Desde el principio hemos señalado esta respuesta: al mercado financiero, los monopolizadores de tierras, los agronegocios. Y el Proyecto de Ley 2633, legislación diseñada para favorecer el acaparamiento de tierras, es la mayor evidencia de esto. Y bueno… Ricardo Salles, el ministro de Medio Ambiente, también lo dejó bastante claro al decir que la pandemia de coronavirus es una gran oportunidad para desmantelar la regulación ambiental porque todos miran para otro lado.
En medio de la pandemia de coronavirus, el PL 2633 puede ser votado en cualquier momento en el Congreso Nacional; si se aprueba, facilitará aún más la acción de los invasores de tierras públicas. Para el Grupo Carta de Belém, “la legislación […] permite la liquidación de tierras y bienes públicos a un precio de oferta en favor de los acaparadores de tierras medianos y grandes”, recordando que, mientras tanto, “la reforma agraria y la titulación de los territorios colectivos quedar paralizado “.
Esta es la parte 2 de la introducción a la historia “¿Qué pasa realmente en la Amazonía?”. Explore todo el contenido:
En resumen, las medidas de pago por servicios ambientales son una forma de monetizar la relación con la naturaleza; dependiendo de los flujos financieros, puede ser interesante mantenerlo o no. Estas medidas no abordan los problemas estructurales del impacto climático y mucho menos protegen a los pueblos y sus territorios: por el contrario, los dejan a merced de las grandes industrias poluentes, que invaden la floresta Amazónica para “compensar” sus violaciones de derechos en otros lugares y la contaminación inherente a sus actividades. Las comunidades pierden autonomía sobre sus propios territorios, transformadas en números activos en la bolsa de valores y “granjas de captura de carbono”, hechos que conducen a la criminalización de prácticas y culturas ancestrales.
El documental “Mercado verde: la financiarización de la naturaleza” explica y denuncia las falsas soluciones que el capitalismo propone para los males que él mismo causa.
Así la tierra es puesta en favor del estado de ánimo del mercado. A él sirven Bolsonaro y el Ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, que actúan en detrimento de la agro-social-bio-diversidad de la Amazonía. Y no es por casualidad la elección de estas palabras: el gobierno actual piensa en la Amazonía desde la perspectiva de la “bioeconomía“, es decir, con el sesgo de explotar los bienes comunes en nombre de la ganancia que favorece a unos pocos. Es explícito: para ellos la Amazonía necesita “soluciones capitalistas“, que no serían otras que la devastación, la explotación y la privatización.
El Acre fue el primer estado brasileño en implementar políticas de financierización de la naturaleza. ¿Qué significa esto? Significa que este estado fue una especie de laboratorio para medidas que transformaran la naturaleza – árboles, ríos y tierras, todo lo cual no podemos (o no podríamos) valorar – en algo cuantificable, transformado en un producto y, además, en activos de la bolsa de valores que luego servirán como moneda de cambio y valoración de alguna empresa. De ahí muchos problemas:
Esta es la parte 3 de la introducción a la historia “¿Qué pasa realmente en la Amazonía?”.
Primero, la privatización de las tierras: las empresas necesitan tener áreas para la “captura de carbono”; es decir, áreas verdes para “compensar” la contaminación que generan en el mundo. Así las grandes industrias contaminantes, como las compañías petroleras, mineras y de aviación podrían continuar sus actividades normalmente, con los mismos niveles o incluso niveles más altos de contaminación, siempre y cuando tengan, en alguna parte del mundo, su “granja de captura de carbono “.
Lea aquí la publicación “10 alertas REDD para comunidades”, preparada por WRM (Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales)
Hay otro problema: la “compensación” es, en sí misma, una violación de derechos. Es decir, para continuar contaminando, las empresas se adhieren a un territorio ajeno, por medio de acuerdos basados en mentiras, aprovechándose de pequeñas comunidades, sobretodo con promesas de compensación financiera que nunca se materializan. Los pueblos originarios, las comunidades tradicionales y las trabajadoras y los trabajadores rurales, que históricamente vivieron y se mantuvieron armónicamente con la floresta, se ven prohibidos en manejarla de acuerdo con sus formas y culturas. Su territorio es robado y, como consecuencia sus vidas son puestas en riesgo. Al final, estas familias terminan siendo empujadas a vivir en las márgenes de las grandes ciudades, convirtiéndose en una población pobre. La riqueza queda vinculada a una tierra que ya no les pertenece. ¿A quién compensa esta “compensación”?
La situación es más compleja: para “compensar” la contaminación que emiten, las empresas violan los derechos prohibiendo formas de vida tradicionales, especialmente en el Sur Global. Al final, terminan beneficiándose de estos actos al transformar estos territorios en activos financieros; en resumen, cuantos más derechos violan, más podrán contaminar y, en consecuencia, aumentar sus ganancias: por un lado lucran para contaminar y destruir, por el otro obtienen más ganancias “compensando”.
Vea a continuación, con más detalle, el “ganar-ganar” de las empresas detrás de los incendios en el Amazonas, material producido por Amigos de la Tierra Brasil junto con el CIMI (Consejo Misionero Indio) regional en Acre:
Ya hemos hablado mucho sobre el Mercado, las Empresas, la Industria, los Ruralistas. Sin embargo, estas entidades trascendentales tienen nombres, son parte de nuestro mundo, podemos y debemos citarlas para que carguen con su culpa: la industria de la carne, los agronegocios así como sus inversores del mercado financiero son los mayores culpables de los ataques contra los pueblos de la Amazonia y, por supuesto, también son los que más se benefician de ello.
