[ES] La lógica del ganar-ganar por detrás de los incendios en la Amazonia – parte 1

Cómo el agronegocio y el mercado financiero generan ganancias con la devastación del mayor bosque tropical del mundo

Texto y fotos: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil

Con los pies sobre las cenizas de lo que antes era bosques, el chamán Isaka Huni Kuin manifiesta su tristeza: “Ellos desconocen la medicina que existe dentro del bosque. Creen que no sirve de nada, que se trata de bosque nomás, pero tiene mucho valor. De ella sacamos la madera con la que construímos nuestras casas. Cuando alguno de nuestros hijos se enferma, ya sé cómo lo voy a cuidar, sé cuál medicina tengo que buscar. Es nuestra farmacia viva. Si se termina el bosque, la riqueza que conozco se termina. Por eso para mí, todo este fuego es muy triste”.

El chamán Isaka perdió toda su farmacia viva. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil

El día 22 de agosto, las llamas ardieron y consumieron, en pocas horas, cinco hectáreas de bosque, lo que corresponde a 50% del área total del 50% del área total del Centro Cultural Huwã Karu Yuxibu. A partir de octubre de 2018, la familia del cacique Mapu, hijo de Isaka, comenzó a convertir este territorio, que queda a 50 km del centro de Rio Branco, capital del estado de Acre, en un espacio para recibir a los parientes que vienen a estudiar a la ciudad, y difundir las medicinas del pueblo indígena Huni Kuin.

El chamán Isaka, de 80 años, almorzaba junto a su familia, cuando su compañera escuchó el crujir de las hojas quemándose. Salieron corriendo con los machetes para intentar detener el avance del fuego sobre el bosque, pero no tuvieron éxito. Con ayuda de los bomberos, lograron evitar que se quemaran las casas. Los cultivos de papaya, banana, asaí, entre otros fueron consumidos por el fuego. Tatúes, tortugas y monos fueron afectados.
Quemaron la floresta que es la farmacia de los huni kuin. Ellos sospechan que el fuego tuvo origen criminal. Una acción que comprometió la vida del chamán Isaka y su família. Para Isaka fue un hecho de maldad.

A 250 kilómetros de allí, en el estado de Amazonas, en el municipio de Boca do Acre, el bosque del pueblo apurinã también se incendió. El día 13 de agosto, conocido como Día del Fuego, 600 hectáreas de la Tierra Indígena1 Val Paraíso fueron incendiadas. En los territorios de los apurinãs, el fuego, además de maldad, representa una de las etapas de un proceso muy bien articulado de titulación ilegal de tierras del Estado brasileño. El cacique Antônio José denuncia este esquema, que no ocurre exclusivamente en su tierra dentro de la llamada Amazonia Legal, un área que reúne los nueve estados de Brasil que se encuentran en la cuenca del Amazonas. Afecta a diferentes pueblos indígenas y tierras del Estado . Con un guión de destrucción y lucro, los invasores deforestan, venden las maderas duras, queman el bosque restante, alambran, implementan la ganadería en el área, venden la carne y luego, además, plantan soja, maíz o arroz. Por si fuera poco, después de los incendios, este mismo sector del agronegocio que lucra con el mercado internacional, todavía tiene la posibilidad de seguir ganando dinero con las campañas ambientales que buscan “salvar” la Amazonia.


Es común ver camiones transportando troncos gigantes por las carreteras del estado de Acre. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil

La lucha de los caciques apurinã contra la titulación ilegal de tierras y por la demarcación de sus tierras
El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués), detectó 45.256 focos de incendio en la Amazonia, de enero a agosto de 2019. Un 20% de los incendios ocurrió en bosques situados en tierras públicas que todavía no les fue asignada ninguna función: es decir, como parque, reserva o território indígena. Entre ellos, se encuentra la Tierra Indígena Val Paraíso. El 13 de agosto, Día del Fuego, según denuncia el cacique Antônio José, un grupo de usurpadores de tierras quemó 600 hectáreas de bosques del área que es reivindicada por los apurinãs.


El cacique Antônio José abriendo el portón de los lotes que dan acceso a la Tierra Indígena Val Paraíso. Foto: Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil

Al cruzar el quinto portón, nos acercamos finalmente a la entrada del bosque de la Tierra Indígena Val Paraíso, a orillas del igarapé (arroyo) Retiro. El cacique Kaxuqui, primo y compañero de lucha de Antônio José, se baja de la moto. Antônio nos invita a bajarnos del auto para charlar. De un lado del alambrado estamos nosotros, al otro lado, inúmeras cabezas de ganado esparcidas por los cinco lotes que acabamos de cruzar. Los caciques nos explican lo que vemos allí: “Destruyeron nuestras tierras, cosas que veníamos preservando desde hace 100 años, en donde nacieron mi abuelo, mi bisabuelo, todos mis tíos”, se lamenta Kaxuqui, de 58 años. Antônio José sigue: “Yo tengo 54 años, nunca salí de acá. Esta gente, estos que se dicen dueños de este lugar que estamos pisando ahora, no son de acá, son descendientes de portugueses. Y nosotros, que somos indígenas, que vivimos acá desde siempre, que lo podemos comprobar, nos quedamos de esta manera, sin derecho a la tierra”.

 

Los apurinãs reivindican la demarcación de la Tierra Indígena Val Paraíso desde 1991. El proceso está en manos de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI, un órgano público). Los indígenas esperan desde hace años la finalización de los estudios de identificación y delimitación del área en la que viven 46 personas que integran 7 familias. Al comienzo del proceso, los apurinãs demandaban que se demarcaran 57 mil hectáreas. Aunque el caso ya se encontraba en la Justicia, sus tierras sufrieron invasiones, con tala de bosques, transformados en campos y, posteriormente, en áreas de ganadería. Hace un tiempo, en un intento por facilitar la demarcación, redujeron la demanda a 26 mil hectáreas. “Hicimos un acuerdo con los hacendados. Lo que ya es campo es de ellos, lo que es bosque es nuestro. Pero aún así siguieron invadiendo y tirando el bosque”, dice Antônio José. “Esto no pasa por falta de información. Tenemos todo documentado. El IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables), el Ministerio Público, el Terra Legal (programa del gobierno de regularización fundiaria), saben que esto fue reivindicado cuando era bosque, cuando estaba intacto. El bosque que ustedes están viendo ahí a orillas del arroyo solo existe porque venimos intentando preservarlo desde el ‘91 hasta ahora”.

Lindomar Dias, del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), afirma que estas articulaciones para la toma de territorios ocurren desde hace mucho tiempo. Para el caso de los indígenas, ocurre desde siempre. “Efectivamente, Brasil como país nace expoliando territorios de los pueblos originarios; y trata a estos pueblos como si no fueran originarios. Tratan a esta gente como si fueran extranjeros, cuando en verdad son los dueños. Adquirieron esos derechos, no comprando los territorios, pero simplemente viviendo, confundiéndose con el territorio, fundiéndose con él”. Dercy Teles, recolectora tradicional de caucho en el municipio de Xapuri, a quién escuchamos en nuestro pasaje por Acre, los ataques son movimientos de extinción de las poblaciones que dependen del bosque. “A quiénes no contribuyen al desarrollo del capitalismo, no les interesa la existencia sobre un territorio”, dice.

