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Un año después de las inundaciones en Rio Grande do Sul: lo que es un recuerdo para algunos sigue siendo una realidad para muchos


Hace un año, la población del sureño estado brasileño de Rio Grande do Sul se enfrentó a una de las peores catástrofes socioambientales de su historia, si no la peor. En los últimos días de abril y durante el mes de mayo de 2024, el volumen de lluvia registrado en el estado fue muy elevado en la mayoría de las regiones, situación sin precedentes en más de un siglo de mediciones en distintos municipios, según informó el instituto meteorológico Metsul. Localidades de importantes cuencas hidrográficas, de las que varios ríos desembocan en la región metropolitana de Porto Alegre, promediaron fácilmente entre 400mm y 800mm de lluvia acumulada en el período, alcanzando la impresionante cifra de 1.023mm en la estación meteorológica de Caxias do Sul, en la Sierra Gaucha. Según los datos, en menos de quince días llovió el equivalente de lo que suele llover durante cinco meses en el estado.

Los resultados pudieron ser acompañados por todo el país a través de los medios, incluidas las retransmisiones en directo de famosos presentadores de televisión. Las imágenes del caos climático dieron la vuelta al mundo. Ciudades inundadas por el desbordamiento de ríos y deficiencia en el sistema de protección y la escorrentía del agua de lluvia, comunidades aisladas por desprendimientos de tierras y carreteras destruidas, daños económicos e impacto en el medio ambiente. Aproximadamente 537.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares; 80.000 tuvieron que recurrir a refugios públicos; 184 personas murieron y otras 25 siguen desaparecidas. Alrededor de uno de cada cinco habitantes de RS se vio afectado por las inundaciones. De las 497 ciudades del estado, 478 se vieron afectadas.

Un año después, la histórica inundación permanece en la memoria para algunos, pero para muchos sigue siendo una realidad cotidiana. La clase trabajadora, la población empobrecida, las pequeñas empresas, los territorios indígenas y quilombolas, los asentamientos de la reforma agraria y los campesinos siguen intentando recuperar sus pérdidas y reconstruir mínimamente sus vidas. Para dar una idea, a finales de abril de este año, casi 400 personas se alojaban en albergues públicos  porque no tienen adónde ir, la mayoría en la región metropolitana. El gobierno estatal quiere vaciarlos antes de finales de mayo, pero utilizando soluciones aún más precarias, como las estancias solidarias y los alojamientos temporales, lo que acaba prolongando la agonía y la inseguridad que parecen no tener fin. Como recurso habitacional más eficaz, existe el programa del gobierno federal para comprar una casa con fondos públicos (llamado compra asistida), pero muchas familias se quejan de que no pueden acceder a él por la exigencia de acreditar documentación, además de que el proceso dura meses.

Resistir para existir: las inundaciones revelan la lucha por los territorios de la vida


El pueblo mbyá guaraní de Pindó Poty sufre inundaciones desde hace años en el barrio de Lami, en el extremo sur de Porto Alegre (RS). Los guaraníes ya no pueden contar cuántas veces han reconstruido sus casas, han perdido la ropa y los utensilios, las cosechas, los animales domésticos y los que criaban para comer. La gran inundación de 2024 no fue diferente. El pueblo se inundó al desbordarse el arroyo Lami, que bordea ese lugar. Las familias fueron acogidas temporalmente por parientes kaingang del pueblo Van-Ká, en el mismo barrio de la capital de Rio Grande do Sul. A su regreso, contaron con una red de solidaridad y donaciones para reconstruir sus vidas una vez más.

Una encuesta de colaboración, llevada a cabo conjuntamente por CIMI Regional Sur, la Comisión Yvyrupa Guaraní (CGY), FLD/Comin/CAPA y CEPI/RS, indicó que más de 80 comunidades y territorios indígenas se vieron directamente afectados, algunos de ellos con extrema gravedad, los pasados meses de abril y mayo. La CGY promovió entonces una campaña financiera y de donaciones, que tuvo como resultado la distribución de 20 toneladas de alimentos a 37 pueblos, que también recibieron agua potable y artículos básicos como mantas y colchones. Según un informe divulgado por la Comisión Guaraní en junio de 2024, se llegó a 674 familias, con un total de más de 3.300 personas, en diversas regiones del estado de Rio Grande do Sul.

La campaña de la CGY contó con el apoyo de un amplio abanico de socios de la sociedad civil, individuos, colectivos y organizaciones, muchos de ellos de fuera de Brasil. Además, Amigas de la Tierra Brasil participó en otro frente, junto con Rede Coop, a través del cual entregamos canastas de alimentos procedentes de la agricultura campesina a las familias guaraníes del pueblo de Yy Ryapu, en Palmares do Sul, al sur del estado. Estas iniciativas resumen bien lo que vimos durante gran parte de la emergencia de las inundaciones: una red de solidaridad sostenida por la sociedad ya organizada y por tantos individuos que, ante la urgencia, se organizaron: “Ninguno de los Tekoá [pueblos] afectados ha tenido apoyo de las autoridades hasta ahora. Ni con comida, ni con nada. La cosa es difícil. Cuando ocurrió esta tragedia de las inundaciones, conseguimos apoyo de socios indigenistas y de organizaciones de otros países, como Alemania”, explica Helio Wherá, de la CGY.

La inundación deja claro que los gobiernos están cada vez más alejados de los territorios indígenas. Tanto a la hora de atender la principal reivindicación de muchos de ellos, que es la demarcación de las tierras, como a la hora de proporcionarles las infraestructuras necesarias y el acceso a los servicios humanos básicos, como salud y saneamiento, para que puedan vivir. A nivel federal, vemos un intento del gobierno de Lula de acercarse a los lugareños, pero está ocurriendo muy lentamente. El pueblo de Pekuruty resiste precariamente desde hace 16 años a orillas de la autopista BR 290, en Eldorado do Sul (RS), y se inundó el 2024 , junto con alrededor del 80% de la ciudad. Lo poco que quedaba de sus pertenencias fue retirado por funcionarios del DNIT (Departamento Nacional de Infraestructuras de Transporte), y tuvieron que empezar de nuevo prácticamente desde cero, contando únicamente con la ayuda de socios.

Al igual que Pindó Poty, Pekuruty espera la demarcación para poder asentarse en un lugar seguro. “El gobierno tiene tierras, pero ¿no quiere dárselas a los indígenas o quiere matarlo todo? El hombre blanco piensa con dinero. Entonces compra animales, vacas, tierra, planta todo, cosecha dinero. Vende agua, vende pescado. Hay 2.000, 3.000 hectáreas de tierra. Y aquí [en el pueblo], hay 400 hectáreas, caballos, vacas, tierra. ¿Será que no tenemos un poco para que los indígenas puedan vivir aquí?”, preguntó el jefe Estevão Kuaray.

Los efectos de la emergencia climática son sólo uno de los muchos retos a los que se enfrentan a diario los pueblos indígenas para sobrevivir. La retoma indígena Tekoa Yjerê, en Ponta do Arado, bordeada por el río Guaíba, en la capital de Rio Grande do Sul, se vio completamente afectada por la inundación. En aquel momento, las familias, constantemente agredidas por un promotor inmobiliario que quiere instalarse en el lugar, lo perdieron todo, y el jefe Timóteo Karay Mirim reflexionó sobre la relación de los pueblos con la naturaleza, que está siendo destruida por la sociedad capitalista de los no indígenas (Juruá). Al mismo tiempo, en el pueblo Tekoá Jatay’ti (Cantagalo), situado en Viamão (RS), Jaime Vherá Guyrá, que era jefe del territorio, destacó la importancia de la tierra para los pueblos indígenas y la relación entre la tierra y la emergencia climática.


La «catástrofe» se ha convertido en una oportunidad de ganancias para los capitalistas y las grandes empresas

Desde al menos 2019, venimos siguiendo algunos de los dramas a los que se enfrentan las familias del asentamiento de Guaíba City, donde viven unas 280 familias, entre las localidades de Charqueadas y Eldorado do Sul, cerca del río Jacuí. La comunidad y el Asentamiento de la Reforma Agraria Apolônio de Carvalho, perteneciente al MST (Movimiento de los Sin Tierra), corrían un grave riesgo a causa de la mina de carbón a cielo abierto proyectada por Copelmi, que sería la mayor de Brasil. La grave inundación de la región en 2024 fue la gota que colmó el vaso para que la empresa renunciara este año al proyecto, que ya se enfrentaba a un embargo judicial y a una fuerte resistencia popular.

Sin duda es una victoria, pero Guaíba City sigue abandonada. La comunidad, que lleva años desatendida por las autoridades públicas, experimentó otro nivel de desamparo durante la inundación, cuando quedó aislada. Según los habitantes, no hubo ninguna advertencia sobre la inundación. Perdieron sus pertenencias y animales domésticos, y sufrieron pérdidas como consecuencia de la inundación de sus viviendas y pequeños negocios. Tras la inundación, visitamos la región y registramos animales muertos y mucha basura en las calles, carreteras dañadas e instalaciones públicas en desuso, como un centro de salud. La comunidad también pidió que se reconstruyera un puente para poder desplazarse. Las respuestas de las intendencias fueron lentas.

La ciudad donde están Guaíba City y el Pueblo Guarani Pekuruty es Eldorado do Sul que, proporcionalmente, fue el municipio más afectado por las inundaciones de todo Rio Grande do Sul. De los aproximadamente 42.000 habitantes, 34.000 se vieron afectados. Se calcula que el 80% de las viviendas sufrieron daños y toda la zona urbana quedó inundada. Muchos residentes que se marcharon durante la inundación han renunciado a volver a Eldorado debido a la inseguridad y la falta de perspectivas. En la misma ciudad, las personas que se quedaron intentan reconstruir sus vidas sin muchos recursos y dependiendo de los retrasados retornos del gobierno, que puede que ni siquiera lleguen como prometieron, mientras  el gobierno de RS anunció la instalación del mayor complejo de infraestructura digital de América Latina por la empresa Scala, en uno de los pocos terrenos que no ha sido inundado. Se prevé que esta «ciudad de centros de datos» sea una de las mayores inversiones privadas de la historia del Estado y consumirá más energía que la generada por la cuarta mayor central hidroeléctrica de Brasil.

En la vecina ciudad de Guaíba, que también sufre la inundación de 2024, el fabricante de celulosa CMPC confirmó a finales de año su intención de seguir con el proyecto de mil millones de euros para construir un nuevo parque industrial en la región y ampliar las superficies de monocultivos de eucalipto. Los monocultivos de árboles generan una pérdida de biodiversidad y un aumento del déficit hídrico allí donde se implantan, aislando los territorios de la vida rodeados de estos proyectos de muerte. Las fábricas de celulosa, que consumen mucha agua, también contaminan mucho, como denuncian las campesinas asentadas en sus alrededores. Además, los monocultivos agravan los extremos climáticos por su influencia en el suelo, el agua y la biodiversidad. Los monocultivos son una emergencia climática. Aquí, en Rio Grande do Sul, se han visto facilitados por la  modificación de la Zonificación Ambiental Forestal (ZAS), que permite aumentar las superficies de monocultivo de los 1,2 millones de hectáreas actuales a 4 millones de hectáreas, propuesta que implicaba al propio CMPC, que se beneficia de la medida.

