colonias del Sur Global hasta las potencias imperiales que, en crisis, siguen alimentando guerras y genocidios y calentando el planeta. Nuestra lucha por una transición ecológica, con justicia ambiental y feminismo popular, pasa por la protección de los territorios de vida, la reconstrucción de los sistemas alimentarios y energéticos, la gestión del agua y los espacios urbanos, los servicios públicos de calidad, la salud, la educación y el saneamiento, con reparaciones para los pueblos originarios y tradicionales, los negros, las mujeres y diversidades, y el respeto a las culturas de los pueblos de esta tierra que tienen la sabiduría, la fuerza y la voluntad de luchar para continuar este camino. Que este encuentro crezca como las aguas cuando se juntan, convergiendo con fuerza y unidad de los pueblos del mundo en la diversidad de los saberes amazónicos.
A Amigas da Terra Brasil esteve presente no Tribunal Popular O Imperialismo no Banco dos Réus, que aconteceu em 15 de novembro no Rio de Janeiro, no Brasil, com a participação de diversas organizações e movimentos sociais da América Latina e do mundo. A atividade antecedeu a Cúpula do G20, fórum de cooperação econômica internacional entre os países, que, até então, estava sendo presidido pelo Brasil. Integramos a articulação regional ATALC (Amigos da Terra América Latina e Caribe), apoiando a Jornada Continental contra o Neoliberalismo em Defesa da Democracia na construção do Tribunal Popular. Também contribuímos na formulação do caso apresentado no eixo indução à pobreza, que tratou de políticas de austeridade e Tratados de Livre Comércio, com análise dos Tratados do Mercosul e União Europeia, mencionando os exemplos de Sri Lanka, Paquistão, Brasil e Argentina. A Amigas da Terra Brasil faz parte da Frente Brasileira Contra os Acordos Mercosul-União Europeia e EFTA pela qual, com mais de 100 outras organizações sociais do país, lutamos para que esses acordos não sejam assinados nos atuais termos propostos.
No vídeo abaixo, a conselheira da Amigas da Terra Brasil, Lúcia Ortiz, relata o que foi o Tribunal Popular.
Toda essa mobilização popular no Rio de Janeiro ajudou para que o G20, que se reuniu logo após, nos dias 18 e 19 de novembro, não avançasse com as tratativas do Acordo União Europeia – Mercosul, mesmo com a pressão dos líderes dos blocos europeus. “Ainda que exista essa pressão para fechar o acordo ainda neste ano, as condições ainda não estão dadas para que se chegue a esse termo. O fato de não ter acontecido esse anúncio no dia 20 de novembro, por si só já é uma vitória”, defendeu Lúcia.
Nesta semana, de 26 a 29 de novembro, acontece a Cúpula do Mercosul, em que os governos retomam as negociações do Acordo UE-Mercosul. “Vamos seguir na luta para enterrar esse acordo de vez”, completa Lúcia.
Reproduzimos, abaixo, a sentença final do Tribunal Popular: o imperialismo no banco dos réus, lida pela juíza Simone Dalila Nacif Lopes:
SENTENÇA
Quatro são os casos submetidos ao “Tribunal Popular: o imperialismo no banco dos réus”, a saber:
Genocídio dos povos: tendo por caso-modelo a Palestina e sendo apresentados para contextualização fatos ocorridos no Líbano, Iemen e Sudão.
Indução à pobreza: políticas de austeridade e Tratados de Livre Comércio, com análise dos Tratados do Mercosul e União Europeia, mencionando os exemplos de Sri Lanka, Paquistão, Brasil e Argentina.
Guerra econômica: violação da soberania e da autodeterminação dos povos, tomando-se por paradigma os casos de Cuba e Haiti e sendo mencionada a Venezuela.
Racismo estrutural e ambiental: cujos casos-referências foram o extermínio da juventude negra do Rio de Janeiro e os crimes de Mariana/MG, com menção a Ayotzinapa (México), Haiti, Colômbia, reparações coloniais, Mapuches (Chile e Argentina), Povo Avá Guarani, Bhopal, Honduras, Incêndios no Brasil, Braskem, Chevron / Equador, reparações ao sul global, transição energética.
O libelo acusatório foi apresentado por Sr. Dayron Roque Lazo – Centro Martin Luther King, Cuba e pela Sra Sandra Quintela – Jubileu Sul.
O Sr. Tom Kucharz, da Espanha, atuou como advogado de defesa do Imperialismo e o Dr. Alexandre Ferreira Guedes – Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Brasil – produziu a prova da acusação.
Foram ouvidas as testemunhas Rula Shaheed (Palestina), Morgan Ody (Confederación Paysanne / França e Via Campesina), Raiara Pires (Movimento pela Soberania Popular na Mineração/ MAM e Frente Brasileira contra o Acordo Mercosul – UE), Aleida Guevara (Cuba), Henry Boisrolin (PAPDA / Haiti), Marcelo Dias (Movimento Negro Unificado- Brasil) e Vanilda Aparecida de Castro Souza, da Bacia do Rio Doce e do Movimento Atingidos por Barragem.
Garantido o contraditório e a ampla defesa com iguais oportunidades de pergunta tanto para a defesa como para a acusação, encerrada a instrução, as partes apresentaram suas Alegações Finais.
O Conselho de Sentença foi composto por Yildiz Temürtürkan, da Turquia (Coordenadora Internacional da Marcha Mundial de Mulheres) – presidenta do Júri, Ousmane Lankoandé Miphal / Burkina Faso (Secretario Geral da organização Balai Citoyen), Lana Vielma Membra da Comuna Maizale da Unión Comunera / Venezuela, Maria Juliana Rivera Vera Representante do Congreso de los Pueblos / Colombia, Beverly Keene / Argentina Coordenadora da organização Diálogo 2000 e do Jubileu Sul – Américas, João Batista – Movimento Negro Unificado / Brasil, Sra. Monica Gurjão Quintão – União dos Negros pela Igualdade – UNEGRO,
Após reunir-se para deliberação, os jurados chegaram a uma decisão e a Presidenta do Júri, Yildiz Temürtürkan, declarou o veredito: à unanimidade, os jurados CONDENARAM o Imperialismo pelos crimes de Genocídio dos povos (Palestina), de indução à pobreza através de políticas de austeridade e Tratados de Livre Comércio (Mercosul e União Europeia), de guerra econômica com violação da soberania e da autodeterminação dos povos (Cuba e Haiti), e de racismo estrutural e ambiental (no Brasil contra a juventude negra do Rio de Janeiro e contra o meio-ambiente pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG).
É O RELATÓRIO. DECIDO.
Ao final do julgamento, a pretensão acusatória restou fartamente comprovada, conforme decidido pelo Conselho de Sentença.
Com efeito, no caso do Genocídio dos Povos,a prova dos autos revela que o povo de toda a Palestina, e particularmente de Gaza, vem sendo submetido ao colonialismo há 76 anos e está sofrendo genocídio há 409 dias abertamente praticado pelo Estado de Israel com a cumplicidade dos Estados Unidos, da Alemanha, do Reino Unido e de outros países europeus e ocidentais.
Como vem sendo televisionado para todo o mundo, Israel bombardeia e ataca casas, hospitais, universidades e escolas, assim como abrigos e prédios da ONU, tendo demolido e danificado 66% da infraestrutura de Gaza promovendo uma destruição em massa. É negado o acesso a água, a alimentos, a combustível, à ajuda humanitária e a necessidades básicas, o sistema de saúde colapsou e o deslocamento forçado sujeitaram a população de Gaza à fome forçada e criaram condições propícias para epidemias.
Desde outubro de 2023, Israel, em sua campanha genocida, promove a destruição deliberada e sistemática do meio ambiente de Gaza. As operações militares israelenses fazem uso intensivo de explosivos em áreas urbanas densamente povoadas, formando imenso acúmulo de detritos e entulho, aniquilando a infraestrutura civil em Gaza, o que abrange a infraestrutura ambiental, como instalações de tratamento de água, sistemas de esgoto, sistemas de coleta de água da chuva e instalações de gerenciamento de resíduos essenciais para o descarte seguro de resíduos médicos e perigosos. O conjunto de ações israelenses, incluindo o deslocamento de 90% da população de Gaza, impacta grandemente o meio ambiente causando poluição sonora, do ar, da água e do solo, prejudicando ou quase extinguindo a capacidade das autoridades palestinas de prevenir ou tentar mitigar danos ambientais.