Los caciques señalan, indignados, hacia la dirección de cada área deforestada o tierra adquirida ilegalmente. Antônio José señala cada responsable: “Joaquim deforestó 500 hectáreas por 2 mil reales, otras 500 por más 2 mil, y se lo vendieron a Brana. Todo eso quedaba atrás del Igarapé (arroyo) Preto, que queda dentro del área que reivindicamos. Eso, sabiendo que se trata de una Tierra Indígena.Y hoy el dueño es Brana, un tipo allá de Rio Branco. Bezinho tumbó 392 hectáreas de la hacienda Riachão en el límite con la hacienda Cruzeiro, a orillas del Preto, que también se encuentra dentro del área que reivindicamos. Júnior do Betão ya lo compró. Tenemos todo eso en un mapa”.

Ganadería ostensiva en tierras del Estado


Fósiles de árboles quemados delatan antiguos incendios en campos de la ganadería. Foto: Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil

Son muchos los nombres referentes a funciones vinculadas entre sí. Unos son responsables por entrar y cortar árboles. Otros se encargar de la titulación ilegal, el alambrado y otros papeles. Cuando pasa el banzeiro (que es como le llama Antônio José a la preocupación pública por la invasión de la tierra), viene otro, compra la tierra, y pone el ganado, el negocio más común en la región. Según el IBGE, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Boca do Acre tiene el segundo mayor rebaño de ganado del estado de Amazonas. Se queda atrás solamente de su vecino, Lábrea. Ambos municipios suman 510 mil cabezas de ganado, un 38% del rebaño de Amazonas. Significa que, para cada habitante existen 6,4 vacunos.

El principal destino de este ganado es el frigorífico Frizam/Agropam, en Boca do Acre. Según datos de 2013 del Instituto de Conservación y Desarrollo Sustentable de la Amazonia (IDESAM), el matadero respondía por 31,3% del total de la faena del estado de Amazonas.

Boca do Acre es parte el Arco de la Deforestación, una región en la que la frontera agrícola avanza sobre el bosque nativo de la Amazonia. El municipio tiene 372 áreas embargadas por el IBAMA. Esto ocurre cuando el inspector de este órgano constata que un ganadero deforestó sin autorización o que no está respetando el área de Reserva Legal2 de la propiedad. Al quedar embargada la propiedad, queda prohibida la cría de ganado. La ganadería ocupa 80% del área deforestada de la Amazonia Legal, según el informe de 2015 de la Fiscalía del Medio Ambiente del Ministério Público Federal. Casi un 40% de las 215 millones de cabezas de ganado del país se encuentran en la región amazónica.

El paisaje de los caminos de Rio Branco hasta Boca do Acre está tomado por el latifundio ganadero. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil

En Boca do Acre, aún con un número importante de propiedades embargadas, el movimiento en Frizam/Agropam no se redujo en los últimos años. Esto porque el ganado de las propiedades notificadas llegaba al establecimiento con documentos falsos. Los animales son registrados como pertenecientes a propiedades que no tienen prohibida la comercialización. Según el gerente del frigorífico, no puede hacer nada para controlar este tipo de fraudes.

Sin embargo, ocurre que Frizam/Agropam tiene como accionista principal al ganadero José Lopes, que tiene nueve propiedades embargadas en Boca do Acre. Según el periodista Leonildo Rosas, del Blog do Rosas, José Lopes es el ganadero más grande del Amazonas, dueño de más de cien mil cabezas de ganado. El “rey del ganado”, como ya se lo conoce, ya fue tesorero de campañas electorales, y el dinero público tiene fuerte influencia en el crecimiento de su imperio de la carne. Lopes trabajó en las campañas del senador Eduardo Braga (del partido Movimiento Democrático Brasileño) y del gobernador de Amazonas, Omar Aziz (del Partido Social Democrático). También participó de la campaña del gobernador Amazonino Mendes (Partido de la Frente Liberal), que administró el estado de 1999 al 2002. Durante ese período, en el año 2000, la Compañía de Desarrollo del Estado de Amazonas (CIAMA), empresa pública que tiene entre sus objetivos el promover el desarrollo ambiental en ámbito del estado, invirtió más de 14 millones de reales en la sociedad con el frigorífico Frisam/Agropam. De esta manera, Ciama se volvió una de las cuatro socias del frigorífico.

Y no termina ahí: en el acta de la asamblea general ordinaria de Frisam/Agropam del 3 de junio del 2013, a la cual el sitio web Amazônia Real tuvo acceso, consta que el frigorífico tiene cuatro socios: además de José Lopes y Ciama, completan la lista, José Lopes Júnior y Alessandra Lopes. Estos últimos, hijos de José Lopes, tienen en sus nombres las tierras con ganado, alambres y portones, sin bosque, por los que tuvimos que pasar para entrar a la Tierra Indígena Val Paraíso, del pueblo apurinã. “José Lopes registró una tierra aquí, en la que veníamos con mi abuelo desde Bom Lugar hasta acá para pescar en el Poção do Arroz”, recuerda Antônio José. “Ahí había bastantes peces. En 2010, Lopes registra esta área como Porão do Arroz, y queda como dueño. El abuelo de Kaxuqui vivia ahí en las orillas. Nosotros viviendo acá hace tantos años y nadie nos lo reconoce”. Kaxuqui agrega: “Nunca vendimos un pedazo de tierra. Al contrario. Queremos vivir, darle ese derecho a nuestros hijos, nuestros nietos. Queremos lo que nos pertenece. Lo que queremos es que se nos respete la cultura, nuestros derechos y nuestra manera de vivir. No queremos haciendas, no queremos ganado, para que nos reconozcan no necesitamos ser hacendados”.


Cacique Antônio José exige la demarcación de la tierra de su pueblo. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil

Según datos del 2013 de IBAMA, las multas por crímenes ambientales a nombre de José Lopes suman más de 3 millones de reales, por haber destruído 955,14 hectáreas de bosque nativo de la Amazonia Legal. El ganadero fue arrestado recientemente en tres operaciones de la Policía Federal brasileña. En mayo, fue acusado por el Ministerio Público Federal de ser una de las 22 personas involucradas en crímenes ambientales, en el marco de la operación Ojuara. Los acusados invadían tierras públicas, ordenaban deforestaciones y contrataban policiales militares para proteger las máquinas y las áreas deforestadas. Una de las ilegalidades fue un comunicado falso del IBAMA de Acre emitido en setiembre de 2017, que sirvió de alerta a los hacendados sobre una operación nacional del IBAMA que se desarrollaría el mes siguiente. En esa época, el superintendente del órgano era Carlos Gadelha, quien también fue denunciado por el Ministerio Público por crear una empresa para ofrecerles defensas administrativas y judiciales a los deforestadores del sur del Amazonas contra acciones del propio IBAMA. El 25 de junio, José Lopes fue liberado por decisión de la jueza Mônica Sifuentes, del Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (TRF-1), que ordenó sustituir la prisión preventiva por otra medida cautelar. En otra operación, llamada “Maus Caminhos”, Lopes vuelve a ser preso bajo la acusación de recibir 1 millón de reales en coimas del médico Mouhamad Moustafá, sospechoso de liderar la organización delictiva que desviaba fondos de la salud del estado de Amazonas, mediante el Instituto Novos Caminhos (INC). Además, el ganadero todavía responde por crímenes ambientales en el comercio ilegal de madera detectados por la operación Arquímedes. “El hombre es arrestado y todavía tiene todo el derecho de criar ganado y vender, en tierras públicas. Y sigue tumbando y mandando tumbar. Y nosotros que estamos acá preservando, no tenemos derecho a nuestra tierra”, lamenta Antônio José.