En la capital, Porto Alegre, el sector inmobiliario es uno de los más afectados por las inundaciones. Las zonas de la ciudad que ya albergaban proyectos inmobiliarios de alto nivel adquisitivo y quedaron inundadas tendrán que recibir grandes inversiones del gobierno para mejorar sus infraestructuras. Otras zonas desechadas, pero con potencial de explotación, serán probablemente objeto de especulación inmobiliaria. Este año, el intendente Sebastião Melo pretende privatizar la parte más rentable del DMAE, organismo municipal responsable del suministro de agua potable y de la gestión del alcantarillado de la capital, cuyo desguace y precariedad fueron la causa del agravamiento del caos climático vivido por sus 2 millones de habitantes.

Tras meses fuera de operación, el único aeropuerto de la capital de Rio Grande do Sul, operado por la transnacional alemana Fraport , sólo reanudó la reconstrucción tras un rescate económico del gobierno federal y aún no ha vuelto a funcionar a pleno rendimiento. En medio del caos climático, los gobiernos estatal y municipal recurrieron a empresas privadas estadounidenses como WayCarbon y Alvarez & Marsal, especializada en capitalismo de catástrofes , que también gestionó la catástrofe climática privada, privatista y racista de Nueva Orleans (Estados Unidos) tras el huracán Katrina.

Ajenos al cambio climático provocado por la explotación y el modo de producción depredador de la sociedad en la que vivimos, los gobiernos de Leite y Melo optaron por  falsas soluciones que benefician a las grandes empresas y a los capitalistas y que sin duda profundizarán aún más la emergencia climática. Si antes la lucha era contra el negacionismo, ahora la lucha es contra el oportunismo climático, que intenta expandir sus proyectos de muerte a través de políticas neoliberales y soluciones de mercado.

La respuesta está en la organización de base y el refuerzo de las soluciones populares

El avance del capital en los territorios de la vida fue el motor del diluvio, una tragedia tan anunciada  por ecologistas y movimientos sociales y de base que se centran en la emergencia climática, producto del capitalismo. Muchos de los impactos podrían haberse evitado, pero se ignoraron las advertencias en nombre del beneficio de la especulación inmobiliaria, el agronegocio y la minería – sectores que, con sus empresarios o políticos, navegan en el caos climático con proyecto$ de muerte, a veces vestidos con chalecos salvavidas, que anuncian falsas soluciones de mercado.

Un año después de la inundación, para la mayoría de la gente la precariedad no es sólo un recuerdo. Los poderes públicos no han tomado medidas eficaces, hecho que se pone de manifiesto con cualquier lluvia, que provoca inundaciones en la mayoría de las ciudades, trayendo consigo riesgos, destrucción, enfermedades, falta de electricidad, de acceso al agua potable y al transporte. El pavor se repite. Aunque Porto Alegre acogió recientemente el South Summit Brasil, el mayor evento de tecnología e innovación de América Latina, donde se habló de resiliencia en términos de negocio privado, el Estado sigue sin construir sistemas de protección contra las inundaciones (se han prometido 8 proyectos, ninguno está en marcha). La propuesta del gobierno es más privatización y más alejamiento del pueblo en la política. Las personas fundamentales impactadas en el campo, ciudades, pueblos y retomas indígenas, quilombos y periferias, que hacen posible la alimentación, el cuidado y la colectividad en sus territorios de vida, necesitan participar de los espacios de decisión política.

Así como la respuesta inmediata a las inundaciones la dieron los movimientos sociales organizados y los territorios de vida, fundados en los principios de la solidaridad, ésta es también nuestra única salida a largo plazo. Las retomadas indígenas siguen vivas y de sus raíces surgen respuestas sobre cómo regenerar el planeta, reexistir y sembrar vida. La ocupación de Maria da Conceição Tavares por parte del MTST (Movimiento de los Trabajadores Sin Techo), en un edificio público desocupado desde hace años en el centro de la capital, demuestra que la solución puede no haber sido las casas temporales propuestas por el gobierno, sino que hay más casas sin gente que gente sin casa, y que el derecho a una vivienda digna debe prevalecer sobre la codicia del sector de la especulación inmobiliaria. Los comedores de emergencia siguen funcionando hasta hoy, en una red de solidaridad entre el campo y la ciudad que se ha ampliado y ganado nuevos espacios.

Las organizaciones populares actuaron enérgicamente durante la mayor catástrofe socioambiental de Rio Grande do Sul para garantizar los derechos, y siguen trabajando juntas para apoyar a la población y construir respuestas reales a las crisis sistémicas. Exigen que el Estado asuma sus responsabilidades y que las políticas se orienten en torno a las necesidades de los territorios de vida, con participación popular. Nos recuerdan constantemente que no hay justicia climática sin justicia para los pueblos. Y en su horizonte, además del freno a la emergencia climática, están las banderas por la soberanía alimentaria, el fortalecimiento de la agroecología, la soberanía de la tierra, la reforma popular urbana y rural, la demarcación de los territorios indígenas y la titulación de los quilombolas. Contra el fatalismo predicado por el sistema capitalista, que lucra con los desastres, están los pueblos y comunidades en lucha, haciendo viva la memoria de que la realidad debe ser transformada. 

*Columna publicada originalmente el 22 de mayo en el diario Brasil de Fato en el siguiente enlace https://www.brasildefato.com.br/colunista/amigos-da-terra-brasil/2025/05/22/um-ano-da-enchente-no-rio-grande-do-sul-o-que-e-memoria-para-alguns-para-muitos-ainda-e-realidade/

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One year after the flood in Rio Grande do Sul: what is a memory for some is still a reality for many


A year ago, the population of the southern Brazilian state of Rio Grande do Sul faced one of the worst – if not the worst – socio-environmental disasters in its history. In the last days of April and during the month of May 2024, the volume of rain recorded in the state was very high in most regions, an unprecedented situation in more than a century of measurements in different municipalities, as reported by Metsul, the meteorological institute. Localities in important river basins, from which several rivers flow into the Porto Alegre metropolitan region, easily averaged between 400mm and 800mm of accumulated rain in the period, reaching an impressive 1,023mm at the Caxias do Sul weather station in the region called Serra Gaúcha (Gaucho Hills). According to the data, in less than a fortnight it rained the equivalent of what it usually rains for five months in the state.

The outcomes were followed throughout Brazil by the media, including live broadcasts by famous TV anchors. The images of climate chaos travelled the world. Towns were inundated by flooding rivers and deficiency in the protection system and rainwater runoff, communities marooned due to landslides and destroyed roads, economic damage and impact on the environment. Approximately 537,000 people had to leave their homes; 80,000 had to resort to public shelters; 184 people died and other 25 are still missing. Around one in five inhabitants of RS were affected by the floods. Out of 497 towns and cities in the state, 478 were affected.

One year on, the historic flood remains in the memory for some, but for many it is still a daily reality. The working class, the impoverished population, small businesses, indigenous and quilombola territories, agrarian reform settlements and peasants are still trying to recover their losses and minimally rebuild their lives. One example is that at the end of April this year, almost 400 people remained in public shelters because they have nowhere else to go, most of them in the metropolitan region. The state government wants to empty them by the end of May, but using even more precarious solutions, such as solidarity stays and temporary housing, which end up extending the agony and insecurity that seem to have no end. As a more effective housing resource, there is the federal government’s programme for buying a house with public funds (called assisted purchase), but many families complain that they can’t access it because of the requirement to prove documentation, as well as the fact that the process takes months.

Resisting in order to exist: flooding reveals the struggle of the territories of life

The Mbyá Guarani Pindó Poty Village has been suffering from flooding for years in the Lami neighbourhood, in the far south of Porto Alegre (RS). The Guarani can no longer count how many times they have rebuilt their homes, lost their clothes and utensils, crops, domestic animals and those they raised for food. The great flood of 2024 was no different. The village was flooded when the Lami Stream, which runs alongside the village, overflowed its banks. The families were temporarily sheltered by Kaingang relatives from the Van-Ká Village, in the same neighbourhood in the capital of Rio Grande do Sul. When they returned, they relied on a network of solidarity and donations to rebuild their lives.

A collaborative survey, carried out jointly by CIMI Southern Regional, the Yvyrupa Guarani Commission (CGY), FLD/Comin/CAPA and CEPI/RS, indicated that more than 80 indigenous communities and territories were directly affected, some of them extremely seriously, last April and May. The CGY promoted a financial and donation campaign at the time, resulting in the distribution of 20 tonnes of food to 37 villages, which also received drinking water and basic items such as blankets and mattresses. According to a report released by the Guarani Commission in June 2024, 674 families were reached, totalling more than 3,300 people, in various regions of the state of Rio Grande do Sul.

CGY’s campaign was supported by a wide range of civil society partners, individuals, collectives and organisations, many from outside Brazil. In addition to this, Amigas de Terra Brasil took part in another front, together with Rede Coop, through which we delivered food baskets from peasant farming to the Guarani families of the Yy Ryapu village in Palmares do Sul, in the south of the state. These initiatives sum up well what we saw during much of the flood emergency period: a solidarity network sustained by already organised society and by so many individuals who, faced with urgent need, organised themselves. “None of the Tekoá [villages] affected have had support from the authorities so far. Not with food, not with anything. It’s really difficult. When this flood tragedy happened, we managed to get support from indigenist partners and organisations from other countries like Germany,” said Helio Wherá, from CGY.

The flood makes it clear that governments are increasingly distant from indigenous territories. Both in meeting the main demand of many of them, which is land demarcation, and in providing the necessary infrastructure and access to basic human services such as health and sanitation, so that they can live. At the federal level, we see an attempt by the Lula government to reach out to the locals, but it is happening very slowly. The Pekuruty village has resisted precariously for 16 years on the banks of the BR 290 motorway in Eldorado do Sul (RS), and was flooded in 2024, along with around 80 per cent of the town. What little was left of their belongings was removed by the DNIT (National Department of Transport Infrastructure) officials, and they had to start again practically from scratch, relying only on the help of partners.

Like Pindó Poty, Pekuruty is awaiting demarcation so that it can settle in a safe place. “The government has land, but does it not want to give it to the Indigenous people, or does it want to kill everything? The white man thinks with money. Then he buys animals, cows, land, plants everything; he harvests money. He sells water, he sells fish. There’s 2,000 or 3,000 hectares of land. And here [in the village], there are 400 hectares, horses, cows, land. Could it be that we don’t have a little bit to make it possible for the indigenous people to live here?” asked chief Estevão Kuaray.

The effects of the climate emergency are just one of many challenges that indigenous peoples face on a daily basis in order to survive. The Tekoa Yjerê Indigenous Retake, in Ponta do Arado, bordered by the Guaíba river in the capital of Rio Grande do Sul, was completely hit by the flood. At the time, the families, who are constantly being attacked by a property developer who wants to set up on the site, lost everything, and  chief Timóteo Karay Mirim reflected on the peoples’ relationship with nature, which is being destroyed by the capitalist society of non-indigenous people (Juruá). At the same time, in Tekoá Jatay’ti (Cantagalo) village, located in Viamão (RS), Jaime Vherá Guyrá, who was chief of the territory, highlighted the importance of land for indigenous people and the relationship between land and the climate emergency. 

‘Disaster’ has become a profit opportunity for capitalists and big businesses

Since at least 2019, we’ve been following some of the drama faced by families from the Guaíba City allotment, where around 280 families live, between the towns of Charqueadas and Eldorado do Sul, near the Jacuí River. The community and the Apolônio de Carvalho Agrarian Reform Settlement, which belongs to the MST (Landless Movement), were at serious risk from Copelmi’s planned open-cast coal mine, which would be the largest in Brazil. The severe flooding of the region in 2024 was the final straw for the company to give up on the project this year, which was already facing a court embargo and strong popular resistance.

