Hace un año, la población del sureño estado brasileño de Rio Grande do Sul se enfrentó a una de las peores catástrofes socioambientales de su historia, si no la peor. En los últimos días de abril y durante el mes de mayo de 2024, el volumen de lluvia registrado en el estado fue muy elevado en la mayoría de las regiones, situación sin precedentes en más de un siglo de mediciones en distintos municipios, según informó el instituto meteorológico Metsul. Localidades de importantes cuencas hidrográficas, de las que varios ríos desembocan en la región metropolitana de Porto Alegre, promediaron fácilmente entre 400mm y 800mm de lluvia acumulada en el período, alcanzando la impresionante cifra de 1.023mm en la estación meteorológica de Caxias do Sul, en la Sierra Gaucha. Según los datos, en menos de quince días llovió el equivalente de lo que suele llover durante cinco meses en el estado.
Los resultados pudieron ser acompañados por todo el país a través de los medios, incluidas las retransmisiones en directo de famosos presentadores de televisión. Las imágenes del caos climático dieron la vuelta al mundo. Ciudades inundadas por el desbordamiento de ríos y deficiencia en el sistema de protección y la escorrentía del agua de lluvia, comunidades aisladas por desprendimientos de tierras y carreteras destruidas, daños económicos e impacto en el medio ambiente. Aproximadamente 537.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares; 80.000 tuvieron que recurrir a refugios públicos; 184 personas murieron y otras 25 siguen desaparecidas. Alrededor de uno de cada cinco habitantes de RS se vio afectado por las inundaciones. De las 497 ciudades del estado, 478 se vieron afectadas.
Un año después, la histórica inundación permanece en la memoria para algunos, pero para muchos sigue siendo una realidad cotidiana. La clase trabajadora, la población empobrecida, las pequeñas empresas, los territorios indígenas y quilombolas, los asentamientos de la reforma agraria y los campesinos siguen intentando recuperar sus pérdidas y reconstruir mínimamente sus vidas. Para dar una idea, a finales de abril de este año, casi 400 personas se alojaban en albergues públicos porque no tienen adónde ir, la mayoría en la región metropolitana. El gobierno estatal quiere vaciarlos antes de finales de mayo, pero utilizando soluciones aún más precarias, como las estancias solidarias y los alojamientos temporales, lo que acaba prolongando la agonía y la inseguridad que parecen no tener fin. Como recurso habitacional más eficaz, existe el programa del gobierno federal para comprar una casa con fondos públicos (llamado compra asistida), pero muchas familias se quejan de que no pueden acceder a él por la exigencia de acreditar documentación, además de que el proceso dura meses.
Resistir para existir: las inundaciones revelan la lucha por los territorios de la vida
El pueblo mbyá guaraní de Pindó Poty sufre inundaciones desde hace años en el barrio de Lami, en el extremo sur de Porto Alegre (RS). Los guaraníes ya no pueden contar cuántas veces han reconstruido sus casas, han perdido la ropa y los utensilios, las cosechas, los animales domésticos y los que criaban para comer. La gran inundación de 2024 no fue diferente. El pueblo se inundó al desbordarse el arroyo Lami, que bordea ese lugar. Las familias fueron acogidas temporalmente por parientes kaingang del pueblo Van-Ká, en el mismo barrio de la capital de Rio Grande do Sul. A su regreso, contaron con una red de solidaridad y donaciones para reconstruir sus vidas una vez más.
Una encuesta de colaboración, llevada a cabo conjuntamente por CIMI Regional Sur, la Comisión Yvyrupa Guaraní (CGY), FLD/Comin/CAPA y CEPI/RS, indicó que más de 80 comunidades y territorios indígenas se vieron directamente afectados, algunos de ellos con extrema gravedad, los pasados meses de abril y mayo. La CGY promovió entonces una campaña financiera y de donaciones, que tuvo como resultado la distribución de 20 toneladas de alimentos a 37 pueblos, que también recibieron agua potable y artículos básicos como mantas y colchones. Según un informe divulgado por la Comisión Guaraní en junio de 2024, se llegó a 674 familias, con un total de más de 3.300 personas, en diversas regiones del estado de Rio Grande do Sul.