Entre 7 de outubro de 2023 e 11 de novembro de 2024, mais de 43.603 palestinos foram mortos, incluindo mais de 17.385 crianças. Há outros 10.000 palestinos desaparecidos que se estima-se estarem sob os escombros. Famílias palestinas inteiras são massacradas e têm sua existência apagada. Apresenta-se um cenário cotidiano de corpos queimados, desmembrados e crianças decapitadas. Mais de 109.000 palestinos foram feridos, dos quais 25% possivelmente com ferimentos que impactarão permanentemente suas vidas. Segundo a Lancet, em publicação de julho de 2024, o número de mortos em Gaza poder chegar a mais de 186.000 palestinos, incluindo aqueles mortos sob os escombros e mortes indiretas devido ao colapso do sistema de saúde, fome e doenças.
A Corte Internacional de Justiça (CIJ), em 26 de janeiro de 2024, no caso da África do Sul contra Israel, declarou plausível que Israel esteja realizando genocídio em Gaza e ordenou a Israel a prevenção e a imediata interrupção de todos os atos genocidas.
Novamente, em 29 de março, a Corte Internacional de Justiça emitiu ordem de fornecimento irrestrito de ajuda, suprimentos médicos e necessidades básicas, além do fim de todas as violações à Convenção sobre Genocídio praticadas pelos militares israelenses, salientando a evolução dos fatos “excepcionalmente graves” desde a Ordem de janeiro, em particular a propagação da fome e da inanição.
Em 25 de março de 2024, o Conselho de Segurança das Nações Unidas emitiu Resolução exigindo um cessar-fogo imediato em Gaza.
Porém tanto as ordens da Corte Internacional de Justiça como a Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas continuam a ser desconsideradas e violadas por Israel.
Como se vê, é urgente a demanda do povo palestino de imediato e permanente cessar-fogo em Gaza, viabilizando o acesso à ajuda humanitária, a água, alimentos, combustíveis, eletricidade e demais necessidades básicas, além da garantia de estabilidade e manutenção segura do povo palestino em Gaza e o fim do bloqueio de 17 anos.
De acordo com a testemunha Sra. Rula Shaheed, “Este momento deve ser um chamado de despertar necessário para termos a coragem política de abordar as causas básicas da violência. Os eventos atuais que se desenrolam não começaram em 7 de outubro. Os representantes do povo devem reconhecer e abordar a própria fonte da violência, notadamente a realidade do apartheid colonial, que vem causando violência e injustiças por mais de 76 anos. Não tomar isso como um ponto de partida condenará quaisquer esforços políticos ao fracasso.”
2. A respeito da “indução à pobreza através de políticas de austeridade e Tratados de Livre Comércio”,ficou demonstrado que, após a derrota, em 2005, do projeto imperialista da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) pela resistência dos movimentos sociais populares expressada pelo posicionamento dos governos progressistas no início dos anos 2000, o Acordo União Europeia (EU)-Mercosul apresentou-se como alternativa para o atendimento dos interesses das empresas transnacionais e investidores do Norte global a fim de aprofundar as relações coloniais e perpetuar os saques de matérias primas da América do Sul. Reiniciadas as negociações durante os governos Macri, na Argentina, e Michel Temer no Brasil, após o Golpe Civil-Parlamentar-Empresarial de 2016, foi anunciada a conclusão início do mandato de Jair Bolsonaro.
Porém, a Europa escandalizou-se com o retrocesso nas políticas ambientais, com a agenda ultraconservadora e anti-direitos e com os incêndios promovidos pelas forças ruralistas e pela extrema-direita em 2019, interrompendo o processo de ratificação, que foi retomado com a propositura de adendos ao Acordo após a eleição do Presidente Lula, em reconhecimento do retorno das condições democráticas no Brasil.
Em 2024, com o claro avanço da extrema direita, após o processo eleitoral na União Europeia e tendo o ultraliberal Milei da Argentina assumido a presidência do MERCOSUL, o pilar comercial do acordo de associação original foi alçado a um Tratado de Livre Comércio em separado, caracterizado pela liberalização do comércio de bens, com a eliminação ou redução substancial de tarifas e outras barreiras comerciais, além de ser dispensada a ratificação pelos parlamentos nacionais na Europa, bastando uma maioria no Parlamento Europeu para a aprovação.
Como visto, com o Acordo UE-MERCOSUL, já se opera a violação dos direitos democráticos de acesso à informação e à participação cidadã e parlamentar em decisões que afetam o modelo econômico e de desenvolvimento, ou subalternização, dos povos dos países do MERCOSUL, cuja implementação por mais de 30 anos, com cláusulas ad aeternum, violam os direitos humanos econômicos, sociais, ambientais e culturais dos povos latino americanos.
E implicará no aprofundamento da inserção primarizada e subordinada dos países do MERCOSUL que adotariam uma matriz de exportação baseada em matérias-primas e produtos agrícolas associados ao modelo do agronegócio e restringindo a possibilidade de exportação de setores industrializados e/ou de alto valor agregado, além de contribuir para o aumento das emissões de gases do efeito estufa e para a devastação do conjunto dos biomas e regiões biodiversas do MERCOSUL, mediante a ampliação da fronteira agrícola, o aumento das áreas de cultivo para produção de carne, cana-de-açúcar e soja, alguns dos principais vetores de desmatamento e queimadas.
A assinatura do Acordo de Livre Comércio contribuirá para a expansão do uso extensivo de agrotóxicos, pois suspende as tarifas alfandegárias de mais de 90% das exportações de produtos químicos da União Europeia, incluindo os agrotóxicos que são proibidos na Europa.
Com a proibição geral de impostos e taxas, crescerão as exportações de minerais base, como ferro e alumínio, para industrialização na Europa, às custas da degradação ambiental no MERCOSUL, o que já está acontecendo como exemplificam as situações climáticas extremas, como enchentes e secas assim como os crimes das empresas Vale, BHP Billiton e HydroNorth no Brasil e seus impactos devastadores para as populações locais.
Além de tudo isso, há o concreto risco de liberalização em setores-chave para a proteção e a realização de direitos, impedindo que o MERCOSUL avance nos seus próprios compromissos regionais e cedendo a seus interesses em favor da UE.
A comunidade afetada demanda a revogação de todos os Tratados de Livre Comércio, que não seja assinado o Acordo de Livre Comércio UE/MERCOSUL e a construção de um novo marco de comércio internacional baseado em outros princípios que tenham a Soberania dos povos em primeiro lugar, garantindo a soberania financeira e democrática dos Estados. Respeitando o direito a participação dos povos e da natureza. Tendo em vista que estes Tratados representam mais falsas soluções para os povos e para a natureza afetando suas políticas e condicionando a uma ação criminosa do imperialismo materializado em imposições de austeridade privatizações, abertura comercial e saque de nossos territórios. Aprofundando a pobreza, as desigualdades, o endividamento e induzindo a uma maior concentração e estrangeirização das riquezas produzidas por nossos povos e natureza.
3. Por sua vez, a respeito da “Guerra econômica: violação da soberania e da autodeterminação dos povos”,verifica-se que o objetivo histórico do bloqueio econômico a Cuba é o de fazer definhar a economia, gerar carências materiais e danos aos serviços públicos, provocar insatisfação e desesperança à população e subverter a ordem constitucional legitimamente estabelecida, tendo por fundamento documentos oficiais dos Estados Unidos, como o memorando interno do subsecretario de Estado Lester Mallory, de 6 de abril de 1960.
