Categoria: Artigos Brasil de Fato

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Artículo: El desastre climático de Rio Grande do Sul corre a cuenta del capital

Con un gobierno estatal que ha promovido una serie de ajustes fiscales, ha autorizado la deforestación de áreas de protección ambiental, ha desmantelado la ley estatal contra los pesticidas, privatizado los servicios públicos y adoptado políticas de austeridad para su población, Rio Grande do Sul se enfrenta a una crisis climática sin precedentes en su historia. Es necesario reflexionar sobre la totalidad del problema y recordar que las lluvias y las inundaciones de las ciudades son consecuencia de una serie de hechos que vienen siendo denunciados por los movimientos y organizaciones populares de Rio Grande do Sul desde hace medio siglo.

Esta vez, casi todos los 497 municipios de RS se han visto afectados por las inundaciones. Al menos un millón y medio de personas han sido afligidas, y el regreso de las lluvias torrenciales en el fin de semana ha reforzado aún más este panorama. Pero estas cifras no explican por qué los impactos medioambientales no se distribuyen por igual. Las mujeres, los cuerpos negros, las comunidades periféricas, las personas que viven en la calle, los trabajadores en paro y las personas en situación precaria de vivienda son quienes más sufren los impactos de las inundaciones. Siempre son los más vulnerables los que más sufren, y también los menos responsables del problema. Esta desigualdad estructural del capitalismo, construida sobre el patriarcado y el genocidio colonial, así como la lucha de clases, debe ser considerada desde la perspectiva de la Justicia Ambiental, así como en la lucha contra el Racismo Ambiental.

Lo que vive la población de Rio Grande do Sul refleja la bancarrota de un sistema económico que centra sus intereses en la obtención de beneficios para una pequeña parte de la población. Toda la explotación de estas riquezas se sustenta en una extracción intensa y desorganizada de bienes y recursos naturales. En las últimas décadas, este sistema se ha destruido exponencialmente, sin poder seguir el ritmo de los ciclos de regeneración de la tierra y las aguas. Seguimos reproduciendo una mentalidad de dominación sobre la naturaleza, en lugar de armonía con ella, como nos enseñan los pueblos originarios. Las escenas que vemos en Porto Alegre, la capital de Rio Grande do Sul, demuestran que no hay fronteras para el agua y, al mismo tiempo, que ya hemos sobrepasado los límites de sostenibilidad del planeta Tierra para la sociedad capitalista.
Uno de los resultados de traspasar los límites de la relación entre el ser humano y la naturaleza es la producción de un nuevo tipo de refugiados: los refugiados climáticos.

Mientras que hoy en día muchas personas en el mundo se ven obligadas a abandonar su tierra natal a causa de las guerras, en busca de mejores condiciones de vida, y se ven forzadas a emigrar a otros países. El número de personas que emigran a causa de sequías, inundaciones y huracanes no deja de crecer. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) calcula que, en 2020, cerca de 30,7 millones de personas fueron desplazadas por catástrofes relacionadas con el clima. El Banco Mundial calcula que 17 millones de personas en América Latina tendrán que abandonar sus hogares por cuestiones medioambientales. El Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) afirma que 708.000 brasileños emigraron como consecuencia de desastres naturales en 2012. La única causa de esta realidad es la explotación depredadora de la naturaleza, lo que es, por tanto, una decisión política.

Pero lo que hace que la tragedia climática de Rio Grande do Sul sea tan impactante y mediática no es la magnitud de los daños ni el número de personas afectadas. Lo chocante es ver la fuerza de las aguas retomando su curso e invadiendo también casas, barrios y municipios que, según la ley del capital financiero, deberían estar a salvo de las penurias reservadas sólo a las clases subalternas. La perplejidad de la catástrofe es la constatación por parte de la pequeña, media y gran burguesía de que, por mucho que se empeñen en ignorar la emergencia climática, ésta no desaparecerá.

Aunque hoy el sufrimiento afecta de forma desproporcionada a comunidades cruzadas por marcadores de clase, género y raza, la catástrofe de RS anuncia un futuro devastador para toda la sociedad, con ciudades enteras perdidas y más de 230.000 refugiados climáticos que ya no podrán regresar a sus hogares. Esto exige que identifiquemos quién tiene la culpa y por qué el statu quo de los negocios, el “business as usual”, no podrá dar las respuestas justas, democráticas y solidarias a gran escala que se necesitan. La lista es larga e histórica; tenemos que cobrar la deuda climática y cambiar el sistema. Pero tenemos que empezar por los más estrecha y directamente implicados.

Eduardo Leite (PSDB), actual gobernador del estado de Rio Grande do Sul, destruyó en 2019 la iniciativa del Código Ambiental del Estado, elaborado técnica y democráticamente hace nueve años a través de debates, audiencias públicas y diversas mejoras. El texto original del Código, del año 2000, contó con la contribución y movilización de organizaciones ecologistas pioneras en el estado y en Brasil, como Agapan (Asociación Gaucha de Protección al Ambiente Natural) y Amigas de la Tierra. Las propuestas más relevantes para enfrentar la crisis climática fueron completamente destruidas por la iniciativa de su gobierno, que alteró por lo menos 480 temas centrales. Fiel a la racionalidad corporativa y empresarial, Leite hizo todo lo posible para flexibilizar los requisitos vitales para facilitar la concesión de licencias ambientales a las megaempresas. Y cuando las aguas de la emergencia climática le “golpearon en el culo”, agradeció la solidaridad de Elon Musk y de la comunidad empresarial por su “ayuda humanitaria S.A.”.


En Porto Alegre, el intendente Sebastião Melo (MDB), sucesor del también derechista Nelson Marchezan Jr, que le dejó como legado la extinción del Departamento Municipal de Alcantarillados Pluviales (DEP), atravesó las inundaciones de 2023 y, ahora en 2024, con 19 de las 23 bombas de los sistemas de contención de inundaciones apagadas, con la falta de preparación, la precariedad y la falta de agua como sellos distintivos de su gestión. Lejos del caos, los fascistas piden que no se politice el debate climático y Melo dice a los ricos de la capital que se vayan a sus casas en la playa. Los municipios de la costa, no afectados por las inundaciones, se declaran en emergencia y piden ayuda al gobierno federal para acoger a los refugiados climáticos VIP, mientras el gobierno estadual les informa de su número PIX.

Es año de elecciones municipales en todo Brasil, y menos de 70 municipios de los 445 afectados por el desastre climático en Rio Grande do Sul habían solicitado, hasta el domingo (12 de mayo), ayuda de emergencia al gobierno federal, disponible para la compra de agua, combustible, artículos para cocinas comunitarias, equipamiento de refugios, entre otras cosas. Sólo puede ser por razones políticas, porque las razones humanitarias no los mueven. Aun así, los medios corporativos publican una encuesta sobre la percepción de responsabilidad y respuesta de los gobiernos federal, estatal y municipal ante la tragedia en Rio Grande do Sul, mostrando apoyo a los intendentes aliados a Bolsonaro que están vendiendo las ciudades al empresariado.


Desde la semana pasada, el gobierno federal ha proporcionado policías de la Fuerza Nacional y del Ejército para ayudar en los rescates y mantener la seguridad. También ha creado un grupo de trabajo, con la participación de varios ministerios y organismos públicos, para restablecer las rutas de acceso a las ciudades abandonadas y reconstruir las carreteras, reanudar los vuelos comerciales que utilizan la Base Aérea de Canoas y otros aeropuertos del interior de Rio Grande do Sul, ayudar a limpiar y reconstruir las ciudades, así como abordar otros aspectos de la crisis, como la educación y, especialmente, la sanidad. El pasado jueves (9/05), promulgó una medida provisional (MP 1216/24) que prevé 12 iniciativas, entre ellas la anticipación de prestaciones sociales y de los trabajadores, un descuento en los intereses de los programas de apoyo y financiación a los microempresarios individuales (MEI), las pequeñas y medianas empresas, la agricultura familiar y la agroindustria, 200 millones de reales para financiar proyectos de reconstrucción de infraestructuras en los bancos públicos y para reequilibrar las empresas.

El lunes (13/05), el gobierno de Lula anunció la suspensión del pago de la deuda de Rio Grande do Sul con el Gobierno Federal durante tres años. La medida se incluirá en un proyecto de ley complementario, que aún debe ser aprobado por el Congreso antes de ser sancionado por el presidente. Se espera que se tomen más medidas. El gobernador Eduardo Leite calcula que costará 19.000 millones de reales reconstruir el estado, pero algunos estiman que será mucho más.

Muchos de los que hoy lloran ante el desastre de Rio Grande do Sul son los mismos que alimentan la racionalidad depredadora que está en la raíz de lo que está ocurriendo en ese estado. El agronegocio y sus banqueros, las empresas transnacionales que invaden y saquean países, la especulación inmobiliaria, la desregulación ambiental y el negacionismo científico son ingredientes de lo que está ocurriendo. Y no son las lágrimas de cocodrilo las que podrán revertir este escenario. No son las falsas soluciones vendidas por el capital las que podrán resolver la crisis que estos mismos agentes están provocando.

A pesar de todo, cuanto mayor es la magnitud de la catástrofe, mayores son las manifestaciones de solidaridad desde abajo. Ellas preparan el camino para soluciones reales. En situaciones extremas, se hace visible la impotencia del Estado, capturado por las corporaciones, y el poder de las comunidades, grupos y colectivos organizados en movimientos sociales populares. Esta fuerza de solidaridad de clase es vital y necesita ser reconocida, potenciada y alentada para perpetuarse más allá de situaciones concretas de crisis y construir un poder popular capaz de cambiar el sistema. La gestación de un nuevo mundo empieza por superar los determinantes de la emergencia climática y reconocer que la solución no vendrá de arriba.