La campaña de la CGY contó con el apoyo de un amplio abanico de socios de la sociedad civil, individuos, colectivos y organizaciones, muchos de ellos de fuera de Brasil. Además, Amigas de la Tierra Brasil participó en otro frente, junto con Rede Coop, a través del cual entregamos canastas de alimentos procedentes de la agricultura campesina a las familias guaraníes del pueblo de Yy Ryapu, en Palmares do Sul, al sur del estado. Estas iniciativas resumen bien lo que vimos durante gran parte de la emergencia de las inundaciones: una red de solidaridad sostenida por la sociedad ya organizada y por tantos individuos que, ante la urgencia, se organizaron: “Ninguno de los Tekoá [pueblos] afectados ha tenido apoyo de las autoridades hasta ahora. Ni con comida, ni con nada. La cosa es difícil. Cuando ocurrió esta tragedia de las inundaciones, conseguimos apoyo de socios indigenistas y de organizaciones de otros países, como Alemania”, explica Helio Wherá, de la CGY.
La inundación deja claro que los gobiernos están cada vez más alejados de los territorios indígenas. Tanto a la hora de atender la principal reivindicación de muchos de ellos, que es la demarcación de las tierras, como a la hora de proporcionarles las infraestructuras necesarias y el acceso a los servicios humanos básicos, como salud y saneamiento, para que puedan vivir. A nivel federal, vemos un intento del gobierno de Lula de acercarse a los lugareños, pero está ocurriendo muy lentamente. El pueblo de Pekuruty resiste precariamente desde hace 16 años a orillas de la autopista BR 290, en Eldorado do Sul (RS), y se inundó el 2024 , junto con alrededor del 80% de la ciudad. Lo poco que quedaba de sus pertenencias fue retirado por funcionarios del DNIT (Departamento Nacional de Infraestructuras de Transporte), y tuvieron que empezar de nuevo prácticamente desde cero, contando únicamente con la ayuda de socios.
Al igual que Pindó Poty, Pekuruty espera la demarcación para poder asentarse en un lugar seguro. “El gobierno tiene tierras, pero ¿no quiere dárselas a los indígenas o quiere matarlo todo? El hombre blanco piensa con dinero. Entonces compra animales, vacas, tierra, planta todo, cosecha dinero. Vende agua, vende pescado. Hay 2.000, 3.000 hectáreas de tierra. Y aquí [en el pueblo], hay 400 hectáreas, caballos, vacas, tierra. ¿Será que no tenemos un poco para que los indígenas puedan vivir aquí?”, preguntó el jefe Estevão Kuaray.
Los efectos de la emergencia climática son sólo uno de los muchos retos a los que se enfrentan a diario los pueblos indígenas para sobrevivir. La retoma indígena Tekoa Yjerê, en Ponta do Arado, bordeada por el río Guaíba, en la capital de Rio Grande do Sul, se vio completamente afectada por la inundación. En aquel momento, las familias, constantemente agredidas por un promotor inmobiliario que quiere instalarse en el lugar, lo perdieron todo, y el jefe Timóteo Karay Mirim reflexionó sobre la relación de los pueblos con la naturaleza, que está siendo destruida por la sociedad capitalista de los no indígenas (Juruá). Al mismo tiempo, en el pueblo Tekoá Jatay’ti (Cantagalo), situado en Viamão (RS), Jaime Vherá Guyrá, que era jefe del territorio, destacó la importancia de la tierra para los pueblos indígenas y la relación entre la tierra y la emergencia climática.
La «catástrofe» se ha convertido en una oportunidad de ganancias para los capitalistas y las grandes empresas
Desde al menos 2019, venimos siguiendo algunos de los dramas a los que se enfrentan las familias del asentamiento de Guaíba City, donde viven unas 280 familias, entre las localidades de Charqueadas y Eldorado do Sul, cerca del río Jacuí. La comunidad y el Asentamiento de la Reforma Agraria Apolônio de Carvalho, perteneciente al MST (Movimiento de los Sin Tierra), corrían un grave riesgo a causa de la mina de carbón a cielo abierto proyectada por Copelmi, que sería la mayor de Brasil. La grave inundación de la región en 2024 fue la gota que colmó el vaso para que la empresa renunciara este año al proyecto, que ya se enfrentaba a un embargo judicial y a una fuerte resistencia popular.