As ações do bloqueio dos Estados Unidos visam a identificar e perseguir as principais fontes de renda da economia cubana: a ofensiva contra o turismo, que é a principal fonte de renda no país; a alegação de ataques sônicos a diplomatas norte-americanos como justificativa para classificar Cuba como um país pouco seguro; a perseguição dos convênios de cooperação médica internacional (a venda de serviços médicos é a segunda fonte de renda do país). Todas essas medidas dirigem-se a impedir a entrada de recursos imprescindíveis para atender às necessidades crescentes da população.
Nos últimos anos, ocorreu um agravamento das medidas adotadas no bloqueio econômico, das quais se destaca a inclusão arbitrária e indevida de Cuba na lista de Estados acusados de patrocinarem o terrorismo, como meio de coerção política mediante ameaças de represálias objetivando o reforço do bloqueio e isolamento financeiro de Cuba.
É imenso o impacto do recrudescimento do bloqueio sobre as exportações cubanas, especialmente no setor turístico, da perseguição implacável às operações bancárias e financeiras de Cuba, assim como dos danos ao sistema empresarial cubano, à produção e aos serviços prestados à população.
Os prejuízos causados pelo bloqueio dos Estados Unidos a Cuba, desde seu início, alcançam 1 bilhão 499 mil 710 milhões de dólares, tendo em conta o comportamento do dólar face ao valor do ouro no mercado internacional.
É flagrante que o bloqueio econômico imposto pelo império norte-americano a Cuba configura um crime contra a humanidade na medida em que promove a violação sistemátiva e violenta dos direitos humanos da população cubana.
Aleida Guevara altivamente expressa a demanda de seu povo (em tradução livre): “Cuba tem o direito soberano de construir un futuro proprio, independente, socialista, livre da ingerência estrangeira e comprometida com a paz, o desenvolvimento sustentável, a justiça social e a solidariedade. Cuba tem direito de viver sem bloqueio.”
Por outro lado, no caso do Haiti, após a revolução do povo escravizado, o processo de reconhecimento de sua independencia pela comunidade internacional resultou numa dívida eterna para a França. Demais disso, desde 1915, os haitianos estão sob ocupação do império norte-americano que ocupou o país, assumindo militarmente o controle do território e instalando um sistema neo-colonial cuja decomposição resultou diretamente na crise atual.
A intensa migração, iniciada em 1915, converteram o Haiti fonte de fornecimento de mão de obra barata. Em 2023, mais de 168 mil pessoas de diversas profissões deixaram o Haiti, o que contribuiu para o destruição das instituições haitianas.
Como em toda a América Latina, os golpes de Estado promovidos no Haiti em 1991 e 2004 foram financiados e apoiados pelos Estados Unidos.
Além disso, a fim de barrar o ciclo progressista desenvolvido na América Latina entre 1998 e 2015, em 2001, instalou-se um governo de extrema direita pelo partido haitiano Tèt kale (PHTK) que perdura até hoje dominando a política haitiana.
Frise-se que as políticas de austeridade neoliberal impostas pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial desencadearam um processo de destruição da economia campesina, levando à dependência econômica, financeira e alimentar.
Noutro giro, no momento em que o terremoto de 2010 vitimou mais de 300.000 pessoas lançando o Haiti numa profunda crise humanitária, os Estados Unidos aproveitaram para assumir o controle dos setores estratégicos do país, utilizando-se do desastre como degrau para a dominação e exploração capitalista. Mesmo a reconstrução do país foi controlada pelo império, uma vez que a Comissão Interina para a Reconstrução do Haiti (CIRH) foi dirigida diretamente pelo então presidente norte-americano Bill Clinton.
O Haiti está sob o controle do Conselho de Segurança das Nações Unidas desde 2004 até a atualidade, apesar das sérias denúncias contra a Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (MINUSTAH) que ocupou o país por 13 anos e deixou um rastro de 40.000 mortos por cólera, 800.000 infectados, dezenas de milhares de mulheres estupradas e de crianças abandonadas.
Destacou-se que a Minustah foi composta por diversos países da região Latinoamericana, os quais tem uma responsabilidade com o caos instalado no Haiti e por uma urgente política de reparação. A Minustah serviu a uma política imperialista e hoje o Kenia está atuando como polícia no Haiti e segue servindo ao Conselho de Segurança da ONU o qual é manejado diretamente por EUA através do Core Grup. É evidente a urgência para que a ocupação seja imediatamente interrompida.
Tem sido fabricado um caos no país para reforçar a narrativa de insegurança que se relaciona diretamente com os tráficos de armas e substâncias ilícitas, convertendo o Haiti numa passagem para as drogas que entram nos Estados Unidos.
A demanda apresentada é de fim da opressão, exploração e dominação dos povos afrodescendentes no Haiti, revertendo-se o paradigma de poder que impõe prejuízo de gênero, raça e classe. Pugna-se pela instauração de um Tribunal Popular isento, com a presença de diferentes instâncias jurídicas aptas a oferecer garantías de restituição da dívida ilegal pela França, de devolução saqueado pelos Estados Unidos em 1914, de reparação pelos anos de escravidão e a anulação da dívida pública que entorpece todas as posibilidades de desenvolvimento do Haiti.
Segundo o contundente depoimento de Sr. Henry Boisrolin, coordenador do Comitê Democrático Haitiano e dirigente nacional da Plataforma Haitiana de Reivindicação de um Desenvolvimento Alternativo – PAPDA -, em tradução livre, “É necessário denunciar perante o mundo o genocídio que se perpetua contra o povo haitiano. As consequências deste genocídio silencioso, levado a cabo no meio do caos, são enormes e desastrosas para o povo Haitiano. A vida quotidiana tornou-se um pesadelo, milhões de pessoas ficaram feridas, a economia nacional está destruída, provocando o aumento da pobreza e forçando o deslocamento da população.”
4. Por fim, aborda-se o “racismo estrutural e ambiental”, restando evidente a política de extermínio da juventude negra do Rio de Janeiro.
Esse quadro é o resultado da história do escravismo brasileiro que formalmente foi abolido, mas perdura concretamente até os dias de hoje com a segregação velada e, nos casos de violência policial, explícita dos negros.
O tráfico transatlantico e a escravização de pessoas negras são crimes contra a humanidade, assim declarado na Durban da Conferencia Mundial contra o racismo, promovida pela ONU em Durban, na África do Sul. Logo, são crimes imprescritíveis.
A declaração de Durban aponta a escravidão negra e o tráfico negreiro como fontes ainda vivas, embora pretéritas, de racismo, discriminação racial e intolerâncias correlatas.
Em razão desses laços que ligam o passado ao presente é que os movimentos sociais e a sociedade civil continuam a propugnar por REPARAÇÃO HISTÓRICA pelo Estado brasileiro e demais responsáveis por esses graves crimes.
Os agentes de segurança do Rio de Janeiro mataram 1.042 pessoas negras em 2022 (86,98% dos casos com informações completas de cor e raça), sendo o segundo estado com mais mortos pela letalidade gerada por policiais.
A cada oito horas e 24 minutos uma pessoa negra morreu em decorrência de intervenção policial.
Em novembro de 2024, a Rede de Observatórios da Segurança publicou um estudo alarmante sobre a violência policial no Brasil, revelando que, em 2023, 4.025 pessoas foram mortas por policiais no país. Desses casos, 3.169 disponibilizaram dados sobre raça e cor, e, entre essas vítimas, 2.782 eram negras, o que representa 87,8% do total.
Esse dado reflete um padrão persistente de desigualdade racial nas ações de segurança pública.
O boletim *Pele Alvo: Mortes Que Revelam Um Padrão*, em sua quinta edição, foi produzido a partir de informações obtidas por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) em nove estados.
No Rio de Janeiro, apurou-se que, em 86,9% das mortes por intervenção policial, as vítimas eram negras.
Esses números mostram uma constante e alarmante violência contra a população negra nas operações policiais.
Além disso, dados de outro estudo, o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, apontam que das 6.393 vítimas de letalidade policial no Brasil em 2023, 71,7% eram crianças, adolescentes ou jovens com idades entre 12 e 29 anos, e 82% dessas vítimas eram negras.
A diferença entre a taxa de mortalidade por violência policial de pessoas brancas e negras é de 289%, absolutamente desproporcional: 3,5% para cada 100 mil pessoas negras e 0,9% para pessoas brancas.