¡Sólo nos tenemos a nosotros!

* Artículo publicado originalmente en portugués en la web del diario Brasil de Fato en este enlace https://www.brasildefato.com.br/2024/05/14/desastre-climatico-no-rio-grande-do-sul-esta-na-conta-do-capital

Foto: Deriva Jornalismo e Fotografia

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Article: The climate disaster in Rio Grande do Sul is on capital’s account


The climate disaster in Rio Grande do Sul is on capital’s account

With a state government that has promoted a series of fiscal adjustments, authorised the deforestation of environmental protected areas, dismantled the state law against pesticides, privatised public services and adopted austerity policies for its people, Rio Grande do Sul is facing a climate crisis that is unprecedented in its history. We need to reflect on the totality of the problem and remember that the rains and the flooding of the cities are the consequences of a series of factors that have been denounced by popular movements and organisations in Rio Grande do Sul for half a century.

This time, almost all of the state’s 497 municipalities were affected by the floods. At least one and a half million people have been affected, and the return of torrential rain over the weekend has further reinforced this picture. However, these figures do not explain why the environmental impacts are not distributed equally. Women, black bodies, peripheral communities, people living in the streets, unemployed workers and people in precarious housing situations suffer the most from the impacts of the floods. It is always the most vulnerable who suffer the most, despite being the least responsible for the problem. This structural inequality of capitalism, built on patriarchy and colonial genocide, as well as class struggle, must be considered from the perspective of Environmental Justice, as well as in the fight against Environmental Racism.

What the population of Rio Grande do Sul is experiencing reflects the bankruptcy of an economic system that centres its interests on making a profit for a small portion of the population. And all the exploitation of the riches is sustained by an intense and disorganised extraction of goods and natural resources. In recent decades, this system has destroyed exponentially, failing to keep up with the regeneration cycles of the land and waters. We continue to reproduce a mentality of domination over nature, rather than harmony with it, as the native peoples teach us. The scenes we see in Porto Alegre, the capital of Rio Grande do Sul, show that there are no boundaries for the waters and, at the same time, that we have already exceeded the planet’s limits for sustaining in capitalist society.

One of the results of pushing the boundaries of the human-nature relationship is the production of a new kind of people: climate refugees. While many people in the world today are obligated to leave their homeland because of wars, in search of better living conditions and forced to migrate to other countries, the number of people migrating because of droughts, floods and hurricanes is no less growing. The UN Refugee Agency (UNHCR) estimates that 30.7 million people were displaced by climate-related disasters by 2020. The World Bank estimates that 17 million people in Latin America will have to leave their homes because of environmental issues. The Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) states that 708,000 Brazilians migrated as a result of natural disasters in 2012. The sole cause of this reality is the predatory exploitation of nature, which is therefore product of political decisions.

But what makes the climate tragedy in Rio Grande do Sul so shocking and media-friendly is not the extent of the damage or the number of people affected. What is shocking is to see the force of the water resuming its course and invading homes, neighbourhoods and municipalities that, according to the law of financial capital, should be safe from the hardships reserved only for the subaltern classes. The perplexity of the disaster is the realisation on the part of the petty, middle and big bourgeoisie that, no matter how hard they try to ignore the climate emergency, it won’t go away.

Although today the suffering is disproportionately affecting communities crossed by class, gender and race markers, the disaster in RS heralds a devastating future for society as a whole, with entire cities lost and more than 230,000 climate refugees who will no longer be able to return to their homes. This demands that we identify who is to blame and why the so-called “business as usual” will not be able to provide the fair, democratic and supportive responses that are required on a large scale. The list is long and historical; we need to collect the climate debt and change the system. But we have to start with those most closely and directly involved.

In 2019, Eduardo Leite (PSDB), the current governor of the state of Rio Grande do Sul, destroyed the State Environmental Code initiative, which was technically and democratically developed nine years ago through debates, public hearings and various improvements. The original text of the Code, from 2000, had the contribution and mobilisation of pioneering ecological organisations in the state and Brazil, such as Agapan (Local Agency for Environmental Protection) and Amigas da Terra (Friends of the Earth). The most relevant proposals for tackling the climate crisis were completely destroyed by his government’s initiative, which altered at least 480 central themes. Loyal to corporate and business rationality, Leite did everything he could to make vital requirements more flexible in order to make environmental licensing easier for mega-businesses. And when the waters of the climate emergency “hit him in the arse”, he thanked Elon Musk and the business community for their “humanitarian aid S.A.”.

In Porto Alegre, Mayor Sebastião Melo (MDB), successor to the also right-winger Nelson Marchezan Jr., who left him the legacy of the extinction of the Municipal Department of Wastewater Sewers (DEP), went through the floods of 2023 and, now in 2024, with 19 of the 23 pumps of the flood containment systems turned off, with unpreparedness, precariousness and lack of water as the hallmarks of his administration. Far from the chaos, the fascists are calling for the climate debate not to be politicised, and Melo is telling the capital’s rich to go to their beach houses. The municipalities on the coast, not affected by the floods, declare an emergency and ask the federal government for help in receiving VIP climate refugees, while the state government informs them of their PIX number. It’s a municipal election year all over Brazil, and less than 70 municipalities out of the 445 affected by the climate disaster in Rio Grande do Sul had, by Sunday (12 May), requested emergency aid from the federal government, available for the purchase of water, fuel, items for community kitchens, equipping shelters, among other things. It can only be for political reasons, because humanitarian reasons don’t move them. Even so, the corporate media publishes a survey of the perception of responsibility and response of the federal, state and municipal governments to the tragedy in Rio Grande do Sul, showing support for the Bolsonaro-allied mayors who are selling out the cities to the business community.

Since last week, the federal government has provided police from the National Force and the Army to help with rescues and maintaining security. It has also created a task force, with the participation of various ministries and public bodies, to re-establish access routes to marooned towns and rebuild roads, resume commercial flights using the Canoas Air Base and other airports in the interior of Rio Grande do Sul, help clean up and rebuild towns, and address other aspects of the crisis, such as education and, especially, health. Last Thursday (9/05), it issued a provisional measure (MP 1216/24) that provides for 12 initiatives, including the anticipation of social and workers’ benefits, a discount on interest on support and financing programmes for individual micro-entrepreneurs (MEIs), small and medium-sized businesses, family farming and agribusiness, R$ 200 million to finance infrastructure reconstruction projects at public banks and to rebalance companies. On Monday (13 May), the Lula government announced the suspension of the payment of Rio Grande do Sul’s debt to the Federal Government for three years. This measure will be included in a supplementary bill, which still has to be approved by the Congress before being sanctioned by the president. More measures are expected to be taken. Governor Eduardo Leite estimates that it will cost R$19 billion to rebuild the state, but some estimate it will be much more.

Many of those who are crying today in the face of the disaster in Rio Grande do Sul are the same people who are fuelling the predatory rationality that is at the root of what is happening in that state. Agribusiness and its bankers, the transnational corporations that invade and plunder countries, real estate speculation, environmental deregulation and scientific denialism all serve as ingredients for what is happening. And it’s not crocodile tears that will be able to reverse this scenario. It’s not the false solutions sold by the capital that will be able to solve the crisis that these same agents are causing.

Despite all this, the greater the scale of the disaster, the greater the demonstrations of solidarity from below. They pave the way for real solutions. In extreme situations, the impotence of the state, captured by corporations, and the power of communities, groups and collectives organised in popular social movements become visible. This strength of class solidarity is vital, and needs to be recognised, empowered and encouraged to perpetuate itself beyond specific crisis situations and build popular power capable of changing the system. The gestation of a new world begins with overcoming the determinants of the climate emergency and recognising that the solution will not come from above.

All we have is us!

* Article originally published in Portuguese on the Brasil de Fato newspaper website at this link https://www.brasildefato.com.br/2024/05/14/desastre-climatico-no-rio-grande-do-sul-esta-na-conta-do-capital

Photo: Deriva Jornalismo e Fotografia

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Artigo no Jornal Brasil de Fato

Desastre climático no Rio Grande do Sul está na conta do capital

Com um governo estadual que promoveu uma série de ajustes fiscais, autorizou o desmatamento de áreas de proteção ambiental, desmantelou a lei estadual contra os agrotóxicos, privatizou serviços públicos e adotou políticas de austeridade para sua gente, o Rio Grande do Sul está enfrentando uma crise climática sem precedentes em sua história. Precisamos refletir sobre a totalidade do problema, e alimentar a memória de que as chuvas e o alagamento das cidades são consequências de uma série de causas que vêm sendo denunciadas por movimentos populares e organizações ambientais gaúchas há meio século.

Desta vez, quase a totalidade dos 497 municípios do RS foram afetados pelas inundações. Pelo menos um milhão e meio de pessoas foram atingidas e o retorno das chuvas torrenciais no final de semana reforçou ainda mais este quadro. Mas esses números não explicam porque os impactos ambientais não são distribuídos de forma igualitária. Mulheres, corpos negros, periféricos, populações em situações de rua, trabalhadores e trabalhadores desempregados, pessoas em situação de moradia precária sofrem mais com os impactos das enchentes. São sempre os mais vulneráveis que sofrem mais, e os que são também os menos responsáveis pelo problema. Essa desigualdade estrutural do capitalismo, construída sobre o patriarcado e o genocídio colonial, assim como a luta de classes, é considerada na perspectiva da Justiça Ambiental, assim como no combate ao Racismo Ambiental.