La publicación de Grain y del grupo Carta de Belém, especial para la COP-25 que tuvo lugar en diciembre de 2019 en Chile y España, nombra algunas de las principales corporaciones detrás de los incendios en la Amazonía. Texto completo aquí
Y en medio de todo esto – la monopolización de tierras, los incendios, la soja y sus pesticidas, los puertos que impiden la pesca, los megaproyectos que destruyen formas de vida que las comunidades resisten, a pesar de la extrema presión y amenazas a la vida. Estas Comunidades y Pueblos terminan transformándose en entidades abstractas, sin embargo, son personas simples y de hábitos comunes: disfrutan del fútbol, del almuerzo familiar, del baño en el río, del descanso en la hamaca. Pequeñas y pequeños agricultores, pescadoras y pescadores, extractivistas de reservas legales, comunidades quilombolas y pueblos indígenas que querían, si fuera una opción, simplemente continuar sus vidas en el lugar al que pertenecen, cuidando de la floresta de la cual dependen.
Otro mundo no es posible, solo existe este. Por eso hay que luchar No es posible coexistir con el deseo infinito de destrucción de la expansión capitalista: su veneno contamina todo, los lagos sufren con la polución y se secan, la tierra está contaminada, las personas son expulsadas de sus territorios, atacadas, cobardemente asesinadas. El discurso de odio de Bolsonaro y las políticas de desmantelamiento de las áreas ambientales y agrarias, en defensa de los intereses de los agronegocios y las grandes industrias extranjeras, se materializan en violencia. Hay que tener en cuenta que los asesinatos de indígenas aumentaron 22.7% en 2018.
Para vencer esto, nos queda una lucha continúa: diariamente, con un trabajo de hormigas, poco a poco – tan difícil como necesario y gratificante. Justamente esto es lo que nos enseñan las historias que escuchamos en la reciente visita a la región de Tapajós, Pará. Ellas evidencian la destrucción del capital en el Amazonas, con el monopolio de tierras, el avance de megaproyectos sobre comunidades enteras, el ataque a los bosques y ríos, amenazas a quienes se oponen y defendien las formas de vida tradicionales así como los derechos de los pueblos. No nos resulta sorprendente que estas personas reciban el apodo de Protectoras y Protectores del Bosque – no hay un nombre más justo.
En el vídeo a continuación, el presidente de la Unión de Trabajadores Rurales, Agricultoras y Agricultores Familiares de Santarém (STTR-STM), Manoel Edivaldo Santos Matos, conocido como Peixe, explica, a partir de un mapa de la región de Tapajós, el asedio del capital al Amazonas:
Subtítulos disponibles en español e inglés
Santarém: un plan maestro hecho a medida para la expansión del capital sobre la Amazonía
Por un lado, se expandió el puerto, involucrando convenientemente a toda la región del lago Maicá, donde hay planes para la construcción de cinco puertos privados destinados al flujo de soja. Por otro lado, creció la área urbana, lo que permite la construcción de nuevos edificios y construcciones orientadas a la explotación de turismo junto a orillas del río Tapajós. Esto involucra toda el área que va en dirección a Alter do Chão, considerada una de las playas más bellas de Brasil y que, también, fue el foco de los incendios del 2019. Nada es casual, el ciclo vuelve ocurrir: incendios, monopolización y venta ilegal de tierras – sea para la expansión de los agronegocios o para la venta de parcelas a particulares o para empresas turísticas. En cualquier caso, implica violencia contra las personas y las comunidades locales, así como el derrumbe de la floresta.
La invasión acecha: madereros ilegales; expropiación de terrenos; soja; pesticidas; ganado; puertos; minería; ferrocarriles; contaminación del suelo y el agua; especulación inmobiliaria; expulsión de familias quilombolas, indígenas, pequeñas y pequeños agricultores a las afueras de las grandes ciudades; amenazas y ataques a cualquiera que intente cualquier clase de resistencia. Volvemos a subrayarlo: no hay coexistencia posible con el ciclo de muerte causado por el capital.
Los agronegocios y las empresas para drenar la producción están avanzando sobre las comunidades tradicionales, generando conflictos directos e indirectos. Fotos: Carol Ferraz/Amigos da Terra Brasil
Caminando por la región Francinaldo Miranda, del Sindicato de Trabajadores Rurales, Agricultores y Agricultores Familiares de Santarém (STTR-STM), enseña la ingeniosa arquitectura de los productores de soja, o tal vez sus habilidades para el diseño de “interiores” – Esto es un pequeño avance, no más que dos o tres metros, desde el campo de soja hacia el bosque; así poco a poco se quema el bosque y, año tras año, como si nada sucediera, la soja ocupa todo el espacio disponible”, como si necesitara crecer más: hoy, se puede decir que en medio del campo de soja hay un bosque (cuando antes había un bosque en el medio del campo de soja) – Ellos construyen este muro para que la vista desde la carretera quede bloqueada. Nadie ve nada y la floresta parece estar bien. El muro citado es una fina franja de árboles que, de hecho, cumple su función: sólo es posible contemplar la inmensidad de la soja cuando lo volteamos, la soja se pierde de vista, por un lado, por el otro lado, adelante y atrás. Sin embargo, desde la carretera, es como si los árboles todavía estuvieran presentes.
Esta es una de las historias en la historia “¿Qué pasa realmente en la Amazonía?”. Explore más contenido:
Los impactos en la floresta y en las comunidades locales, obviamente, son enormes: la soja representa el monopolio de tierras, incendios, deforestación, pesticidas, además de necesitar una infraestructura completa para su transporte y exportación, lo que también impacta a los pueblos de la región. Algunos casos, sin embargo, son aún más absurdos: como la situación de una pequeña escuela en la comunidad de Buena Suerte (y el nombre parece una ironía sádica de la vida). Allí, la distancia entre la ventana de la clase y el campo de soja ni alcanza los dos metros, y lo más grave: el uso de pesticidas ni siquiera respeta el horario escolar, que es continuo a lo largo del año. La exposición de los niños a la contaminación es directa.