It is certainly a victory, but Guaíba City is still abandoned. The community, which has been neglected by public authorities for years, experienced another level of helplessness during the flood, when it was left stranded. According to the residents, there was no warning about the flood. They lost their belongings and domestic animals, and incurred losses as a result of their homes and small businesses being flooded. After the flood, when we visited the region, we recorded dead animals and lots of rubbish on the streets, damaged roads and disused public facilities such as a health centre. The community also asked for a bridge to be rebuilt so they could get around. The responses from the town halls were slow.

The town where Guaíba City and the Guarani Pekuruty village are located is Eldorado do Sul which, proportionally, was the municipality hardest hit by the floods in the whole of Rio Grande do Sul. Of the approximately 42,000 inhabitants, 34,000 were affected. An estimated 80 per cent of homes were damaged and the entire urban area was flooded. Many residents who left during the flood gave up on returning to Eldorado due to insecurity and lack of prospects. In the same town, the people who stayed are trying to rebuild their lives without much recourse and depending on long-delayed returns from the government, which may not even arrive as promised, while  the RS government announced the installation of the largest digital infrastructure complex in Latin America by the company Scala, on one of the few plots of land that were not flooded.  This ‘city of datacentres’ is expected to be among the largest private investments in the state’s history and will consume more energy than that generated by Brazil’s fourth largest hydroelectric plant.

In the neighbouring town of Guaíba, which is also suffering from the 2024 flood, pulp manufacturer CMPC confirmed at the end of the year that it intends to continue with the billion dollars project to build a new industrial park in the region and expand the areas of eucalyptus monoculture plantations. Monoculture tree plantations generate a loss of biodiversity and an increase in water deficit where they are implemented, isolating territories of life surrounded by these projects of death. Pulp mills, which use a lot of water, are also major polluters, as the peasant women who settle in their neighbourhood denounce. In addition, monocultures aggravate climate extremes due to their influence on soil, water and biodiversity. Monoculture is a climate emergency. Here in Rio Grande do Sul, it has been facilitated by the change in the Environmental Zoning for Forestry (ZAS), which allows monoculture areas to increase from the current 1.2 million hectares to 4 million hectares, a proposal that involved the CMPC itself, which benefits from the measure. 

In the capital, Porto Alegre, the property sector is among the most affected by the floods. Areas of the city that were already home to high-income real estate projects and were flooded will have to receive large investments from the government to improve their infrastructure. Other scrapped areas, but with potential for exploitation, are likely to be the target of real estate speculation. This year, mayor Sebastião Melo is seeking to privatise the most profitable part of DMAE, the municipal body responsible for supplying drinking water and managing the capital’s sewage system, whose abandon and precariousness was at the root of the worsening climate chaos experienced by its 2 million inhabitants.

After months out of work, the only airport in the capital of Rio Grande do Sul, operated by the German transnational Fraport, only resumed reconstruction after an economic bailout by the federal government and has not yet returned to full capacity. In the midst of the climate chaos, the state and city governments called in private US companies such as WayCarbon and Alvarez & Marsal, specialised in disaster capitalism , which was also responsible for the private, privatising and racist climate disaster management in New Orleans (United States) after Hurricane Katrina.

Oblivious to the changes in the climate caused by exploitation and the predatory production methods of the society in which we live, the Leite and Melo governments opted for  false solutions that benefit big business and capitalists, and which will certainly deepen the climate emergency even further. If before the fight was against denialism, now the fight is against climate opportunism, which is trying to expand its death projects through neoliberal policies and market solutions.

The answer lies in grassroots organisation and the strengthening of people’s solutions

The advance of capital into the territories of life was the driving force behind the flood, a tragedy that had been so long foretold by environmentalists, social and grassroots movements that are focussing on the climate emergency, a product of capitalism. Many of the impacts could have been avoided, but warnings were ignored in the name of profit from real estate speculation, agribusiness and mining. Those are sectors that, with their businessmen or politicians, navigate the climate chaos with death project, sometimes disguised in life jackets announcing false market solutions.

A year after the flood, for most people the precariousness is not just a memory. Effective measures have not been taken by the public authorities, a fact that is evident in any rainfall, which causes flooding in most cities, bringing risks, destruction, disease, lack of electricity, access to drinking water and transport. The dread is repeated. While Porto Alegre recently hosted the South Summit Brazil, Latin America’s largest technology and innovation event, where resilience was discussed in terms of private business, the state is still not building flood protection systems (8 projects have been promised, none are underway). The governments’ proposal is for more privatisation and more distancing from the people in politics. The fundamental people impacted in the countryside, cities, indigenous villages and retakes, quilombos and peripheries, who make food, care and collectiveness possible within their territories of life, need to participate in political decision-making spaces.

Just as the immediate response to the floods was provided by organised social movements and territories of life, founded on the principles of solidarity, this is also our only long-term way out. The indigenous retakings remain alive and from their roots come answers on how to regenerate the planet, re-exist and sow life. The Maria da Conceição Tavares occupation by the MTST (Homeless Workers’ Movement), in a public building that has been unoccupied for years in the centre of the capital, demonstrates that the solution might not have been the temporary houses proposed by the government, but that there are more houses without people than people without houses, and that the right to decent housing must prevail over the greed of the real estate speculation sector. Emergency kitchens continue to operate to this day, in a network of solidarity between the countryside and the city that has expanded and gained new spaces.

People’s organisations acted vigorously during the biggest socio-environmental catastrophe in Rio Grande do Sul to guarantee rights, and they continue to work together to support the population and build real responses to the systemic crises. They demand that the state assume its responsibilities and that policies be orientated around the needs of the territories of life, with popular participation. They constantly remind us that there is no climate justice without justice for the peoples. And on their horizon, as well as the brake on the climate emergency, are the banners for food sovereignty, the strengthening of agroecology, land sovereignty, popular urban and rural reform, the demarcation of indigenous territories and the titling of quilombolas. Against the fatalism preached by the capitalist system, which profits from disasters, there are peoples and communities in struggle, making alive the memory that reality must be transformed.

* Column originally published on May 22 in the newspaper Brasil de Fato at the following link https://www.brasildefato.com.br/colunista/amigos-da-terra-brasil/2025/05/22/um-ano-da-enchente-no-rio-grande-do-sul-o-que-e-memoria-para-alguns-para-muitos-ainda-e-realidade/

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Coluna de maio no jornal Brasil de Fato

 

Há um ano, a população do estado do Rio Grande do Sul, no Sul do Brasil, enfrentava um dos piores – se não o maior – desastres socioambientais da sua história. Nos últimos dias de abril e durante o mês de maio de 2024, os volumes de chuva registrados no estado foram muito altos na maioria das regiões,  situação sem precedentes em mais de um século de medições em diferentes municípios, segundo noticiou a Metsul, instituto de Meteorologia. Localidades de bacias hidrográficas importantes, dos quais diversos rios deságuam na região metropolitana de Porto Alegre, tiveram facilmente médias de 400mm a 800mm de chuva acumulada no período, alcançando impressionantes 1.023mm na estação meteorológica de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Em menos de quinze dias choveu o equivalente ao que costuma chover durante cinco meses no estado.

Os resultados puderam ser acompanhados por todo o Brasil pela mídia, inclusive com transmissão ao vivo feita por âncoras famosos dos canais de TV. As imagens do caos climático correram o mundo. Cidades ficaram inundadas com as cheias dos rios e deficiência no sistema de proteção e de escoamento da água das chuvas, comunidades ilhadas devido a deslizamentos de terra e estradas destruídas, prejuízo econômico e impacto ao meio ambiente. Aproximadamente 537 mil pessoas tiveram que deixar suas casas; 80 mil precisaram recorrer a abrigos públicos; 184 pessoas morreram e outras 25 ainda seguem desaparecidas. Cerca de um a cada cinco habitantes do RS foram afetados pelas enchentes. Das 497 cidades que existem no estado, 478 foram atingidas.

Passado um ano, a histórica enchente ficou na memória para alguns mas, para muitos, ainda é uma realidade vivenciada diariamente. A classe trabalhadora, a população empobrecida, pequenos comerciantes, territórios indígenas e quilombolas, assentamentos da reforma agrária e camponeses seguem tentando recuperar suas perdas e reconstruir minimamente suas vidas. Para se ter uma ideia, no final de abril deste ano, quase 400 pessoas permaneciam em abrigos públicos por não terem para onde ir, a grande maioria na região metropolitana. O governo estadual quer esvaziá-los até o final de maio, mas utilizando soluções ainda mais precárias, como a estadia solidária e as casas temporárias, o que acaba por estender a agonia e uma insegurança que parece não ter fim. De recurso habitacional mais efetivo existe o programa do governo federal de compra de casa com verba pública (chamado de compra assistida), porém diversas famílias reclamam que não conseguem acessá-lo devido à exigência de comprovar documentação, além de o processo levar meses.

Resistir para existir: enchente escancara luta dos territórios de vida

A Aldeia Mbyá Guarani Pindó Poty sofre, há anos, com alagamentos no bairro Lami, no Extremo Sul de Porto Alegre (RS). Os guaranis não contam mais quantas vezes reconstruíram suas casas,  perderam suas roupas e utensílios, plantios, animais domésticos e os que criavam para se alimentar. Na grande enchente de 2024, não foi diferente. A aldeia ficou debaixo d’água com o transbordamento do Arroio Lami, que passa ao lado do local. Temporariamente, as famílias foram abrigadas pelos parentes Kaingang da Aldeia Van-Ká, no mesmo bairro da Capital gaúcha. Quando retornaram, contaram com uma rede de solidariedade e de doações para reconstruir suas vidas novamente.

Um levantamento colaborativo, realizado de forma conjunta pelo CIMI Regional Sul, Comissão Yvyrupa Guarani (CGY), FLD/Comin/CAPA e CEPI/RS, indicou que mais de 80 comunidades e territórios indígenas foram diretamente afetados, alguns com extrema gravidade, nos meses de abril e maio passados. A CGY promoveu uma campanha de arrecadação financeira e de donativos na época, resultando na distribuição de 20 toneladas de alimentos para 37 aldeias, que também receberam água potável e itens básicos, como cobertores e colchões. Segundo relatório divulgado pela Comissão Guarani em junho de 2024, foram alcançadas 674 famílias, somando mais de 3.300 pessoas, em diversas regiões do estado do Rio Grande do Sul.

A campanha da CGY contou com ampla colaboração da sociedade civil, entre parceiros, pessoas, coletivos e organizações, muitas de fora do Brasil. Além dessa, a Amigas de Terra Brasil participou de outra frente, junto com a Rede Coop, pela qual entregamos cestas de alimentos da agricultura camponesa às famílias Guarani da Aldeia Yy Ryapu, em Palmares do Sul, no Sul do estado. Essas iniciativas resumem bem o que se viu em boa parte do período de emergência da enchente: uma rede solidária sustentada pela sociedade já organizada e por tantos indivíduos que, frente à necessidade urgente, organizaram-se. “Nenhuma das Tekoá [aldeias] atingidas teve apoio das autoridades até agora. Nem com alimentação, nem com nada. Aí é difícil. Quando aconteceu essa tragédia da enchente, conseguimos, através do apoio de parceiros indigenistas e de organizações de fora do país, como da Alemanha”, relatou Helio Wherá, da CGY.

A enchente escancara que os governos estão cada vez mais afastados dos territórios indígenas. Seja em atender a principal demanda de muitos deles, que é a demarcação da terra, quanto em fornecer a infraestrutura necessária e o acesso a serviços humanos básicos, como de saúde e saneamento, para que vivam. Em nível federal, vemos uma tentativa do Governo Lula tentar chegar nos locais, mas ocorre de forma muito lenta. A Aldeia Pekuruty resiste de forma precária há 16 anos às margens da BR 290, em Eldorado do Sul (RS), e na enchente de 2024 foi alagada, junto com cerca de 80% da cidade. O pouco que sobrou de seus pertences foi retirado por funcionários do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), tendo que recomeçar praticamente do zero e contando apenas com a ajuda de parceiros.