O que a população gaúcha vive reflete a falência de um sistema econômico  que centra seus interesses na obtenção de lucro por uma pequena parcela da população. E toda a exploração dessas riquezas é sustentada por uma intensa e desordenada extração de bens e recursos naturais. Nas últimas décadas, tal sistema destruiu exponencialmente, não acompanhando os ciclos de regeneração da terra e das águas. Seguimos reproduzindo uma mentalidade de dominação da natureza, sem limites e não de harmonia com ela, como nos ensinam os povos originários. As cenas que vemos na capital gaúcha, Porto Alegre, mostram que não há fronteiras para as águas e, ao mesmo tempo, que já ultrapassamos os limites de sustentação do planeta Terra para a sociedade capitalista.

Um dos resultados de transpor os limites da relação ser humano x natureza, é a produção de toda uma espécie diferente de refugiados, os climáticos. Se muitas pessoas hoje no mundo são obrigadas a deixarem sua terra natal, por guerras, em busca de melhores condições de vida e são forçados a migrar para outros países, não menos crescente é o número de pessoas que migram por secas, enchentes e furacões. A Agência de Refugiados da ONU (ACNUR) aponta que 30,7 milhões de pessoas foram deslocadas até 2020 por desastres relacionados ao clima. O Banco Mundial estima que 17 milhões de pessoas na América Latina terão que abandonar suas casas por questões ambientais. O Centro de Monitoramento de Deslocamentos Internos (IDMC) afirma que, em 2012, foram 708 mil brasileiros e brasileiras migrando em decorrência de desastres naturais. Essa realidade tem, como única causa, a exploração predatória da natureza, portanto, uma causa decorrente de decisão política.

Contudo, o que torna a tragédia climática do RS algo tão chocante e midiático não é a extensão dos estragos e número de atingidos. O chocante é ver a força das águas retomando seu curso e invadindo também residências, bairros e municípios que, pela lei do capital financeiro, deveriam estar a salvo dos dissabores reservados apenas às classes subalternas. A perplexidade do desastre é a constatação por parte da pequena, média e grande burguesia de que, por mais esforço que se faça para ignorar a emergência climática, ela não desaparecerá.

Embora hoje o sofrimento esteja atingindo desproporcionalmente comunidades atravessadas por marcadores de classe, gênero e raça, o desastre no RS anuncia um futuro devastador para a sociedade como um todo, com cidades inteiras perdidas e mais de 230 mil refugiados climáticos que já não poderão voltar para suas casas. Isso nos exige identificar quem são os responsáveis, por que os negócios de sempre (ou o cenário “business as usual”) não poderão dar respostas justas, democráticas e solidárias em grande escala como se requer. A lista é longa e histórica, é preciso cobrar a dívida climática e mudar o sistema capitalista. Devemos começar pelos mais próximos e diretamente envolvidos nestas crises, a urgência tem classe, a classe trabalhadora e os povos.

Eduardo Leite (PSDB), atual governador do estado do Rio Grande do Sul, ainda em 2019, destruiu a iniciativa do Código Ambiental Estadual, técnica e democraticamente gestada há nove anos por meio de debates, audiências públicas e aperfeiçoamentos diversos. O texto original do Código, de 2000, contou com a contribuição e mobilização de organizações ecológicas pioneiras do estado e do Brasil, como a Agapan e a Amigas da Terra. As propostas mais relevantes para o enfrentamento da crise climática foram completamente destruídas por iniciativa do governo dele, que alterou pelo menos 480 temas centrais.

Fiel à racionalidade corporativa e empresarial, Leite fez de tudo para que exigências vitais fossem flexibilizadas a fim de facilitar o licenciamento ambiental aos megaempresários. E quando a água da emergência climática “bateu na bunda”, agradeceu a solidariedade a Elon Musk e ao empresariado pela “ajuda humanitária S.A.”.

Já em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo (MDB), sucessor do também direitoso Nelson Marchezan Jr., que lhe deixou como legado a extinção do Departamento Municipal de Esgotos Pluviais (DEP), passou pelas enchentes de 2023 e, agora em 2024, com 19 das 23 bombas dos sistemas de contenção de cheias desligadas, com despreparo, precarização e falta d’água como marca da sua gestão.

Distante do caos, os fascistas pedem que não se politize o debate climático, e Melo manda os ricos da capital irem para suas casas na praia. Os municípios do litoral, não atingidos pelas cheias, decretam emergência e pedem auxílio ao governo federal para receber refugiados climáticos VIP, enquanto o governo estadual informa o número do seu PIX.

Estamos em ano de eleição municipal em todo o Brasil, menos de 70 municípios dos 445 atingidos pelo desastre climático que se abate sobre o RS havia, até domingo (12/05), solicitado auxílio emergencial do governo federal, disponível para compra de água, combustível, itens para cozinhas comunitárias, equipagem de abrigos, entre outros. Só podem ser por razões políticas, pois as razões humanitárias não os movem. Mesmo assim, a mídia corporativa divulga pesquisa de percepção de responsabilidade e resposta dos governos federal, estadual e municipais sobre a tragédia do RS, apontando apoio aos prefeitos bolsonaristas que vendem as cidades ao empresariado.

Desde a semana passada, o governo federal cedeu policiais da Força Nacional e o Exército para ajudar nos resgates e na manutenção da segurança. Também criou uma força tarefa, com a participação de vários ministérios e órgãos públicos, para restabelecer vias de acesso a cidades ilhadas e refazer estradas, retomar vôos comerciais utilizando a Base Aérea da cidade de Canoas e outros aeroportos do interior gaúcho, ajudar na limpeza e na reconstrução de municípios, bem como abordar outros aspectos da crise, como a educação, e, especialmente, a saúde.

Na quinta-feira passada (9/05), editou uma medida provisória (MP 1216/24) que prevê 12 iniciativas, entre elas a antecipação de benefícios sociais e para trabalhadores, desconto nos juros em programas de apoio e de financiamento a microempresários individuais (MEIs), pequenas e médias empresas, à agricultura familiar e ao agronegócio, R$ 200 milhões para financiamento nos bancos públicos de projetos de reconstrução da infraestrutura e para reequilíbrio das empresas. Nessa 2ª feira (13/05), o Governo Lula anunciou a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos; a medida irá constar em projeto de lei complementar, que ainda terá de ser aprovado pelo Congresso Nacional antes de ser sancionado pelo presidente. Espera-se que mais medidas sejam tomadas. O governador Eduardo Leite estima que a reconstrução do estado custe R$ 19 bilhões, mas há quem calcule que seja bem mais.

Muitos daqueles que hoje choram diante do desastre gaúcho, são os mesmos que alimentam a racionalidade predatória que está na base do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O agronegócio e sua bancada, as corporações transnacionais que invadem e espoliam os países, a especulação imobiliária, a desregulamentação ambiental e o negacionismo científico, tudo isso serve de ingrediente para o que está acontecendo. E não são as lágrimas de crocodilo que poderão reverter esse cenário. Não são as falsas soluções vendidas pelo capital que poderão solucionar a crise que esses mesmos agentes estão causando.

Apesar disso tudo, quanto maior é a dimensão da catástrofe, maior são as demonstrações de solidariedade vindas desde baixo. Elas abrem caminho para as verdadeiras soluções. Em situações extremas fica visível a impotência do Estado, capturado pelas corporações, e a potência das comunidades, grupos e coletivos organizados em movimentos sociais populares. Essa força da solidariedade de classe é vital e precisa ser reconhecida, potencializada e estimulada a se perpetuar para além de situações pontuais de crise e construir poder popular capaz de mudar o sistema. A gestação de um novo mundo começa pela superação dos motivos determinantes da emergência climática e o reconhecimento de que a solução não virá dos de cima.

Tudo que nós tem é nós!

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Retomadas: uma forma de re-existir nos territórios tradicionais

 

Os povos indígenas no Brasil vivem cercados por interesses sobre seus territórios. Não apenas no passado “colonial” foram alvo de expropriação, hoje os contínuos interesses capitalistas como o agronegócio, a mineração, a extração de madeira e os grandes empreendimentos reproduzem as formas de acumulação por dependência, fazendo das terras indígenas alvo constante de desterritorialização e reproduzindo um padrão de poder colonial.

Tal situação se agrava diante da não efetivação da promessa constitucional de demarcar os territórios indígenas num prazo de cinco anos a contar da promulgação em 1988. Como se a morosidade não fosse o bastante para causar insegurança às comunidades indígenas, criou-se ainda a tese do marco temporal, na qual se reinterpreta a Constituição para afirmar que os indígenas só teriam direito às suas terras se estivessem nelas na data da promulgação, em 5 de outubro de 1988. Ainda que tal tese tenha sido derrubada no Supremo Tribunal Federal (STF), ao compreender que a Constituição não estabelece tal limitação, a força do agronegócio no Congresso Nacional apresenta a Lei n.º 14701/2023, para regulamentar o art. 231 sobre as terras indígenas.

Diante desse cenário de precariedade da efetivação dos direitos às suas terras, povos indígenas de todo o Brasil organizam as chamadas retomadas. Partindo do entendimento do intenso processo de expropriação de seus territórios, da violência empreendida para retirar indígenas de suas terras e do acesso aos seus modos de produção e reprodução da vida, organizam-se e retornam às terras originárias, construindo o processo das retomadas.