Para completar este panorama, gran parte de la carne que pasa por Frizam/Agropam ni siquiera es destinada al consumo de la población de la región. Funcionários del frigorífico afirman que cargas equivalentes a casi 20 camiones por mes salen de la región con destino a otros países. China, Japón y Estados Unidos, son algunos de los países nombrados. “Acá en Amazonas no comemos carne de res vacuna macho, solamente de vaca. Los novillos buenos, la carne buena se va toda para fuera. Todo este ganado que causa esos problemas acá en el Amazonas no es para consumo de los amazonenses, y sí para los extranjeros, que terminan, así, financiando la deforestación”, argumenta el cacique Antônio José.


La mayor parte de la carne de la industria ganadera de Boca do Acre es exportada. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil

Los apurinãs resisten contra José Lopes y su familia. Pero hay otros. La disputa es desleal, además de los ganaderos, los indígenas deben enfrentar la omisión del Estado, ya sea por la negación de derechos básicos, como salud, energía o educación; una de las razones que hace que parientes se tengan que alejar de la vida en el bosque; por la ineficiencia de las instituciones públicas en impedir y punir a los invasores de las tierras; por aquellos que usan de manera indebida al Estado para difundir su discurso, o que usan su discurso para llegar al Estado. Este es el caso del presidente Bolsonaro, y también el caso de Francisco Sales de França, conocido como Mapará. Es concejal de Boca do Acre, y uno de los acaparadores de tierra y deforestadores de la Tierra Indígena Val Paraíso. Ordenó talar árboles en 2017 y 2018. Según Antônio José, Mapará deforestó unas 200 hectáreas. El político asume el hecho. “Él se siente fortalecido por ser concejal”.


Cacique Kaxuqui frente a casas de la Tierra Indígena Val Paraíso. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil

El 19 de agosto, el cacique apurinã grabó vídeos sobre las márgenes del arroyo Preto. Al otro lado del arroyo, ruidos de motosierra y de troncos cayendo. Antônio José relata: “Puedes escuchar el sonido del motor. Solamente me gustaría mostrarles esto al Ministerio Público, a la FUNAI, [para que vean] como viene siendo destruído el bosque de la Tierra Indígena Val Paraíso”.

Según el cacique, la deforestación más grande del año en la Tierra Indígena (600 hectáreas), contó con el incentivo del concejal de Boca do Acre. Mapará se eligió prometiendo que legalizaría tierras invadidas, como las de Val Paraíso. “Todos saben que concejales no tienen la capacidad de incidir sobre la reglamentación de tierras federales”, dice Antônio José. Pero también sabemos que los discursos engendran legalidades.

Al visitar los apurinãs, nuestra intención, además de escuchar a los caciques y solidarizarnos con su causa, era la de registrar esa deforestación de 600 hectáreas. Al día siguiente, saldríamos al amanecer. Antes de acostarnos en las hamacas recién colgadas, Antônio José agarra la carpeta que llevaba consigo. En ella, hojas con imágenes de satélite de los últimos años del área reivindicada por los apurinãs. Se aproxima del farol a querosene con los mapas en la mano. El cacique Antônio José va describiendo la localidad y la cantidad de hectáreas deforestadas el último año, repitiendo el gesto que se hacía, algunas horas antes, al lado del alambrado. Esta vez, señala la tala de árboles en el mapa. También señala, indignado, al responsable por cada tala. Ya son miles de hectáreas deforestadas dentro de las 26 mil que reivindican los apurinãs.


El mapa más reciente de la explotación de la tierra de los indígenas apurinã. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil

La fuente de informaciones de los mapas es del INPE, elaboradas con la colaboración de la FUNAI. En una pared de la sede de la Organización de los Pueblos Indígenas Apurinã y Jamamadi de Boca do Acre (OPIAJBAM), local en el que nos encontramos con Antônio José, carteles muestran el legado de un curso reciente. Los indígenas están estudiando un software de cartografía, con el objetivo de generar mapas de manera autónoma.

La cartografía es una herramienta de lucha por el derecho fundiario y contra la deforestación. Cuando los incendios en la región amazónica se empezaron a discutir públicamente, el presidente Bolsonaro mostró cómo su gobierno maneja la ciencia. Cuando el INPE divulgó un estudio en el que registró que la deforestación en la Amazonia en julio de 2019 fue 68% mayor que en julio de 2018, Bolsonaro declaró que el instituto estaba al servicio de alguna ONG y que los datos serían incorrectos. Cuando el director del INPE, Ricardo Galvão, contestó las críticas, fue destituido. El hecho fue alarmante para el medio científico y para los que trabajaban en los incendios en la Amazonia. Algunos días después, al ser cuestionado sobre la destitución y la relación con Ricardo Galvão, Bolsonaro respondió: “Yo no pido, yo mando”.

El comercio de madera ilegal
Al día siguiente, hicimos una caminata de casi 3 horas. Nuestro destino: las 600 hectáreas quemadas en el Día del Fuego, 13 de agosto.


En tres lugares del bosque, encontramos envases de combustible y aceite quemado que se utilizan en motosierras. Foto: Amigos de la Tierra Brasil

Cruzamos varias veces el arroyo, pasamos por lugares que ya son campo, y también por adentro del bosque. En el medio del camino, una pausa. Parado arriba de los restos de un tronco de cedro recién cortado, Antônio José cuenta: “el 19 de agosto pasamos por acá para ver la deforestación de 600 hectáreas que estamos yendo a ver, y esto estaba intacto”. Según el cacique, los madereros ilegales entran en el bosque, talan y se llevan la madera dura, como el cedro o la itaúba. Después talan el bosque y cubren los troncos: “para que no podamos ver el tipo de madera que se llevaron”. Al año siguiente, van a quemar con la intención de limpiar y aprovechar la madera restante. A partir de ese momento, comienzan a cultivar el pasto para la ganadería. “Este es el modelo que utilizan para invadir y acaparar las tierras indígenas que protegemos. Esto es desde hace 5 días, tiraron todo, y el IBAMA está ahí en Boca do Acre, pero ellos siguen talando”, denuncia el cacique.

Árboles recién cortados, y que todavía no fueron sacados de la Tierra Indígena Val Paraíso. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil

Las maderas robadas de esta área se cortan con motosierra en el verano, según Antônio José. En el invierno, los madereros ilegales entran por el arroyo, en balsa, cargan la embarcación y llevan las maderas hasta el puerto de Boca do Acre al atardecer. Allí, como cuenta el cacique, los criminales tienen un esquema para poner las maderas en un camión de carga, que sale por la noche para Rio Branco. La carga pasa por la carretera como si fuera un transporte cualquiera. En la capital de Acre, se “calienta” la madera. El término se refiere al acto de marcar la madera como si proviniera del sistema de manejo forestal acreano. “Es así como sacan madera indígena para exportación desde dentro de tierras indígenas, de tierras que pertenecen al Estado. Toda la madera que se saca del Amazonas es ilegal”.

 


Lo que resta de la madera talada en medio al bosque de la Tierra Indígena Val Paraíso. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil


La maderera Transacreana es uno de los principales destinos de los troncos de manejo forestal en la carretera AC-90. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil

Cacique Antônio José y Kaxuqui en una de las pasturas quemadas por las que pasamos. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil

Cruce del arroyo Retiro rumbo al área incendiada. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil

Después del relato de Antônio José, seguimos por el bosque, escuchando de fondo el ruido del motor de la motosierra. Caminamos un buen tramo más, y con dificultad (el bosque tumbado se volvía una barrera difícil de cruzar), llegamos al área quemada: al igual que en el territorio Huni Kuin, en donde había verde, hay cenizas. Troncos negros caídos. Tocones, también carbonizados.