Sin duda es una victoria, pero Guaíba City sigue abandonada. La comunidad, que lleva años desatendida por las autoridades públicas, experimentó otro nivel de desamparo durante la inundación, cuando quedó aislada. Según los habitantes, no hubo ninguna advertencia sobre la inundación. Perdieron sus pertenencias y animales domésticos, y sufrieron pérdidas como consecuencia de la inundación de sus viviendas y pequeños negocios. Tras la inundación, visitamos la región y registramos animales muertos y mucha basura en las calles, carreteras dañadas e instalaciones públicas en desuso, como un centro de salud. La comunidad también pidió que se reconstruyera un puente para poder desplazarse. Las respuestas de las intendencias fueron lentas.
La ciudad donde están Guaíba City y el Pueblo Guarani Pekuruty es Eldorado do Sul que, proporcionalmente, fue el municipio más afectado por las inundaciones de todo Rio Grande do Sul. De los aproximadamente 42.000 habitantes, 34.000 se vieron afectados. Se calcula que el 80% de las viviendas sufrieron daños y toda la zona urbana quedó inundada. Muchos residentes que se marcharon durante la inundación han renunciado a volver a Eldorado debido a la inseguridad y la falta de perspectivas. En la misma ciudad, las personas que se quedaron intentan reconstruir sus vidas sin muchos recursos y dependiendo de los retrasados retornos del gobierno, que puede que ni siquiera lleguen como prometieron, mientras el gobierno de RS anunció la instalación del mayor complejo de infraestructura digital de América Latina por la empresa Scala, en uno de los pocos terrenos que no ha sido inundado. Se prevé que esta «ciudad de centros de datos» sea una de las mayores inversiones privadas de la historia del Estado y consumirá más energía que la generada por la cuarta mayor central hidroeléctrica de Brasil.
En la vecina ciudad de Guaíba, que también sufre la inundación de 2024, el fabricante de celulosa CMPC confirmó a finales de año su intención de seguir con el proyecto de mil millones de euros para construir un nuevo parque industrial en la región y ampliar las superficies de monocultivos de eucalipto. Los monocultivos de árboles generan una pérdida de biodiversidad y un aumento del déficit hídrico allí donde se implantan, aislando los territorios de la vida rodeados de estos proyectos de muerte. Las fábricas de celulosa, que consumen mucha agua, también contaminan mucho, como denuncian las campesinas asentadas en sus alrededores. Además, los monocultivos agravan los extremos climáticos por su influencia en el suelo, el agua y la biodiversidad. Los monocultivos son una emergencia climática. Aquí, en Rio Grande do Sul, se han visto facilitados por la modificación de la Zonificación Ambiental Forestal (ZAS), que permite aumentar las superficies de monocultivo de los 1,2 millones de hectáreas actuales a 4 millones de hectáreas, propuesta que implicaba al propio CMPC, que se beneficia de la medida.
En la capital, Porto Alegre, el sector inmobiliario es uno de los más afectados por las inundaciones. Las zonas de la ciudad que ya albergaban proyectos inmobiliarios de alto nivel adquisitivo y quedaron inundadas tendrán que recibir grandes inversiones del gobierno para mejorar sus infraestructuras. Otras zonas desechadas, pero con potencial de explotación, serán probablemente objeto de especulación inmobiliaria. Este año, el intendente Sebastião Melo pretende privatizar la parte más rentable del DMAE, organismo municipal responsable del suministro de agua potable y de la gestión del alcantarillado de la capital, cuyo desguace y precariedad fueron la causa del agravamiento del caos climático vivido por sus 2 millones de habitantes.
Tras meses fuera de operación, el único aeropuerto de la capital de Rio Grande do Sul, operado por la transnacional alemana Fraport , sólo reanudó la reconstrucción tras un rescate económico del gobierno federal y aún no ha vuelto a funcionar a pleno rendimiento. En medio del caos climático, los gobiernos estatal y municipal recurrieron a empresas privadas estadounidenses como WayCarbon y Alvarez & Marsal, especializada en capitalismo de catástrofes , que también gestionó la catástrofe climática privada, privatista y racista de Nueva Orleans (Estados Unidos) tras el huracán Katrina.