La región de Curuaúna recibe tal impacto del uso de pesticidas de soya (el principal es el glifosato – Monsanto’s Round-Up) que se están realizando estudios con la sangre de los residentes para medir el tamaño del daño que tiene que soportar la salud de las personas. Los resultados de esta investigación aún no fueron publicados. Sin embargo, hay otros estudios disponibles, como la disertación de Nayara Luiz Pires, de la Universidad de Brasilia, que en 2015 investigó la expansión de la frontera agrícola en la Amazonía así como la contaminación por glifosato en la región de Santarém. La investigadora llega a subrayar en sus estudios que hay “un riesgo probable de exposición humana a los pesticidas, principalmente a través del tracto respiratorio”.
Castanheira, un árbol protegido por la ley, sobrevive solo en medio de un campo de soja. Foto: Carol Ferraz / Amigos de la Tierra Brasil
Escuela rodeada de soja: el uso de veneno no respeta el horario escolar y los niños se ven directamente afectados. Foto: Carol Ferraz / Amigos de la Tierra Brasil
Área quemada para la expansión del cultivo de soja: la práctica de la “extensión de tierras” se usa ampliamente en la región amazónica y consiste en aumentar gradualmente el tamaño de la tierra, metro por metro. Foto: Carol Ferraz / Amigos de la Tierra Brasil
Con el uso constante de pesticidas, poco crece en tierras que ya fueron bastante fértiles. Foto: Carol Ferraz / Amigos de la Tierra Brasil
Huyendo de la soja: pueblos fantasmas y abandono Por supuesto, muchas familias no quedaron para descubrir si los pesticidas son dañinos o no. Así, comunidades fueran abandonadas, proporcionando un mapa del vacío, de ese agujero en la existencia – Allí había un campo de fútbol, – Allí muchas casas, – Aquí había una escuela, nos enseña Francinaldo mientras avanza por la carretera que cruza los campos de soja.
Incluso los tradicionales partidos de fútbol entre las comunidades vecinas corren riesgos de dejar de existir, simplemente porque las ciudades fantasmas se quedan sin gente, y no hay jugadores: nadie más podrá desafiar al temido São Jorge, gran equipo de la región. Francinaldo, nativo del área de Curuaúna, era portero y cuenta – El delantero central estaba a solo unos metros de mí y era uno de aquellos que patea con fuerza, era mi amigo, pero pateó con ira, y la patada fue tan fuerte que desgarró el vientre de Francinaldo, una herida que solo descubrió más tarde, después del juego, mientras volvía a la casa, intentando no enseñar su dolor a su oponente. Él incluso necesitó realizar una cirugía y tardó años en recuperarse por completo. Sin embargo, consiguió lo más importante: defendió el tiro e impidió el gol del adversario.
Esto significa el avance de la soja (además de la muerte, la contaminación y el monopolio de tierras): el fin de la cultura y la vida local.
– Visagem? No, no hay ninguna visagem en el bosque; está en el agua, y la visagem toma otras formas, pero siempre le abre paso al miedo (Visagem significa maldición en el vocabulario local). En la región de Maicá, al sureste de Santarém, la maldición ha tomado una forma muy concreta, todos la ven y están preocupados: es un puerto.
Embraps (Compañía Brasileña de Puertos de Santarém) pretende instalar un puerto en la Boca do Maicá, la conocida entrada del río que se extiende por el Amazonas, regresando al mismo río y luego siguiendo su flujo hacia Macapá (AP), llegando al océano atlántico. Sus aguas tienen una rica biodiversidad y abastecen alrededor de 50 comunidades, todas ellas están en riesgo si el proyecto del puerto avanza.
Esta es la segunda historia del reportaje: “¿Qué pasa realmente en la Amazonía?”:
Entonces, no es una maldición: es la realidad que asusta; y es entre risas e historias que Narivaldo dos Santos nos habla sobre el Estudio de Impacto Ambiental de Embraps – Ya sabes, pesco aquí pirarucu, tambaqui, surubim, pacu, acará, pescada, aracu, carauaci, arauanã, acari, fura-calça, mapará (el blanco, claro) … y hay mucho más, porque cuando hablo de acara, solo hay ocho especies aquí en nuestra región: el lila, el bararuá, el boca-de-pote, el escama-grossa, el tinga, el açu… El tucunaré también: hay el açu, el pinima y el común, y el surubi de cabeza plana, el pinima, el pintado, y mucho otros. Tanta variedad que podemos decir: hoy no quiero este, devolviendolo para tomar el siguiente, es un menú diverso. Ahí, en el estudio de esta compañía, casi no hay tipos de peces, ni pájaros, caimanes, capibaras, armadillos, ni el manatí, que está en peligro y lo encontramos aquí en nuestro río… Sí, tal vez los investigadores de la Embraps no sabían pescar.
Narivaldo es líder de la comunidad quilombola de Bom Jardim, tiene 42 años y no los aparenta: corre rápido a través de los troncos de palmeras caídos sobre el agua que sirven como un camino hacia donde los barcos de la comunidad pesquera descansan -de las aproximadamente 120 familias, al menos 90 pescan en Maicá, algunos para el comercio, otros solo para la subsistencia. Con pasos ágiles, hace que parezca fácil, lo que definitivamente no es: pero aunque sean tortuosos, los troncos siguen siendo un camino, y después de unos diez minutos de frágil equilibrio entre palmeras inclinadas llegamos a una hermosa cala, donde la hierba verde se encuentra con el agua tranquila del río, y allí las canoas se agitan ligeramente. A remo, el centro de Santarém está a horas de distancia.
Arriba, Narivaldo mira el río. Las pescadoras y los pescadores artesanales estarán en riesgo si los proyectos portuarios siguen. Fotos: Carol Ferraz / Amigos de la Tierra Brasil
A veces, un pez se aventura en un salto, como para mostrar la riqueza del río – Ni siquiera hay que ir muy lejos para encontrar más de dos tipos de peces, Narivaldo se ríe nuevamente, antes de hablar en serio – La gente se da cuenta que al gobierno no le importa el Amazonas, ni nuestros ríos. En cierto modo, ya han dado la orden para la construcción del puerto. Solo se detuvo debido a la acción de FOQS [Federación de Organizaciones de Quilombola de Santarém], que presentó una solicitud de consulta previa con el MPF [Ministerio Público Federal]. Si dependiera del gobierno la construcción del puerto ya habría tenido lugar, contra el deseo de las comunidades quilombolas: a cualquier precio vamos hacer lo que podamos para evitarlo, sí, lo haremos. Ellos dicen que los impactos pueden compensarse, pero eso no es posible: queremos vivir como lo hacemos hoy.