Retomar é retornar aquilo que um dia foi seu, tomar para si a posse da terra, que lhe foi usurpada. Para o cacique Babau Tupinambá: “Retomar é um ritual de recuperar não só a terra: é tomar na mão a vida que foi tirada”. Segundo o professor Tonico Benites, liderança Guarani e Kaiowá, as retomadas são uma reação à violência sofrida, tendo como objetivo frear o processo sistemático de expulsão e dispersão (denominado em guarani de sarambi). Por meio das retomadas, os povos indígenas estão se reconectando às suas terras, ancestralidade, e com isso reproduzindo os seus modos de vida. Por isso, em muitas áreas retomadas, crianças indígenas estão podendo reproduzir seus ritos de passagem e aprender a se relacionar com a terra.

Tanto os Tupinambás na Bahia, como os Guarani e Kaiowá no Mato Grosso do Sul, ou mesmo os Mbya Guarani no Rio Grande do Sul, afirmam que as retomadas são momentos de muita espiritualidade, marcadas por rituais, pelo encontro com seus encantados. O cacique André Benites, da retomada Tekoa Ka’aguy Porã, que resiste há 7 anos em Maquiné, no litoral norte do Rio Grande do Sul, em área estadual da extinta FEPAGRO (Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária), afirma que estar na terra não é só “retomar o território, é retomar a vida, retomar tudo”. Inclusive, uma das atividades recentes na retomada foi a realização da feira da biodiversidade, espaço de troca de sementes e de estabelecimento de conexões com as redes de agroecologia e de economia solidária, integradas na Teia dos Povos. Outro exemplo é a Retomada Tekoha Nhe’engatu, área Mbya Guarani retomada este ano na cidade de Viamão (RS), depois de anos de acampamento na beira da estrada, olhando para suas terras originárias.

As retomadas são efetivamente uma prática política insurgente de acesso ao território. Um ato de resistência a todas as formas de exploração e dominação colonial que se colocam sobre os corpos-território dos povos indígenas no Brasil. Cada território indígena, retomada, é uma terra a menos no mercado de capital. Não à toa, a contraofensiva conservadora tem sido tão dura. Fazendeiros se reúnem em sindicatos rurais, agregam caminhonetes e armas e vão realizar despejos, como a movimentação Invasão Zero. E mesmo no Poder Judiciário, explodem casos envolvendo conflitos na discussão dos direitos originários a suas terras e à propriedade de fazendeiros.

Retomar a terra que lhes foi tirada, devolvendo a terra aos povos que cuidaram dela ao longo de séculos de sua existência. Retomar como ato político de resistir às formas de produzir a vida distintas da lógica do capital. Retomar e cultivar sementes, ancestralidades. Retomar um sonho de uma Constituição que queria efetivar direitos sociais. Retomar é ter esperança de vida, de corpos-vivos e de cultura viva. Apreender os tantos significados de retomar, e o que eles nos inspiram a pensar em como apoiar tais iniciativas, sobretudo aqueles que nutrem no coração um sonho de uma outra integração latino-americana, com escuta, solidariedade, valorização dos saberes e da unidade na diversidade dos povos da Terra.

* Coluna publicada no site da ATBR em 1º de março de 2024 neste link: https://www.brasildefato.com.br/2024/03/01/retomadas-uma-forma-de-re-existir-nos-territorios-tradicionais

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Palestina livre: por que apoiar a luta

No dia 7 de outubro de 2023, após ataque do Hamas, o governo de Israel iniciou uma nova ofensiva militar contra o povo palestino. Um verdadeiro massacre foi desencadeado diante dos olhos da comunidade internacional, que já atingiu mais de 20 mil mortos, dentre eles mulheres, crianças e idosos. Em um único dia, 300 pessoas morreram. Hoje, há muitos palestinos presos, por volta de 3 mil, incluindo 200 crianças, do que havia antes de 7 de outubro. Mais de 120 jornalistas já foram assassinados, a grande maioria em decorrência dos ataques militares de Israel, durante pouco mais de 100 dias de cobertura.

Em dezembro, em resposta à pressão internacional, Israel decretou uma “pausa humanitária” dos bombardeios, que durou poucos dias. As pessoas mal tiveram tempo de reiniciar as buscas de parentes, procurar seus pertences. Acumulando junto aos escombros, uma infinidade de vidas perdidas, sem direito a contar sua história. No mesmo mês, o Brasil defendeu, no Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas), o cessar-fogo na Faixa de Gaza; apenas os EUA (Estados Unidos) foram contra, motivo pelo qual a guerra continua.

Infelizmente, o povo palestino é vítima cotidianamente das “armas do genocídio”. Entre 2008-2009, durante 2014, vários ataques foram deflagrados na região. Muitos palestinos e palestinas sofrem detenções arbitrárias, acusados de planejarem infringir a lei no futuro, sendo submetidos ao cárcere sem direito a advogado, habeas corpus, acesso às provas. De acordo com a Defence for Children International, por volta de 500-700 crianças foram detidas arbitrariamente, das quais 97% foram interrogadas sem familiares presentes; 80% foram revisitadas e 75% sofreram violência física, práticas que já haviam sido questionadas pela Unicef (Fundo das Nações Unidas/ONU para a Infância) em 2015.

Em verdade, o território palestino é ocupado desde 1948, quando as tropas israelenses retiraram ilegalmente os palestinos e palestinas de suas casas, tentando apagar a existência do povo palestino, no conflito conhecido como Nakba. De lá para cá, o território de Israel se expande sobre a Faixa de Gaza e Jordânia numa série de assentamentos ilegais. Além disso, Israel controla todo o comércio dos palestinos, vigiando as fronteiras, e determinando todas as possibilidades de comércio internacional dos palestinos. Em 2011, apresentou-se uma Resolução ao Conselho de Segurança da ONU para vetar os assentamentos ilegais, sob a alegação que isso só intensificava a tensão nos e entre os países; novamente, os EUA protegeram Israel, sendo o único país a votar contra a desocupação.

O confronto que eclodiu em outubro passado ocorreu em resposta a uma série de assassinatos da Operação Break the Wave (quebrando a onda), realizado pelo exército de Israel contra o povo palestino. Em 26 de janeiro de 2023, a operação matou 10 palestinos, incluindo uma idosa, e depois atirou em uma ambulância para evitar o socorro, no denominado Massacre de Jenin. Em reação, a resistência Palestina disparou foguetes, respondidos com ataques israelenses ao campo de refugiados Al-Maghazi. Com os ataques, Israel abriu um ciclo de violência coletiva para “quebrar a onda” de conquistas no cenário internacional do povo palestino.

Na guerra de Israel contra o povo palestino, que já dura 3 meses, os israelenses estão destruindo casas e conquistando mais terras, fortalecendo assim sua ocupação sobre o país. A advogada Andressa Soares, integrante do Movimento BDS – Boicote, Desinvestimento e Sanções, relata que os avanços e genocídio contra o povo palestino estão piores do que nunca. “Desde o dia 15 de janeiro, Gaza está completamente sem luz; já saíram vários novos alertas de agências das Nações Unidas sobre o crescimento da fome na região, sobre a ajuda humanitária que não consegue entrar para atender as vítimas”.

Nesse momento, é preciso um cessar-fogo efetivo para que as pessoas deixem de morrer. Andressa explica que este é um dos principais objetivos da demanda apresentada pela África do Sul na Corte Internacional de Justiça. Ela avalia que “o julgamento na Corte Internacional de Justiça é vista com muita esperança, o povo palestino está colocando muita esperança neste julgamento, pelas medidas provisórias como o cessar-fogo, que é urgente, para depois vir o segundo ponto que é responsabilizar todas as entidades, organizações e pessoas responsáveis por todo o sistema”.

Andressa pontua que para o Movimento BDS, mesmo com a paralisação dos atuais atos de genocídio, o apartheid contra o povo palestino continua porque não irá se desconfigurar de uma ora para outra e nem mesmo a ocupação territorial. Por isso, é importante que a sociedade civil mantenha as campanhas de solidariedade à Palestina, continue com as iniciativas de boicote às empresas transnacionais israelenses e aos seus produtos e siga na pressão aos governos para apoiarem iniciativas como a da África do Sul.

O Boicote, Desinvestimento e Sanção (BDS) é um movimento que atua, desde 2004, pela promoção da igualdade para com o povo palestino. Entre sua agenda, está a derrubada dos muros e a devolução das terras ocupadas; a determinação de acabar com o regime jurídico diferenciado de exclusão do povo palestino, com mais de 30 leis discriminatórias; construir as condições para o retorno dos mais de 1milhão e 800 mil palestinos exilados em outros países.

Para o BDS, é importante perceber que muitas empresas israelenses que sustentam todo o sistema de violência prisional e de vigilância operam em várias partes do mundo da mesma forma. A violência que presenciamos nas periferias tem muito desta política de segurança pública, que garante que a população empobrecida siga segregada, que usa da violência para desencorajar o empoderamento e a busca de direitos, assim como pratica o genocídio da população negra e indígena pelas mãos de milicianos e da própria polícia que mais mata e que mais morre. Tudo isso segue cartilhas construídas por essas empresas armamentistas, que vêem os conflitos e as guerras como lucro e poder.