Ajenos al cambio climático provocado por la explotación y el modo de producción depredador de la sociedad en la que vivimos, los gobiernos de Leite y Melo optaron por falsas soluciones que benefician a las grandes empresas y a los capitalistas y que sin duda profundizarán aún más la emergencia climática. Si antes la lucha era contra el negacionismo, ahora la lucha es contra el oportunismo climático, que intenta expandir sus proyectos de muerte a través de políticas neoliberales y soluciones de mercado.
La respuesta está en la organización de base y el refuerzo de las soluciones populares
El avance del capital en los territorios de la vida fue el motor del diluvio, una tragedia tan anunciada por ecologistas y movimientos sociales y de base que se centran en la emergencia climática, producto del capitalismo. Muchos de los impactos podrían haberse evitado, pero se ignoraron las advertencias en nombre del beneficio de la especulación inmobiliaria, el agronegocio y la minería – sectores que, con sus empresarios o políticos, navegan en el caos climático con proyecto$ de muerte, a veces vestidos con chalecos salvavidas, que anuncian falsas soluciones de mercado.
Un año después de la inundación, para la mayoría de la gente la precariedad no es sólo un recuerdo. Los poderes públicos no han tomado medidas eficaces, hecho que se pone de manifiesto con cualquier lluvia, que provoca inundaciones en la mayoría de las ciudades, trayendo consigo riesgos, destrucción, enfermedades, falta de electricidad, de acceso al agua potable y al transporte. El pavor se repite. Aunque Porto Alegre acogió recientemente el South Summit Brasil, el mayor evento de tecnología e innovación de América Latina, donde se habló de resiliencia en términos de negocio privado, el Estado sigue sin construir sistemas de protección contra las inundaciones (se han prometido 8 proyectos, ninguno está en marcha). La propuesta del gobierno es más privatización y más alejamiento del pueblo en la política. Las personas fundamentales impactadas en el campo, ciudades, pueblos y retomas indígenas, quilombos y periferias, que hacen posible la alimentación, el cuidado y la colectividad en sus territorios de vida, necesitan participar de los espacios de decisión política.
Así como la respuesta inmediata a las inundaciones la dieron los movimientos sociales organizados y los territorios de vida, fundados en los principios de la solidaridad, ésta es también nuestra única salida a largo plazo. Las retomadas indígenas siguen vivas y de sus raíces surgen respuestas sobre cómo regenerar el planeta, reexistir y sembrar vida. La ocupación de Maria da Conceição Tavares por parte del MTST (Movimiento de los Trabajadores Sin Techo), en un edificio público desocupado desde hace años en el centro de la capital, demuestra que la solución puede no haber sido las casas temporales propuestas por el gobierno, sino que hay más casas sin gente que gente sin casa, y que el derecho a una vivienda digna debe prevalecer sobre la codicia del sector de la especulación inmobiliaria. Los comedores de emergencia siguen funcionando hasta hoy, en una red de solidaridad entre el campo y la ciudad que se ha ampliado y ganado nuevos espacios.
Las organizaciones populares actuaron enérgicamente durante la mayor catástrofe socioambiental de Rio Grande do Sul para garantizar los derechos, y siguen trabajando juntas para apoyar a la población y construir respuestas reales a las crisis sistémicas. Exigen que el Estado asuma sus responsabilidades y que las políticas se orienten en torno a las necesidades de los territorios de vida, con participación popular. Nos recuerdan constantemente que no hay justicia climática sin justicia para los pueblos. Y en su horizonte, además del freno a la emergencia climática, están las banderas por la soberanía alimentaria, el fortalecimiento de la agroecología, la soberanía de la tierra, la reforma popular urbana y rural, la demarcación de los territorios indígenas y la titulación de los quilombolas. Contra el fatalismo predicado por el sistema capitalista, que lucra con los desastres, están los pueblos y comunidades en lucha, haciendo viva la memoria de que la realidad debe ser transformada.
*Columna publicada originalmente el 22 de mayo en el diario Brasil de Fato en el siguiente enlace https://www.brasildefato.com.br/colunista/amigos-da-terra-brasil/2025/05/22/um-ano-da-enchente-no-rio-grande-do-sul-o-que-e-memoria-para-alguns-para-muitos-ainda-e-realidade/