El cacique Antônio José observa la destrucción de 600 hectáreas de bosque. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil

Algunos pequeños arbustos en áreas que resistieron al fuego y partes del bosque tumbado dificultan la visión en el horizonte. Sin embargo, parándonos arriba de algún tronco, mirando alrededor, no se ve una copa de árbol en pie. Una franja de destrucción. Antônio José denuncia: “Ellos pagan por el incendio, después asumen el control, dan seguimiento a la extracción de la madera, cultivan las pasturas y crían el ganado. Esta es la forma en que se apropian de tierras públicas en la Amazonia. Aquí en Boca do Acre funciona así. Nadie tiene documentos de asentamientos del INCRA. Pero todos se apropian de las tierras, todos dicen que tienen [documentos]. Financian, hacen el Registro Ambiental Rural y quedan como propietarios”. Los caciques hablan indignados, concentrados en la oportunidad de la denuncia.

Tanto en la carretera hacia el territorio de los huni kuin (Ac-90, conocida como carretera Transacreana), como en la BR-317, que lleva hacia el territorio de los apurinã y también al de los xapuri, impresiona la cantidad y extensión de los latifundios ganaderos. En donde antes había bosque, solo queda campo. Una inmensidad de pasturas. Solamente sobreviven en pie algunos árboles de castaña, que son protegidos por ley. Algunos esplendorosos, vivos, pero muchos ya muertos, aniquilados de a poco por los distintos incendios a que fueron sometidos. Se mantienen en pie porque, aun muertos, resisten durante años.


El cacique Kaxuqui sentado en un árbol de castaña, que antes era su sustento. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil

En las últimas 600 hectáreas deforestadas en la Tierra Indígena Val Paraíso, ni los árboles de castaña se salvaron. Según Antônio José y Kaxuqui, se talaron 150 ejemplares de la especie. Sentando en lo que sobró de un tronco de uno de los árboles que todavía se lo llevaron, Kaxuqui cuenta que los apurinãs recolectaban aproximadamente 500 latas de castañas en ese lugar. “Este es un árbol del cual sacábamos el sustento de nuestro família. Hoy está acá, quemado. Este no vuelve más para esta tierra. La tierra que preservábamos, la tierra que necesitábamos está así, destruída por los ganaderos”, se lamenta Kaxuqui.

Fósil de un árbol de castaña se convierte en triste monumento del bosque en el que se encontraba. Foto: Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil

En la carretera vimos cadáveres de animales siendo consumidos por buitres. Troncos de varios diámetros arriba de camiones. Escuchamos sobre las amenazas que sufren los caciques. Sin embargo, los árboles de castaña fosilizados por el fuego fueron el símbolo, los monumentos más melancólicos de la destrucción que asola a estos territorios.


En la AC-90, la carretera Transacreana, se ven muchos camiones cargando madera. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil

Los apurinãs resisten, rodeados por la mirada gananciosa de sicarios, hacendados y mercado internacional. Kaxuqui ya tuvo propuestas para dejar el área. Después de rechazarlas, un dron empezó a sobrevolar su casa en el bosque durante varios días. Antônio José ya tuvo casa quemada y ya no transita por cualquier lugar. “Estoy bajo amenaza, soy mal visto por defender mi tierra. No vivo más como vivía antes. En la ciudad me miran como si fuera algo malo para el pueblo, malo para el mundo. No lo puedo entender”. Hace 54 años vive en ese mismo lugar, pero el respeto no es regla: “Nasci acá en Bananal, sigo viviendo, defendiendo las mismas tierras. Los que me valoran son mis viejos amigos, los que conozco desde hace 50 años. Los más jóvenes, de 20, 35 años, creen que estoy estorbando el desarrollo. Porque ellos quieren talar, ganar dinero. No es lo que queremos nosotros, nosotros queremos que todos puedan crecer, pero respetando el derecho de cada cual”. El cacique ya pidió en la 6ª Cámara Federal de Brasília, escolta policial. Le fue concedida, pero la policía local no contaba con efectivos suficientes para responder a la demanda. Se le sugirió que abandonara el lugar. “Yo no tengo como salir de acá, todo mi conocimiento está acá”.


Antônio José y Kaxuqui muestran los mapas que utilizan para analizar el aumento de los incendios y del acaparamiento de sus tierras. Foto: Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil

Lo que ocurre con los apurinãs no es un caso aislado. Todo lo contrario. Se trata de un ataque sistemático contra los pueblos indígenas y sus territorios en toda la Amazonia y Brasil. En esta ofensiva, hay diversos actores involucrados. Están los que se encuentran en la punta, en la explotación directa, mediante la invasión de las tierras, de la extracción de la madera, de la ganadería o, incluso, de la minería ilegal en pequeña escala. Como muestra la historia más arriba. Y están los que se encuentran en la otra punta, los que financian estas ilegalidades. Por ejemplo, a raíz de los incendios, países europeos se manifestaron en defensa de la Amazonia. Pero es un continente que compra carne y madera de áreas deforestadas desde hace años. JBS y Marfrig, que son empresas destacadas a nivel mundial en la producción de proteína animal, y las principales exportadoras de carne de Brasil a Europa, le compran ganado a haciendas irregulares. En el 2018, el medio Repórter Brasil publicó una investigación periodística sobre la venta de madera ilegal para Dinamarca. Siete de las principales tiendas al por menor de materiales de construcción no supieron determinar la procedencia de la madera brasileña que vendían.


En la carretera AC-90, conocida como Transacreana, el ganado pasta al costado de las cenizas. Foto: Douglas Freitas / Amigos de la Tierra Brasil

Los actores de estos ataques están, y tienen sus representantes, en la política. Empezando por el presidente del país. Bolsonaro dijo, durante la campaña electoral, que no iba a hacer la demarcación de ni siquiera 1 centímetro de tierra indígena. El hermano del presidente tiene articulaciones con el agronegocio para impedir, con la ayuda de representantes del gobierno, que se hagan demarcaciones de tierras. El proceso de demarcación, ya durante el gobierno Bolsonaro, está bajo amenaza de transferencia para el Ministerio de Agricultura, en donde reinan los representantes del agronegocio. Una iniciativa similar a la Propuesta de Enmienda a la Constitución 215, que estipulaba que la última palabra sobre la determinación de las tierras indígenas debería quedar en manos del parlamento nacional, en el que, hoy, la bancada más grande y poderosa es la del agronegocio. Este bancada se llama Frente Parlamentaria Agropecuaria, un grupo de cabildeo bancado por asociaciones y empresas del agronegocio, que cuenta ahora con 257 parlamentarios, entre diputados federales y senadores. En un encuentro con estos políticos, el 4 de julio, Bolsonaro les dijo: “Este gobierno es de ustedes”. Un ejemplo más de ataque a los pueblos indígenas, lo dio el parlamento, al hacer la Propuesta de Enmienda a la Constitución 343, que le otorga a la FUNAI el poder de decidir entregarle, hasta 50% de los territorios indígenas, al agronegocio, minería y otros sectores, sin necesidad de consulta a las comunidades tradicionales.

En esta lista de actores, no podemos olvidarnos de la Rede Globo, el mayor canal de televisión del país, que desde hace dos años tiene como principal publicidad en las horas de máxima audiencia la campaña “El agro es tech, el agro es pop, el agro lo es todo”. Se trata de una serie de campañas publicitarias que glorifican y muestran mentiras sobre el agronegocio brasileño, como por ejemplo, que es la fuente de los alimentos del país. Mentira. La mayor parte de la alimentación del pueblo brasileño viene de la agricultura familiar. Además de estas publicidades, la Globo decide qué es y qué no es noticia en un sistema de promiscuidad con grandes sectores del agronegocio, del empresariado, de los sectores que históricamente atacan al pueblo del país.