São números escandalosos que escancaram o racismo estrutural da sociedade brasileira e que atravessa diferentes áreas como educação, saúde, mercado de trabalho, mas que tem sua face mais letal na segurança pública.
Também revelam que há um perfil de suspeito fortalecido nas corporações, já que nas abordagens, há um tratamento diferente para um jovem branco vestido de terno na cidade e um jovem negro de bermuda e chinelo em uma favela. Ocorre que, na favela, os jovens se vestem de bermuda e chinelo e todos passam a ser vistos como perigosos e como possíveis alvos.
Como visto, é inequívoco o processo de extermínio dos jovens negros que carregam até hoje em seus ombros o peso da opressão histórica trazida nos navios negreiros e marcada em sua pele negra, convertidos que são em alvos para o Estado que os empareda e mata.
A demanda por ações efetivas e políticas públicas voltadas romper com esse ciclo de violência e racismo que está exterminando nossa juventude negra é emergencial.
A comunidade atingida demanda o reconhecimento formal pelo governo brasileiro de sua responsabilidade oficial no crime de escravidão praticado no Brasil oitocentista; o reconhecimento formal pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, em decreto, do envolvimento da Corte Imperial, sediada na Cidade do Rio de Janeiro, no crime de escravidão assim como na prática de crime contra a humanidade e a criação de um Fundo de Reparação e Promoção de Políticas Públicas de Igualdade Racial e Combate ao Racismo pelo Congresso Nacional e pela a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
Por fim, o caso do desastre ambiental de Mariana/MG com o rompimento da barragem do Fundão e a destruição do Rio Doce/Uatu.
Segundo Antônio Hilário Aguilera Urquiza e Adriana de Oliveira Rocha no artigo intitulado “O desastre ambiental de mariana e os Krenak do Rio Doce”, o desastre ambiental ocorreu em 5 de novembro de 2015 com o rompimento da barragem do Fundão contendo rejeitos de minério pertencente à mineradora Samarco S.A. localizada em Mariana, Minas Gerais. A ruptura liberou o equivalente a 20.000 piscinas olímpicas de água e lama tóxica, ou cerca de 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro. Imediatamente, 128 residências, no distrito de Bento Rodrigues foram atingidas. Depois disso, o mar de rejeitos, lama e água percorreu mais de 600 quilômetros, atingindo uma área de cerca de 10 mil quilômetros quadrados, no litoral capixaba – equivalente a mais de seis vezes o tamanho da cidade de São Paulo.
Afirmam os mencionados pesquisadores que o desastre é considerado o maior do gênero na história mundial nos últimos 100 anos, quanto ao volume de rejeitos despejados – 50 a 60 milhões de metros cúbicos.
Do ponto de vista socioambiental, ocorreu uma destruição de 663 km, com lixo se acumulando nos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce até chegar na foz do Rio Doce, onde adentrou 80 km2 ao mar, arrasando com as cidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira, a cidade de Barra Longa e outros cinco povoados no distrito de Camargo, em Mariana, causando morte na barragem e em Bento Rodrigues, totalizando 19 pessoas mortas ou desaparecidas, na grande maioria trabalhadores terceirizados pela Samarco S.A. e moradores de Bento Rodrigues. 1.200 ficaram desabrigadas.
Os efeitos do desastre trágico e devastador seguem sendo produzidos. Dentre os graves efeitos dessa catástrofe está a afetação da vida e da economia dos indígenas Krenak, além de Tupiniquins e Guarani, dada a piora geral de índices econômicos nos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, onde essas etnias habitam.
Afirmam os pesquisadores que “ o Rio Doce que banha a Terra Indígena Krenak é muito mais que um simples recurso aquífero, se impregnando de valor simbólico, cosmológico e religioso para os Krenak.”
Em entrevista, Ailton Krenak afirmou:
“Não foi um acidente. Quando eu ouço perguntarem sobre ‘o acidente’ de Mariana, eu reajo dizendo que não foi um acidente. Foi um incidente, no sentido da omissão e da negligência do sistema de licenciamento, supervisão, controle, renovação das licenças, autorização de exploração. O Estado e as corporações constituíram um ambiente promíscuo e delinquente, em que ninguém controla ninguém e no qual os engenheiros e os chefes de segurança, que informam os relatórios, também sabem que não tem consequência nenhuma se eles matarem um patrimônio inteiro, uma vila inteira ou, eventualmente, se matarem uma comunidade inteira. […] Watu, que é como nós chamamos aquele rio, é uma entidade; tem personalidade. […] O Rio Doce, o Watu, pode ser pensado como um lugar onde, na primeira metade do século XX, até a década de 1920, os Krenak viviam ainda com a inocência de ter um rio sagrado, carregado de significado, de símbolos, onde os espíritos da água interagiam com as pessoas – de onde as famílias tinham certeza de que podiam tirar comida, remédio”
Tristemente, o rompimento da barragem Samarco em Mariana, no caso específico dos índios Krenak, produz consequências maléficas para sua cultura, para sua existência, sua religiosidade. O vínculo ancestral dos Krenak com Uatú é profundo. Era em suas margens seus rituais e festas eram realizados, batizavam as crianças e tiravam ervas para remédios e material para o artesanato.
O envenenamento do Rio Doce, para os Krenak matou seu ancestral, eles consideram que Uatú morreu, como a perda de um familiar cujo corpo segue putrefato diante de todos.
Seu modo de vida, suas crenças, suas produções, sua filosofia, toda a complexidade de existência do povo Krenak foram profundamente comprometidas de uma forma que, dificilmente poderão retornar ao que eram na origem.
Os atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana seguem buscando responsabilização penal, civil, ambiental e administrativa. E o povo Krenak busca, além de tudo isso, a reparação histórica e espiritual.
A responsabilidade das mineradoras, em relação aos Krenak, ultrapassa o aspecto simplesmente reparatório, ante a necessidade de restauração dos Direitos Humanos violados, uma vez que a contaminação e a morte, ainda que temporária, do “Uatú” compromete a própria existência física e espiritual daquela população.
Portanto, o desastre de Mariana apresenta-se como um crime contra a humanidade praticado pelo imperialismo em diversas dimensões: ambiental, social, econômica, filosófica e, especialmente para o povo Krenak, existencial.
Diante do exposto, considerada a soberana decisão dos Jurados, JULGO PROCEDENTE o pedido, DECLARO ILEGÍTIMAS as falsas soluções apresentadas pelo sistema capitalista e CONDENO O IMPERIALISMO pelos crimes de Genocídio dos povos (Palestina), de indução à pobreza através de políticas de austeridade e Tratados de Livre Comércio (Tratado de Livre Comércio Mercosul e União Europeia), de guerra econômica com violação da soberania e da autodeterminação dos povos (Cuba e Haiti), e de racismo estrutural e ambiental (no Brasil contra a juventude negra do Rio de Janeiro e contra o meio-ambiente pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG):
Intimados os presentes. Traduza-se, publique-se e divulgue-se.
CONVOCO todos os povos, a classe trabalhadora organizada nos Movimentos Sociais, as mulheres, os indígenas, os negros, a comunidade LGBTQIA+, os habitantes do Sul Global, enfim, todos os povos subalternizados a se manterem permanentemente em LUTA contra o imperialismo e seus efeitos destrutivos sobre nossas vidas exigindo reparações até que o sistema neoliberal seja extinto e construamos uma sociedade baseada na solidariedade, caminhando a passos firmes com os olhos fixos no horizonte socialista.
Encerrada a Sessão do Tribunal Popular: o imperialismo no banco dos réus.
Rio de Janeiro, 15 de novembro de 2024
Simone Dalila Nacif Lopes Juíza do Tribunal Popular
A Amigos da Terra América Latina e Caribe (ATALC) e a Amigas da Terra Brasil (ATBR) se unem às ações de denúncia contra o governo de extrema direita de El Salvador, onde ontem (29/08) foi detido, arbitrariamente, José Iván Arévalo Gómez, defensor dos Direitos dos Povos Indígenas, do povo Nahuat, e membro da Rede de Territórios de Vida de El Salvador e do Movimento de Vítimas Afetadas pela Mudança Climática e Corporações (MOVIAC).