La instalación de un puerto en Maicá (no solo uno: hay proyectos para cinco puertos en el río) implica la destrucción de esa forma de vida y es un ataque directo a las 12 comunidades de quilombolas que circundan el río, entre ellas la de Bom Jardim. Como testamento, los antiguos dueños de esclavos de la granja local, que no tenían herederos, dejaron la tierra a las seis familias que fueron explotadas allí. Eso fue hace 142 años: han pasado casi dos siglos de pertenencia y lucha en ese espacio. Ahora, en nombre del beneficio de unos pocos, todo puede desaparecer.
Consulta previa y Convenio 169 de la OIT Sin embargo, la movilización popular y jurídica, con el apoyo de Terra de Direitos, surtió efecto y la licencia del proyecto fue suspendida. La empresa debe realizar consultas previas, gratuitas e informadas a todas las comunidades afectadas (quilombos, pueblos indígenas y pescadores), de conformidad con el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Los estudios organizados por el Embraps fueron tan superficiales que ni siquiera consideraron el componente quilombola, tan relevante en esa área, y este debe ser agregado en el nuevo estudio que presentará la compañía. Aunque no tiene poder de veto, la consulta obligatoria con las comunidades afectadas puede considerarse una victoria: después de la decisión judicial favorable, las 12 comunidades organizadas en FOQS se apresuraron a construir su propio Protocolo de Consulta, que también fue realizado por las comunidades de pueblos indígenas y pesquerías afectados.
Fotos: Carol Ferraz / Amigos da Terra Brasil
La suspensión de licencia también retrasa el cronograma del proyecto, que es de alto impacto, lo que permite más tiempo para la difusión de información en la región. El pronóstico del Embraps era que, solo en el primer año de operación, se podían exportar 4,8 millones de toneladas de soja a través del puerto instalado en Maicá, gran parte del cual provenía de la región del Medio Oeste de Brasil a través de la BR-163 . Vea que la infraestructura de flujo también afecta el medio terrestre: un caso similar a la carretera BR-163 es el de Ferrogrão, un proyecto ferroviario que conectará la ciudad de Sinop (MT) con Itaituba (PA) y que también causará daños a lo largo de su camino, especialmente en unidades de conservación y tierras indígenas.
Un puerto donde no puede haber puerto Sin embargo, subrayamos un hecho peculiar: en el mismo lugar donde se instalaría el puerto de Embraps, surgió otra empresa – una estación de combustible para embarcaciones, aun a pesar de los estudios de impacto o de la participación de la comunidad. La compañía responsable es Atem’s, un distribuidor de petróleo que opera en el norte del país. Los daños ya son perceptibles, sobre todo en la pesca, con el derrame de combustible y la puesta en tierra de la región que cambiaron el flujo de agua y las corrientes de peces. En marzo de este año, el Ministerio Público del estado del Pará denunció a la empresa, su socio gerente y el ingeniero responsable del proyecto por delitos ambientales. El Ministerio consideró que estas intervenciones se realizaron sin una licencia de la agencia ambiental competente, además de presentar una licencia de cargas no peligrosas, divergente a la exigida por la Secretaría Ambiental del Estado de Pará, -cuando era sabido que, desde el principio, el objetivo de la construcción e instalación portuaria era la distribución de combustible (carga peligrosa).
Este es el diseño del cerco de los agronegocios a los territorios: la expulsión de las familias de sus tierras para plantar soja, la contaminación de tierras vecinas por el uso de pesticidas, el transporte de granos que destrozan territorios – en camión o en tren -, la construcción de puertos que destruyen las formas tradicionales de vida, la exportación que solamente genera riqueza para el capital internacional. El progreso del proyecto Embraps también representa el traslado de familias y la demolición de casas para la expansión de carreteras, la emigración de cientos de trabajadores de otros estados, un cambio completo en la vida diaria de la región: se estima que alrededor de 900 camiones pasan diariamente por las calles de Pérola do Maicá camino al puerto.
La lucha en contra la Embraps tiene inicio en 2013 (en esta línea de tiempo, organizada por Terra de Direitos, vea la cronología de la resistencia a la construcción de puertos en Maicá). En total, son cinco puertos planeados para la región, de tres distintas compañías, todas destinadas a la exportación de granos y productos, especialmente soja. La construcción de otros puertos también tiene como objetivo favorecer las actividades de otra compañía además de la Embraps, estas son: el grupo Cevital que opera en el sector agroalimentario y está involucrado con plantaciones en la región del Medio Oeste de Brasil, y también la empresa Ceagro.
Nadie lo sabe con certeza: si saldrá, si quedará, a dónde irá, cómo será. Es una inseguridad tremenda y, de repente, toda esta tierra en la que viven comienza a tener “dueños”, dueños que no son ellos mismos que viven allí: alguien paga un impuesto a la propiedad como una forma de reclamar ese espacio y luego las amenazas crecen, se oye por las esquinas de las calles – El quilombola es un ladrón de tierras, y se cae así en una flagrante contradición, porque quién llegó primero fueron los negros, así como los pueblos indígenas en otros lugares, pero siempre es así: el invasor es otro.
Esta es una historia del reportaje: “¿Qué pasa realmente en la Amazonía?”