Estos son algunos de los ejemplos de lo que los indígenas y otras comunidades tradicionales tienen que enfrentar en Brasil. Son algunos hechos de violencia directa que ocurrieron solo en los últimos días de septiembre:
• Guaraníes Mbya de Ponta do Arado, en Porto Alegre, sufren ataque a tiros; el segundo en lo que va del año
• Indigenista colaborador de la FUNAI fue asesinado en la Amazonia
• Hombres que se hacen pasar por policías atacan indígenas guaraníes de Terra de Areia en Rio Grande do Sul
• Mbya Guarani reciben amenazas de hombres armados en la Tierra Indígena Guadjayvi, en la ciudad de Charqueadas, territorio directamente impactado por el proyecto de la Mina Guaíba, de la mineradora Copelmi.

Los ataques son históricos y permanentes. Y más complejos de lo que parecen – descubra en la segunda parte de la historia “La lógica del ganar-ganar por detrás de los incendios en la Amazonia: ¿cuánto valen la preservación y las falsas soluciones del capitalismo verde, y quién compensa la compensación?”

Ver más fotos de la ronda solidaria de ACRE:

O ganha-ganha por trás das queimadas da Amazônia

Como o agronegócio e o mercado financeiro lucram com a devastação da maior floresta tropical do mundo 

Texto, fotos e vídeos: Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil

Com os pés sobre a cinza do que antes era floresta, o Pajé Isaka Huni Kuin expressa sua tristeza. “Eles não sabem a medicina que tem dentro da mata. Pensam que não serve, que é floresta só, mas tem muito valor. Dela tiramos a madeira de lei que a gente constrói a nossa casa. Quando algum filho fica doente, eu já sei como vou tratar, sei qual medicina devo buscar. É a nossa farmácia viva. Se acabar com a floresta, a riqueza que eu tenho conhecimento se acaba, por isso que é triste para mim todo esse fogo”.

Pajé Isaka perdeu toda sua farmácia viva. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil

Dia 22 de agosto, as chamas arderam e queimaram, em poucas horas, cinco hectares de mata, o que corresponde a 50% da área total do Centro Cultural Huwã Karu Yuxibu. Desde outubro de 2018, a família do Cacique Mapu, filho de Isaka, faz deste território, localizado a 50 km do centro de Rio Branco, capital do estado do Acre, um local de acolhimento para os parentes que vem estudar na cidade e ser também um espaço de propagação das medicinas do povo indígena Huni Kuin.

O Pajé Isaka, 80 anos, estava almoçando com sua família quando sua esposa ouviu os estalos das folhas queimando. Saíram correndo com os facões para tentar impedir o avanço do fogo sobre a mata, mas não tiveram sucesso. Com a chegada dos bombeiros, conseguiram evitar que as casas fossem destruídas. A plantação de mamão, banana, açaí, entre outras plantas foram consumidas. Tatus, tartarugas e macacos foram atingidos.

Queimaram a floresta que é farmácia dos Huni Kuin. Suspeitam de fogo criminoso, ação que compromete a vida do pajé Isaka e de sua família. Para ele, Isaka, um feito de maldade.

A 250 km dali, já no Estado do Amazonas, no município de Boca do Acre, a floresta do povo Apurinã também ardeu. Dia 13 de agosto, o Dia do Fogo, 600 hectares da Terra Indígena Val Paraíso foram queimados. No territórios dos Apurinãs, o fogo, além de maldade, é uma das etapas de um processo muito bem articulado de grilagem de terras da união. O Cacique Antônio José denuncia este esquema que, na Amazônia Legal, não é exclusivo da terra do seu povo. Atinge diversos povos indígenas e terras da União. Em um roteiro de destruição e lucro, os invasores desmatam, vendem as madeiras de lei, tocam fogo na mata que resta, cercam, passam a criar gado na área, vendem a carne e depois, ainda, plantam soja, milho ou arroz. Se não bastasse, após as queimadas, este mesmo setor do agronegócio que lucra com um mercado internacional ainda tem a possibilidade de seguir ganhando dinheiro com as campanhas ambientais que pretendem “salvar” a Amazônia.

Nas estradas do Acre, é comum presenciar carretas carregando troncos gigantes de madeira . Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil

A luta dos caciques Apurinã contra a grilagem e pela demarcação de suas terras

Foram 45.256 focos de fogo detectados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) na Amazônia de janeiro a agosto de 2019. 20% desse fogo aconteceram em florestas públicas que ainda não foram destinadas a nenhum uso: parque, reserva, território indígena. Entre elas, a Terra Indígena Val Paraíso. Em 13 de agosto, o Dia do Fogo, conforme denuncia o Cacique Antonio José, um grupo de grileiros queimou 600 hectares de florestas da área reivindicada pelos Apurinãs.

Cacique Antônio José abrindo a porteira dos lotes que dão acesso à Terra Indígena Val Paraíso. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil

Ao cruzar a quinta porteira, finalmente estamos perto da entrada da mata da Terra Indígena Val Paraíso, à beira do Igarapé Retiro. O Cacique Kaxuqui, que é primo e companheiro de luta de Antônio José, desce da moto. Antônio nos convida a descer do carro, porque eles gostariam de falar. De um lado da cerca estamos nós, do outro, incontáveis cabeças de gado, que se espalham pelos cinco lotes que acabamos de atravessar. Os caciques nos explicam o que vemos ali. “Devastaram nossas terras, coisas que nós vínhamos preservando de 100 anos atrás. Onde nasceu vovô, meu bisavô, meus tios tudo”, lamenta Kaxuqui, 58. Antônio José continua: “Eu tenho 54 anos, nunca sai daqui. Esse pessoal, esse que se diz dono daqui onde estamos pisando agora, não é daqui não, é descendente de português. E nós que somos indígenas, que moramos aqui desde sempre, que comprovamos, estamos assim sem direito à terra”.

Escute a denúncia dos caciques Apurinãs:

Os Apurinãs reivindicam a demarcação da Terra Indígena Val Paraíso desde 1991. O processo se encontra nas mãos da FUNAI. Os indígenas aguardam há anos a finalização dos estudos de identificação e delimitação da área, onde vivem 46 pessoas de 7 famílias. No início do processo, os Apurinãs reclamavam a demarcação de 57 mil hectares. Mesmo com o processo correndo na Justiça, suas terras passaram a ser invadidas, terem a mata derrubada, transformadas em campo e, posteriormente, fazenda de criação de gado. Há um tempo atrás, reduziram a reivindicação para 26 mil hectares, em uma tentativa de facilitar a demarcação. “Fizemos um acordo com os fazendeiros. O que já é campo é deles, o que é mata é nosso. Mas mesmo assim eles continuam invadindo e brocando a floresta”, conta Antônio José. Brocar é o verbo que os Apurinãs usam para descrever a ação de quem derruba a mata. “Não é por falta de informação não. A gente tem tudo documentado. O IBAMA(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), o Ministério Público, o Terra Legal tem o conhecimento que isso aqui foi reivindicado enquanto tinha mata, enquanto estava intacto. Só existe essa mata que vocês estão vendo aí na beira do igarapé porque a gente vem tentando preservar ela de 91 até agora”.