O MOVIAC denunciou à comunidade nacional e internacional que José Iván foi detido na quinta-feira, 29 de agosto, às 2h da manhã. Desde março de 2022, o governo impôs um regime de exceção com o argumento de combater as quadrilhas, suspendendo as garantias constitucionais e violando direitos humanos fundamentais, como o direito a um julgamento justo e ao habeas corpus. Em dois anos, mais de 79 mil pessoas foram presas, muitas delas inocentes, incluindo representantes indígenas, aos quais foi negado o devido processo legal. Essas detenções fazem parte de uma estratégia do regime que justifica a sua política de segurança, mas que tem uma utilização política ao silenciar os líderes sociais.
Como parte das organizações de defesa dos direitos humanos e dos povos da América Latina e do Caribe, juntamo-nos à exigência ao governo de Nayib Bukele:
– À PNC, à Procuradoria-Geral da República e a outros funcionários, que respeitem os direitos humanos de José Iván, a sua integridade física e moral e a da sua família.
– A sua libertação imediata, com base nos princípios de justiça estabelecidos pela Constituição de El Salvador e em tratados internacionais como a Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas, ratificada por El Salvador em 2007, e a Convenção n.º 169 da OIT (Organização Internacional do Trabalho).
Apelamos à comunidade internacional para que denuncie essa detenção e exija a libertação de José Iván Arévalo Gómez, bem como para que convoque os corpos diplomáticos dos países progressistas e as instituições de defesa dos direitos humanos a acompanharem e verificarem a sua integridade física, o seu devido processo e a sua rápida libertação.
Amigos da Terra América Latina e Caribe (ATALC)
30 de agosto de 2024
A Amigos da Terra América Latina e Caribe (ATALC) se solidariza com o povo argentino diante da ofensiva autoritária e neoliberal implantada desde a posse do presidente Javier Milei, em 20 de dezembro de 2023. Em menos de um mês no poder, o representante da extrema direita neoliberal violentou a sociedade argentina com seus projetos autoritários de reformas legais inconstitucionais por meio de um decreto presidencial “de necessidade e urgência”, além de aprofundar enormemente a pobreza com uma desvalorização de 120% da moeda; realizar um ajuste total do Estado em questões sociais e privilegiar seu caráter repressivo; e impor a abertura econômica e a desindustrialização; gerar inflação descontrolada e um aumento avassalador do custo de vida, colocando em prática uma “doutrina do choque”.
Todas essas medidas, que prejudicam a maior parte da população, serão respaldadas por outra norma que proíbe os protestos, por meio de um Protocolo do Ministério da Segurança que proíbe o direito fundamental de reivindicar e manifestar-se publicamente, de organizar-se social e politicamente e de exercer a liberdade de expressão. Esses direitos, consagrados na Constituição Nacional Argentina e nos acordos internacionais que o país subscreve, serão seriamente violados por medidas que buscam criminalizar setores populares, organizações sociais e seus líderes.
O “Protocolo para a manutenção da ordem pública” é um mecanismo para criminalizar protestos e organizações sociais que colocam em risco a integridade física, a segurança e a liberdade das pessoas. O Protocolo criminaliza bloqueios de ruas ou estradas, portanto, qualquer pessoa que participe de uma manifestação será culpada de cometer um crime. Deve-se observar que o Protocolo não é claro quanto ao uso da força policial e não proíbe expressamente o uso de armas de fogo pelas forças policiais. Além disso, ameaçam cobrar das organizações os custos, que chegam a milhões de dólares, das operações de segurança em manifestações.
Não satisfeito com essas atrocidades, Javier Milei enviou posteriormente um projeto de lei ao Congresso Nacional, que contém mais de 600 artigos. Popularmente conhecido como “Lei Omnibus” devido ao número de modificações que propõe. Entretanto, na realidade, trata-se de uma forte reforma inconstitucional do Estado: retira poderes do poder legislativo; propõe a privatização de 41 empresas estatais; permite a dívida externa do poder executivo sem passar pelo parlamento; elimina o direito de protesto social; modifica a lei das geleiras, permitindo a mineração e outras atividades econômicas em zonas periglaciais e ameaçando a água das comunidades montanhosas; permite o desmatamento, modificando a Lei Florestal; estabelece um “Regime de Incentivo para Grandes Investimentos” destinado aos setores de agronegócio, infraestrutura, mineração, silvicultura, petróleo e gás, proporcionando segurança jurídica e proteção de direitos em matéria tributária a esses setores; dá poderes ao poder executivo para criar um “mercado doméstico para emissões de gases de efeito estufa”, com o poder de atribuir direitos de emissão de GEE a cada setor da economia, e estabelece um mercado de carbono no qual aqueles que atingiram suas “metas de carbono” podem “vender” sua cota para aqueles que não estão atingindo suas metas; modifica, ainda, a lei dos 1.000 dias, que complementa a Lei sobre a Interrupção Voluntária da Gravidez. Ela introduz como objetivo a “detecção de mães grávidas e crianças não nascidas”, abrindo a porta para a revogação da lei do aborto.
Em nível internacional, ele rapidamente retirou a Argentina do BRICS, propôs a aprovação do Acordo União Europeia-Mercosul e boicotou o multilateralismo, priorizando os laços com os Estados Unidos e Israel e propondo o rompimento dos laços comerciais com países como o Brasil e a China, por considerá-los sob a órbita do comunismo.
O governo claramente autocrático de Milei é um risco para a democracia argentina e para a integração regional. A resistência a essas medidas na Argentina começou rapidamente, por meio de protestos que foram reprimidos, apresentações judiciais, apelos ao poder legislativo e judiciário para pôr fim a essas afrontas e a convocação das centrais sindicais para uma greve geral com mobilização para o Congresso Nacional em 24 de janeiro.
Os movimentos sociais, ambientais, sindicais, feministas e de economia popular estão em alerta em nível nacional e internacional. A ATALC apoia o chamado à greve geral; solidariza-se com os movimentos populares argentinos nas ruas, apesar dos riscos; responsabiliza o governo de Javier Milei pela integridade dos manifestantes e convoca a comunidade internacional a estar em permanente alerta e solidariedade ativa para que a Argentina não perca os direitos conquistados em anos de lutas populares.
Amigos da Terra América Latina e Caribe (ATALC) 10 de janeiro de 2024
Foz do Iguaçu, de 22 a 24 de fevereiro. Na Tríplice Fronteira Brasil, Argentina e Paraguai. A Amigas da Terra Brasil estará presente, acompanhe mais informações pelas nossas redes!
Em tempos de crise, profunda desigualdade e crescente pobreza, em tempos em que, apesar de tudo, continuamos lutando por um futuro de justiça e bem-estar, chamamos a todos e todas para se encontrarem nesta Jornada, unidos em defesa da integração e da soberania de nossa região.
A Jornada Latino-Americana e Caribenha será um espaço que permitirá dar continuidade ao caminho da construção de unidade social e política dos povos da América Latina e do Caribe, reafirmando a importância da integração construída a partir das lutas, tradições, culturas e dinâmicas vivenciadas por nossos povos nos processos de unidade social e política da região.
Reafirmando a defesa da democracia, soberania, direitos dos povos, anti-imperialismo, anticolonialismo, respeito à diversidade, antirracismo, feminismo popular e a luta pela paz como guias para a ação, conteúdo e definições da Jornada.
Será promovido um diálogo entre movimentos, representantes dos governos e líderes políticos para estabelecer uma agenda mínima consensual sobre as principais demandas e propostas para a integração de povos e governos.
A Jornada Latino-Americana e Caribenha será um momento na dinâmica de unidade das organizações do campo popular, mobilização, atualização de nossas visões sobre a conjuntura e os principais consensos estratégicos que permitirão traçar um plano de grandes lutas e tarefas a médio e longo prazo.
Serão três dias de muitos debates, estudos, lutas, arte, solidariedade dos povos, intercâmbio e celebração.