Ella ya estuvo en regiones donde se construyeron puertos. Y las historias son muy similares a las que ella, sus compañeras y compañeros quilombolas así como sus vecinas y vecinos del barrio viven hoy – Es muy complicado. La violencia se triplicará, cambiará todo el estilo de vida pacífico que tenemos aquí. Hablan de compensaciones: los empresarios piensan que el dinero puede comprar todo, pero ¿cómo se compensa un modo de vivir que fue destruído? ¿una tradición olvidada? ¿una conexión con la tierra desecha? Incluso lo poco que prometen, el supuesto desarrollo y progreso, puestos de trabajo, también es mentira, es solo observar cuántas mega empresas ya han destruido diversas comunidades brasileñas. Seguimos sin conquistar el desarrollo, no hemos progresado – Mira el puerto de Cargill: ¿dime cuántas personas de Santarém trabajan allí?, y quizás el puerto de Cargill, que fue instalado de manera irregular sin respetar los procesos de concesión de licencias sin preocuparse con la comunidad local y que destruyó la playa de Vera-Paz, un antiguo lugar turístico y zona de ocio de Santarém, debería servir de ejemplo (para recordar las irregularidades de Cargill acceda: aquí, aquí, aquí, aquí, aquí y aquí): porque es así, y no como dicen las falsas promesas de empresarios y gobiernos. Esas promesas son ilusorias. Lo es concreto es la destrucción – Somos nosotros que quedamos con las pérdidas, bien sabe Lígia que ya vio esto pasar en otros lugares. En efecto, ahí está el puerto de Cargill para recordarnos cómo el capitalismo realmente lleva a cabo sus “desarrollos”.
Valda, también lo sabe
[y no por nada otra mujer, Lígia también lo sabe – Las mujeres están en primera línea, ofrecen sus rostros y sufren muchas represalias. Por esto tenemos que fortalecernos. La defensa del territorio es también una defensa de los cuerpos, los cuerpos de los demás, de las hijas y los hijos, es una conexión profunda, axé– Muchas de las mujeres que conocí ya no están aquí (el patriarcado dejó su mensaje) – Pero nos arrancan una y nacen cinco más, todavía más fuertes, que continuarán con esta lucha cruel y desigual.]
Valda (primera foto) y Lídia, que viven en la región de Maicá, cuentan historias de resistencia local. Foto: Carol Ferraz / Amigos de la Tierra Brasil
Valda es Valdeci Oliveira Sousa, de 52 años. Ella es parte de la CPP (Comisión Pastoral de Pesca) y es presidenta de la asociación de residentes de Pérola do Maicá. Ella también ya siente los impactos del puerto de Embraps – Sentimos este impacto desde hace cinco años, justo cuando nos enteramos de la existencia del proyecto: todo cambió, desde lo más básico, como convivir con los vecinos; los conflictos han aumentado, ahora existe desconfianza entre los líderes, se ha roto la armonía. De repente, nacieron nuevas organizaciones vecinales – siempre hay personas que quedan encantadas con las falsas promesas de dinero y “desarrollo”. Son hechas para facilitar la entrada del proyecto en las comunidades, el veneno gotea a través de las arterias del vecindario, por las calles pequeñas y hechas de arcilla, que luego serán ampliadas, aunque para ello tengan que pasar por encima de las casas. Si la construcción del puerto sale, familias enteras serán desahuciadas, en el vecindario y en el quilombo, y nadie sabe para dónde van.
Además, las políticas públicas para el vecindario fueron bloqueadas: hace años que el barrio es olvidado, un proceso lento y doloroso de expulsión – Ellos quieren que salgamos de aquí, así que no hay más infraestructura, no hay inversión, tuvimos mucha dificultad el invierno pasado [que es la temporada de lluvias, diciembre, enero, febrero, cuando es verano en la mayor parte de Brasil], las calles están llenas de agujeros y los autobuses tienen horarios reducidos, ese es el mensaje – Si no quieren salir? Tendrán que sufrir.
Transquilombo: este es el apodo cariñoso del camino de difícil acceso que conecta a todos los quilombos con la orilla sur del río Maicá. Debido a ello es que, dejando el quilombo de Bom Jardim, se puede llegar a Tiningu en unos minutos. Y es en Tiningu donde se encuentra Bena, o mejor: Raimundo Benedito da Silva Mota, un personaje histórico en la región – Sigo el liderazgo quilomboba desde que tenía 15 años, hoy tengo 60, ya se van 45 años de lucha. Actualmente, Bena es presidente de la Asociación de Remanentes de Quilombo Tiningu y vicepresidente de FOQS (Federación de Organizaciones de Quilombola en Santarém).
Aun así, Bena no pierde su paciencia: ¿qué son cuatro años, o un puñado más, frente a siglos de resistencia? – El tío Babá, me contaba historias, tenía 108 años. Y Bena aún hoy mantiene viva la tradición oral, cuenta y vuelve a contar las historias de Tiningu. Recuerda los días en que sus vecinos y familiares tuvieron que irse porque los niños sufrían de anemia y no había ningún puesto de salud cerca; entonces era necesario remar por casi dos horas hasta llegar a Santarém, pero a los adultos también les faltaba fuerza porque carecían de comida, independientemente de la edad, tampoco había acceso a la educación: así todos marchaban a Santarém, para vivir en la periferia de la ciudad, dejando atrás su cultura y su rincón en el mundo.
Bena cuenta y vuelve a contar las historias de Tiningu. Foto: Carol Ferraz / Amigos de la Tierra Brasil
Bena frente a uno de los arroyos de la región, que también genera conflictos con los agricultores que intentan apropiarse de las fuentes de agua. Foto: Carol Ferraz / Amigos de la Tierra Brasil
La destrucción generada por la expansión de la soya, además del alto uso de pesticidas en el cultivo de granos, impacta las comunidades de la región. Foto: Carol Ferraz / Amigos de la Tierra Brasil
Los servicios de educación y salud llegan a las comunidades a través de la lucha de las familias quilombolas. Foto: Carol Ferraz / Amigos de la Tierra Brasil
Hasta que un día ellos regresaron, y regresaron porque valía la pena regresar, y luego las familias dejaron de ir. Todo sucedió debido a la organización de la lucha quilombola, iniciada por el propio Bena quien, durante un seminario en Belém, se descubrió quilombola: allí escuchó sobre los estudios del territorio de Tiningu y su historia, los mismos comprobaban que esta región era un área de descendientes de antiguos esclavos. Bena trajo esta información a la comunidad y se sorprendió: muchos de sus vecinos negros se negaron a ser llamados quilombolas, reproduciendo un discurso de prejuicio contra esta población.
En la primera reunión convocada para discutir sobre este tema, solo aparecieron 17 familias – incluyendo la de Bena, su hermano, sus padres y sus tíos. Pocos. Pero pasó el tiempo, la lucha continuó y la asociación quilombola consiguió, después de mucho presionar al ayuntamiento de Santarém, recursos para un puesto de salud y una nueva escuela, ahora ellos también cuentan con una escuela primaria, antes solo había una guardería en la región. Así, hoy en Tiningu, 90 familias se llaman quilombolas y esperan con orgullo el título de sus tierras, una medida que traerá seguridad a la comunidad en los conflictos con los agricultores locales.
Conflictos con agricultores locales: corte en el acceso al agua y asesinato Uno de ellos, un vecino del quilombo en un terreno más alto, afirmando poseer el arroyo que existe entre sus tierras y el quilombo, cortó el acceso al agua para toda la comunidad. Incluso el centro de salud quedó sin suministros y tuvo que parar con sus atendimientos. El caso fue judicializado.
En nombre de la memoria de su pueblo, Bena cuida muy bien del cementerio local: área que estaba siendo disputada por otro hacendero, que tuvo que ceder debido a la importancia histórica del espacio. Ahora la tierra de esta hacienda está cortada por un cementerio donde las lápidas suman cuerpos e historias de lucha. Es ahí donde Bena recuerda otro caso reciente: el cuidador de una otra hacienda, en un conflicto de poca explicación, asesinó a uno de los quilombolas, supuestamente después de una pelea. El asesino hasta hoy sigue fugado.
Respecto a la memoria, Bena nos cuenta un plan: transformar la vieja escuela en un museo de la historia de los quilombolas de la región. Finalmente el registro oral del tío Babá obtendrá una preservación histórica y así ya nadie olvidará que la lucha cambia la vida.
Los ojos miraban directamente a la impresión de la camisa y se perdieron allí. La persona tardó mucho en apartar la vista – ¿Es María del Espíritu Santo? Es ella, ¿no? Y la respuesta fue que sí.
Quien preguntó sobre la imagen de la camisa de uno de los presentes fue Maria Ivete Bastos dos Santos, mujer de 52 años – siete de ellos dedicados a la presidencia de la organización, entre 2002 y 2008. Ocurrió en la celebración del 46 aniversario del Sindicato de Trabajadores Rurales, Agricultores y Agricultores Familiares de Santarém (STTR-STM). Chico Mendes, Marielle Franco, Hermana Dorothy, Berta Cáceres, entre otros, también se quedaron mirando desde la tela blanca de la camisa, devolviéndole la mirada seria. Pronto Maria Ivete descubrió que la impresión era un homenaje a los defensores de los territorios asesinados en Brasil y América Latina en las últimas décadas, además de ser una protesta por la falta de soluciones a estos crímenes.
“¿Quién ordenó matar?”. Marielle Franco, Mestre Moa do Katendê, Berta Cáceres, Nicinha, Chico Mendes, Zé Cláudio, Maria do Espírito Santo, Hermana Dorothy Stang y Amarildo: estos nombres estaban en la impresión de la camisa que sorprendió a Maria Ivete. Arte: Amigos de la Tierra Brasil
La voz tembló por un segundo antes de volver a su firmeza habitual: ver el rostro de su amiga Maria do Espírito Santo, sorprendió a Maria Ivete – No esperaba ver esto hoy, y a veces el recuerdo es una carga pesada, duele.
Esta es una de las historias del reportaje: “¿Qué pasa realmente en la Amazonía?”. Vea el contenido ya publicado en:
En el estado de Pará, uno de los más peligrosos para quienes defienden los derechos del pueblo, las dos mujeres lucharon lado a lado. Maria Ivete, presidenta de STTR-STM, además de otros cargos que ha ocupado en el sindicato a lo largo de los años; y Maria do Espírito Santo, quien, junto con su esposo Zé Cláudio, trabajó y vivió en el Asentamiento Agroextractivo Praia Alta Pirandeira, en Nova Ipixuna, región de Marabá. La pareja recibió amenazas constantes por enfrentar a los madereros ilegales y ruralistas de la región. Zé Cláudio ya conocía su destino: iba a morir. Alertó a todos, sin que su esfuerzo sirviera de mucho: ambos fueron asesinados, emboscados por pistoleros dentro de la reserva ambiental donde trabajaron y preservaron la tierra durante 24 años.
Esta emboscada cobarde ocurrió en 2011. Desde entonces, han pasado nueve años de duelo por Maria Ivete – Le dije que no fueran en bici ese día, aunque Maria Ivete sabe que esto fue un mero detalle – No sufrimos por la amenaza sino por estar marcada, es casi una cuestión de tiempo antes de que la muerte ordenada encuentre al objetivo. Mientras tanto, la amenaza es una especie de anticipación mortal, una inversión absurda en el orden natural de las cosas. El destino que se cierne sobre tantas cabezas evita que la vida se complete, por mucho que uno esté vivo, con un corazón pulsante, una respiración plena y una mente que recuerde. Si uno sigue vivo, es bajo duras circunstancias.
Como el caso adquirió grandes proporciones y tuvo repercusiones internacionales, los dos hombres que asesinaron a Maria do Espírito Santo y Zé Cláudio fueron condenados por los tribunales; el ordenante del crimen, después de ser absuelto en 2013, fue a un nuevo juicio tres años después en lo cual finalmente fue declarado culpable. La pena: 60 años de prisión. Sin embargo, solo uno de los asesinos está en la cárcel. José Rodrigues Moreira (quién ordenó el crimen) y su hermano, Lindonjohnson Silva Rocha (uno de los asesinos), están en libertad desde noviembre de 2015 – No sé hablar de justicia, así hablo de injusticia, y esa es la referencia, después de todo: la injusticia es lo conocido y experimentado, dejando su opuesto, la justicia, en algún lugar del horizonte, distante e irreal.
Maria Ivete fue presidenta de la Unión Rural de Santarém entre 2002 y 2008. Fotos: Carol Ferraz / Amigos da Terra Brasil
La protección de las defensoras y los defensores de los derechos de los pueblos sigue siendo insuficiente En el Pará – aún en 2017- 90 personas estaban en el listado para ingresar en el Programa para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (PPDDH) –el estado es el tercero con el mayor número de personas dentro del programa. Para Maria Ivete, ya son más o menos diez años viviendo con escoltas, restricciones de horarios y movimientos: hoy ella está bajo la proteción del Programa Estatal para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos en el Pará, organización que también protege a otras 77 personas en el estado. Ella no se siente en seguridad, por el contrario – Vivir con protección es recordar la amenaza todos los días: no voy a fiestas, en los lugares a los que vamos no podemos salir ni a la esquina, ni en un bar, nada.
El PPDDH, aunque sea un avance importante (surgió como reacción al asesinato de la hermana Dorothy Stang, también en Pará, en 2005), sigue siendo bastante precario. Se hace necesario una articulación entre los estados; sin embargo, son solo seis que cuentan con programas implementados a través de acuerdos: Bahía, Río de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Minas Gerais y Maranhão. En Pará, la operacionalización se realiza a través de una central en Brasilia.
Sin embargo, la cuestión principal es otra: el programa resulta útil cuando la situación ya es extrema, en casos de persecución y ataques. Se cree que la vigilancia por parte del Estado puede, como mínimo, limitar el trabajo de los asesinos. Sin embargo, poner fin a los ataques contra a las defensoras y los defensores de los derechos de los pueblos requiere una respuesta estructural: la regularización y control del monopolio de las tierras que ataca a los pequeños agricultores, demarcación de tierras indígenas y de comunidades tradicionales. En sus recomendaciones al Estado brasileño, el Comité Brasileño de Defensores y Defensores de Derechos Humanos señala “políticas para garantizar el derecho a la tierra y el territorio“, que incluyen el respeto al Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo); asegurar la participación de la comunidad en los procesos de licenciamiento para grandes proyectos; la demarcación de tierras indígenas y quilombolas; la reestructuración de Incra y Funai, para servir mejor a la población; el progreso de la reforma agraria.
Solamente así, con medidas estructurales para defender los territorios, se imprimirán menos rostros en camisetas, como tributos tardíos a quienes perdieron la vida en nombre de los derechos de los pueblos.
Vruuuum vruuum vruuuuuum es el ruido que despertó a José Marques da Costa, un trabajador rural de Alenquer, pequeño municipio del estado de Pará con poco más de 50 mil habitantes. De sus 53 años, la gran mayoría de ellos fueron marcados por noches de insomnio. Así son son las noches en muchos rincones de Brasil para aquellos que se atreven a defender los derechos de las pequeñas y pequeños trabajadores de la tierra -exactamente lo que él hace, y cuando escuchó el cuarto vruuum José Marques se puso de pie, alerta.
Esta es una de las historias del reportaje: “¿Qué pasa realmente en la Amazonía?”. Vea el contenido ya publicado en:
Unos meses antes, le habían llegado nuevos mensajes (siempre indirectamente, la advertencia del cobarde) – Mataremos a unos cinco, ni siquiera lo sabrán. La justicia es lenta, con la bala lo resolvemos más rápido. Si antes José dormía con un ojo abierto, después del aviso comenzó a dormir con los dos ojos abiertos en noches de poco o ningún descanso. Antes la tele le ayudaba a dormir, ahora sucede lo contrario: la voz del actual presidente de la República, Jair Bolsonaro, agravaba su insomnio, y en él retumbaban frases como – Quién debería estar detenido son las personas del MST (movimiento sin tierras), son sinvergüenzas y vagabundos. Si los policías reaccionaron fue para no morir, y – Disparemos a la gente que respalda el PT (partido de los trabajadores) en el estado del Acre! Discursos de odio que incentivan, así como materializan, la violencia contra las trabajadoras y los trabajadores rurales en la Región del Amazonas, y en Brasil. Es decir, contra el propio José. La primera cita del discurso de Bolsonaro se refiere a la Masacre de Carajás, cuando la policía militar de Pará asesinó a 19 trabajadores sin tierra; la segunda se realizó durante su campaña presidencial de 2018.
Vruuuum vruum siguió el ruido, y José Marques se arriesgó a asomarse a la calle.
Motocicletas. Muchas motocicletas: una, dos, tres, media docena, nueve, diez, era difícil de contar por el constante movimiento circular de los vehículos, que aceleraban y desaceleraban en frente de su casa. Deberían ser en total en torno a veinte, pronto José comenzó a enfocarse no en el número de motos, sino en quién las montaba: ciertamente eso parecía mucho más importante. Fue entonces cuando vio a vecinos, amigos, colegas, y el miedo que se había acumulado en su pecho dio paso a la curiosidad – ¿Qué hacen aquí a esta hora? y luego, para su conmoción descubrió que el circo establecido allí no era una emboscada. Por el contrario era una escolta para protegerlo exactamente de un posible ataque o asesinato.
Desde el final del día anterior, un rumor había corrido por el pequeño pueblo de que hombres armados, listos para atacar a José Marques, acechaban el camino – Son todos muy traicioneros, entran en tu casa como si fueran invitados, se sientan para tomar un café antes de matar a la persona. Era una muerte ordenada por los grandes agricultores de la región. Las aproximadamente veinte motocicletas servirían, y finalmente fueron, un escudo que protegió a José. Así, él también decidió subir a su moto, en medio de la noche del pequeño Alenquer, para luchar y vivir otro día junto con los suyos.
Primera foto, José Marques. En las siguientes dos fotos, registros de irregularidades y violaciones de los derechos cometidos por los monopolizadores de tierras, que cayeron árboles y destruyeron el puente de acceso al sitio. Fotos: Carol Ferraz / Amigos de la Tierra Brasil
Monopolio de tierras: CAR, posesión autodeclarada y “cuatro años de tormentas” Lo que llevó a los pistoleros a perseguir a José Marques está relacionado con su cargo: presidente de la Asociación Comunitaria de Residentes y Pequeños Agricultores de la Comunidad Limão Grande, ubicada en Alenquer. Allí, 86 familias vivieron y trabajaron en un área de aproximadamente diez mil hectáreas, hasta que, en 2016, comenzó lo que José llamó “Cuatro años de tormenta”.
Primero, hubo una solicitud de tierras por parte de los agricultores, equivalentes a tres mil hectáreas del área donde vivían las familias. En consulta con Incra, y con el apoyo del Sindicato de Trabajadores Rurales, Agricultores y Agricultores Familiares de Alenquer (STTR-ALQ), comprobaron que esta solicitud era justa: las familias aceptaron abandonar esa área, redistribuyéndose en los siete mil hectáreas restantes. Mientras tanto, la tierra fue georreferenciada, un paso necesario para que la comunidad se registrara en el CAR (Registro Ambiental Rural).
Una vez realizado el trabajo, regresaron a Incra y se encontraron con la sorpresa: quince días antes, varias personas ya habían registrado esas áreas como propias. De repente, la tierra donde vivían las familias desde 2007 tenía nuevos “dueños”. Nunca hubo una inspección por parte de Incra para verificar si quienes hicieron el CAR realmente ocuparon la tierra autodeclarada; si la hubiera habido, sería simple ver quién realmente ocupaba el área reivindicada – Ellos [los órganos competentes] ni siquiera saben dónde está la tierra (sin embargo, José sí lo sabe y esto parece ser inútil).
El registro, basado en la información proporcionada por el solicitante, no tiene fecha límite para la verificación por parte de la agencia pública competente: algunos estados afirman que el análisis de los registros tardaría entre 25 y 100 años. Sin embargo, contrariamente a la conocida lentitud de la justicia y el poder público, antes de que pudiera llevarse a cabo la debida inspección, se decretó la recuperación del lugar, lo que ocurrió con un fuerte aparato policial. En resumen: 86 familias fueron puestas en la calle, con una cruel indiferencia. Todo lo que tenían fue dejado atrás: carros, cultivos, casas, y lo que quedó atrás fue incendiado y destrozado.
Los videos anteriores fueron grabados por productoras y productores locales. El primero muestra el fuego consumiendo un edificio al lado de una plantación; el segundo muestra las ruinas restantes; el último video denuncia la destrucción del único puente de acceso a la zona, servicio realizado por los mandatos de los monopolizadores de tierras. En la foto, facilitada por las residentes y los residentes de Limão Grande, los guardias de seguridad privados fuertemente armados prohíben el movimiento de trabajadores rurales en el territorio disputado.
Hoy, los guardias de seguridad privados cercan el territorio. Los rifles hablan en voz alta y cualquiera que se aventura a buscar algo que puede haber permanecido de pie (y a veces la desesperación es propensa a las aventuras) corre un grave riesgo de ser atacado. Y eso es lo que sucedió: la monopolización de tierras ocurrió porque hubo autodeclaraciones de terrenos en el CAR. Diferentes NIFS se autodenominan propietarios de un área que no ocupan, anticipándose a los ocupantes reales que estaban preparando los procedimientos para registrarse en el sistema. Sin ninguna inspección, el juez determinó la recuperación de la propiedad en nombre de los intereses de los monopolizadores de tierras.
Un detalle reclama la atención, y demuestra la mala intención de monopolizar la área total del territorio de los trabajadores rurales: el registro del CAR fue hecho con identidad de terceros y una área de casi 600 hectáreas no se ha superpuesto; así, debería continuar perteneciendo, por derecho, a las familias originales que vivían allí. Sin embargo, en el momento de la recuperación de las tierras, toda el área fue desalojada, sin que nada ni nadie pudiera quedarse – No hubo respeto por el protocolo de desahucio, se queja José. Pero en la tierra donde quién la declara como propiedad ni siquiera vive ni mucho menos trabaja en ella, no se espera casi nada de un Juez y de una policía que prestan servicio a los grandes agricultores.
Desigualdad agraria y violencia en el campo Las cifras de desigualdad agraria en Brasil son alarmantes: casi la mitad de la zona rural del país pertenece solo al 1% de los propietarios de tierras. Los datos del Censo Agrícola de 2017 muestran que los grandes establecimientos rurales aumentaron la concentración de tierra al 47.5%, mientras que las pequeñas y los pequeños agricultores, cuyas propiedades tienen hasta 10 hectáreas de tierra y representan la mitad de las granjas del país, ocuparon solo 2, 2% del territorio productivo.
Tal desigualdad en la distribución de la tierra, además de enfatizar la urgencia de la reforma agraria, genera violencia: los conflictos por disputas por la tierra mataron a 2,262 personas entre 1964 y 2010 en Brasil. Solo en 2017, hubo 70 asesinatos, según datos de la Comisión de Tierras Pastorales (CPT). Ahora, ¿puedes adivinar quién muere en estos conflictos? Siempre los pequeños: Brasil encabeza la lista de países con más muertes de defensoras y defensores de los derechos de los pueblos sobre sus territorios, publicado en 2016 por la ONG Global Witness. Y son precisamente las pequeñas y los pequeños agricultores, perseguidos por defender sus territorios, quién producen más del 70% de los alimentos que llegan a la mesa de los brasileños, ya que los grandes monocultivos exportan la mayor parte de su producción.