Para Lindomar Dias, do Conselho Missionário Indigenista, estas articulações de tomada de território se dão há muito tempo. No caso dos indígenas, acontece desde sempre. “Efetivamente o Brasil, como país, nasce espoliando e roubando território dos povos originários. E trata esses povos como se não fossem originários. Tratam essa gente como se fossem estrangeiros, quando na verdade são donos. Adquiriram esses direitos não comprando os territórios, mas apenas vivendo, se confundindo com o território, se fundindo com ele”. Para Dercy Teles, tradicional seringueira do município de Xapuri, quem também escutamos na passagem pelo Acre, os ataques são movimentos de extinção das populações que dependem da floresta. “Para quem não contribui para o desenvolvimento do capitalismo, não é de interesse a existência sobre um território”, defende. 

Indignados, os caciques apontam para a direção de cada área desmatada ou terra grilada. Antônio José assinala cada responsável. “O Joaquim derrubou 500 hectares por 2 mil, mais 500 por outros 2 mil e venderam para o Brana. Isso atrás do Igarapé Preto, dentro da nossa reivindicação. Tudo isso eles sabendo que é uma Terra Indígena. E hoje quem é o dono é o Brana, um cara lá de Rio Branco. O Bezinho derrubou 392 hectares da Fazenda Riachão extremando com a fazenda Cruzeiro, à beira do Igarapé Preto, onde também é dentro da nossa reivindicação. O Júnior do Betão já comprou. Isso nós temos tudo no mapa”.

Pecuária ostensiva em terras da união

Nas campos de gado, os fósseis de árvores denunciam queimadas antigas. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil

São muitos nomes na ponta da língua, um vinculado ao outro. Uns são responsáveis por entrar e cortar as árvores. Outros por grilar a terra, cercar, encaminhar alguns papéis. Quando baixa o “banzeiro”, como chama Antônio José o burburinho pela invasão da terra, outro vem e compra. E aí coloca gado, o negócio mais comum da região. Segundo o IBGE, Boca do Acre tem o segundo maior rebanho de gado do estado do Amazonas. Perde apenas para o de seu vizinho, Lábrea. Juntos, os municípios contam com 510 mil cabeças de gado, 38% do rebanho da Amazonas. São 6,4 bois para cada habitante.

O principal destino desse gado é o frigorifico Frizam/Agropam, em Boca do Acre. De acordo um levantamento do Idesam, de 2013, o matadouro respondia por 31,3% do total do abate no estado do Amazonas.

Boca do Acre faz parte do Arco do Desmatamento, região que a fronteira agrícola avança sobre a mata nativa da Amazônia. O município possui 372 áreas embargadas pelo IBAMA. Isso acontece quando o fiscal do órgão constata que um pecuarista derrubou floresta sem autorização ou não está respeitando a área de reserva legal da propriedade. Com a fazenda embargada, fica proibida a criação de gado. A pecuária ocupa 80% da área desmatada da Amazônia Legal, segundo o relatório de 2015 da Procuradoria do Meio Ambiente do Ministério Público Federal. Quase 40% das 215 milhões de cabeça de gado do país pastam na região amazônica.

As estradas de Rio Branco a Boca do Acre é tomada de latifúndios da pecuária. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil

Em Boca do Acre, mesmo com o número significativo de propriedades embargadas, o movimento no Frizam/Agropam não reduziu nos últimos anos. Isso porque o gado de fazendas notificadas chegava ao estabelecimento com documentado falsos. Os animais são registrados como originário de propriedade que não estavam proibidas de comercializar. Segundo o gerente do frigorífico, nada pode fazer para fiscalizar estas fraudes. 

Acontece que o Frizam/Agropam tem como acionista principal o pecuarista amazonense José Lopes, que possui nove fazendas embargadas em Boca do Acre. Segundo o jornalista Leonildo Rosas, do Blog do Rosas, José Lopes é o maior pecuarista do Amazonas, dono de mais de cem mil cabeças de gado. O “rei do gado”, como é conhecido, já foi tesoureiro de campanhas eleitorais e o dinheiro público tem forte influência no crescimento do seu império da carne. Lopes trabalhou nas campanhas do Senador Eduardo Braga (PMDB) e do governador do Amazonas, Omar Aziz (PSD). Também atuou na campanha do governador Amazonino Mendes (PFL), que administrou o Estado de 1999 a 2002. Dentro desse período, no ano 2000, a Ciama (Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas), empresa pública do Governo do Amazonas, que tem entre suas finalidades promover o desenvolvimento ambiental no âmbito estadual, investiu mais de R$ 14 milhões na sociedade com o frigorífico Frisam/Agropam. Assim, a Ciama se converteu em uma das quatro sócias do frigorífico.

Não para por aí: na ata da assembleia geral ordinária do Frisam/Agropam de 03/06/2013, da qual o portal Amazônia Real teve acesso, consta que o frigorífico tem quatro sócios: além de José Lopes e a Ciama, completam a lista José Lopes Júnior e Alessandra Lopes.

Estes últimos, filhos de José Lopes, tem em seus nomes as terras com gado, cercas e porteiras, sem mata, que ultrapassamos para entrar na Terra Indígena Val Paraíso, do povo Apurinã. “O José Lopes registrou uma terra aqui que nós vinha vovô mais eu lá do Bom Lugar até aqui buscar peixe no Poção do Arroz”, lembra Antônio José. “Aí era bom de peixe. Em 2010 o Lopes registrou esta área como Porão do Arroz, ficou como dono. Nós que abrimos isso aí, o avô do Kaxuqui que morava aí na beira. E nós morando aqui há tantos anos e ninguém nos reconhece”. Kaxuqui completa: “Nunca vendemos um pedaço de terra. Pelo contrário. Queremos morar, dar o direito para nossos filhos, para os nossos netos. O que queremos é o que é nosso. O que queremos é que respeite a nossa cultura, o nosso direito e o nosso modo de viver. A gente não quer fazenda, não quer gado, para nós sermos reconhecidos a gente não precisa ser fazendeiro”.

Cacique Antônio José pede a demarcação da terra do seu povo. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil

Em um dado de 2013 do IBAMA, as multas para os crimes ambientais expedidas em nome de José Lopes somam mais de R$ 3 milhões, resultado da destruição de 955,14 hectares de floresta nativa da Amazônia Legal. Recentemente, o pecuarista foi preso em três operações da Polícia Federal. Em maio, na operação Ojuara, foi denunciado pelo Ministério Público Federal, acusado de ser uma entre 22 pessoas envolvidas em crimes ambientais. Os acusados invadiam terras da União, comandavam desmatamentos e contratavam policiais militares para fazer a proteção das máquinas e das áreas de desmatamento. Entre as ilegalidades, uma diligência falsa do IBAMA do Acre em setembro de 2017, serviu para alertar os fazendeiros sobre uma operação nacional do IBAMA no mês seguinte. Nesta época, o superintendente do órgão era Carlos Gadelha, que também foi denunciado pelo MPF de estruturar empresa para oferecer defesas administrativas e judiciais para os desmatadores do sul do Amazonas contra ações do próprio IBAMA. Em 25 de junho, José Lopes foi solto por decisão da desembargadora Mônica Sifuentes, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares. Ele voltou a ser preso em 30 de julho na operação Maus Caminhos. José Lopes é acusado de receber R$ 1 milhão em propina do médico Mouhamad Moustafá, apontado como líder da organização criminosa que desviava recursos da saúde do Amazonas através do Instituto Novos Caminhos (INC). Além da Maus Caminhos, o pecuarista ainda responde por crimes ambientais no comércio ilegal de madeira detectados pela operação Arquimedes. “O cara é preso e ainda tem todo o direito de criar o gado e vender, de dentro de uma terra da União. E continua derrubando e mandando derrubar. E nós que estamos aqui preservando não temos o direito à nossa terra”, desabafa Antônio José.