Assim como a Pindó Poty, a Pekuruty aguarda a demarcação para que possa se instalar em local seguro. “O governo tem terra, será que pra índio não quer dar, ou quer matar tudo? O branco pensa com dinheiro. Aí compra animal, compra vaca, terra, planta tudo, colhe dinheiro. Vende água, vende peixe. De terra, tem 2 mil, 3 mil hectares. E aqui [na aldeia], tem 400 hectares, cavalos, vacas, tem terra. Será que não dá um pouquinho, para poder morar índio?”, questionou o cacique Estevão Kuaray.

Os efeitos da emergência climática são mais um, entre tantos desafios que os povos indígenas enfrentam diariamente para sobreviver. A Retomada Indígena Tekoa Yjerê, na Ponta do Arado, margeada pelo rio Guaíba na capital gaúcha, foi totalmente atingida pela enchente. Na ocasião, as famílias, constantemente atacadas por um empreendimento imobiliário que quer se instalar no local, perderam tudo, e o cacique Timóteo Karay Mirim refletiu sobre a relação dos povos com a natureza, que vem sendo destruída pela sociedade capitalista dos não indígenas (juruá). Na mesma época, na Aldeia Tekoá Jatay´ti (Cantagalo), situada em Viamão (RS), Jaime Vherá Guyrá, que foi cacique do território, evidenciou a importância das terras para os indígenas e a relação das terras com a emergência climática. 

“Desastre” virou oportunidade de lucro para os capitalistas e as grandes empresas

Desde 2019 pelo menos, acompanhamos um pouco do drama enfrentado por famílias do loteamento Guaíba City, onde vivem em torno de 280 famílias, entre as cidades de Charqueadas e Eldorado do Sul, próximo ao Rio Jacuí. A comunidade e o Assentamento da Reforma Agrária Apolônio de Carvalho, do MST (Movimento Sem Terra), corriam sérios riscos com o projeto de instalação da mina de carvão a céu aberto da Copelmi, que seria a maior do Brasil. O alagamento severo da região em 2024 foi a pá de cal para a empresa desistir do empreendimento neste ano, o qual já enfrentava embargo judicial e forte resistência popular.

É uma vitória sem dúvida, mas Guaíba City segue abandonada. A comunidade, que estava desassistida há anos pelo poder público, vivenciou outro nível de desamparo durante a enchente, quando ficou ilhada. De acordo com os moradores, não houve aviso sobre a inundação. Perderam seus pertences e animais domésticos, contabilizaram prejuízos com o alagamento de suas casas e pequenos comércios. Após o período da enchente, em visita à região, registramos animais mortos e muito lixo nas ruas, estradas estragadas e equipamentos públicos, como posto de saúde, desativados. A comunidade ainda pedia a reconstrução de uma ponte para se deslocar. As respostas das prefeituras foram lentas.

A cidade onde fica Guaíba City e a Aldeia Guarani Pekuruty é Eldorado do Sul que, proporcionalmente, foi o município mais atingido pela enchente em todo o Rio Grande do Sul. Dos cerca de 42 mil habitantes, 34 mil foram atingidos. A estimativa é que 80% das residências tenham sido danificadas, e toda a área urbana esteve alagada. Muitos moradores que saíram durante a enchente desistiram de retornar à Eldorado por insegurança e falta de perspectiva. Nessa mesma cidade, a população que ficou tenta reconstruir suas vidas sem muito recurso e dependendo de retornos demorados dos governos,que talvez nem cheguem como prometido, enquanto o governo do RS anunciou a instalação do maior complexo de infraestrutura digital da América Latina pela empresa Scala, num dos poucos terrenos que não foram alagados. A previsão é de que essa “cidade de datacenters” esteja entre os maiores investimentos privados da história do estado e consuma mais energia que a gerada pela quarta maior hidrelétrica do Brasil.

Na cidade vizinha, Guaíba, que também sofre com a enchente de 2024, a fabricante de celulose CMPC confirmou, no final do ano, que pretende seguir com o projeto bilionário de construir um novo parque industrial na região e ampliar as áreas de plantios de monocultivo de eucalipto. As monoculturas de árvores geram perda da biodiversidade e aumento do déficit hídrico onde são implementadas, ilhando territórios de vida cercados por estes projetos de morte. As fábricas de celulose, altamente utilizadoras de água, também são grandes poluidoras, como denunciam as mulheres camponesas assentadas no seu entorno. Além disso, monocultivos agravam extremos climáticos pela influência que tem no solo, nas águas e na biodiversidade. Monocultivo é emergência climática. E, aqui no RS, esses foram facilitados pela alteração no Zoneamento Ambiental da Silvicultura (ZAS), que possibilita que as áreas de monocultivos passem dos atuais 1,2 milhões de hectares para 4 milhões de hectares, proposta que teve envolvimento da própria CMPC, que se beneficia da medida.

Na capital, Porto Alegre, o setor imobiliário desponta entre os mais beneficiados com a enchente. Regiões da cidade que já recebiam projetos imobiliários para alta renda e ficaram alagadas, deverão ter volumosos investimentos do poder público para melhoria na infraestrutura. Outras áreas sucateadas, mas com potencial de exploração, possivelmente serão alvo da especulação imobiliária. O prefeito Sebastião Melo busca avançar, neste ano, na privatização da parte mais rentável do DMAE, órgão municipal responsável pelo fornecimento de água potável e da gestão da rede de esgoto da Capital, cujo sucateamento e precarização esteve na raiz do agravamento do caos climático vivido pelos seus 2 milhões de habitantes.

Depois de meses inoperante, o único aeroporto da capital gaúcha, operado pela transnacional alemã Fraport, só retomou a reconstrução após resgate econômico pelo governo federal e, ainda, não retomou a plena capacidade. Em meio ao caos climático, governo do Estado e prefeitura convocaram empresas privadas norte-americanas, como a WayCarbon e Alvarez & Marsal, especializada no capitalismo de desastre, que também fez a gestão privada, privatista e racista do desastre climático em Nova Orleans (Estados Unidos) após o furacão Katrina.

Alheios às mudanças do clima provocadas pela exploração e pela forma de produção predatória da sociedade em que vivemos, os governos de Leite e Melo optam por falsas soluções  que beneficiam grandes empresas e capitalistas e que, certamente, aprofundarão ainda mais a situação de emergência climática. Se antes a luta era contra o negacionismo, agora o enfrentamento é contra o oportunismo climático, que tenta expandir seus projetos de morte por meio de políticas neoliberais e soluções de mercado.

A resposta está na organização popular e no fortalecimento das soluções dos povos

O avanço do capital nos territórios de vida foi motor da enchente, tragédia tão anunciada por ambientalistas, movimentos sociais e populares que pautam a emergência climática, produto do capitalismo. Grande parte dos impactos poderiam ter sido evitados, mas alertas foram ignorados em nome do lucro da especulação imobiliária, do agronegócio e da mineração. Setores que, com seus empresários ou políticos, navegam no caos climático com projeto$ de morte, por vezes fantasiados em coletes salva-vidas anunciando falsas soluções de mercado.

Um ano após a enchente, para a maior parte da população a precariedade não é só lembrança. Medidas efetivas não foram tomadas pelo poder público, fato evidente em qualquer chuva, que faz alagamentos na maior parte das cidades, trazendo riscos, destruição, doenças, falta de luz, de acesso à água potável e ao transporte. O pavor se repete. Enquanto Porto Alegre recebeu, recentemente, o South Summit Brazil, maior evento de tecnologia e inovação da América Latina, em que se falou em resiliência nos termos dos negócios privados, o estado segue sem construção de sistemas de proteção contra cheias (8 projetos foram prometidos, nenhum está em execução). A proposta dos governos é de mais privatização e mais afastamento do povo nas políticas. Pessoas fundamentais impactadas nos campos, cidades, aldeias e retomadas indígenas, quilombos e periferias, que tornam possível o alimento, o cuidado, e coletividades dentro de seus territórios de vida, precisam participar dos espaços de decisão política.


Ocupação Maria da Conceição Tavares, do MTST, no centro da Capital. Crédito: Maí Yandara/ ATBR

 

Assim como a resposta imediata às enchentes quem deu foram os movimentos sociais organizados e os territórios de vida, fundados nos princípios da solidariedade, essa também é a nossa única saída a longo prazo. As retomadas indígenas permanecem vivas e de suas raízes vêm respostas sobre como regenerar o planeta, reexistir e semear a vida. A ocupação Maria da Conceição Tavares, do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), em um prédio público desocupado há anos no centro da Capital, demonstra que a solução poderia não ter sido as casas temporárias propostas pelo governo, mas que sim, tem mais casa sem gente do que gente sem casa, e que o direito à moradia digna deve prevalecer à ganância do setor da especulação imobiliária. Cozinhas de emergência seguem operando até os dias de hoje, em uma rede de solidariedade entre o campo e a cidade que se ampliou e ganhou novos espaços.

Organizações populares atuaram com fôlego durante a maior catástrofe socioambiental do RS para garantir direitos e seguem se articulando para amparar a população e construir respostas reais às crises sistêmicas. Demandam que as devidas responsabilidades sejam assumidas pelo Estado e que as políticas sejam orientadas a partir das necessidades dos territórios de vida, com participação popular. Lembram, constantemente, que não há justiça climática sem justiça para os povos. E no seu horizonte, assim como no freio para a emergência climática, estão erguidas bandeiras pela soberania alimentar, fortalecimento da agroecologia, soberania fundiária, reforma urbana e rural popular, demarcação já de territórios indígenas e titulação quilombola. Contra o fatalismo pregado pelo sistema capitalista, que lucra com desastres, estão povos e comunidades em luta fazendo viva a memória de que é preciso transformar a realidade.

Editado por: Nathallia Fonseca

Coluna publicada originalmente no jornal Brasil de Fato em https://www.brasildefato.com.br/colunista/amigos-da-terra-brasil/2025/05/22/um-ano-da-enchente-no-rio-grande-do-sul-o-que-e-memoria-para-alguns-para-muitos-ainda-e-realidade/

 

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Clima complicado: ¿cómo navegar en el mar de contradicciones hacia la COP 30 con unidad popular?

 

El objetivo es llevar el debate democrático de la Amazonia al mundo.

La Cumbre de los Pueblos hacia la COP 30 (30ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), construyendo una convergencia popular entre más de 600 movimientos sociales, redes y organizaciones de todo el mundo, espera reunir a más de 15.000 personas en Belém (PA) en noviembre de este año. El objetivo es debatir democráticamente, desde la Amazonia para el mundo, un proyecto popular de justicia climática capaz de combatir las desigualdades y el racismo ambiental. 

La Cumbre se está organizando en torno a ejes de convergencia de propuestas, basados en la diversidad de prácticas, conocimientos, culturas, memoria e historia compartida entre los pueblos de Brasil, América Latina y el Caribe. Ellos son:

  1. La soberanía de los pueblos sobre el agua, la tierra, los territorios y la soberanía alimentaria, con el derecho a la tierra y los territorios, la reforma agraria y la diversidad de los conocimientos agroecológicos de los pueblos como soluciones reales a la crisis climática;
  2. La necesidad de reparaciones históricas y la anulación de las deudas ilegítimas, construidas a partir de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres y diversidades que, en la resistencia secular al colonialismo, al imperialismo, al neoliberalismo y a los proyectos de muerte de las empresas transnacionales, han construido redes de protección de los territorios y relaciones sociales solidarias;

III. La construcción de una transición justa, popular, inclusiva y con trabajo decente, basada en la organización y movilización de la clase trabajadora y en la reorganización de una economía centrada en la sustentabilidad de la vida, y no en la continuidad del extractivismo neocolonial para el sustento de grandes fortunas y empresas privadas de tecnología y consumo de combustibles fósiles, que además sustenta guerras, genocidios y la muerte artificial de las ideas e ideales humanos;

  1. Contra la opresión, por la democracia y por el internacionalismo de los pueblos y la solidaridad, real y radical, como posibilidad de recrear el cuidado y el compromiso político y democrático entre personas, territorios, pueblos y naciones, en la lucha contra el fascismo y las guerras que el multilateralismo, en crisis y capturado por los intereses corporativos, ya no puede contener;
  2. Ciudades justas y periferias urbanas vivas, con derechos, vivienda, movilidad, alimentación sana, salud, educación públicas, con convivencia y adaptadas a la crisis climática, sin racismo ni segregación social; y finalmente,
  3. Feminismo popular y resistencia de las mujeres en los territorios, porque las mujeres están a la vanguardia de las luchas por la justicia medioambiental, desmantelando las estructuras patriarcales que están en el origen del proceso de acumulación del sistema capitalista, que necesitan ser transformadas radicalmente si queremos cambiar el mundo.

La Amazonia, como el resto de los biomas de Brasil, importa; y, a excepción de la Caatinga, constituyen riquezas en sociobiodiversidad y culturas que compartimos con los países sudamericanos. Además, la Amazonia Azul, dentro de los límites de la Plataforma Continental, constituyendo un maretorio de 360.000 km² en el Margen Ecuatorial de Brasil, nos acerca y nos conecta con el Caribe y los países vecinos de la costa atlántica hasta la región mesoamericana. A partir de la acumulación de luchas latinoamericanas y caribeñas en defensa de la democracia contra el colonialismo, el neoliberalismo, el imperialismo, el fascismo y la ultraderecha, la unidad de los pueblos en defensa de la democracia y sin amnistía a los golpistas, construye el poder popular necesario para enfrentar la crisis climática con justicia ambiental, desmontando el poder de las grandes transnacionales y los tratados de libre comercio que las benefician. Esto se da sobre la base del concepto y proyecto político de Soberanía Alimentaria, las propuestas de la clase trabajadora por una Transición Justa con integración regional, las prácticas de la economía feminista con trabajo decente para todos en tiempos de cambio tecnológico acelerado y la lucha por los derechos de Libre Circulación de migrantes, no de mercancías. Estas son las agendas políticas de los pueblos con los que históricamente hemos compartido historias de lucha y solidaridad, hoy, frente a los resultados desalentadores en las elecciones de Ecuador, y siempre.

¿Cómo podemos traducir estas propuestas políticas y prácticas de los territorios y pueblos de la región, que están construyendo soluciones reales para la justicia climática, más allá de los espacios capturados por los intereses corporativos en las Naciones Unidas? La Cumbre de los Pueblos es un espacio donde los movimientos convergen para compartir un análisis a largo plazo y construir una agenda política común más allá de la COP30. Ya está en marcha, del Amazonas a la Pampa, de las Tierras de Anya Ayala, para algunos América Latina, al mundo. Hay que navegar en un mar de contradicciones en un planeta donde las potencias imperiales están en declive y en guerra, por lo que la distancia entre las visiones y propuestas populares y las de las negociaciones climáticas de la ONU es abismal. Sin embargo, frente a la crisis del capitalismo, es aquí donde deben reconocerse y fortalecerse las soluciones populares, llevando al mundo las lecciones de la Amazonia y sus pueblos.

En 30 años, las COP sobre el clima no han llegado a ninguna decisión sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático, aparte de que ésta corre a cargo de instituciones financieras como el Banco Mundial y con préstamos generadores de deuda y fondos procedentes de inversiones privadas y de los mercados del carbono. Los pueblos y la sociedad civil compiten con las empresas, cada vez más especializadas en lucrarse de los desastres climáticos, por el acceso y la gestión local de los recursos para fortalecer sus territorios y proyectos sociales, de forma legítima pero desigual, en el limitado contexto de la participación social en las negociaciones.

Los movimientos sociales y populares de la región, ante la escalada de hambre y violencia en Haití y la invasión militar de Kenia financiada por Estados Unidos, exigen la devolución de una deuda inmoral e ilegítima cobrada por Francia hizo exactamente 200 años, el 17 de abril de 2025, por haber esclavizado a los negros en esta isla caribeña, llamada así por su diezmada población indígena, que se atrevió a ser la primera colonia europea en liberarse e independizarse en 1804. Exigen no sólo una reparación histórica para los pueblos negros y quilombolas, sino también el reconocimiento efectivo de su cultura ancestral y la permanencia de sus territorios como eje central en el cuidado de la biodiversidad y el clima, habiendo obtenido ya una importante victoria en la XVI Conferencia de Biodiversidad en Cali, Colombia, el año pasado.

Se supone que la COP 30 de Belém revisará las NDC, que son las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional de cada país para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero de modo que el calentamiento global no supere el límite de 1,5oC estipulado en el Acuerdo de París. Sin embargo, aún no hay un objetivo para acabar con la contaminación ni un tratado que obligue a las grandes empresas de la industria de los combustibles fósiles a rendir cuentas por sus violaciones de derechos y por su responsabilidad climática histórica y actual (el 70% de las emisiones globales que calientan el planeta y destruyen territorios, maretorios y la vida de ecosistemas y comunidades locales provienen de los combustibles fósiles). Los pueblos indígenas de Brasil están demostrando por qué son parte de la solución, defendiendo no sólo sus territorios y entornos, sino todos los biomas y la salud de la población y del planeta, además de señalar  a los culpables de los ataques a sus territorios y formas de vida y unirse a los movimientos rurales afectados por el agronegocio, que deforesta y contamina.

Aunque Brasil no tiene ninguna responsabilidad histórica en comparación con los países que se desarrollaron y se beneficiaron de la Revolución Industrial, hoy es el séptimo mayor emisor de gases de efecto invernadero (con un 3% de las emisiones mundiales). Alrededor del 75% de las emisiones de Brasil proceden de la Amazonia, y el 14% del Cerrado. El 48% de las emisiones de Brasil proceden de la deforestación, y el 27% de la agricultura y ganadería (20% agricultura y 80% ganadería). Teniendo en cuenta que el principal responsable de la deforestación en Brasil es el sector agrícola, podemos decir que más del 75% de la contaminación climática de Brasil es responsabilidad directa del agronegócio. Por no hablar de todas las emisiones que implica la producción y el uso de pesticidas y fertilizantes, la maquinaria y el transporte intercontinental de materias primas. Además de calentar el planeta, destruye la biodiversidad; contamina cuerpos y territorios con pesticidas; expulsa y asesina indígenas, quilombolas, campesinos y ecologistas; concentra tierras y poder; y todo ello no para producir alimentos, sino para exportar mercancías de forma altamente subvencionada y libre de impuestos.

El combinado corporativo del agronegócio, dependiente de la minería y del petróleo, prepara su Agro COP en la ciudad de Marabá (PA) en octubre de este año. Por su parte, los ultraconservadores trumpistas y bolsonaristas convocan la CPAC (Conservative Political Action Conference) 2025 para contrarrestar la COP 30 en Manaos en el mismo período. La esperanza y el compromiso con el cuidado de la vida está en las organizaciones de base, la defensa de la democracia y la movilización de los pueblos en la Cumbre de los Pueblos hacia Belém, adonde todas las aguas fluyen. La presidencia brasileña de esta histórica COP debe ver este movimiento como un aliado para el éxito de la conferencia, tanto como es esencial para la participación popular autónoma y autoorganizada en defensa de la democracia y la integración entre los pueblos, en lugar de promover campeones climáticos empresariales y recursos públicos para las falsas soluciones de la financiarización del clima y la naturaleza con el control territorial corporativo.

Esta marcha, para los pueblos y movimientos sociales de Brasil y América Latina, viene de lejos y se une a la solidaridad y movilización mundial por la justicia climática, en alianza contra el fascismo, el genocidio en Palestina y las desigualdades sociales. Para combatir las emisiones globales, a partir de la responsabilización de los países y empresas transnacionales con mayor contribución histórica, queremos mostrar, desde nuestra región, desde Brasil, desde la Amazonia y al mundo, cómo luchamos unidos contra la degradación de nuestros biomas, de nuestra salud y de nuestras formas de vida, sea en los bosques, en los mares, en los campos o en las ciudades.

Que nuestras voces resuenen al unísono para alertar sobre la urgencia de enfrentar y transformar el actual modelo global exportador de petróleo y agro, hidro y minería, fomentado por los tratados de libre comercio, desde las ex colonias del Sur Global hasta las potencias imperiales que, en crisis, siguen alimentando guerras y genocidios y calentando el planeta. Nuestra lucha por una transición ecológica, con justicia ambiental y feminismo popular, pasa por la protección de los territorios de vida, la reconstrucción de los sistemas alimentarios y energéticos, la gestión del agua y los espacios urbanos, los servicios públicos de calidad, la salud, la educación y el saneamiento, con reparaciones para los pueblos originarios y tradicionales, los negros, las mujeres y diversidades, y el respeto a las culturas de los pueblos de esta tierra que tienen la sabiduría, la fuerza y la voluntad de luchar para continuar este camino. Que este encuentro crezca como las aguas cuando se juntan, convergiendo con fuerza y unidad de los pueblos del mundo en la diversidad de los saberes amazónicos. 

Traducción: Alan Noronha / Amigas da Tera Brasil

Artículo publicado originalmente en portugués en el diario Brasil de Fato el ttps://www.brasildefato.com.br/colunista/amigos-da-terra-brasil/2025/04/16/clima-complicado-como-navegar-com-unidade-popular-no-mar-das-contradicoes-rumo-a-cop-30/

 

 

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Complicated climate: how to navigate the sea of contradictions towards COP 30 with popular unity?

 

The aim is to take the democratic debate from the Amazon to the world

The Peoples’ Summit Towards COP 30 (30th United Nations Conference of the Parties on Climate Change), building popular convergence between more than 600 social movements, networks and organisations from around the world, expects to bring together more than 15,000 people in Belém (PA) in November this year. The aim is to hold a democratic debate, from the Amazon to the world, on a popular project for climate justice that is capable of combating inequalities and environmental racism.

The Summit is being organised around axes of convergence of proposals, based on the diversity of practices, knowledge, cultures, memory and history shared between the peoples of Brazil, Latin America and the Caribbean. They are:

  1. Peoples’ sovereignty over water, land, territories and also food sovereignty, with the right to land and territories, agrarian reform and the diversity of peoples’ agroecological knowledge as real solutions to the climate crisis;
  2. The need for historical reparations and the cancellation of illegitimate debts, built on violations of the rights of indigenous peoples, Afro-descendants, women and diversity of peoples who, in the secular resistance to colonialism, imperialism, neoliberalism and the death projects of transnational corporations, have built webs of protection for the territories and for solidary social relations;

III. The construction of a just, popular and inclusive transition with decent work, based on the organisation and mobilisation of the working class and the reorganisation of an economy centred on the sustainability of life, and not on the continuation of neo-colonial extractivism for the sustenance of great fortunes and private technology companies as well as fossil fuel consumption, which also sustains wars, genocides and the artificial death of human ideas and ideals;

  1. Against oppression, for democracy and for the internationalism of peoples and real and radical solidarity as a possibility to recreate political and democratic care and commitment between people, territories and nations, in the fight against fascism and the wars that multilateralism, in crisis and captured by corporate interests, can no longer contain;
  2. Just cities and lively urban peripheries, with rights, housing, mobility, healthy food, health, education public systems, also with coexistence and adapted to the climate crisis, without racism and social segregation; and finally,
  3. Popular feminism and women’s resistance in the territories because women are at the forefront of the struggles for environmental justice, dismantling the patriarchal structures at the origins of the capitalist system’s accumulation process, which need to be radically transformed if we are to change the world.

The Amazon, like the rest of Brazil’s biomes, matters. And, with the exception of the Caatinga, those biomes contain riches in socio-biodiversity and cultures that we share with other South American countries. In addition, the Blue Amazon, within the limits of the Continental Shelf, which constitutes a maretory (sea “territory”) of  360,000 km² area on Brazil’s Equatorial Margin, brings us closer to and connects us with the Caribbean and neighbouring countries on the Atlantic coast as far as the Mesoamerican region. Based on the boom of Latin American and Caribbean struggles in defence of democracy against colonialism, neoliberalism, imperialism, fascism and the ultra-right, the unity among the peoples in defence of democracy, and without amnesty for the coup plotters, builds the popular power needed to confront the climate crisis with environmental justice, dismantling the power of the big transnational corporations and the free trade agreements that benefit them. This is happening on the basis of the concept and political project of Food Sovereignty, the proposals of the working class for a Just Transition with regional integration, the practices of the feminist economy with decent work for all in times of accelerated technological change and the fight for the right of Free Movement for migrant people, not for goods. These are the political agendas of the peoples with whom we have historically shared stories of struggle and solidarity: today, facing the daunting results in Ecuador’s elections, and always.

How can we translate these political and practical proposals from the territories and peoples in the region, who are building real solutions for climate justice, beyond the spaces captured by corporate interests at the United Nations? The People’s Summit is a space where movements converge to share a long-term analysis and build a common political agenda beyond COP30. It is already on the move, from the Amazon to the Pampa, from Abya Ayala lands, for some Latin America, to the world. And we have to navigate a sea of contradictions in a world where imperial powers are in decline and at war, so the distance between popular visions and proposals and those of the UN climate negotiations is abysmal. However, in the face of the crisis of capitalism, this is where people’s solutions must be recognised and strengthened, bringing lessons from the Amazon to the world.

In 30 years, the climate COPs have not reached a decision on climate financing – apart from the fact that it is operated by financial institutions like the World Bank and with debt-generating loans and funds from private investments and carbon markets. The peoples and civil society are competing with companies, which are increasingly specialised in profiting from climate disasters, for access to and local management of resources to strengthen their territories and social projects, in a legitimate but unequal way, in the limited context of social participation in the negotiations.

On the other hand, the social and popular movements of the region, faced with the escalation of hunger and violence in Haiti and the military invasion of Kenya financed by the United States, are demanding the repay of an immoral and illegitimate debt levied by France exactly  200 years ago on 17 April 2025, for having enslaved black people on that Caribbean island, named after its decimated indigenous population, which dared to be the first European colony to liberate itself and gain independence in 1804. They demand not only historical reparations for black and quilombola peoples, but also the effective recognition of their ancestral culture and the permanence of their territories as a central theme in the care of biodiversity and the climate, having already won an important victory at the 16th Biodiversity Conference in Cali, Colombia, last year. 

COP 30 in Belem is supposed to review the NDCs, which are the Nationally Determined Contributions of each country to mitigate greenhouse gas emissions so that global warming does not exceed the 1.5oC limit stipulated in the Paris Agreement. However, there is still no target for ending pollution and no treaty to hold the big corporations in the fossil fuel industry accountable for their violations of rights and for their historical and current climate responsibility (70 per cent of global emissions that heat up the planet and destroy territories, maretories and the life of ecosystems and local communities come from fossil fuels). The indigenous peoples of Brazil are demonstrating why they are part of the solution, defending not only their environments, but all biomes and the health of the population and the planet, as well as pointing out those to blame for the attacks on their territories and ways of life, and uniting with the rural movements affected by agribusiness, which deforests and pollutes.

Although Brazil has no historical responsibility compared to the countries that developed and benefited from the Industrial Revolution, today it is the seventh largest emitter of Greenhouse Gases (with 3% of global emissions). Around 75 per cent of Brazil’s emissions come from the Amazon, and 14 per cent from the Cerrado region. 48% of Brazil’s emissions come from deforestation, and 27% from agriculture (20% agriculture proper and 80% livestock). Considering that the main culprit of deforestation in Brazil is the agricultural sector, we can say that more than 75 per cent of Brazil’s climate pollution is the direct responsibility of agribusiness. Not to mention all the emissions involved in the production and use of pesticides and fertilisers, machinery and the intercontinental transport of commodities. As well as heating up the planet, it destroys biodiversity; contaminates bodies and territories with pesticides; expels and murders indigenous people, quilombolas, peasants and environmentalists; concentrates land and power; and all this not to produce food, but to export commodities, in a highly subsidised and tax-free way.

The corporate agribusiness combine, dependent on mining and oil, is preparing its Agri COP in the town of Marabá (PA) in October this year. For their part, the ultra-conservative Trumpists and Bolsonarists are calling for CPAC (Conservative Political Action Conference) 2025 to counter COP 30 in Manaus in the same period. The hope and commitment to caring for life lies in grassroots organisations, the defence of democracy and the mobilisation of peoples at the People’s Summit towards Belém, where all waters flow. Brazil’s presidency of this historic COP must see this movement as an ally for the success of the conference, besides being essential for autonomous and self-organised popular participation in defence of democracy and integration between peoples, instead of promoting business climate champions and public resources for the false solutions of the financialisation of climate and nature with corporate territorial control.

This journey, for the peoples and social movements of Brazil and Latin America, has come a long way and joins the solidarity and global mobilisation for climate justice, in alliance against fascism, genocide in Palestine and social inequalities. In order to combat global emissions, starting with the accountability of the countries and transnational corporations with the greatest historical contributions, we want to show, from our region – from Brazil, from the Amazon and to the world, how we fight in unity against the degradation of our biomes, our health and our ways of life, whether in the forests, the seas, the fields or the cities.

May our voices echo in unison to warn of the urgency of confronting and transforming the current global oil and agribusiness, hydro and mining export model, fostered by free trade agreements from the former colonies of the Global South to the imperial powers that, in crisis, continue to fuel wars and genocides and heat up the planet. Our struggle for an ecological transition, with environmental justice and popular feminism, involves protecting territories of life, rebuilding food and energy systems, water management and urban spaces, quality public services, health, education and sanitation, with reparations for native and traditional peoples, black people, women and diverse people, as well as  respect for the cultures of the inhabitants of this land who have the wisdom, strength and willingness to fight to continue this journey. May this meeting grow like the waters when they come together, converging with the strength and the unity of the peoples of the world in the diversity of Amazonian knowledge. 

Translated by Alan Noronha – Friends of the Earth Brazil

Article originally published in Portuguese in the newspaper Brasil de Fato on https://www.brasildefato.com.br/colunista/amigos-da-terra-brasil/2025/04/16/clima-complicado-como-navegar-com-unidade-popular-no-mar-das-contradicoes-rumo-a-cop-30/

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Clima complicado: como navegar com unidade popular no mar das contradições rumo à COP 30?

A Cúpula dos Povos rumo à COP 30 (30ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), construindo convergência popular entre mais de 500 movimentos, redes e organizações sociais de todo o mundo, espera reunir mais de 15 mil pessoas em Belém (PA), em novembro deste ano. O objetivo é fazer o debate democrático, a partir da Amazônia para o mundo, de um projeto popular para a justiça climática e que seja capaz de combater as desigualdades e o racismo ambiental.

A Cúpula está sendo organizada em eixos de convergência de propostas, a partir da diversidade das práticas, saberes, culturas, memória e história compartilhada entre os povos do Brasil, da América Latina e do Caribe. São eles:

I. A soberania dos povos sobre as águas, terras, territórios e a soberania alimentar, tendo o direito à terra e territórios, à reforma agrária e à diversidade de saberes agroecológicos dos povos como soluções reais à crise climática;

II. A necessidade de Reparações históricas e cancelamento das dívidas ilegítimas, construídas sobre as violações de direitos dos povos originários, afrodescendentes, das mulheres e diversidades que, na resistência secular ao colonialismo, imperialismo, neoliberalismo e aos projetos de morte das empresas transnacionais, construíram as teias de proteção dos territórios e das relações sociais solidárias;

III. A construção de uma transição justa, popular e inclusiva com trabalho decente, a partir da organização e mobilização da classe trabalhadora e da reorganização de uma economia centrada na sustentabilidade da vida, e não na continuidade do extrativismo neocolonial para o sustento de grandes fortunas e de empresas privadas de tecnologia e do consumo energético fóssil, que também sustenta guerras, genocídios e a morte artificial das ideias e ideais humanos;

IV. Contra as opressões, pela democracia e pelo internacionalismo dos povos e a solidariedade, real e radical, como possibilidade de recriar o cuidado e o compromisso políticos e democrático entre as pessoas, territórios, povos e nações, no combate ao fascismo e às guerras que o multilateralismo, em crise e capturado pelos interesses corporativos, já não consegue conter;

V. Cidades justas e periferias urbanas vivas, com direitos, moradia, mobilidade, alimentação saudável, saúde, educação, com convivência e adaptadas à crise climática, sem racismo e segregação social; e finalmente,

VI. Feminismo popular e resistências das mulheres nos territórios porque as mulheres estão na linha de frente das lutas por justiça ambiental, desmantelando as estruturas patriarcais nas origens do processo de acumulação do sistema capitalista, que precisam ser radicalmente transformadas para mudarmos o mundo.

A Amazônia, assim como os demais biomas brasileiros, importam. E, à exceção da Caatinga, são riquezas em sociobiodiversidade e culturas que compartilhamos com países da América do Sul. Também a Amazônia Azul, nos limites mar adentro da Plataforma Continental, constituindo um maretório de 360 mil km² na Margem Equatorial do Brasil, aproxima e nos conecta com o Caribe e países vizinhos na costa Atlântica até a região mesoamericana. Tendo como base o acúmulo das lutas latino-americanas e caribenhas na defesa da democracia contra o colonialismo, o neoliberalismo, o imperialismo, o fascismo e a ultradireita, a unidade entre os povos em defesa da democracia, e sem anistia aos golpistas, constrói o poder popular necessário para enfrentar a crise climática com justiça ambiental, desmantelando o poder das grandes empresas transnacionais e os acordos de livre comércio que as beneficiam. Isso acontece a partir do conceito e do projeto politico da Soberania Alimentar, das proposições da classe trabalhadora para a Transição Justa com integração regional, das práticas da economia feminista com trabalho decente para todos e todas em tempos de mudanças tecnológicas aceleradas e da luta por direitos de Livre Circulação das pessoas migrantes, não de mercadorias. São agendas políticas dos povos com quem compartilhamos histórias de luta e solidariedade historicamente, hoje, frente aos resultados fraudados nas eleições do Equador, e sempre.

Como traduzir essas propostas políticas e práticas dos territórios e dos povos, que na região constroem as verdadeiras soluções para a justiça climática, para além dos espaços capturados pelos interesses corporativos nas Nações Unidas? A Cúpula dos Povos é um espaço de convergência entre movimentos para compartilhar uma análise de longo prazo e construir uma agenda política comum além da COP30. Ela já está em movimento, da Amazônia ao Pampa, da América Latina para o mundo. E é preciso navegar num mar de contradições de um mundo onde os poderes imperiais estão em declínio e em guerra, assim, a distância das visões e propostas populares daquelas das negociações climáticas da ONU é abismal. Porém, frente à crise do capitalismo, é onde as soluções dos povos devem ser reconhecidas e potencializadas, trazendo ensinamentos da Amazônia para o mundo.

Em 30 anos, as COPs do clima não chegaram a uma decisão sobre financiamento climático – para além de que seja operado por instituições financeiras como o Banco Mundial e com empréstimos geradores de dívidas e fundos provenientes de investimentos privados e mercados de carbono. Os povos e a sociedade civil disputam com empresas, cada vez mais especializadas em lucrar com os desastres climáticos, o acesso e a gestão local de recursos para o fortalecimento de seus territórios e projetos sociais, de forma legítima porém desigual, no contexto limitado de participação social nas negociações.

Já os movimentos sociais e populares da região, frente à escalada da fome e da violência no Haiti, e da invasão militar de tropas no Quênia financiadas pelos Estados Unidos, demandam a devolução de uma dívida imoral e ilegítima cobrada pela França há exatos 200 anos neste 17 de abril de 2025, por ter o povo negro escravizado nessa ilha do Caribe, nomeada em homenagem à sua população indígena dizimada, ousado ter sido a primeira colônia europeia a liberar-se e independizar-se, em 1804. Demandam não apenas reparação histórica aos povos negros e quilombolas, como também a efetivação do reconhecimento de sua cultura ancestral e a permanência nos territórios como tema central no cuidado da biodiversidade e do clima, já tendo consquistado importante vitória na 16ª Conferência da Biodiversidade em Cali, na Colômbia, no ano passado.

A COP 30 em Belém deve revisar as tais NDCs, que são as Contribuições Nacionais Determinadas por cada país para a mitigação das emissões dos gases de efeito estufa a fim de que o aquecimento global não ultrapasse limite de 1,5oC estipulado pelo Acordo de Paris. No entanto, ainda não se determinou uma meta para o fim da poluição e nem um tratado para a responsabilização das grandes empresas da indústria dos combustíveis fósseis por suas violações de direitos e por sua responsabilidade climática, histórica e atual (70% das emissões globais que aquecem o planeta e destroem territórios, maretórios e a vida dos ecossistemas e comunidades locais são oriundos de combustíveis fósseis). Já os povos indígenas do Brasil demonstram por que fazem parte da solução, defendendo não apenas seus ambientes, mas todos os biomas e a saúde da população e do planeta, bem como apontando os culpados pelos ataques aos territórios e modos de vida e unindo aos movimentos do campo atingidos pelo agronegócio, que desmata e contamina.

O Brasil, apesar de não ter responsabilidade histórica, comparativamente aos países que desenvolveram e se beneficiaram da Revolução Industrial, hoje é o sétimo maior emissor de Gases de Efeito Estufa (com 3% das emissões globais). Cerca de 75% das emissões brasileiras se dão na Amazônia, e 14% no Cerrado. 48% das emissões brasileiras são provenientes de desmatamento, e 27% da agropecuária (20% agricultura e 80% da pecuária). Considerando que o principal responsável pelo desmatamento no Brasil é o setor agropecuário, podemos dizer que mais de 75% da poluição climática brasileira é de responsabilidade direta do agronegócio. Sem contar todas as emissões envolvidas pela produção e utilização de agrotóxicos e fertilizantes, dos maquinários e do transporte intercontinental de commodities. Além de aquecer o planeta, destroi a biodiversidade; contamina corpos e territórios com agrotóxicos; expulsa e assassina indígenas, quilombolas, campesinos, ambientalistas; concentra terras e poder; e tudo isso não para produzir alimentos, mas para exportar commodities, de forma altamente subsidiada e isenta de impostos.

A conjunção empresarial do agronegócio, dependente da mineração e do petróleo, prepara sua COP do Agro na cidade de Marabá (PA), em outubro deste ano. Por sua vez, os ultraconservadores trumpistas e bolsonaristas convocam a CPAC (Conservative Political Action Conference) 2025 para contrapor a COP 30 em Manaus no mesmo período. A esperança e o compromisso no cuidado com a vida está na organização popular, na defesa da democracia e na mobilização dos povos na Cúpula dos Povos rumo à Belém, para onde todas as águas confluem. A presidência do Brasil desta COP histórica deve ver esse movimento como aliado para o sucesso da conferência, tanto quanto essencial para a participação popular autônoma e auto-organizada em defesa da democracia e da integração entre os povos, ao invés de promover campeões climáticos do empresariado e recursos públicos para as falsas soluções de financeirização do clima e da natureza com controle territorial empresarial.

Esta caminhada, para os povos e movimentos sociais brasileiros e latino-americanos, vem de longe e se soma à solidariedade e à mobilização mundial pela justiça climática, em aliança contra o fascismo, o genocídio na Palestina e as desigualdades sociais. Para combater as emissões globais, começando pela responsabilização dos países e empresas transnacionais com maiores contribuições históricas, queremos mostrar, desde a nossa região, do Brasil, da Amazônia e para o mundo, como lutamos em unidade contra a degradação de nossos biomas, de nossa saúde e modos de vida, seja nas florestas, nos mares, nos campos e nas cidades.

Que nossa voz, em uníssono, ecoe para alertar a urgência de enfrentar e transformar o atual modelo global petroleiro e agro, hidro e minero exportador, fomentado por acordos de livre comércio, das ex-colônias do Sul Global para as potências imperiais que, em crise, seguem alimentando guerras e genocídios e aquecendo o planeta. Nossa luta por uma transição ecológica, com justiça ambiental e feminismo popular, passa por proteger territórios de vida, reconstruir os sistemas alimentares, energéticos, de gestão das águas e dos espaços urbanos, dos serviços públicos de qualidade, saúde, educação, saneamento, com reparação aos povos originários e tradicionais, povo negro, mulheres e diversidades e o respeito às culturas dos povos dessa terra que tem sabedoria, força e disposição de luta para seguir essa caminhada. Que esse encontro cresça como as águas quando se juntam, confluindo com força e unidade dos povos do mundo na diversidade dos saberes da Amazônia.

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Oficina de Olho na Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM)

🔍 Na sexta-feira (31), ocorreu a “Oficina de Olho na CFEM”, na Fecosul, em Porto Alegre (RS). O encontro aprofundou o debate sobre o modelo mineral brasileiro. Como pesquisador da De Olho na CFEM, Eduardo Raguse, do @mam, @comite e ATBr, expôs o que é e como se dá a Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) em diferentes municípios do Brasil.

🚩 Pontos como minerodependência, finitude dos recursos, falácia do desenvolvimento e injustiça econômica foram abordados. E por meio do acompanhamento e investigações dos impostos gerados no país a partir da atividade, fica evidente: Mineração no Brasil é um saque.

🚨 No atual modelo mineral, a atividade gera impactos devastadores aos povos e territórios de vida, ampliando violência, feminicídio, prostituição infantil, poluição, contaminação, devastação da natureza e adoecimento físico e mental da população. Além disso, apenas migalhas acabam sobrando para os municípios minerados, devido à baixa alíquota à CFEM e das altíssimas taxas de sonegação por parte do setor minerário.

Durante a oficina, aspectos como a falta de transparência dos municípios quanto à utilização dos recursos que vem da mineração, assim como a falta de controle social sobre seu uso, foram discutidos.

Urge construirmos outros horizontes, com mecanismos de controle social e acesso à utilização dos recursos, exigindo transparência e priorizando a utilização desses recursos para o bem-estar das comunidades e para a diversificação econômica, superando a dependência da mineração no nosso país.

Seguimos em luta por um novo modelo mineral brasileiro, soberano e popular!

Acesse a apresentação feita durante a Oficina e fique por dentro dos dados: 2025-01-31 – Oficina CFEM RS – Eduardo Raguse

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Musk e X não estão acima de todos: a impunidade das big techs

Nos últimos meses, acompanhamos o duelo de poder entre Elon Musk e o STF (Supremo Tribunal Federal). O empresário, dono de uma das maiores plataformas de big tech do mundo, a X, decidiu ter uma queda de braço com o Ministro Alexandre de Moraes, chegando inclusive a suspender o serviços da plataforma no Brasil. Longe de ser apenas uma batalha de egos, o caso expõe os riscos democráticos da concentração de poder nas mãos das empresas transnacionais.

Articulação internacional de organizações e movimentos sociais tenta, há 10 anos, criar um Tratado Vinculante junto à ONU para responsabilizar as empresas transnacionais. Crédito: Reprodução/Dismantle Corp Power

De acordo com pesquisas desenvolvidas pelo Center for Countering Digital Hate, a plataforma X tem sido o epicentro da desinformação. Recentemente, durante as eleições nos EUA (Estados Unidos), as postagens de Elon Musk têm atingido milhões de seguidores, influenciando nos resultados eleitorais. Da mesma forma, pesquisas apontam a relação entre o comportamento extremista de Musk e as manifestações fascistas na Inglaterra.

As empresas transnacionais vêm concentrando poder político, econômico, social e cultural desde os anos 70. Possuem uma capacidade de adaptação às críticas sociais e ambientais, transformando-se cada vez mais em entes para além do Estado. Um marco regulatório internacional para essas pessoas jurídicas internacionais, que produzem em cadeias globais de valor, que especulam em mercados financeiros internacionalmente, não avança, de modo que se propaga a arquitetura da impunidade.

As big techs, como são conhecidas as empresas transnacionais da tecnologia, entre elas o X, Google, Meta e Amazon, movem um capital financeiro maior que o PIB (Produto Interno Bruto) de toda a América Latina; em número, são cerca de R$ 10 trilhões. O Google vem conseguindo implementar o monopólio da pesquisa online, sendo uma das plataformas de busca mais utilizadas em todo o mundo. A Meta, que além do controle de grandes redes sociais como Facebook, agora domina o WhatsApp, acumula uma base de dados e de informações de seus usuários maior que os mecanismos de vigilância estatais.

Com esse capital econômico, político e cultural, as big techs estão determinando que tipo de pensamento hegemônico reproduzir sobre a consciência das massas. Na América Latina, os efeitos eleitorais do uso dessas máquinas são desastrosos. Na Argentina, o papel que a plataforma X teve em influenciar a juventude com ideologias extremistas rendeu a vitória eleitoral a Javier Milei. Ou mesmo o papel que a Meta vem tendo para uso do Messenger do Facebook no atendimento de políticas de saúde e proteção para mulheres grávidas.

Estamos sendo vítimas de um novo tipo de colonialismo modernizante. As iniciativas de regulação, sobretudo da inteligência artificial, ainda patinam, e nem enfrentam o tema sobre a perspectiva da ameaça à soberania. No Brasil, projetos de lei como o PL das Fake News (n.º 2630/2020) estão completamente paralisados no Senado. Recentemente, o Ministério da Fazenda anunciou que apresentou um plano para regulação, visando um equilíbrio de mercado junto ao CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). De uma forma geral, projetos regulatórios, como as diretrizes da União Europeia, seguem apostando na boa vontade empresarial em autorregular-se.


Iniciativas que se contrapõe à impunidade

Desde 2014, tramita no Conselho de Direitos Humanos da ONU (Organização das Nações Unidas), a formulação de um Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionais e Direitos Humanos, no qual se possa corrigir a assimetria de poderes entre empresas transnacionais e atingidos, possibilitando pôr fim a uma arquitetura da impunidade corporativa internacional. Ocorre que, ano após ano, o projeto vai sendo desidratado pela correlação de forças conservadoras no Conselho. Recentemente, o governo do Equador, país que está na Presidência do Grupo responsável pela elaboração do instrumento, sem qualquer diálogo, cancelou a sessão prevista para meados de outubro, apresentando final de dezembro como nova data para a agenda.

A manobra causou insatisfação popular. Mais de 300 milhões de pessoas da sociedade civil, movimentos sociais e centros de investigação reunidos na Campanha Internacional pelo Desmantelamento do Poder Corporativo e pela Soberania dos Povos lançaram um manifesto. No documento, apontam que o reagendamento favorece a participação de países do Norte Global em detrimento de países do Sul global, prejudicando, ainda, a participação de organizações e movimentos que já tinham comprometido seus orçamentos com passagens e hospedagens caras em Genebra, na Suíça, para as datas de outubro.

No Brasil, o projeto de lei n.º 572/2022, que propõe uma lei marco sobre direitos humanos e empresas, encontra-se parado na Câmara dos Deputados desde outubro de 2023.


Democratização dos meios de comunicação

Não existe democracia na comunicação realizada pelas big techs nas redes sociais. Os usuários dessas redes estão expostos a todo tipo de conteúdo misógino, racista, homofóbico, elitista, diariamente. Essas empresas não têm nenhum compromisso ético com as informações compartilhadas, ou mesmo mecanismos eficazes de remoção de conteúdos que remetem à violência, violação de direitos humanos e desinformação. Sequer, os consumidores desses veículos têm proteção contra o uso de seus dados pessoais.

Talvez, de todos os medos que possamos ter sobre um futuro do planeta dominado pelas empresas transnacionais, o controle das formas de pensar e a produção de hegemonia por estas big techs seja uma das maiores ameaças a qualquer projeto de futuro alternativo que possamos construir. Precisamos urgentemente nos libertar desse controle.

Supõe-se que o que diferencia nós, humanos, de outras espécies, seja a nossa capacidade de raciocinar. Certamente, uma habilitante em xeque diante do cenário de desinformação. Assim, para além da urgência de regulação das empresas transnacionais, sobretudo as big techs, em prol da defesa dos valores democráticos, talvez o mundo requeira um pouco mais de inteligência, racionalidade e humanidade às pessoas. Fica o convite para pensar para além dos 280 caracteres.

**Este é um artigo de opinião e não necessariamente representa a linha editorial do Brasil do Fato.

Edição: Nathallia Fonseca

* Artigo da ATBR publicado originalmente no site do jornal Brasil de Fato em 22/11/2024. Acesse neste link: https://www.brasildefato.com.br/2024/11/22/musk-e-x-nao-estao-acima-de-todos-a-impunidade-das-big-techs

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Reconstrucción en Rio Grande do Sul: las maniobras de Fraport provocan continuas violaciones de los derechos humanos

La tragedia climática que asola Rio Grande do Sul desde mayo tiene un capítulo dramático: la reestructuración del aeropuerto Salgado Filho. Privatizado en 2017, el aeropuerto fue concedido a la empresa alemana Fraport hasta 2042. Con las fuertes lluvias, la pista y el edificio del aeropuerto quedaron completamente inundados, causando daños a la infraestructura. Sin previsión de que vuelva a funcionar*, hay un juego de tira y afloja entre la empresa y el Estado por la responsabilidad de las obras.

Fraport es bien conocida por la población de Rio Grande do Sul por sus violaciones de los derechos de la comunidad de Vila Nazaré, al norte de Porto Alegre. Esta comunidad estaba situada en las afueras del aeropuerto, donde vivían familias desde hacía décadas, cuando las obras de ampliación de la pista e instalación de un sistema de drenaje provocaron una acción agresiva de la empresa contra la comunidad. Tras recurrir a una empresa subcontratada para desalojar a las familias, en un proceso marcado por la violencia y la arbitrariedad, las 2.000 familias fueron realojadas en urbanizaciones de la periferia de la ciudad y siguen esperando que se instalen infraestructuras, seguridad y servicios públicos de vivienda adecuados.

Un nuevo capítulo en las infracciones de Fraport surgió con las inundaciones que dejaron bajo el agua la pista y el edificio, así como gran parte de la capital del estado. Desde que dejó de llover, la empresa ha intentado eximirse de la responsabilidad de reconstruir el aeropuerto, alegando que las obras corresponderían al Estado, ya que gestiona una concesión y no es la propietaria. Más tarde, representantes de la empresa alemana afirmaron que tal declaración era desafortunada por parte de la administración brasileña, y que estarían abiertos al diálogo.

El gobierno federal está llevando a cabo negociaciones con Fraport para reabrir el aeropuerto. La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) está analizando los costes presentados por Fraport para la reestructuración, así como la solicitud de revisión contractual presentada alegando un caso ocasional. Curiosamente, la misma empresa que anuncia su sostenibilidad y su compromiso de compensar las emisiones de combustible de aviación con créditos procedentes de la supuesta preservación y reducción de emisiones forestales (REDD), que gestiona su aeropuerto central en Fráncfort (Alemania), no dudó en tomar medidas para drenar la pista del aeropuerto alemán en 2023 cuando se inundó. ¿Qué cambia? ¿Es la legislación alemana sobre concesiones más estricta con las empresas transnacionales? ¿Por qué la misma empresa actúa de forma tan diferente en casos similares en distintos países?

Otras quejas contra la empresa se refieren al sistema de protección contra inundaciones. El diputado estatal Matheus Gomes denunció ante el Ministerio Público Federal que Fraport había reducido la inversión necesaria para el sistema de drenaje del aeropuerto. Según el diputado, la empresa no siguió las instrucciones del proyecto dadas por el departamento municipal responsable, el DEP (Departamento de Drenaje Pluvial), que fue suprimido en 2017. El Ministerio Público Federal está investigando el caso.

El aeropuerto Salgado Filho es el noveno mayor del país, responsable de un intenso flujo de pasajeros, que las operaciones, trasladadas a la base aérea de Canoas desde mayo, no han podido atender. Este caso constituye una violación de los derechos de los habitantes de Rio Grande do Sul y de la libre circulación de personas, ya que su movilidad no está garantizada debido a un obstáculo contractual, del mismo modo que la rápida recepción de donaciones y solidaridad por vía aérea en el estado se vio obstaculizada en el momento más crítico de las inundaciones. Está claro que la prestación de servicios públicos por parte de las empresas se centra únicamente en la obtención de beneficios.

El caso es también un paradigma de la reproducción de las injusticias ambientales y de las falsas soluciones del capital a la emergencia climática. La concesión, dada poco después del golpe contra la presidenta Dilma Rousseff por el entonces presidente Michel Temer, forma parte de un proceso de profundización del neoliberalismo en el país. La conquista de cada vez más espacios y servicios públicos por empresas transnacionales dilucida el choque entre los derechos de los pueblos y los derechos de las empresas, en el que las transnacionales siempre se benefician y gozan de impunidad en materia de derechos humanos y crímenes u omisiones ambientales. Un caso más que refuerza la urgencia de un Tratado Vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos, y a nivel nacional el PL 572/2022, un marco nacional para responsabilizar a las empresas por violar derechos que eluden su responsabilidad histórica por el cambio climático, ya sea en la mitigación, adaptación o respuesta a las pérdidas y daños causados por eventos climáticos cada vez más intensos y frecuentes. Recuperar la democracia, los servicios y la gestión pública y regular las empresas transnacionales forma parte del cambio de sistema necesario para alcanzar la justicia climática en un clima que ya ha cambiado.

*Tras la publicación de este artículo, se anunció que el aeropuerto reanudaría sus operaciones en octubre.

Artículo publicado originalmente en portugués en el diario Brasil de Fato el https://www.brasildefato.com.br/2024/08/12/reconstrucao-no-rio-grande-do-sul-manobras-da-fraport-resultam-na-continuidade-de-violacoes-dos-direitos-humanos

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Reconstruction in Rio Grande do Sul: Fraport’s manoeuvres result in continued human rights violations

The climate tragedy that has ravaged Rio Grande do Sul since May has a dramatic chapter: the restructuring of Salgado Filho Airport. Privatised in 2017, the airport was granted to the German company Fraport until 2042. Due to intense rains, the runway and airport building were completely flooded, causing infrastructure damages. With no expected return to operation*, a blame game has ensued between the company and the state over the responsibility for the repairs.

Fraport is well-known to the people of Rio Grande do Sul due to violations against the community of Vila Nazaré in the northern area of Porto Alegre. This community was located near the airport, where families had lived for decades, when the runway extension and drainage system installation works led to aggressive actions by the company against the community. After a third-party company was hired to remove the families in a process marked by violence and arbitrariness, the 2,000 families were relocated to peripheral housing complexes and are still waiting for adequate infrastructure, safety conditions, and public services for housing.

A new chapter of Fraport’s violations has emerged with the floods that left the runway, the building, as well as much of the capital of Rio Grande do Sul underwater. Since the rains ceased, the company has tried to distance itself from responsibility for the airport’s reconstruction, claiming that the work should be the state’s responsibility since they manage a concession and are not the owner. Later, the German company representatives claimed that such statement was unfortunate on the part of the Brazilian administration and that they were open to dialogue.

The federal government is now conducting negotiations with Fraport for the reopening of the airport. The National Civil Aviation Agency (ANAC) is analysing the costs presented by Fraport for restructuring, as well as the company’s request for contractual revision, based on the argument of an extraordinary event. Curiously, the same company, which promotes its sustainable efforts and commitment to offsetting aviation fuel emissions through forest preservation and emission reduction credits (REDD), did not hesitate to drain the runway at its headquarters in Frankfurt, Germany, during a 2023 flood. What’s different? Is the German concession legislation more stringent with multinational companies? Why does the same company act so differently in similar cases in different countries?

Other allegations against the company involve the flood protection system. State Representative Matheus Gomes reported to the Federal Public Prosecutor’s Office that Fraport had reduced the necessary investments for the airport’s drainage system works. According to the representative, the company did not follow the project guidelines given by the responsible municipal department, the DEP (Department of Storm Sewers), which was dissolved in 2017. The Federal Public Prosecutor’s Office is investigating the case.

Salgado Filho Airport is the ninth largest in the country, responsible for a significant passenger flow, which the operations relocated to the airbase in Canoas since May cannot accommodate. This case constitutes a violation of the rights of the people of Rio Grande do Sul and people’s freedom of movement, as their mobility is not ensured due to a contractual impasse. It also made it difficult to quickly receive donations and solidarity through air in that state in the most critical moment of the floods. It is evident that the provision of public services by companies is solely focused on profit.

This case is also a paradigm of the reproduction of environmental injustices and the false solutions of capital in the face of climate emergency. The concession, granted shortly after the coup against President Dilma Rousseff by then-president Michel Temer, is part of a process of deepening neoliberalism in the country. The increasing takeover of public spaces and services by multinational companies highlights the clash between the rights of people versus the rights of companies, where multinationals always come out on top, enjoying impunity in matters of human rights and environmental crimes or omissions. This is yet another case that underscores the urgency of a Binding Treaty on multinational companies and human rights. Nationally, it highlights the need for the bill PL 572/2022, a national framework for holding accountable the companies that violate rights, evade their historical responsibility regarding climate change, whether in mitigation actions, adaptation, or response to the increasingly intense and frequent climate-related losses and damages. Restoring democracy, public services and management, and regulating multinational companies are part of the necessary systemic change to achieve climate justice in an already changed climate.

* After the publication of this article, it was announced that the airport should resume operations in October

Article originally published in Portuguese in the newspaper Brasil de Fato on https://www.brasildefato.com.br/2024/08/12/reconstrucao-no-rio-grande-do-sul-manobras-da-fraport-resultam-na-continuidade-de-violacoes-dos-direitos-humano 

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