Reconhecer essas violações comuns de direitos e aproximar povos oprimidos por elas numa luta contra tais empresas transnacionais é também apoiar a causa palestina. É necessário identificar que fundos de investimento, até alguns fundos de pensão, estão apoiando e investindo nessas empresas, estimulando a retirada de investimentos. Além disso, evitar que parcerias com os opressores sejam estabelecidas, como o caso recente da UFC (Universidade Federal do Ceará), que cancelou seu convênio com uma universidade israelense.

A guerra de Israel contra o povo palestino não se trata de defesa: é a promoção de uma ofensiva colonista e genocida para exterminar um povo. É vergonhoso que a comunidade internacional assista a isso, conviva com a banalização do mal pelos EUA e seu apoio a Israel no Conselho de Segurança; que assista à violação reiterada de Israel aos tratados e convenções internacionais.

É urgente toda a nossa solidariedade ao povo palestino, que deve ser convertida em ações práticas de mobilização e pressão popular, para que o mundo se torne mais humano, e não assista atônito ao assassinato de mulheres, crianças e idosos. Importante dizer que as informações que trazemos são as que estão referenciadas por organizações que conseguem comprovar o que é dito, mas sabemos que a situação é bem pior e mais violentas com intenções nefastas de extermínio e expansão do poder neoliberal fascista e colonial que não tem limites.

O povo Palestino não tem para onde fugir e são reféns de um carcereiro sanguinário. A Amigas da Terra Brasil se junta ao movimento BDS exigindo um cessar fogo imediato e efetivo! Palestina livre!

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O uso do carvão é um obstáculo para a transição energética brasileira

A transição energética é um dos temas que move as discussões climáticas no cenário internacional. Muitos países têm avançado na adoção de medidas para promover uma transição energética pautada na redução do uso de energias não renováveis, como o carvão e a queima de combustível fóssil. O Brasil sempre se posicionou à margem de tais discussões por sua matriz energética centrada na geração hidroelétrica. Contudo, o que pouco se menciona são os crescentes interesses na expansão de termelétricas no país.

Nos últimos anos, no Brasil, há um crescimento em 77% da produção de energia por meio de termelétricas, as quais são abastecidas por carvão. Isso fez com que a energia termelétrica passasse de 9% para 14% da representação no sistema nacional, segundo dados do Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA) de 2021. A ampliação do uso de energia proveniente da queima de combustíveis fósseis vai na contramão das metas de redução de gases do efeito estufa. Além disso, o uso de tal energia demanda grande quantidade de água, podendo intensificar o estresse hídrico.

Durante sua participação no Seminário Nacional Emergência Climática e Violações de Direitos Humanos, promovido pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) em dezembro passado, em Brasília, o integrante do Comitê de Combate à Megamineração no Rio Grande do Sul Eduardo Raguse, que compõe a equipe da Amigas da Terra Brasil, afirmou que o uso do carvão é uma das formas de geração de energia mais poluentes tanto pela produção de gases do efeito estufa como pelos impactos locais. Segundo ele: “comparando, por exemplo, com a energia fotovoltaica, apesar de todos os problemas da cadeia produtiva e dos resíduos, ainda assim a energia fotovoltaica vai liberar entre 30g e 80g de dióxido de carbono equivalente por quilowatt hora gerado. O carvão vai liberar entre 600g a 1600g. Só pra gente ter uma ideia da escala em que estamos falando”.

De acordo com Eduardo, existem mais de 4 mil usinas termelétricas movidas a carvão no mundo, e embora haja um aumento no uso de energia solar e eólica, renováveis, este movimento não é acompanhado de uma redução do uso de energia oriunda da queima de carvão. “A gente percebe essa situação de que sim, mundialmente há um aumento na oferta de energia gerada a partir das eólicas, das solares, mas, ao mesmo tempo, não há uma retração das fósseis. Então, na prática, essa transição energética não está acontecendo, o que está acontecendo é uma nova oferta a partir de novas fontes, mas a nossa demanda energética ao nível global só aumenta”, explica Eduardo.

Além dos efeitos no clima, a demanda por carvão faz eclodir conflitos socioambientais. A maioria do carvão disponível no país está concentrada no estado do Rio Grande do Sul, cerca de 90%, com algumas reservas em Santa Catarina e Paraná. O projeto Mina Guaíba, por exemplo, previa a operação da maior mina de extração de carvão a céu aberto do Brasil, entre as cidades de Eldorado do Sul e Charqueadas (RS), a 16 km da capital Porto Alegre. O projeto atingia território indígena dos Mbya Guarani, não tendo realizado a consulta às comunidades para obtenção da licença prévia. Fato que, juntamente às diversas falhas e omissões dos estudos da empresa COPELMI, ensejou seu arquivamento. Além do território indígena, a mina Guaíba afetaria assentamentos da reforma agrária, o Parque Estadual Delta do Jacuí, bem como os municípios do entorno, além de estar localizado no bioma Pampa, que armazena uma das maiores reservas de água potável do mundo, o Aquífero Guarani.

A paralisação da abertura de mais uma mina de carvão no RS só foi possível pela organização popular. As mais de 100 entidades organizadas no Comitê de Combate à Megamineração no RS elaboraram estudos, levantaram dados, construíram vários materiais informativos, articularam e mobilizaram o debate público que puderam para pressionar o governo no estado e o judiciário pela não aprovação da obra. A demanda dos movimentos populares é pela paralisação da cadeia do carvão no país, tendo em vista os impactos ambientais e sociais e a baixa eficiência do carvão para geração de energia, e pela garantia de direitos dos trabalhadores do setor, com a construção de alternativas econômicas para as regiões carboníferas.

Outro aspecto chave levantado pelas organizações diz respeito aos impactos à saúde. Raguse aponta que estudos têm identificado aumento de danos às células linfócitas e bucais de trabalhadores da indústria do carvão, com alterações em exames de sangue que vêm sendo identificados também nas populações residentes no entorno das minas e das termelétricas. Além disso, destaca que já foram identificados impactos em ovos de galinha, rebanhos animais, na flora e fauna nativas, e na água.

Ademais, a incorporação de energia termelétrica no sistema nacional é um dos principais fatores para o aumento das contas de energia, por ser um setor altamente subsidiado. Se observarmos, como consumidores, os custos da bandeira vermelha que aparece em nossas contas de luz quando está acionado o sistema termelétrico, também entenderemos porque não é uma energia viável.

A realidade dos conflitos socioambientais ocasionados pelo carvão no RS desvela as contradições da promoção de uma transição energética. Isso porque, enquanto se promove a redução das emissões por um lado, estimula-se o uso de termelétricas por outro. Bastante revelador desse cenário é o PL n.º 11247/2018, que visa regular o uso das eólicas offshore (alto mar). Ele estabelece, dentre seus dispositivos, a obrigatoriedade da contratação de energia termelétrica até 2050. O projeto foi um dos exemplos apontados, pelo Congresso Nacional, de transição energética brasileira na COP28 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas), realizada em 2023 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Tal como propõem as organizações do Comitê de Combate à Megamineração no RS, ao problematizar a continuidade da cadeia produtiva do carvão, caminhamos no sentido de repensar o uso de tal modelo de produção de grandes impactos social, ambiental e financeiro, em um cenário de crise climática que demanda ação urgente, ainda nos próximos 10 anos. Trazendo um chamado para pensarmos uma transição energética no Brasil que seja verdadeiramente justa e igualitária.

* Coluna publicada originalmente no site do Jornal Brasil de Fato em 10/01/2024. Pode ser acessada neste link https://www.brasildefato.com.br/2024/01/10/o-uso-do-carvao-e-um-obstaculo-para-a-transicao-energetica-brasileira

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Chega de veneno: por um Brasil livre de agrotóxicos

 

Na última semana, o Senado Federal aprovou o Projeto de Lei n.º 1459/2022, o Pacote do Veneno, que altera a regulamentação de agrotóxicos no país, anteriormente a Lei n.º 7802/89. O projeto, de iniciativa do senador Blairo Maggi, conhecido como “novo rei da soja”, tinha o amplo apoio da bancada ruralista, que encontrou um caminho de articulação com a base do governo no Congresso. Durante a votação, no dia 28 de novembro, apenas a senadora Zenaide (PSD-RN), médica, manifestou contrariedade; entre os demais, o clima era de celebração. Agora, o projeto segue à Presidência da República para sanção, por isso precisamos entender porque é importante uma manifestação popular pelo veto integral.

O Brasil consome em média 720 mil toneladas de agrotóxicos, sendo um dos países do mundo que mais consome. Entre os anos de Governo Bolsonaro, a liberação de agrotóxicos atingiu níveis recordes, foram 2.182 agrotóxicos liberados. De forma que, entre 2020 e 2021, dobramos o uso de agrotóxicos no país. Entre os 10 produtos mais vendidos no país, cinco são proibidos na União Europeia. A maioria dos produtos não encontra dificuldades para liberação; não à toa, apenas por volta de 30 substâncias são proibidas de comercialização no país, enquanto que na União Europeia chegam a 269 tipos.

No atual governo, as coisas não têm sido diferentes. Até julho, o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) já havia autorizado a liberação de 231 novos tipos de agrotóxicos no país, entre eles, produtos classificados como “altamente tóxicos” pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e “altamente perigosos” pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Tais aprovações se devem à vigência do Decreto n.º 10.833/2021, editado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e não revogado pelo atual governo, que permitiu a liberação de produtos com risco de causarem doenças como câncer, desde que se estabeleça um “limite seguro de exposição”. Como podemos identificar, o agronegócio não estava encontrando qualquer barreira para liberação de agrotóxicos no país que justificasse o problema apresentado para aprovação do projeto de lei, a saber a “burocratização na liberação de agrotóxicos”. Contudo, a ganância das corporações transnacionais, aliadas ao agrofacismo brasileiro, é que estão por detrás do uso de agrotóxicos.

As alterações legislativas favorecem o poder econômico, fortalecendo as bases do agrofacismo brasileiro. Isso porque as alterações legislativas precarizam a proteção dos direitos à saúde da população e ao meio ambiente, e a coexistência de outros modos de produção e relação com a terra. Muitos dos produtos liberados causam doenças, sendo já identificados como “altamente tóxicos” para saúde humana – cerca de 20% dos agrotóxicos liberados são considerados tóxicos para a saúde humana. É o caso do glifosato, liberado no Brasil sob restrições da Anvisa. Inclusive, recentemente, a Bayer foi condenada, nos EUA, a pagar indenizações pela contaminação de pessoas com o uso de glifosato. Essa substância é apontada como uma das responsáveis pelo aumento dos casos de câncer entre crianças no Brasil.

Os impactos do uso de agrotóxicos na saúde do povo brasileiro está mais do que comprovado cientificamente. Segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, “investigações comprovam que o uso de agrotóxicos são responsáveis diretos por cerca de 200 mil mortes” no país. Os dados do Datasus revelam um crescimento do número de intoxicações por agrotóxicos no país, embora ainda seja uma realidade a subnotificação por parte dos médicos da atenção primária. Se analisarmos as regiões com maior consumo de agrotóxicos, o Centro-Oeste e o Sul, encontraremos uma correlação com os casos de câncer na zona rural, ainda mais grave em determinadas culturas de uso intensivo de venenos, como o fumo. Contudo, a bancada ruralista de senadores está despreocupada com as consequências do que aprova.

Outro problema grave é a pulverização aérea por aeronaves e drones e até mesmo a pulverização terrestre. Os latifundiários, na aplicação dos agrotóxicos, não respeitam as barreiras fitossanitárias estabelecidas pelas normativas do MAPA e nem mesmo das secretarias dos estados. São frequentes os casos de pulverização sobre escolas, perímetro urbano, aldeias indígenas, assentamentos de reforma agrária, tratadas com descaso pelos órgãos fiscalizadores. Poucos estados e municípios têm legislações que proíbem a prática de pulverização aérea, e regulamentam adequadamente as barreiras para não contaminação. As distâncias hoje previstas não são suficientes, fazendo com que a agricultura familiar, orgânica, agroecológica seja constantemente contaminada. Assim, as pulverizações são altamente perigosas para a saúde humana e para a sociobiodiversidade.

Ainda mais absurdo é a proposta do Projeto de Lei n.º 442/2023 na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (RS), que quer declarar a aviação agrícola como de relevante interesse social, público e econômico. Nos últimos anos, a luta popular no estado fez avançar para que alguns municípios tivessem a proibição de deriva aérea e o estabelecimento de polígonos de exclusão de agrotóxicos. É o caso do município de Nova Santa Rita, um dos maiores produtores de arroz orgânico do país, em assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O projeto de lei do RS é uma reação conservadora do agronegócio frente à luta pela produção de alimentos saudáveis e viola os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais das famílias agricultoras agroecológicas, dos povos indígenas e kilombolas e da população em geral, no campo e na cidade.

Nas questões ambientais, igualmente o alerta tem vindo de dados. Os apicultores denunciam a mortandade de abelhas em consequência do uso do Fipronil (agrotóxico que está em reavaliação). O próprio Ministério do Meio Ambiente admite que, nos últimos quatro ou cinco anos, morreram por volta de 500 milhões de abelhas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. As abelhas desempenham um importante papel na biodiversidade como polinizadoras, de modo que seu desaparecimento compromete nossa variabilidade genética. Além disso, o uso de agrotóxicos tem inviabilizado outros usos do solo via contaminação da terra e dos cursos de água.

Como se não bastasse todo o estrago, os agrotóxicos gozam de isenções fiscais. Sob o argumento de que contribuem para a produção de alimentos da cesta básica, são beneficiados com reduções e isenções fiscais. Hoje, os agrotóxicos têm 60% de redução do ICMS e isenção total do IPI, fazendo com que a conta não feche entre os custos do uso de agrotóxicos para o  Sistema Único de Saúde (SUS) e para a reparação ambiental, e a arrecadação inexistente. Os alimentos que vão para a nossa mesa vêm da agricultura familiar; o povo brasileiro não come soja e nem acessa os produtos exportados pelo agronegócio. Pelo contrário, é o uso de agrotóxicos que compromete a produção da agricultura familiar.

O cenário tende a se agravar ainda mais se o Brasil firmar o Acordo UE-Mercosul, que contribui para reforçar nosso papel na economia mundial como exportador de commodities, fortalecendo o agronegócio. Por meio do acordo, iremos nos aprofundar como uma lixeira química, recebendo produtos banidos em outros países e, até mesmo, como prevê o Pacote do Veneno, exportando produtos sem registro.

Não é possível coexistir com o agrofacismo

Na cerimônia dos 20 anos do Programa Bolsa Família, o presidente Lula disse: “É preciso combater o uso de pesticidas porque os que plantam com veneno não comem o que plantaram”. É exatamente por isso, senhor presidente, que questionamos: por que flexibilizar a já bastante flexível liberação de agrotóxicos, quando os dados dos impactos à saúde, ao meio ambiente e à produção de alimentos evidenciam como ele é um veneno? Com as mudanças legislativas propostas no Pacote do Veneno, caminhamos para um retrocesso de 20 anos na construção de um país com soberania alimentar. Não há política de combate à fome quando se planta veneno.

Precisamos avançar no discurso e nas ações práticas para reconhecer que os danos socioambientais e as políticas de isenção fiscal estão contribuindo para a morte. Do outro lado da propaganda do agronegócio, estão famílias com pessoas doentes; camponeses sem condições de produzir alimento saudável, com prejuízos financeiros aos seus cultivos agroecológicos e orgânicos; o sistema público sobrecarregado pelos impactos de agrotóxicos; a morte de espécies essenciais à sociobiodiversidade; a contaminação da água e do ar. Assim, não existe possibilidade de coexistência com os agrotóxicos, posto que, como o nome diz, eles são contra a vida.

A decisão sobre as formas de relação com a terra não pode ser só da bancada do agrofacismo; ela precisa ser de toda a sociedade, incluindo todos e todas que sofrem as consequências do uso de agrotóxicos. Está mais do que evidente que o agro não é capaz de gerir as consequências do uso desses produtos tóxicos.

Se todos os argumentos acima não foram suficientes, vale recordar que quem planta com agrotóxico é quem financia os golpes à democracia. Dos 16 financiadores dos atos terroristas de 8 de janeiro de 2023, 13 eram fazendeiros, como apontou a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Câmara Federal. Se o Congresso Nacional quiser seguir esse pacto de mediocridade, oxalá haja mais nobreza no Executivo. Se analisarmos com cuidado os senadores que atuaram em prol do Pacote do Veneno, veremos que a bancada do latifúndio está no controle.

Recordamos o dia 3 de dezembro na luta contra o uso de agrotóxicos e pela vida! Que avancemos na coerência de um país que se compromete em acabar com a fome, produzindo alimentos saudáveis, protegendo a nossa casa comum, cuidando da saúde e da natureza. Por isso, sejamos contra o avanço do uso de agrotóxicos e pelo apoio a políticas de redução até sua extinção, para que outros mundos, e inclusive nós como planeta, possamos continuar existindo.

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Where do we go with climate negotiations?

In the next weeks, another UN Climate Conference of the Parties (COP 28) will take place in Dubai. The conference will have four main axes: accelerating energetic transition for reduction of carbon emissions until 2030; strengthening the fights against climate alterations, which fulfills old promises, among which turning the climate fund into a concrete reality; placing nature, people, lives and the means of survival in the centre of climate action; establishing itself as a space of inclusion. As we can observe, the challenges are not small, especially if we think about the disputes around it.

About energetic transition, the war in Ukraine increased the pressure for reducing the usage of fossil fuels, as it exposed European countries to a risky situation regarding gas supply. Due to that, developed countries started to increase investments for energy transition, with stimulation to wind and solar power, and to the use of electric vehicles, among other measures. It happens that such technologies, which are considered renewable, are responsible for the increase in the demand for metals like lithium, copper and nickel, which lead to the destruction caused by mineral extractivism in the Global South, continuing the colonialist practices which damage environmental justice.

Furthermore, energetic transition, as it is being thought, grants protagonism to corporations, specially transnational ones, keeping the concentration of the means of production and not sharing the control nor the technologies. Many corporations in the petrol and mineral sectors have adhered to the discourse on climate change, adopting “greenwashing” policies. An example of that is the adhesion to Net Zero mechanisms ,in which instead of reducing the production and emission of polluting gases, corporations compensate their polluting chain with carbon credits which are dirty, violent and polluting, and which make people lose rights. Not by chance, companies Vale S.A and Braskem will unfortunately be in Space Brazil at COP 28 talking about that issue.

Likewise, defending the organisation of the carbon market, governors in Brazilian states founded “Green Brazil Consortium” at COP 26, which must have a more prominent participation in the next conference. That consortium, which will also have panels in Space Brazil, points to the need to build a Brazilian Market for Reduction of Emissions (BMRE) and a national standard of payment for environmental services (PES). The governors are also interested in the Climate Action Plan (CAP 2050) released by the federal government with the goal of reaching net zero emissions until 2050. The plan describes several mitigating policies for economic sectors like transportation, energy and agriculture, creating business opportunities for the state governments with the promotion of climate actions.