Para completar, a grande parte da carne de gado que passa pelo Frizam/Agropam sequer é usufruída pela população da região. Funcionários do frigorífico revelam que cerca de 20 carretas por mês partem com destino a outros países. China, Japão, Estados Unidos são alguns citados. “Aqui no Amazonas a gente não come carne do boi macho, só da vaca. Os garrote bom, a carne boa tudo vai para fora. Todo esse gado que causa esse prejuízo aqui no Amazonas não é para consumo dos amazonenses. Sim para estrangeiros, que acabam fornecendo o recurso para esse desmatamento”, reclama o Cacique Antônio José.

A maioria do gado abatido em Boca do Acre tem sua carne enviada para o exterior. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil

José Lopes e sua família é um sobrenome a quem os Apurinã resistem. São vários outros. A disputa é desleal, além dos fazendeiros, os indígenas enfrentam a omissão do estado. Seja na negação de direitos básicos, como saúde, energia, educação, um dos fatores que faz com que parentes tenham que se afastar da vida na mata. Seja pela ineficiência das instituições públicas impedirem e punirem os invasores de terra. Seja por aqueles que usam indevidamente o Estado para propagar o seu discurso. Ou usam seu discurso para chegarem até o Estado. É o caso do presidente Bolsonaro, mas também é caso do Francisco Sales de França, o Mapará. Vereador de Boca do Acre, é um dos grileiros e desmatadores da Terra Indígena Val Paraíso. Mandou derrubar árvores em 2017 e 2018. Segundo Antônio José, são 200 hectares desmatados por Mapará. O político assume a ação. “Ele se sente fortalecido por ser vereador”. 

Cacique Kaxuqui em frente as casas da Terra Indígena Val Paraíso. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil

No dia 19 de agosto, o cacique Apurinã gravou vídeos de denúncias na margem do Igarapé Preto. No outro lado da água, o barulho da motossera e dos troncos caindo. Antônio José narra. “Você pode ouvir a zuada do motor dele. Só queria mostrar isso ao MP, à Funai, de como está sendo destruída a mata da TI Val Paraíso”.

Segundo o Cacique, a maior derrubada do ano na Terra Indígena, 600 hectares, teve o incentivo do parlamentar de Boca do Acre. Mapará se elegeu dizendo que vai legalizar as terras invadidas, como as de Val Paraíso. “Todo mundo sabe que vereador não tem capacidade de regularizar terras federais”, rebate Antônio José. Mas a gente também sabe que os discursos forjam legalidades.

Nossa intenção ao visitar os Apurinãs, além de escutar os caciques e prestar solidariedade, era registrar essa “brocada” de 600 hectares. No dia seguinte, sairíamos ao amanhecer. Antes de deitarmos nas redes recém penduradas, Antônio José pega a pasta que carrega consigo. Nela, folhas de ofício com imagens de satélite dos últimos anos da área reivindicada pelos Apurinãs. Aproxima-se da lamparina de querosene, com os mapas na mão. O cacique Antônio José vai descrevendo a localidade e quantos hectares foram desmatados no último ano, repetindo o gesto de horas antes, ao lado da cerca. Desta vez, aponta as derrubadas no mapa. Também indica, indignado, quem é o responsável por cada “brocada”. Já são milhares de hectares desmatados dentro dos 26 mil reivindicados pelos Apurinãs.

O mapa mais recente da exploração da terra dos indígenas Apurinã. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil

O INPE é a fonte de informações dos mapas, elaboradoras com o auxílio da FUNAI. Na parede da OPIAJBAM (Organização dos Povos Indígenas Apurinã e Jamamadi de Boca do Acre), local em que encontramos Antônio José, cartazes afixados indicam o legado de um curso recente. Os indígenas estão estudando o uso de um software de cartografia, a fim de emitirem os mapas de forma autônoma.

A cartografia é uma ferramenta de luta pelo direito fundiário e também contra o desmatamento. Vale lembrar que quando o tema das queimadas veio à tona, o Presidente Bolsonaro sinalizou como seu governo lida com a ciência ao demitir o diretor do INPE, Ricardo Galvão, no dia 2 de agosto. Quando divulgado um estudo do aumento das queimadas na Amazônia (68% em relação a julho de 2018), Bolsonaro declarou que o Instituto estaria a serviço de alguma ONG e que os dados não estariam corretos. Após Ricardo rebater as declarações de Bolsonaro, foi exonerado do cargo. A demissão foi alarmante para o meio científico e para os que trabalhavam na situação das queimadas na Amazônia. Alguns dias depois, questionado sobre a exoneração e a relação com o Ricardo Galvão, respondeu: “Não peço, eu mando”.

O comércio de madeira ilegal

No dia seguinte, partimos para quase 3 horas de caminhada. Nosso destino: os 600 hectares queimados no Dia do Fogo, 13 de agosto. 

Em três pontos na mata, encontramos galões de gasolina e óleo queimado usados nas motosserras. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil

Atravessamos várias vezes o igarapé, passamos por locais que já são campos e por dentro da mata. No meio do caminho, uma pausa. De cima do que resta do tronco de um cedro recém cortado, Antônio José relata: “dia 19 de agosto passamos aqui para ver esta derrubada de 600 hectares que estamos indo ver e isso daqui estava intacto”. Segundo o Cacique, os madeireiros entram na mata bruta, derrubam, tiram a madeira de lei, como o Cedro, a Itaúba. Depois derrubam a mata por cima dos troncos. “Para a gente não ver o tipo de madeira que eles tiraram”. No próximo ano, eles vão queimar com a intenção de limpar e aproveitar o restante da madeira que ficou. A partir daí, começam a formar o pasto para a criação de gado. “Este é o modelo que eles usam para invadir e grilar as terras indígenas que a gente protege. Isso aqui faz 5 dias, está tudo derrubado, e o IBAMA está aí em Boca do Acre, mas eles continuam derrubando”, denuncia o cacique.

Árvores recém cortadas, ainda não removidas na TI Val Paraíso. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil

As madeiras que saem desta área são cortadas com motosserra no verão, segundo Antônio José. No inverno, os madeireiros entram pelo igarapé, de balsa, carregam a embarcação e levam até o porto de Boca do Acre no entardecer. Ali, como relata o cacique, os criminosos tem um esquema para colocar as madeiras em um caminhão baú, que viaja já à noitinha até Rio Branco. A carga passa pela estrada como se fosse um frete qualquer. Na capital do Acre, a madeira é “esquentada”. Essa é a expressão usada para designar o ato da madeira ser selada como se fosse oriunda do sistema de manejo florestal acreano. “É assim que eles fazem a retirada de madeira indígenas para exportação dentro da terra indígena, dentro das terras da união. Toda madeira que é tirada do Amazonas é ilegal”. 

Assista a denúncia de Antônio José:

O que resta da madeira derrubada em meio à mata da TI Val Paraíso. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil
A madeireira Transacreana é um dos principais destinos de troncos de manejo na AC-90
Cacique Antônio José e Kaxuqui em um dos capins queimados que passamos no caminho. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil
Travessia do Igarapé Retiro em direção à queimada. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil

Após o relato de Antônio José, seguimos pela mata, escutando ao fundo o ronco do motor da motossera. Caminhamos mais um tanto e, com dificuldade, o mato derrubado vazia uma barreira complicada de atravessar, chegamos à área queimada. Assim como no território Huni Kuin, onde havia verde, há cinza. Troncos pretos caídos. Tocos serrados, também carbonizados. 