Nesse sentido, o programa está sendo organizado com plenárias e conferências centrais com uma leitura coletiva do contexto atual.
Pretendemos debater os desafios e propostas dos povos para a construção da integração latino-americana e caribenha.
Vamos trabalhar em mesas temáticas para aprofundar o debate a partir dos desafios, mas também dos avanços que alcançamos como povos na integração, considerando temas como democracia, soberania e integração; direitos para unir nossos povos; trabalho digno como centro do desenvolvimento sustentável e justiça ambiental.
Um destaque especial será dado ao espaço em que reafirmaremos nosso caráter anti-imperialista e toda nossa solidariedade ao povo cubano. Também teremos um momento de encontro com presidentes e líderes políticos do continente. Representantes de partidos políticos e parlamentares do campo popular também estarão presentes.
A cultura será um eixo que atravessará toda a Jornada Latino-Americana e Caribenha, com momentos dedicados à riqueza da luta e resistência de nossos povos.
Quem Convoca:
Articulações de movimentos populares, camponeses, sindicais, estudantis, feministas, ambientalistas, povos indígenas, afrodescendentes, jovens, defensores dos direitos humanos, acadêmicos e intelectuais que concordam com os princípios orientadores do processo. A Jornada conta com o respaldo político do presidente Lula da Silva e do ex-presidente José “Pepe” Mujica.
Comissão de Organização:
Confederação Sindical de Trabalhadoras/es das Américas (CSA); ALBA Movimentos; Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); CUT Brasil; Marcha Mundial das Mulheres; Jornada Continental pela Democracia e Contra o Neoliberalismo; Organização Continental Latino-americana e Caribenha de Estudantes (OCLAE); Amigos da Terra América Latina e Caribe (ATALC) e a Assembleia Internacional dos Povos (AIP).
Com muita dor nos despedimos da amada guerreira e inspiradora Nalu Faria, coordenadora nacional da Marcha Mundial das Mulheres (MMM) e integrante da Sempreviva Organização Feminista (SOF). Sua partida nessa 6ª feira, 6 de outubro, deixa todas e todos que lutam pela vida das mulheres e por uma sociedade mais justa, bastante tristes.
Desde a década de 1980, Nalu inspira e influencia nós, mulheres, a nos organizarmos para resistir e lutar contra todas as formas de violência e agressão contra nós. Construtora do feminismo popular, Nalu liderou importantes mobilizações e processos políticos no Brasil, na América Latina e no mundo. Muito da luta feminista no nosso país e, especialmente na América Latina, foi construída com a participação ativa dela. Nalu está presente na formação e na atuação feminista de muitos movimentos e organizações, incluindo a Federação Amigos da Terra Internacional (Foei), Amigos da Terra América Latina e Caribe (ATALC) e nós, da Amigas da Terra Brasil. Externamos nosso carinho à família de Nalu Faria e a todas as nossas companheiras marchantes. A garra e os ensinamentos de Nalu estarão sempre com a gente para mudar a vida das mulheres e derrotar o patriarcado. Mantemos nosso compromisso de seguirmos firmes com as companheiras, lado a lado, em marcha, até que todas as mulheres sejam livres! Pelo fim do patriarcado e do capitalismo. Seguiremos a marcha de Nalu!
Nalu, PRESENTE HOJE E SEMPRE! Amigas da Terra Brasil
Divulgamos, abaixo, trecho da participação de nossa querida Nalu Faria no Seminário Regional da Jornada Continental pela Democracia e contra o Neoliberalismo, que aconteceu em maio deste ano, em Brasília.
Crédito da foto: Edgardo Matioli/Radio Mundo Real
Vídeo: Tiago Rodrigues/ ATBr
Entre os dias 04 a 09 de agosto de 2023, a Amigas da Terra Brasil (ATBr) está em Belém (PA), participando da Cúpula da Amazônia. O evento, que acontece entre os dias 8 e 9 de agosto, abordará as políticas públicas da região amazônica e o fortalecimento da OTCA (Organização do Tratado de Cooperação Amazônica), uma Organização Intergovernamental constituída por Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.
Dia 04 de agosto de 2023 começaram os eventos preparatórios para a Cúpula da Amazônia, em Belém (PA). Entre eles, o Diálogos Amazônicos, em que representantes da sociedade civil, movimentos sociais, organizações, autoridades e entidades dos oito países da região amazônica que compõem a OTCA discutiram as principais pautas e conflitos que incidem na região da maior floresta tropical do planeta. O evento teve como objetivo produzir e entregar cinco relatórios aos oito presidentes dos países amazônicos na Cúpula da Amazônia – material produzido a partir das discussões de cada uma das plenárias-síntese , que envolvem temas como soberania, segurança alimentar e nutricional, participação social, erradicação do trabalho escravo, saúde, ciência e tecnologia, transição energética, mudanças climáticas e a proteção aos povos indígenas, quilombolas e tradicionais da região.
Paralelamente, também acontece a Assembleia dos Povos da Terra pela Amazônia. Nela, estarão reunidos movimentos sociais, redes, coletivos, ativistas, instituições e organizações de povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, caboclos, negros, camponeses, artistas, religiosos, defensores da natureza, comunicadores, academicos, mulheres e habitantes da Amazónia e de outras regiões do planeta. O intuito é influenciar a Cúpula dos Presidentes da Amazônia e acordar um processo articulado de mobilização de todos os povos da Terra pela preservação da Amazônia, fim do desmatamento e atividades exploratórias dos povos e territórios que ali coabitam, assim como para barrar as alterações climáticas e as violações sistemáticas dos direitos dos povos. A partir da Assembleia, uma série de práticas, saberes, pedagogias e experiências a partir das lutas dos povos serão abordadas, com o objetivo de promover alternativas que se reflitam em uma vida digna, em harmonia com a natureza.
Lúcia Ortiz, da Amigas da Terra Brasil, Amigos da Terra América Latina e Caribe (ATALC) e da Frente Contra o Acordo Mercosul-UE e EFTA expõe que a pauta central da ATBR é o acompanhamento dos povos da terra pela Amazônia, em diversos espaços organizados pelos movimentos sociais populares do Brasil e da América Latina. “Nós vamos estar presentes como Amigas da Terra Brasil e também como Amigos da Terra América Latina e Caribe (ATALC), e com um companheiro do Programa de Bosques (Florestas) de Biodiversidade da Amigos da Terra Internacional, muito alertas às contradições que estamos vendo nesse encontro de presidentes da região amazônica, que também envolvem essa ofensiva muito grande do Capital à Amazônia, à biodiversidade, às águas, ao carbono da floresta. Atentas a essas estratégias do capital que hoje em dia estão chamando de bioeconomia, mas em outra época já se chamaram soluções baseadas na natureza, REED e mercados de carbono, economia verde, financeirização da natureza, etc”
Além de observar a evolução dessas propostas, a ATBR estará em alerta com a contradição dessas estratégias de compensação de emissões aliadas a estratégias de avanço da mineração, do agronegócio, das infraestruturas de exportação e a relação destes com com Acordos de Comércio neoliberais e neocoloniais, como o Acordo União Europeia-Mercosul (UE-MERCOSUL). “Com o Grupo Carta de Belém e a Frente Contra os Acordos Mercosul-UE e EFTA estaremos em eventos, em debates públicos em conjunto com a Central Única dos Trabalhadores (CUT), o Movimento de Atingidos por Barragens (MAB), Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM) e o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) estamos participando de eventos que tratam do tema da Transição Justa e Popular, uma Transição Energética que não seja altamente dependente da extração de minérios, que seja de fato uma transição energética baseada numa mudança de sistema que envolva e também uma transição agroecológica, menos demandante em agrotóxicos e em energia, em combustíveis fósseis e mineração, e que seja descentralizada, mas que garanta o direito e o acesso, a democracia energética. Que valorize os serviços públicos de qualidade e os direitos e a dignidade da classe trabalhadora. Também vamos estar participando da marcha dos povos da terra pela Amazônia”, comentou.
Além de monitorar os posicionamentos, definições e decisões que os governos nacionais presentes na Cúpula farão, a Amigas da Terra Brasil estará marcando presença e com a atenção voltada, especialmente, às lutas territoriais dos povos, principalmente das mulheres quilombolas, do Pampa à Amazônia. Um dos momentos chave desse processo foi o “Escutatórios kilombola pelo Direito de Ser e Existir da Amazônia ao Pampa”, promovido pela Amay CoMPaz (Akilombamento Morada Abya Yala de Mãe Preta – Colares, no Pará). Na ocasião, foram apresentadas as preocupações quanto ao avanço das infraestruturas – como a construção de pontes e porto, implementação de obras que têm elevado impacto socioambiental. São estes projetos de infraestrutura que garantem o escoamento/transporte de commodities para os países centrais do capitalismo, , reproduzindo uma lógica colonial em que a América Latina e o Caribe seguem dependentes da exportação de materias primas em nome do desenvolvimento de países centrais desse sistema desigual. Obras que estão relacionadas ao avanço do agronegócio, da mineração e na prática representam violações de direitos, violências múltiplas contra os corpos das mulheres e seus territórios, desmatamento e formas de exploração, destruição e mercantilização da vida, além de muitas vezes ignorarem o direito que os povos e comunidades têm à consulta Livre, Prévia, Informada e de Boa Fé (violação da OIT 169) antes de qualquer obra atravessar seu território. Os relatos também trouxeram as ameaças advindas de projetos de exploração na região e outros ataques aos aos territórios, seja no Pampa, seja na Amazônia, seja na Bahia.
Lúcia Ortiz salientou a importância das atividades paralelas, assim como da articulação da luta dos povos e da formação de alianças políticas para barrar o avanço do capital sob a vida rumo a COP 30 do Clima, que acontecerá em Belém em 2025. Ao citar o Encontro das Mulheres-Árvores e kilombolas do Pampa a Amazônia, outra atividade que acontecerá nos dias posteriores à mobilização, Lúcia comunicou que a Amigas da Terra Brasil, assim como a Amigos da Terra América Latina e Caribe e a Frente Contra o Acordo UE-Mercosul, vão estar acompanhando uma série de ações.”Durante a Cúpula estaremos dando visibilidade e presença nesses espaços, mas que são processos que vêm de longa data e que vão continuar sendo articulados aí pra frente. Vamos seguir construindo em aliança e movimento maior poder popular de incidência nos rumos que a gente quer para o nosso país, para a nossa região, para os povos, e pela integração dos povos também da Amazônia e da América Latina”, salientou.
12:00 – 14:00 – Escutatórios kilombola pelo Direito de Ser e Existir da Amazônia ao Pampa Amay CoMPaz (Akilombamento Morada Abya Yala de Mãe Preta)
12:00 – 14:00 – O Controle Social e Proteção de Direitos Humanos na Amazônia Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH)
Sábado dia 5/8 no CENSIPAM
18:00-20:00 – Qual papel dos governos progressistas da Panamazônia na construção da Justiça Climática nesse momento de retomada: as estratégias populares dos sujeitos da Amazônia? Grupo Carta de Belém e Frente Brasileira contra os Acordos Mercosul EU/EFTA
Domingo dia 6/8 no HANGAR
9:00-12:00 – Mudança do clima, agroecologias e as sociobioeconomias da Amazônia: manejo sustentável e os novos modelos de produção para o desenvolvimento regional Plenária IV da Cúpula da Amazônia
13:00-16:00 – Amazônias Negras: Racismo Ambiental, Povos e Comunidades Tradicionais Plenária Transversal da Cúpula da Amazônia
14:00-18:00 – Desafios da transição energética popular na Amazônia Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e CUT Brasil
16:00 -18:00 – Mineração e Transição Energética – Os dilemas associados à expansão da mineração na Amazônia Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM)
Segunda-feira dia 7/8 na CABANA
17:00-20:00 – Assembleia dos Povos da Terra pela Amazônia
Terça-feira dia 8/8 : Concentração Bosque Rodrigues Alves
8:00-12:00 – Marcha dos Povos da Terra pela Amazônia
Reunião foi marcada pela aprovação da prestação de contas do último ano e pela posse do novo Conselho Gestor da organização para o triênio 2023/2026. A Assembleia ainda inaugurou a nova identidade visual da entidade, que assume um nome mais plural e representativo para o nosso tempo: assim nasce a AmigAs da Terra Brasil! “Assumir nova identidade significa revisitar o passado sob outra perspectiva, alterando também o curso do agora e do futuro. Nesse movimento que não finda, refletimos sobre quem somos, quem estamos neste instante e sobre como nos organizamos para seguir transformando a realidade. Uma mudança que traz a reflexão sobre as possibilidades de um futuro com justiça ambiental, social, econômica, de gênero e livre de todas as formas de exploração e opressão. E que, na prática, constrói as possibilidades e alianças para que este futuro seja possível”. Assim inicia o texto de apresentação da Amigas da Terra Brasil e da sua nova identidade visual, lido durante a assembleia ordinária da organização, realizada na CaSAnAT na noite de 6ª feira (21/07), em Porto Alegre (RS). O trecho sintetiza o que representa essa reunião, que deu fim a uma gestão que, em meio à pandemia mundial da COVID e os desafios impostos à própria sobrevivência humana, precisou resistir a ataques fascistas, de setores econômicos e de governos contrários aos direitos do povos a uma vida mais justa, igualitária e ao ambiente ecologicamente equilibrado.
A assembleia da Amigas da Terra Brasil mostrou que essas lutas não foram travadas sozinhas. Estiveram presentes pessoas associadas, trabalhadoras, prestadoras de serviço, aliadas, organizadas e parceiras de longa data que, durante a pandemia, estreitaram ainda mais os laços, levando ações de ajuda e de solidariedade a territórios e comunidades que precisavam. Participaram representantes do CIMI Sul (Conselho Indigenista Missionário), que atuou, junto com a Amigas da Terra Brasil, nas retomadas do povo indígena Guarani por seus territórios; da Marcha Mundial de Mulheres e do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), com os quais, desde 2020, articulamos a Aliança Feminismo Popular (AFP), uma frente que contribuiu com cestas básicas e ajudou a organizar mulheres da periferia para buscar alternativas coletivas para combaterem as violências e sustentarem a si e a suas famílias.
A Amigas da Terra Brasil também tem apoiado a Cozinha Solidária da Azenha, em Porto Alegre (RS), iniciativa do MTST de combate à fome nas cidades brasileiras, implementada durante a pandemia. Outra parceria importante que se fez presente foi a Comunidade Kilombola Morada da Paz (CoMPaz), de Triunfo (RS), que enfrenta uma luta bastante dura na Justiça para que seja consultada e respeitada, conforme prevê a Convenção 169 da OIT (Organização Internacional do Trabalho) no processo de licenciamento das obras de ampliação da BR 386.
Nesses últimos três anos, a Amigas da Terra Brasil também sofreu ataques diretos do Governo Bolsonaro, que tentou despejar a organização do prédio público que ocupa e transforma há quase 20 anos (cedido pelo Patrimônio da União à entidade em 2004) na capital gaúcha. Apoiamos e nos envolvemos em lutas que já travamos há anos, como a defesa da água e dos serviços públicos, ao nos colocarmos contra a privatização da empresa pública CORSAN pelo governo gaúcho, assim como contra a venda dos parques urbanos e unidades de conservação estaduais e nacionais e no combate aos projetos de megamineração via Comitê de Combate à Megamineração, articulação que compusemos com outras organizações no RS. Denunciamos, junto com comunidades camponesas assentadas da Reforma Agrária, os impactos dos agrotóxicos na produção agroecológica, na saúde humana e animal e no meio ambiente, bem como exigimos que as autoridades competentes garantam que as famílias possam produzir de forma saudável, sem serem pulverizadas com veneno pelo agronegócio.
Entre outras parcerias nacionais e internacionais, destacaram-se as articulações que criaram a Lei Marco sobre Direitos Humanos e Empresas (PL 572/2022) e outras iniciativas visando responsabilizar as transnacionais por seus crimes e violações de direitos no Brasil e em outros países, e a Frente Brasileira Contra o Acordo Mercosul – UE (União Europeia), tratado comercial assinado pelo Governo Bolsonaro que organizações sociais brasileiras, sul americanas e europeias pressionam para que seja parado e rediscutido de forma ampla com a sociedade e as comunidades e povos afetados.
Avaliamos que nossa ação política antifascista, em defesa da democracia e contra o neoliberalismo, em Jornada Continental que une diversos movimentos populares na região, pôde também ser celebrada na virada do ano com a mudança de governo no Brasil. Assim, findamos essa gestão no esperançar por melhores tempos para os nossos povos, celebrando em Junho, em Brasília, a Assembleia Anual da ATALC (Amigos da Terra América Latina e Caribe) junto às nossas alianças para desmantelar o poder das empresas transnacionais e pela integração regional, com feminismo popular e justiça ambiental.
Seminário realizado pela ATALC, Jornada Continental e ATBr neste ano em Brasília. Crédito: Edgardo Mattioli/ Rádio Mundo Real
Assembleia aprova prestação de contas e aclama nova gestão 2023-2026
Além do relatório de atividades, a presidenta Lúcia Ortiz e a tesoureira Patrícia Gonçalves, junto ao Conselho Fiscal da entidade, apresentaram, na assembleia de 6ª feira (21/07), a prestação de contas 2022/2023, que foi aprovada pelos presentes. O momento foi de compor os novos Conselho Fiscal e Conselho Diretor da entidade para os próximos três anos. A nominata do Conselho Gestor foi colocada para votação, sendo aprovada por aclamação pelos presentes e pelas presentes.
Conselho Diretor da Amigas da Terra Brasil – Gestão 2023-2026 (foto acima): Letícia Paranhos – Presidenta
Patrícia Gonçalves – Vice – Presidenta
Lúcia Ortiz – Tesoureira
Clarissa Abreu – Secretária
Fernando Campos – membro do conselho
Cláudia Ávila – membro do conselho Andre Guerra – membro do conselho
Cristiane Cubas – membro suplente
Leandro Fagundes – membro suplente
Amigas da Terra Brasil comemora 40 anos de membresia na federação internacional assumindo nova identidade
A assembleia ordinária deste ano celebrou os 40 anos que a Amigas da Terra Brasil integra a maior federação ambientalista de base no mundo: a Amigos da Terra Internacional (Friends of the Earth International), composta atualmente por organizações nacionais como a nossa em 75 países, para além do Brasil. Como marco deste momento, mas também refletindo as mudanças que ocorreram na entidade e na sociedade ao longo dos anos, a organização apresentou a mudança de nome, passando de Amigos da Terra Brasil para AmigAs da Terra Brasil. Também mostramos a nova identidade visual, construída nas várias instâncias da organização e efetivada pela equipe de Comunicação.
Certos de que o passado não nos serve mais, damos, contentes, este passo novo e incerto, mas com a certeza de que estamos em constante mudança e transformação. Nossa firmeza na luta é o que nos guia para avançarmos por um mundo mais justo e solidário.
Confira nossa galeria de fotos da Assembleia da Amigas da Terra Brasil:
Amigas da Terra Brasil
Crédito das fotos da matéria: Jonatan Brum e Divulgação/ ABTr
Paralelamente ao início da Cúpula UE-CELAC, ativistas construíram e derrubaram uma “Torre Jenga da ambição UE-Mercosul” frente ao Parlamento Europeu, apoiando os responsáveis políticos que detiveram o acordo comercial UE-Mercosul. Foto: Johanna de Tessieres/Greenpeace
Uma coalizão de mais de 450 organizações da América Latina e da Europa, incluindo sindicatos, agricultores, movimentos sociais, ativistas pelos direitos dos animais e ambientalistas, criticou o anúncio dos líderes dos países da União Europeia (UE) e do Mercosul de que pretendem resolver as questões pendentes e concluir o Acordo UE-Mercosul até o final de 2023.
Lis Cunha, ativista comercial do Greenpeace Alemanha, disse: Este acordo comercial é um desastre para as pessoas, os animais e a natureza. Mais conversas secretas só conduzirão a um resultado que submeterá as florestas, o clima e os direitos humanos a uma pressão insuportável. Em vez de avançar com um acordo destinado à exploração corporativa, os países da UE e do Mercosul deveriam recomeçar e repensar sua relação de forma a colocar o planeta, as pessoas e os animais acima da destruição de nosso planeta para o lucro de curto prazo”.
Alberto Villarreal, da Amigos da Terra América Latina e Caribe (ATALC) salientou: “Nenhum protocolo ambiental adicional será capaz de remover as ameaças a pessoas, territórios e ao planeta que estão embutidas neste acordo de livre comércio neocolonial e perversamente corporativo, impulsionado por lucro. Precisamos de acordos socioambientais multilaterais exequíveis, baseados em responsabilidades e capacidades diferenciadas para reduzir as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), não falsas soluções baseadas no mercado, promessas líquidas zero ou painéis de disputa em acordos de livre comércio que são totalmente tendenciosos a favor do lucro corporativo.
Morgan Ody, Coordenadora Geral da Via Campesina e membra da Coordenação Europeia da Via Campesina, expõs: “Os acordos de livre comércio estão impossibilitando que os médios e pequenos agricultores vivam da agricultura, por isso os camponeses são contra. Os agricultores de ambos os lados não querem produzir para exportar e competir, queremos produzir para alimentar as comunidades locais, priorizando o comércio local, nacional e regional sobre o comércio internacional. Convocamos os parlamentares europeus e os governos dos dois continentes a se unirem como aliados pela soberania alimentar e aumentar a pressão para quebrar o acordo UE-Mercosul.”
Contexto
Nos dias 17 e 18 de julho, os chefes de estado e de governo da União Europeia (UE) e da América Latina e Caribe reuniram-se em Bruxelas para uma cúpula extraordinária pela primeira vez em oito anos.
Paralelamente ao início da cúpula, na segunda-feira, 17 de julho, ativistas de mais de 50 organizações da sociedade civil construíram e demoliram uma gigantesca “Torre Jenga da Ambição do UE-Mercosul”, de três metros de altura, em frente ao Parlamento Europeu, em Bruxelas. Isto em protesto contra a acordo comercial e para pressionar os políticos responsáveis, de ambos os lados do Atlântico, a interromper as negociações para o bem das pessoas, dos animais e do planeta.
Recentemente, no final de maio, a Comissão Europeia havia promovido esta cúpula como um marco importante para as negociações comerciais UE-Mercosul, que duram mais de 20 anos. Desde que Luiz Inácio Lula da Silva se tornou presidente do Brasil em janeiro de 2023, as negociações a portas fechadas se concentraram em um anexo ao acordo. Um rascunho do adendo vazou em março de 2023.
Fotos: Johanna de Tessieres/Greenpeace
O acordo UE-Mercosul proposto foi criticado por vários governos e parlamentos, bem como por agricultores, sindicatos e sociedade civil de ambos os lados do Atlântico, como um desastre para a agricultura local, a natureza, os trabalhadores, a indústria local, os seres humanos e os animais, direitos, biodiversidade e o clima. Avaliações de várias organizações mostram que tarifas e controles mais baixos sobre produtos como autopeças, pesticidas da Europa e carne bovina e de aves de países da América do Sul aumentarão a já alarmante taxa de destruição da natureza.
Mais de 200 organizações pedem aos formuladores de políticas que mantenham o escrutínio democrático dos acordos comerciais. Pedem também que se oponham às tentativas da Comissão Europeia de aprovar a parte “comercial” do acordo sem o apoio unânime dos estados membros da UE e sem a ratificação dos parlamentos em todos os Estados unidos. Tal movimento seria uma violação do mandato de negociação que os estados membros da UE deram à Comissão, de acordo com uma análise legal recente.
Seminário realizado pela ATALC, Jornada Continental e ATBr neste ano em Brasília. Crédito: Edgardo Mattioli/ Rádio Mundo Real