For COP 28, it is expected that Brazil will be involved in the discussions about the creation of a Loss and Damage Fund, following Sharm El-Sheikh’s Implementation Plan of the Paris Agreements. In 2022, at COP 27, before his inauguration, president Lula highlighted his commitment to fighting deforestation – main cause of emissions in this country – connected to the development of policies against inequality. In his speech, the president mentioned the role indigenous people have in preservation. It remains to be known if that same line of discussion will be kept when decisions about who will have access to the funds need to be made. It is also worth mentioning that the Ministry for the Environment and Climate Change has been making efforts to create the Climate Fund.

The droughts in the Amazon and the floods in Southern Brazil are socioenvironmental disasters exemplary of the immediate consequences of climate change. Analysing their consequences, we may observe that the damages are distributed unevenly among poor people, women, black people and rural and peripheral communities. In general, the most serious climate damages are felt in communities which are already weakened by contexts of social inequality and lack of rights and of investments in infrastructure.

Considering those inequalities, when announcing a COP which aims to be really inclusive, there must be a paradigm shift so that the central position of nature, people, human life, historic debts and reparations may be in the centre of economy, not a simple ornament for the market. We know that the spaces of COP have been taken by the hegemony of the big transnational corporations’ views and their same old false market solutions which have brought us here with the green economy of the stock exchange’s dollar and focus on profit. Mitigation policies are not connecting the solutions of the peoples with the enforcement of human rights, access and permanence on land and territories of peoples and communities as an action to protect the woods, waters and forests, as can be seen in the best-preserved territories. Instead, they are reducing carbon metrics.

Popular movements and organisations of civil society defend a deep rethinking of multilateral climate spaces. We cannot go on building answers for climate alterations which do not confront the root of the problem, i.e. the extremely unequal way we produce, generate, circulate and commercialise in the capitalist society. Likewise, we need to acknowledge that the climate crisis does not reflect only the physical aspects of the planet. That approach is limited and limiting. Actually, climate crisis is intertwined with historical forms of gender, race and class violence, and with colonialism. There is a historical debt of environmental degradation in many countries which cannot be reduced to mitigating policies nor to financial indemnisation by a Fund.

The change starts by looking at the big picture of causes and consequences of climate alterations. Rethinking the role that determined actors will have in the negotiations of humanity’s future. In that sense, transnational corporation have a role more as defendant than protagonist in the solutions. Popular movements, women and representatives of civil society have been increasingly absent from the centres which decide about climate governance. The negotiations keep being sieved by the Global North towards the Global South. We recognise that in the last years, climate COPs have become unproductive spaces in which there are no concrete advances in the reduction of Earth’s destruction, precisely due to the way they are being organised.

What about Brazil? So far, the federal government follows the book of green economy. Many ministries have been working to regulate the carbon market, especially REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), without carrying out studies on the impacts on the lifestyle of communities. Other initiatives like bioeconomy advance quickly towards building public policies. On the other hand, efforts to legalise the titles of quilombola territories, demarcate indigenous lands and against the thesis of “marco temporal”, to promote agroecology move slowly.

While climate justice, as an action to face climate alterations centering on the promotion of effective, fair, inclusive public policies which respect human and socioenvironmental rights, is not the main focus in the climate negotiations, there will be no repair to the planet. While those who destroy the climate are the owners of its governance, we will keep on making deals which will lead to failure.

Edition: Thalita Pires

Text originally published in Portuguese in the newspaper Brasil de Fato, in:  https://www.brasildefato.com.br/2023/11/07/para-onde-vamos-com-as-negociacoes-do-clima

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¿Adónde vamos con las negociaciones del clima?

En las próximas semanas, será iniciada más una Conferencia de las Partes del Clima de la ONU (COP 28), en Dubái. La conferencia tendrá como enfoque cuatro ejes: la aceleración de la transición energética para reducción de las emisiones de carbono hasta 2030; avanzar en el fortalecimiento de la lucha contra las alteraciones climáticas, cumpliendo promesas antiguas, entre ellas la concretización del fondo climático; colocar la naturaleza, la gente, las vidas y los medios de subsistencia en el centro de la acción climática; marcarse como un espacio de inclusión. Como podemos observar, los desafíos lanzados no fueran pequeños; y más aún si pensamos en las disputas a su alrededor.

Cuanto a la transición energética, la guerra de Ucrania ha acelerado la presión para reducción del uso de combustibles fósiles, a medida que expuso países europeos a un riesgo en el fornecimiento de gas. Frente a eso, países desarrollados empezaron a acelerar inversiones para transición de energía, con estímulos para producción de energía eólica y solar, y el uso de vehículos eléctricos, entre otras medidas. Ocurre que tales tecnologías, consideradas renovables, son responsables por el alza en la demanda de metales como litio, cobre y níquel, los cuales presionan por la profundización de la destrucción del extractivismo mineral en el Sur Global, dando continuidad al colonialismo que ataca la justicia ambiental.

Además, la transición energética, como está siendo pensada, confiere protagonismo a las empresas, especialmente transnacionales, manteniendo la concentración de los medios de producción y no repartiendo el control ni las tecnologías. Muchas empresas del sector petrolífero y mineral han adherido al discurso del cambio climático, adoptando políticas de “pintar la cara de verde” (greenwashing). Un ejemplo es la adhesión a los mecanismos de emisión cero (Net Zero), en los cuales en vez de reducir la producción y emisión de contaminantes, las empresas compensan su cadena productiva contaminadora con créditos de carbono sucios, violentos, contaminantes y que retiran derechos. No por acaso, las empresas Vale S.A y Braskem, infelizmente, estarán en el Espacio Brasil de la COP 28 hablando sobre el tema.

De la misma manera, en la defensa de la organización del mercado de carbono, los gobernadores de los estados brasileños han fundado el Consorcio Brasil Verde en la COP 26, que deberá tener una participación más destacada en la próxima conferencia.  Ese Consorcio, que tendrá también paneles en el Espacio Brasil, apunta la necesidad de construir un Mercado Brasileño de Reducción de Emisiones (MBRE) y un estándar nacional de pago por servicios ambientales (PSA). Los gobernadores están también interesados en el Plan de Acción Climática (PAC 2050) lanzado por el gobierno federal, con metas para alcanzar la neutralidad de las emisiones hasta 2050. El Plan describe diversas políticas mitigadoras para sectores de la economía como transporte, energía, agricultura y ganadería, creando oportunidades de negocios para los gobiernos estaduales con la promoción de acciones sobre el clima.

Para la COP 28, se espera también que Brasil se involucre en las discusiones sobre la creación de un Fondo de Pérdidas y Daños, siguiendo el Plan de Implementación de Sharm El-Sheikh de los Acuerdos de París. En 2022, ya elegido, pero todavía no investido, el presidente Lula destacó, en la COP 27, su compromiso con el combate a la deforestación – principal causa de emisiones en el país – vinculado al avance de las políticas de combate a la desigualdad. En el discurso, el presidente evocó el rol de los pueblos indígenas para la preservación en el país. Resta saber si será mantenida esa misma línea de discusión cuando involucre quién accederá a los recursos de tales fondos en Brasil. Se puede destacar que el Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático ha hecho esfuerzos para la creación del Fondo Clima.

Las sequías en la Amazonia y las inundaciones en el Sur de Brasil son desastres socioambientales ejemplificadores de las consecuencias inmediatas de los cambios climáticos. Al analizar sus consecuencias, observamos que los daños se distribuyen de manera desigual entre personas más empobrecidas, mujeres, negras y comunidades rurales y periféricas. En general, los daños climáticos son más graves en comunidades ya vulnerables por contextos de desigualdades sociales y la no garantía de los derechos e inversiones en infraestructura.

Frente a esas desigualdades, al anunciar una COP que pretende ser realmente inclusiva, debe haber un cambio de paradigma para que la centralidad de la Naturaleza, de la gente, de la vida humana, de las deudas históricas y reparaciones estén en el centro de la economía, no como un simple aderezo del mercado. Sabemos que los espacios de la COP han sido cada vez más hegemonizados por la visión de las grandes corporaciones transnacionales y sus falsas viejas soluciones de mercado que son más do lo mismo, y que nos han traído hasta aquí con la economía verde del dólar de la Bolsa de Valores e del rentismo. En vez de conectar las soluciones de los pueblos con la efectuación de los derechos humanos, el acceso y permanencia en la tierra y territorio de pueblos y comunidades; como acción para la protección de los bosques, de las aguas y de las junglas, con su comprobación, ayer y hoy, con los territorios más preservados, las políticas de mitigación están reduciendo las métricas de carbono.

Los movimientos populares y organizaciones de la sociedad civil defienden este profundo repensar de los espacios multilaterales del clima. No podemos seguir construyendo respuestas para las alteraciones climáticas que no enfrentan la raíz del problema, o sea, la manera profundamente desigual como producimos, generamos, circulamos y comercializamos en la sociedad capitalista. Igualmente, es necesario reconocer que la crisis climática no refleja solamente los aspectos físicos del planeta; éste es un abordaje limitado y limitador. En la realidad, la crisis climática se entrelaza a formas históricas de violencia de género, raza, clase y el colonialismo. Hay una deuda histórica de la degradación ambiental en diversos países que no puede ser reducida a políticas mitigadoras ni siquiera a la indemnización financiera por medio de un fondo.

El cambio empieza con una mirada hacia la totalidad de las causas y consecuencias de las alteraciones climáticas. Repensar el rol que determinados actores tendrán en las negociaciones sobre el futuro de la humanidad. En ese sentido, las empresas transnacionales ocupan mucho más el lugar de reo que de protagonista de las soluciones. Movimientos populares, mujeres y representantes de la sociedad civil están cada vez más ausentes de los centros decisorios sobre la gobernanza climática. Las negociaciones siguen regidas por el colador del Norte Global para el Sur Global. Reconocimos que, en los últimos años, las COPs del Clima se están convirtiendo en espacios improductivos, en los que no hay avances concretos en la reducción de la destrucción de la Tierra, justamente por la manera como son organizadas.

¿Y Brasil? Hasta ahora, el gobierno federal sigue la cartilla de la economía verde. Muchos ministerios han trabajado para la regulación del mercado de carbono, especialmente de REDD (Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación forestal), sin realizar estudios sobre los impactos en los estilos de vida de las comunidades. Otras iniciativas, como la bioeconomía, caminan rápidamente en la construcción de políticas públicas. Por otro lado, esfuerzos para titulación de territorios quilombolas, demarcación de tierras indígenas y contra la efectuación de la tesis del marco temporal, avance de las políticas de promoción de la agroecología, andan lentamente.

Mientras la justicia climática, como acción para enfrentamiento de las alteraciones climáticas con centralidad en la promoción de políticas públicas efectivas, justas, inclusivas, con respeto a los derechos humanos y socioambientales, no sea el enfoque de las negociaciones sobre el clima, no habrá reparo para el planeta. Mientras aquellos que destruyen el clima sean los dueños de su gobernanza, seguiremos construyendo acuerdos que nos llevarán al fracaso.

Edição: Thalita Pires

Texto publicado originalmente en portugués en el diario Brasil de Fato, en: https://www.brasildefato.com.br/2023/11/07/para-onde-vamos-com-as-negociacoes-do-clima 

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Para onde vamos com as negociações do clima?

Nas próximas semanas, será iniciada mais uma Conferência das Partes do Clima da ONU (COP 28), em Dubai. A conferência terá como foco quatro eixos: a aceleração da transição energética para redução das emissões de carbono até 2030; avançar no fortalecimento da luta contra as alterações climáticas, cumprindo promessas antigas, dentre elas a concretização do fundo climático; colocar a natureza, as pessoas, as vidas e os meios de subsistência no centro da ação climática; marcar-se como um espaço de inclusão. Como podemos observar, os desafios lançados não foram pequenos; e mais ainda, se pensarmos nas disputas ao redor dela.

Quanto à transição energética, a guerra da Ucrânia acelerou a pressão para redução do uso de combustíveis fósseis, à medida que expôs países europeus a um risco de fornecimento de gás. Frente a isso, países desenvolvidos começaram a acelerar investimentos para transição de energia, com estímulos para produção de eólicas e solares e o uso de veículos elétricos, dentre outras medidas. Ocorre que tais tecnologias, consideradas renováveis, são responsáveis pelo aumento da demanda de metais como lítio, cobre e níquel, os quais pressionam pelo aprofundamento da destruição do extrativismo mineral no Sul Global, dando continuidade ao colonialismo que ataca a justiça ambiental.

Além disso, a transição energética, como vem sendo pensada, confere protagonismo às empresas, especialmente transnacionais, mantendo a concentração dos meios de produção e não repartindo o controle e nem as tecnologias. Muitas empresas do setor petrolífero e mineral têm aderido ao discurso das mudanças climáticas, adotando políticas de “pintando a cara de verde” (greenwashing). Um exemplo são a adesão aos mecanismos de emissão zero (Net Zero), nos quais ao invés de reduzir a produção e emissão de poluentes, as empresas compensam sua cadeia produtiva poluidora com créditos de carbono sujos, violentos, contaminantes e que retiram direitos. Não por acaso, as empresas Vale S.A e Braskem, infelizmente, estarão no Espaço Brasil da COP 28 falando sobre o tema.

Na mesma esteira, na defesa da organização do mercado de carbono, os governadores dos estados brasileiros fundaram o Consórcio Brasil Verde na COP 26, o qual deverá ter uma participação mais destacada na próxima conferência.  Esse Consórcio, que terá também painéis no Espaço Brasil, aponta a necessidade de construir um Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE) e um padrão nacional de pagamento por serviços ambientais (PSA). Os governadores estão interessados, ainda, no Plano de Ação Climática (PAC 2050) lançado pelo governo federal, com metas para alcançar a neutralidade das emissões até 2050. O Plano descreve várias políticas mitigatórias para setores da economia como transporte, energia e agropecuária, criando oportunidades de negócios aos governos estaduais com a promoção de ações sobre o clima.

Para a COP 28, espera-se ainda que o Brasil se envolva nas discussões sobre a criação de um Fundo de Perdas e Danos, no seguimento ao Plano de Implementação de Sharm El-Sheikh dos Acordos de Paris. Em 2022, já eleito, porém sem tomar posse ainda, o presidente Lula destacou, na COP 27, seu compromisso com o combate ao desmatamento – principal causa de emissões no país – atrelado ao avanço das políticas de combate à desigualdade. No discurso, o presidente evocou o papel dos povos indígenas para a preservação no país. Resta saber se será mantida essa mesma linha de discussão, quando envolver quem irá acessar os recursos de tais fundos no Brasil. Vale destacar que o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima tem empenhado esforços para criação do Fundo Clima.

As secas na Amazônia e as enchentes no Sul do Brasil são desastres socioambientais exemplificadores das consequências imediatas das mudanças climáticas. Ao analisarmos suas consequências, observamos que os danos se distribuem de maneira desigual entre pessoas mais empobrecidas, mulheres, negras e comunidades rurais e periféricas. Em geral, os danos climáticos são mais graves em comunidades já vulnerabilizadas por contextos de desigualdades sociais e a não garantia dos direitos e investimentos de infraestrutura.

As secas na Amazônia e as enchentes no Sul do Brasil são desastres socioambientais que mostram as consequências imediatas das mudanças climáticas – Alberto César Araújo/Amazônia Real

Frente a essas desigualdades, ao anunciar uma COP que pretende ser realmente inclusiva, precisa haver uma mudança de paradigma para que a centralidade da Natureza, das pessoas, da vida humana, das dívidas históricas e reparações estejam no centro da economia, e não como um adereço de mercado. Sabemos que os espaços da COP têm sido cada vez mais hegemonizados pela visão das grandes corporações transnacionais e suas falsas soluções de mercado mais do mesmo e das mesmas que nos trouxeram até aqui com a economia verde do dólar da Bolsa de Valores e do rentismo. Ao invés de conectarem a soluções dos povos com a efetivação dos direitos humanos, o acesso e permanência à terra e território de povos e comunidades; como ação para a proteção dos bosques, das águas e das florestas, com sua comprovação, ontem e hoje, com os territórios mais preservados, as políticas de mitigação estão reduzindo as métricas de carbono.

Os movimentos populares e organizações da sociedade civil defendem este profundo repensar dos espaços multilaterais do clima. Não podemos seguir construindo respostas para as alterações climáticas que não enfrentam a raiz do problema, ou seja, a forma, profundamente desigual, de como produzimos, geramos, circulamos e comercializamos na sociedade capitalista. Igualmente, é preciso reconhecer que a crise climática não reflete apenas os aspectos físicos do planeta; esta é uma abordagem limitada e limitadora. Na verdade, a crise climática se entrelaça a formas históricas de violência de gênero, raça, classe e à colonialidade. Há uma dívida histórica da degradação ambiental em diversos países que não pode ser reduzida a políticas mitigadoras e, nem mesmo, à indenização financeira por meio de Fundo.

A mudança começa com o olhar da totalidade das causas e consequências das alterações climáticas. Repensar o papel que determinados atores irão ter nas negociações do futuro da humanidade. E nesse sentido, as empresas transnacionais ocupam muito mais o lugar de réu do que de protagonista das soluções. Movimentos populares, mulheres e representantes da sociedade civil estão cada vez mais ausentes dos centros decisórios sobre a governança climática. As negociações seguem regidas pelo crivo do Norte Global para o Sul Global. Reconhecemos que, nos últimos anos, as COPs do Clima estão se tornando espaços improdutivos, nos quais não há avanços concretos na redução da destruição da Terra, justamente pela forma como são organizadas.

E o Brasil? Até agora, o governo federal segue a cartilha da economia verde. Vários ministérios têm trabalhado para a regulação do mercado de carbono, especialmente de REDD (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação), sem realizar estudos dos impactos aos modos de vida de comunidades. Outras iniciativas, como a bioeconomia, caminham a galope na construção de políticas públicas. Em contrapartida, esforços para titulação de territórios quilombolas, demarcação de terras indígenas e contra a efetivação da tese do marco temporal, avanço das políticas de promoção da agroecologia, andam lentamente.

Enquanto a justiça climática, como ação para enfrentamento das alterações climáticas com centralidade na promoção de políticas públicas efetivas, justa, inclusiva, com respeito aos direitos humanos e socioambientais, não for o foco das negociações do clima, não haverá reparo para o planeta. Enquanto aqueles que destroem o clima forem os donos de sua governança, seguiremos construindo acordos que nos levarão ao fracasso.

Texto originalmente publicado no Jornal Brasil de Fato, em: https://www.brasildefato.com.br/2023/11/07/para-onde-vamos-com-as-negociacoes-do-clima 

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