Cacique Antônio José observa a destruição de 600 ha de mata

Alguns pequenos arbustos de áreas que resistiram ao fogo e a macega de mato derrubado dificultam a visão no horizonte. No entanto, subindo em algum tronco, olhando para um lado e para o outro, não se vê copa de árvores em pé nas imediações. Uma faixa de destruição. Antônio José denuncia: “Eles pagam a queimada e depois assumem, dão prosseguimento na retirada de madeira, semeando planta e criando gado. Está é a forma de eles grilarem as terras da união da Amazônia. Aqui em Boca do Acre funciona desse jeito. Ninguém tem documento de assentamento de INCRA. E todo mundo se apossa, todo mundo diz que tem. Faz financiamento, faz Cadastro Ambiental Rural e ficam como proprietário”. Os caciques falam indignados, focados na oportunidade de denúncia.

Tanto na estrada para os Huni Kuin (Rodovia AC-90, a Transacreana) quanto para os Apurinã (BR-317) e para Xapuri (a mesma BR-317) impressiona a quantidade e extensão dos latifúndios de criação de gado. Onde antes era floresta, é campo. Uma imensidão de capim. Restam em pé somente algumas castanheiras, árvores protegidas por lei. Algumas esplendorosas, vivas. Mas muitas já mortas, aniquiladas pouco a pouco pelas diversas queimadas que foram submetidas. Se mantém em pé porque, mesmo mortas, resistem por anos.

Cacique Kaxuqui sentado em uma castanheira que antes era sustento. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil

Nos últimos 600 hectares desmatados na Terra Indígena Val Paraíso, nem as castanheiras escaparam. Segundo Antônio José e Kaxuqui, derrubaram 150 exemplares da espécie. Sentado no que resta do tronco de uma das que ainda não foi removida, Kaxuqui conta que os Apurinãs coletavam cerca de 500 latas de castanhas naquele local. Uma de suas principais fontes de renda. “Essa aqui é uma castanheira que nós tirávamos o sustento da nossa família. Hoje ela está aqui queimada. Essa aqui não volta mais para esta terra. A terra que nós preservava, a terra que nós precisava está desse jeito, destruída pelos fazendeiros”, lamenta Kaxuqui.

Fóssil de castanheira é um triste monumento da floresta que ali existiu. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil

Na estrada, vimos carcaças sendo consumidas por urubus. Troncos de vários metros de diâmetros em cima de caminhões. Escutamos sobre a ameaça que os caciques sofrem. No entanto, as castanheiras fossilizadas pelo fogo foram o símbolo, os monumentos mais melancólicos da destruição que assola estes territórios.

Na AC-90, a rodovia Transacreana, muitos caminhões de madeira estão na estrada. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil

Os Apurinãs resistem, cercados pelo olhar ganancioso de jagunços, fazendeiros e do mercado internacional. Kaxuqui já recebeu propostas para deixar a área. Ao rejeitar, passou a ter um drone sobrevoando por dias em volta da sua casa na mata. Antônio José já teve a sua morada queimada e não anda mais por qualquer lugar. “Sou ameaçado, sou mal visto por defender minha terra. Não vivo mais como vivia antes. Na cidade, me olham como se eu fosse mau para o povo, mau para o mundo. Não entendo isso”. São 54 anos vivendo no mesmo lugar, mas o respeito não é regra. “Nasci aqui no Bananal, continuo vivendo, defendendo as mesmas terras. Os que me consideram são os meus amigos antigos, de 50 anos para frente. Esta meninada nova de 20 anos, 35 anos acha que eu estou atrapalhando o desenvolvimento. Porque eles querem estar aqui derrubando, ganhando dinheiro. Não é isso que a gente quer, a gente quer que todo mundo cresça, mas respeitando o direito de cada cal”. Já solicitou na 6ª Câmara Federal de Brasília escolta policial, que foi concedida. Mas a polícia local não possuía contingente para suprir a demanda. Sugeriu que ele deixasse o local. “Não tenho como sair daqui, meu conhecimento está aqui”.

Antônio José e Kaxuqui expõe os mapas que usam para analisar o aumento das queimada e da grilagem em suas terras. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil

O que acontece com os Apurinãs não é caso isolado. Pelo contrário, é um ataque sistemático que acontece contra os povos indígenas e seus territórios em toda Amazônia e pelo Brasil. Nesta ofensiva, são diversos os atores. 

Tem aqueles que estão na ponta, na exploração direta, através da invasão das terras, da extração de madeira, da criação de gado ou, ainda, do garimpo. Como mostra a história a cima. E há também os que estão na outra ponta, os que financiam estas ilegalidades. Por exemplo, países da Europa se manifestaram em defesa da Amazônia com as queimadas recentes, mas é um continente que compra carne e madeira de áreas desmatadas há anos. A JBS e Marfrig, empresas com destaque mundial na produção de proteína animal, principais exportadoras de carne do Brasil para a Europa, compram gado de fazendas irregulares. Em 2018, o Repórter Brasil fez uma matéria sobre venda de madeira ilegal para a Dinamarca. Sete das principais lojas varejistas da construção não souberam dizer a procedência da madeira brasileira que vendiam. 

Na AC-90, conhecida como Rodovia Transacreana, o gado pasta sobre ao lado das cinzas. Foto Douglas Freitas / Amigos da Terra Brasil

Os atores desses ataques estão e tem seus representantes na política. A começar pelo presidente do país. Bolsonaro disse, durante a campanha, que não vai demarcar 1 cm de terra indígena. O irmão do presidente se articula com ruralistas para impedir, junto a representantes do governo, demarcações.  O processo de demarcação, já no governo Bolsonaro, é ameaçado de ser transferido para o Ministério da Agricultura, onde reinam os ruralistas. Proposta semelhante a que propunha a PEC 215, em que a palavra final sobre a consolidação da terra indígena ficava a cargo do Congresso Nacional, onde, hoje a maior e mais poderosa bancada é a ruralista. Esta bancada é a chamada Frente Parlamentar Agropecuária, um lobby bancado por associações e empresas do agronegócio, que conta agora com 257 signatários, entre deputados federais e senadores. No dia 4 de julho, Bolsonaro declarou, em um encontros com estes políticos: “Esse governo é de vocês”.  Como mais um exemplo de ataque, o Congresso propôs a recente PEC 343, que dá à Fundação Nacional do Índio (FUNAI) o poder para decidir pela liberação de até 50% dos territórios indígenas a ruralistas, garimpeiros e outros setores, sem consulta às comunidades tradicionais. Nesta lista de atores, não podemos esquecer da Rede Globo, maior emissora de televisão do país, que há dois anos tem como principal publicidade nos seus horários nobres a campanha “Agro é tech, agro é pop, agro é tudo”. Uma série de campanhas publicitárias que glorificam e expõe mentiras sobre o agronegócio brasileiro, como, por exemplo, que vem daí a fonte dos alimentos do país. É mentira. A maior parte da alimentação do povo brasileiro vem da agricultura familiar. Além destas publicidades, a Globo decide o que é e o que não é pauta em um sistema de promiscuidade com grandes setores do agronegócio, de empresariado, dos setores que historicamente atacam o povo do país. 

Estes são alguns exemplos dos que os indígenas e outras comunidades tradicionais enfrentam no Brasil. Abaixo, alguns acontecimentos de violência direta, só dos últimos dias, em setembro: 

Os ataques são históricos e permanentes. E mais complexos do que parecem – descubra na segunda parte da matéria “O ganha-ganha por trás das queimadas da Amazônia: quanto valem a preservação e as falsas soluções do capitalismo ‘verde’, e quem compensa as compensações?”, novo material que será publicado nos próximos dias no site da Amigos da Terra Brasil.

Veja mais fotos da ronda de solidariedade pelo ACRE: